Monthly Archives: febrero 2007

Listado de gente que colaboró con donaciones para las Jornadas de Asambleas Nacionales

25 de Febrero de 2007

Antonio Veronessi Asado

Daniel Serrano Asado

Raúl Boccalandro Lechón

Carlos Cardozo Asado

Beto Boccalandro cordero

Panadería La Estrella Pan y facturas

Panadería La Bombonera Pan y facturas

Sergio Llambí El Buen pollo Pollos

Frutería La Monumental

Frutería Bacigalupo

Frutería Edén

Almacén Natural

Maxi Ofertas

Multilimp Productos de Limpieza

Baggio RPB Agua y Soda

y a toda la gente la ciudad de Gualeguaychú y la Asamblea Ciudadana que colaboró para que este encuentro sea posible.

DOCUMENTO CONJUNTO DEL ENCUENTRO NACIONAL AMBIENTAL DESARROLLADO EN GUALEGUAYCHÚ

 

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El encuentro Ambiental convocado por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú realizado el 25 de febrero de 2007 en el corte de la ruta 136, km 28, Arroyo Verde, emblema de la lucha ambiental, con la presencia de organizaciones de todo el país, con sus diferentes problemáticas, y una delegación del movimiento obrero de la ROU, declara:

1º) Reivindicar la problemática ambiental como Causa Nacional, con un fuerte compromiso en contra de la contaminación, el saqueo y la depredación.

2º) Mantener la unión, coordinación, continuidad y firmeza en las acciones, en un marco de solidaridad activa entre las organizaciones populares y el hermano pueblo uruguayo.

3º) Acompañar el 9 de Marzo al pueblo uruguayo en el repudio a la visita a ese país, que va a realizar el genocida Bush.

4º) Promover el 16 de abril, como Jornada Nacional de lucha en acompañamiento a los vecinos de González Catán contra el CEAMSE, desarrollando acciones en cada lugar deonde haya problemáticas ambientales, convocando a la marcha central del 30 de abril en Gualeguaychú.

5º) Impulsar el 30 de abril de 2007 la tercera marcha al Puente Internacional Gral. San Martín con participación activa de delegaciones de todo el país.

6º) Dado que esta fecha marcó un punto de inflexión histórico en la lucha medioambiental, con la multitudinaria participación popular, la declacración del Presidente Kirchner de que la lucha de Gualeguaychú es una Causa Nacional y el consenso internacional que hemos obtenido, reclamamos que se instituya el día 30 de Abril como Día Nacional de la Lucha Ciudadana por el Medio Ambiente, declarándolo “Feriado Nacional”.

7º) Coordinar las acciones necesarias para el próximo encuentro

Reunión del Grupo Científico Técnico de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú

Información:

Ayer lunes 19 se llevó a cabo en el Salón del Centro de Defensa Comercial, y con asistencia completa, la presentación formal ante las Instituciones Intermedias de Gualeguaychú, la Asamblea Ciudadana Ambiental y público en general, del Grupo Científico Técnico de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.

Está integrado por:

Coordinador responsable: Ing. Pablo Preisz

Prof. Lázaro Caferatta, Investigador Principal del CONICET

Dr. especialista en Traumatología, Martín Alazard.

Dr. especialista en vías respiratorias, Víctor Carlos Badaracco.

Bioquímico Carlos Goldaracena.

Bioquímica Rosalba Taus de Piaggio.

Lic. en Bromatología Norma Kindsvatter.

Bioquímico Jorge Razetto.

Dr. Fabián Moreno Navarro, Abogado

Tec.Sebastián Bel, Sec. de Turismo de Gualeguaychú.

Se contará también con la colaboración del Ing. Elías Matta,

Investigador del Instituto de Tecnología Celulósica de la UNL, y del Dr. Daniel Sabsay, abogado constitucionalista.

Se trabaja en la etapa preliminar de formación de grupos interdisciplinarios para la elaboración de un documento científico, con la recopilación de información ya existente, que pruebe el daño que producirá a futuro la fábrica de procesamiento de pasta celulósica.

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Atte

Susana Padín

Secretaria

Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú

COMUNICADO DE PRENSA: El paso de la hinchada de Gimnasia

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La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú desea aclarar a la opinión pública

Que:

1º) El paso de la hinchada de Gimnasia fue votado en Asamblea del día 6/2/07 por amplia mayoría, y no como algunos medios señalan, diciendo que muchos no estaban de acuerdo, sino que se generó debate y luego se resolvió por votación como sucede habitualmente.

2) No fue la barra brava la que pasó por el corte, ya que éstos viajaron vía Buquebus, y

barcazas desde Tigre a Carmelo, sino que pasaron familias enteras hinchas del club, a las que se les pidió como condición para pasar que llevaran la folletería que le entregamos y que exhibieran en el partido los carteles y banderas de NO A LAS PAPELERAS, fue una acción más de la Asamblea para difundir la causa en Uruguay, en un partido sin violencia ni desmanes.

3) El incidente ocurrido con una persona que tenía su hija discapacitada y quería permiso para pasar ,( finalmente pasó unas horas después) no fue en Gualeguaychú sino en Colón, y cada Asamblea tiene independencia en su forma resolutiva.

Demás está aclarar, y hay quiénes pueden dar fe, que la acción llevada a cabo en la ruta 136, en Gualeguaychú desde hace 86 días, siempre se caracterizó, por ser totalmente humanitaria, nunca se negó el paso a ambulancias, o pacientes de distinto tipo de patologías y casos de urgencia que debían ser atendidos en nuestra ciudad o en nuestro país, o en el país vecino y hermano.

Algunos medios de comunicación malintencionados parecen carecer de información fehaciente, ya que no se dirigen a las fuentes a la hora de publicar notas para influenciar en la opinión pública, carecen de objetividad y son totalmente parciales y funcionales a los intereses de las multinacionales que atentan contra el DERECHO A LA VIDA Y NUESTRA SOBERANÍA.

ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL GUALEGUAYCHÚ

LA INICIATIVA POPULAR, EL PLEBISCITO O EL REFERÉNDUM EN EL PROCEDIMIENTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL COMPARADO

 

Por Patricia Silva Segovia, Chile.

http://www.bcn.cl/pags/publicaciones/serie_estudios/esolis/nro185.html

Contenido

Introducción

1. Países Latinoamericanos

2. Países Europeos

Conclusión

INTRODUCCIÓN

http://www.bcn.cl/pags/publicaciones/serie_estudios/esolis/185-01.htm

La democracia representativa es el sistema político en que los gobernantes son elegidos por los ciudadanos como sus representantes. En la práctica, sin embargo, los regímenes políticos liberales dejan cierto lugar a la intervención directa de los ciudadanos en la vida política; siendo los más extendidos, los procedimientos de democracia semidirecta. La democracia semidirecta se caracteriza por una combinación equilibrada de técnicas de democracia representativa y de democracia directa.

La democracia semidirecta adopta dos grandes tipos de procedimientos: la iniciativa popular y el referéndum o plebiscito. La iniciativa popular es para muchos autores la principal institución de participación directa de los ciudadanos conjunta y complementariamente con el referéndum. Opera en el ámbito legislativo cuando se trata de una iniciativa legislativa, es decir, cuando se faculta al pueblo para intervenir en la formación de las leyes, y en el ámbito constitucional cuando se utiliza en el procedimiento de revisión constitucional. La iniciativa puede ser “simple” cuando consiste en una simple indicación general de la reforma a realizar o “formulada” cuando comprende un verdadero proyecto de ley o de reforma constitucional elaborado por los mismos ciudadanos que lo presentan.

El referéndum o plebiscito es el instrumento mediante el cual un órgano representativo somete a la aprobación y opinión del electorado, una norma o materia determinada. En doctrina constitucional se utiliza el término plebiscito o referéndum en un sentido a veces igual a veces diferente.1 Según Nogueira, plebiscito o referéndum son dos términos que expresan un mismo concepto, ambos términos manifiestan las resoluciones adoptadas, directamente por el cuerpo político de la sociedad y opuestas a las resoluciones de los poderes legislativos, en la perspectiva de las democracias semidirectas. La institución del referéndum ha sido clasificada de diversas maneras por los autores, siendo la más utilizada la que los divide atendiendo a: la materia o contenido, el referéndum puede ser constitucional, legislativo o relativos a decisiones políticas no formalizadas todavía en textos de esa naturaleza; al tiempo en que se efectúa, preventivo o sucesivo (es el más común, sigue cronológicamente al acto estatal para conferirle o quitarle eficacia); a sus efectos o eficacia jurídica, constitutivo o abrogativo; a su fundamento jurídico o convocatoria, obligatorio (cuando la Constitución lo disponga necesario para la formulación de algunas normas jurídicas) o facultativo y por último, según si contempla o no alternativas, puede ser de ratificación, de opción o de arbitraje.

En materia de reforma constitucional, según veremos en este trabajo, es donde más frecuentemente se ha permitido la participación popular directa con instrumentos como los ya señalados, el referéndum y la iniciativa popular constitucional, especialmente en los países latinoamericanos y en los países miembros de la Unión Europea.

Hemos estimado, para efectos de este estudio, interesante aportar, para aquellos países que los incorporan, una somera referencia a la iniciativa popular en materia legislativa y al referéndum convocado en razón de que se trate de cuestiones de relevante interés nacional.

Los países que a continuación se analizan son todos aquéllos latinoamericanos o estados de la Unión Europeaque contemplan el procedimiento de referéndum para las reformas constitucionales. Si bien hemos estimado importante incluir a Suiza, que aunque no pertenece a la Unión Europea se ha destacado por los espacios de participación ciudadana que incorpora a su Constitución. En el caso de Argentina y Brasil, que no establecen el referéndum en materia constitucional, los incluimos ya que hemos estimado importante resaltar la incorporación expresa de la iniciativa popular legislativa en sus respectivas Cartas Fundamentales, al igual que a Portugal, que si bien no establece el referéndum constitucional si dispone la consulta popular vinculante en materias de relevante interés nacional.

Las Constituciones utilizadas para este trabajo han sido las más recientes a las que hemos tenido acceso. Por último, sobre la reglamentación del referéndum, en los casos que la Constitución expresamente nos remite a una ley posterior, hemos mencionado dicha disposición cuando nos ha sido posible obtener el texto o una referencia a la misma.

I. PAÍSES LATINOAMERICANOS

    1. Argentina

La Constitución Argentina2 solamente contempla la iniciativa y la consulta popular en materias de ley. Así, el artículo 39 establece que los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados y por otra parte, el artículo 403 señala que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley, que de contar con el voto afirmativo por el pueblo de la Nación, el proyecto se convertirá en ley y su promulgación será automática. Otro procedimiento que incorpora la Constitución de la Nación Argentina es el de la consulta popular no vinculante en que el voto no será obligatorio y que puede ser convocada a petición del Congreso o del Presidente de la Nación (inciso 2º del artículo 40). La oportunidad, materia y procedimientos de las consultas populares las reglamentará el Congreso con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

Respecto a la iniciativa popular legislativa, la Constitución en el artículo 39 textualmente señala:

“Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.

No será objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal”.

Sobre la consulta popular el artículo 40 dispone textualmente:

“El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación la convertirá en ley y su promulgación será automática.

El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.”

Respecto a la iniciativa popular para las reformas constitucionales la Carta Fundamental Argentina es taxativa al declarar que “No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal”. (Art. 39 inciso 3º). La necesidad de reforma, total o parcial, debe ser declarada por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros Las reformas se efectuarán por una Convención Nacional Constituyente convocada para dicho efecto (art. 30). Los miembros de la Convención Constituyente son elegidos por el cuerpo electoral4 con competencias determinadas por la Constitución y la ley. La Convención tiene facultad para promulgar y publicar la reforma, salvo que la ley de convocatoria hubiera dispuesto otra cosa.

Según lo anteriormente señalado, en Argentina no se utiliza el procedimiento de referéndum para reformar la Constitución, la ciudadanía participa solamente en la elección de los miembros a la Convención Nacional Constituyente.

1.2 Brasil

La Constitución de la República Federativa de Brasil5 contempla la iniciativa popular legislativa y así lo establece el nº 2 del artículo 61 que señala: “La iniciativa popular puede ser ejercida mediante la presentación a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley…” El mismo artículo establece las materias de ley sobre las cuales tiene iniciativa exclusiva el Presidente de la República.Por otra parte, el artículo 14 considera el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, en los casos en que así lo establezca la ley y le otorga al Congreso Nacional la atribución exclusiva de convocar a plebiscitos y autorizar referendos (art. 49 nº XV), pero sin especificar su carácter ni las materias sobre las cuales puede recaer.

Los artículos anteriormente citados disponen textualmente:

“Artículo 61. 2º La iniciativa popular puede ser ejercida mediante la presentación a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley, subscrito, al menos, por el uno por ciento del electorado nacional, distribuido al menos en cinco Estados con no menos de tres décimas por ciento de los electores de cada uno de ellos.”

“Artículo 14. La soberanía popular será ejercida por sufragio universal y por voto directo y secreto con valor igual para todos, y, en los términos de la ley mediante:

    1. Plebiscito;

    2. Referéndum;

    3. Iniciativa popular…”

En Brasil la participación popular en la reforma de la Constitución ha quedado reducida a una cláusula transitoria (art.2º transitorio) en la que se considera que, por una sola vez, el 7 de septiembre de 1993 el pueblo se manifestará a través de un plebiscito sobre si elige la forma republicana o la monárquica, por una parte, y el presidencialismo o el parlamentarismo, por otra.

1.3 Colombia

En Colombia están contempladas en la Constitución6 los siguientes procedimientos de participación popular: la iniciativa legislativa popular (arts. 154 y 155); la iniciativa de reforma constitucional (arts. 374 y 375); el referéndum constitucional (arts. 377 y 378); y la consulta popular sobre decisiones de trascendencia nacional (art.104).

El artículo 103 de la Constitución Colombiana, correspondiente al Capítulo 1: De las Formas de Participación Democrática, señala cuales son los mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía.

Con la aprobación de la ley nº 134 de 1994 entró en vigencia en Colombia el primer Estatuto de Participación Ciudadana que viene a desarrollar el artículo 103 de la Constitución Política de 1991. Se trata de un conjunto normativo de 109 artículos que regulan la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores. Uno de los principales motivos que argumentó el Gobierno al presentar este proyecto de ley fue que con él aseguraba la eficacia de los mecanismos de participación ciudadana contenidos en la Constitución Política.

En materia de reformas constitucionales el artículo 374 de la Constitución Política de Colombia dispone que ésta sólo puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Cabe hacer notar que la competencia general para reformar la Constitución le ha sido atribuida al Congreso, mientras que la Asamblea Constituyente tiene un carácter excepcional, al no ser un órgano permanente, su convocatoria está sujeta a un trámite especial y tiene un poder derivado. Es así que el Congreso, en ejercicio del poder constituido, mediante ley aprobada por mayoría de una y otra Cámara, puede disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca o no una Asamblea Constituyente (art. 376).

Sobre este punto,7 es importante señalar que la referida ley 134 de 1994 consagra una modalidad especial de consulta para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, en sus artículos 58 y siguientes. El artículo 58 prevé que el Congreso de la República, mediante una ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente para reformar parcial o totalmente la Constitución. Además de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la ley deberá definir el número de delegados, el sistema para elegirlos, la competencia de la Asamblea, la fecha de su iniciación y su período (art. 59 de ley 134). El artículo 60 de la ley establece que sancionada la ley que convoca la consulta, el Presidente de la República la remitirá a la Corte Constitucional para que esta decida previamente sobre su constitucionalidad. Se entiende que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo solicita, cuando menos, la tercera parte de los integrantes del censo electoral.

Caballero Sierra8 señala que las posibilidades de participación ciudadana en el proceso de reforma constitucional en Colombia son las siguientes:

  1. Mediante iniciativa de reforma constitucional: Los ciudadanos en un número igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente a la fecha, pueden presentar proyectos de reforma constitucional (arts. 155 y 375).

  2. Mediante referéndum facultativo (proyecto de reforma): Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos, el Congreso mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras, podrá someter a referéndum un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley (art. 378).

  3. Mediante referéndum facultativo (reformas constitucionales aprobadas): Los ciudadanos en un número igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente a la fecha, pueden solicitar, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, que el Congreso someta a referéndum las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos fundamentales (Título I, Capítulo II) y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso (art. 377).

  4. Iniciativa de convocatoria a una Asamblea Constituyente (art. 376).

La tramitación del proyecto de reforma se encuentra contemplado en el artículo 375 de la Constitución y ésta tiene lugar en dos períodos legislativos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el Gobierno. En el segundo período, la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara.

Es así que la Constitución Política de Colombia referente a las reformas constitucionales textualmente señala en el artículo 374 y siguientes:

“Artículo 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo”.

“Artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente…”.

“Artículo 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral…”.

“Artículo 377. Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo, un cinco por ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral”.

“Artículo 378. Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado qué votan positivamente y qué votan negativamente”.

“La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral”.

Por otra parte, el artículo 155 establece que:

“Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por ciento de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las Cámaras en todas las etapas del trámite”.

1.4 Cuba

La Constitución de Cuba9 considera la participación ciudadana para la presentación de proyectos de ley y se requiere la iniciativa de por lo menos diez mil ciudadanos que tengan la condición de electores (art. 88. g).

El referéndum obligatorio de ratificación está previsto como procedimiento para la reforma total de la Constitución o cuando se trate de reformas parciales que afecten la integración y facultades de la Asamblea Nacional o al Consejo de Estado o a los derechos y deberes consagrados en la Constitución, para lo cual se requiere el voto de la mayoría de los ciudadanos electores.

El Consejo de Estado tiene entre sus atribuciones disponer lo pertinente para realizar los referendos que acuerde la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El artículo 137 del Capítulo XV: Reforma Constitucional establece que:

“Esta Constitución solo puede ser reformada, total o parcialmente, por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes.

Si la reforma es total o se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea”.

1.5 Ecuador

La Constitución Ecuatoriana10 reconoce expresamente la iniciativa popular para reformar la Constitución (art. 149) y para la reforma y expedición de leyes (art. 66 inciso 2º). El referéndum está contemplado tanto para consultar al pueblo sobre cuestiones de especial trascendencia para el Estado como para reformar la Constitución.

En Ecuador se prevé, como facultad del Presidente, la consulta popular sobre un proyecto de reforma constitucional cuando existieren divergencias entre el Congreso y el Ejecutivo.

La facultad de poder convocar a la ciudadanía que la Constitución le otorga al Presidente de la República queda establecida en el artículo 79 letra o) al señalar que:

“Artículo 79. Son atribuciones y deberes del Presidente de la República:

  1. Convocar y someter a consulta popular las cuestiones que a su juicio fueren de trascendental importancia para el Estado y, especialmente, los proyectos de reforma a la Constitución, en los casos previstos en el artículo 149, y la aprobación y ratificación de tratados o acuerdos internacionales que, en su caso, hubieren sido rechazados por el Congreso Nacional o por el Plenario de las Comisiones Legislativas, o por el propio Presidente de la República; …”.

El artículo 149 establece la iniciativa popular en materia de reformas constitucionales y el referéndum facultativo en caso de discrepancias entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y señala textualmente:

“Pueden proponerse reformas a la Constitución por los diputados, por el Presidente de la República, por la Corte Suprema de Justicia y por iniciativa popular.

El Congreso Nacional conocerá y discutirá los proyectos de reformas constitucionales y su aprobación requerirá del voto de, por lo menos, las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Aprobado el proyecto de reforma en dos debates, el Congreso Nacional lo remitirá al Presidente de la República para su dictamen. De ser éste favorable, la reforma se promulgará de acuerdo con la ley.

El Presidente de la República, dentro del plazo de noventa días, podrá someter a consulta popular los proyectos de reformas constitucionales en los siguientes casos:

a) Cuando el proyecto de reforma propuesto por iniciativa del Presidente de la República hubiere sido rechazado total o parcialmente por el Congreso Nacional; y

b) Cuando el proyecto de reforma aprobado por el Congreso Nacional hubiere obtenido dictamen total o parcialmente desfavorable del Presidente de la República.

La consulta popular convocada por el Presidente de la República se circunscribirá exclusivamente a la parte o partes del proyecto de reformas que hubieren sido objeto de discrepancias”.

1.6 Guatemala

En materia de participación ciudadana, la Constitución de Guatemala11 no solo establece que las decisiones políticas de trascendencia nacional deberán ser sometidas a referéndum, sino que le otorga iniciativa a los ciudadanos en el procedimiento de reformas a la Constitución.

La consulta popular sobre materias de especial trascendencia queda establecido en el artículo 173:

“Artículo 173. Procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos.

La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos”.

La iniciativa ciudadana en el procedimiento de reforma a la Constitución queda establecido en el artículo 277 que dispone:

“Iniciativa. Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución:

a) El Presidente de la República en Consejo de Ministros;

b) Diez o más diputados al Congreso de la República;

c) El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos.

En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado”.

Las reformas a la Constitución requerirán: a) la participación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar cualquier artículo que se refiera a los derechos individuales o a las reformas a la Constitución (arts. 3 a 46 y 277 al 281); b) la aprobación del Congreso, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los diputados, para cualquier otra reforma que no sea la contenida en ésos artículos y c) consulta popular obligatoria de ratificación del texto aprobado (párrafo 2º del inciso 1º del artículo 280).

Respecto a la Asamblea Nacional Constituyente la Constitución dispone:

“Artículo 278. Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el Capítulo I del Título II de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de ciento veinte días, procediéndose en lo demás conforme a la Ley Electoral Constitucional”.

La normativa de la Asamblea Nacional Constituyente es la misma que para las elecciones al Congreso de la República (art. 279).

En lo relativo referéndum constitucional obligatorio de ratificación y lo procedente en relación a la modificación de cualquier artículo, no contenido en los que para su modificación se requiere una Asamblea Constituyente, la Constitución dispone:

“Artículo 280. Reformas por el Congreso y consulta popular. Para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución.

Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, ésta entrará en vigencia sesenta días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta”.

En el artículo 281 se señalan todas aquellas normas que no podrán ser objeto de modificación, y expresamente formula:

“Artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso g), 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República, ni restarle efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido”.

Los artículos anteriormente citados se refieren a: el Estado y su forma de gobierno (art. 140); la soberanía (art. 141); la atribución que le corresponde al Congreso de “desconocer al Presidente de la República si, habiendo vencido su período constitucional, continúa en el ejercicio del cargo…” (art. 165 inciso g)); las prohibiciones para optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República (art. 186) y la prohibición de reelección al cargo de Presidente de la República (art. 187).

1.7 Panamá

En Panamá el referéndum constitucional está previsto como fórmula alternativa para ratificar una reforma dispuesta por acto legislativo de la Asamblea Legislativa. El artículo 308 de la Constitución de Panamá12 dispone dos procedimientos para aprobar las reformas constitucionales. En el número 2º del mismo artículo, establece uno de los procedimientos a seguir que contempla que al finalizar el trámite en la Asamblea Legislativa, ésta deberá convocar a consulta popular directa mediante referéndum obligatorio.

La institución del referéndum en el procedimiento alternativo de reforma constitucional, que contempla la Constitución de Panamá, queda establecido de la siguiente manera:

Artículo 308. “…Las reformas deberán ser aprobadas por uno de los siguientes procedimientos: …”.

2. Por un Acto Legislativo aprobado en tres debates por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa, en una legislatura, y aprobado igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente. En ésta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El Acto Legislativo aprobado de esta forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Legislativa, dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres meses ni exceder de seis meses, contados desde la aprobación del Acto Legislativo por la segunda legislatura…”.

Respecto a qué sucede en caso que el referéndum convocado en virtud de la aplicación del 2º procedimiento de reforma no es aprobado por la ciudadanía, la Constitución no establece claramente las consecuencias de la no ratificación. El inciso final del artículo 308 dispone que la reforma empezará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y ésta se hará dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum. Tampoco la Constitución Panameña nos remite a una ley posterior a efectos de reglamentar la consulta popular como se hace en otras constituciones.

El inciso final del artículo 308 dispone textualmente:

“El Acto Legislativo aprobado con arreglo a cualquiera de los dos procedimientos anteriores, empezará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles que siguen a su ratificación por parte de la Asamblea Legislativa, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, según fuere el caso, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad”.

1.8 Paraguay

La Constitución Paraguaya13 contempla, en materia legislativa, el referéndum legislativo y la iniciativa popular legislativa (artículos 123 y 203). El referéndum legislativo podrá ser o no vinculante.

El artículo 122 dispone las materias que no podrán ser objeto de referéndum: expropiaciones, defensa nacional, limitación de la propiedad inmobiliaria, cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios, contratación de empréstitos, Presupuesto General de la Nación y elecciones nacionales, departamentales y municipales.

En el procedimiento de reforma constitucional, la Carta Fundamental paraguaya establece dos tipos de modificaciones a la Constitución: a) la reforma, que procederá luego de diez años de su promulgación (art. 289) y b) la enmienda, que podrá realizarse a lo menos tres años después de promulgada (art. 290). Para la reforma se contempla la iniciativa popular y la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente que elaborará y sancionará el texto. En caso de enmienda, se considera la iniciativa popular (treinta mil electores en petición firmada) y el referéndum obligatorio de ratificación una vez que ésta ha sido aprobada por ambas Cámaras. El inciso final del artículo 290 hace una salvedad respecto a las reformas a determinados capítulos de la Constitución al establecer que estarán sujetos al procedimiento de reforma en lugar que al de enmienda.

Sobre reformas a la Constitución el artículo 289 dispone que:

“La reforma de esta Constitución solo procederá luego de diez años de su promulgación.

Podrán solicitar dicha reforma el veinticinco por ciento de los legisladores o cualquiera de las Cámaras del Congreso, el Presidente de la República o treinta mil electores, en petición firmada.

La declaración de la necesidad de la reforma sólo será aprobada por mayoría absoluta de dos tercios de miembros de cada Cámara del Congreso.

Una vez decidida la necesidad de la reforma, el Tribunal Superior de Justicia Electoral llamará a elecciones dentro del plazo de ciento ochenta días, en comicios generales que no coincidan con ningún otro.

El número de miembros de la Convención Nacional Constituyente no podrá exceder del total de los integrantes del Congreso. Sus condiciones de elegibilidad, así como la determinación de sus incompatibilidades, serán fijadas por ley.

Los convencionales tendrán las mismas inmunidades establecidas para los miembros del Congreso.

Sancionada la nueva Constitución por la Convención Nacional Constituyente quedará promulgada de pleno derecho”.

Respecto a las enmiendas, el artículo 290 dispone:

“Transcurridos tres años de promulgada esta Constitución, podrán realizarse enmiendas a iniciativa de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las Cámaras del Congreso, del Presidente de la República o de treinta mil electores, en petición firmada.

El texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de origen. Aprobado el mismo, se requerirá igual tratamiento en la Cámara revisora. Si en cualquiera de las Cámaras no se reuniese la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volverse a presentarla dentro del término de un año.

Aprobada la enmienda por ambas Cámaras del Congreso, se remitirá el texto al Tribunal Superior de Justicia Electoral, para que, dentro del plazo de ciento ochenta días, se convoque a un referéndum. Si el resultado de este es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto constitucional.

Si la enmienda es derogatoria, no podrá promoverse otra sobre el mismo tema antes de tres años…”.

En relación a los capítulos que solo podrán ser modificados mediante el procedimiento de reforma, el inciso final del artículo 290 establece:

“… No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado, o las disposiciones de los Capítulos I, II, III y IV del Título II, de la Parte I”.

1.9 Perú

La Constitución Peruana14 le otorga a los ciudadanos el derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa y de reforma constitucional; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas (artículos 31 y 107).15

En materia de reformas a la Constitución, la Carta en el inciso 2º del artículo 206 establece, que corresponde la iniciativa de reforma constitucional no solo al Presidente de la República y a los congresistas sino también a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento de la población electoral.

De acuerdo a la Constitución Peruana, la institución del referéndum opera en la ratificación de la reforma, una vez que ésta ha sido aprobada por el Congreso y estipula los casos en que dicho referéndum se puede omitir.

El artículo 206 de la Constitución Política del Perú textualmente dispone:

“Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral”.

La ley 26300, que regula los derechos de participación y control ciudadanos, clarifica algunas de las disposiciones del texto constitucional, a continuación transcribiremos textualmente algunos artículos que reglamentan la iniciativa legislativa y el referéndum constitucional.

Sobre la iniciativa legislativa la ley 26300 textualmente establece en sus artículos 12 y 14 y 16:

“Artículo 12. El derecho de iniciativa en la formación de leyes comprende todas las materias con las mismas limitaciones que sobre temas tributarios o presupuestarios tienen los congresistas de la República. La iniciativa se redacta en forma de proyecto articulado”.

“Artículo 14. Quienes presentan la iniciativa pueden nombrar a dos representantes para la sustentación y defensa en la o las comisiones dictaminadoras del Congreso y en su caso en el proceso de reconsideración”.

“Artículo 16. El Proyecto de ley rechazado en el Congreso puede ser sometido a referéndum conforme a esta ley. Asimismo, cuando los promotores juzguen que al aprobarla se le han introducido modificaciones sustanciales que desvirtúan su finalidad primigenia, podrán solicitar referéndum para consultar a la ciudadanía sobre su aprobación”.16

Sobre el referéndum constitucional los artículos 42 y 43 de la ley 26300 modificados por la ley 26670 de 11 de octubre de 1996 textualmente disponen:

“Artículo 42. El resultado del referéndum determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas, siempre que hayan votado en sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los votantes, sin tener en cuenta los votos nulos o en blanco. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un referéndum cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios del número de votos emitidos”.

“Artículo 43. Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los dos años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en dos legislaturas con el voto de dos tercios de número legal de congresistas. Si el resultado del referéndum deviene negativo, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de dos años”.

1.10 Uruguay

La Constitución Uruguaya17 dispone que la soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum e indirectamente por los Poderes representativos (artículo 82).

En materia de reformas constitucionales totales o parciales la Constitución Uruguaya establece tres procedimientos según en quien radica la iniciativa: El primer procedimiento es por iniciativa popular de al menos el diez por ciento de los ciudadanos inscritos, el proyecto de reforma se presentará al Presidente de la Asamblea General y se someterá a plebiscito; el segundo es de iniciativa parlamentaria de al menos dos quintos del total de componentes de la Asamblea, también se presentará al Presidente de la Asamblea y se someterá a plebiscito; el tercero puede ser por iniciativa de Senadores, Representantes o Poder Ejecutivo y requerirá para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea.

Una vez aprobada la iniciativa por el Presidente de la Asamblea se convocará a una Convención Nacional Constituyente que resolverá sobre las iniciativas presentadas. Los proyectos redactados por la Convención requieren de la ratificación plebiscitaria del electorado.

En resumen, la consulta a la ciudadanía opera tanto en la iniciativa de reforma (iniciativa ciudadana o parlamentaria) como para el texto final aprobado por la Convención Constituyente convocada para estos efectos.

Los procedimientos de reforma constitucional están establecidos en el Artículo 331 que señala textualmente:

“La presente Constitución podrá ser reformada, total o parcialmente, conforme a los siguientes procedimientos:

A) Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata.

La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria, juntamente con la iniciativa popular.

B) Por proyectos de reforma que reúnan dos quintos del total de componentes de la Asamblea General, presentados al Presidente de la misma, los que serán sometidos al plebiscito en la primera elección que se realice.

Para que el plebiscito sea afirmativo en los casos de los incs. A) y B), se requerirá que vote por “SÍ” la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que debe representar por lo menos, el treinta y cinco por ciento del total de inscritos en el Registro Cívico Nacional.

C) Los Senadores, los Representantes y el Poder Ejecutivo podrán presentar proyectos de reforma que deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los componentes de la Asamblea General.

El proyecto que fuere desechado no podrá reiterarse hasta el siguiente período legislativo, debiendo observar las mismas formalidades.

Aprobada la iniciativa y promulgada por el Presidente de la Asamblea General, el Poder Ejecutivo convocará, dentro de los noventa días siguientes, a elecciones de una Convención Nacional Constituyente que deliberará y resolverá sobre las iniciativas aprobadas para la reforma, así como sobre las demás que puedan presentarse ante la Convención. El número de convencionales será el doble del de Legisladores. Conjuntamente se elegirán suplentes en número doble al de convencionales.

Las condiciones de elegibilidad, inmunidades e incompatibilidades, serán las que rijan para los Representantes.

Su elección por listas departamentales, se regirá por el sistema de la representación proporcional integral y conforme a las leyes vigentes para la elección de Representantes. La Convención se reunirá dentro del plazo de un año, contado desde la fecha en que se haya promulgado la iniciativa de reforma.

Las resoluciones de la Convención deberán tomarse por mayoría absoluta del número total de convencionales, debiendo terminar sus tareas dentro del año, contado desde la fecha de su instalación. El proyecto o proyectos redactados por la Convención serán comunicados al Poder Ejecutivo para su inmediata y profusa publicación.

El proyecto o proyectos redactados por la Convención deberán ser ratificados por el Cuerpo Electoral, convocado al efecto por el Poder Ejecutivo, en la fecha que indicará la Convención Nacional Constituyente.

Los votantes se expresarán por “Sí o por “No” y si fueran varios los textos de enmienda, se pronunciarán por separado sobre cada uno de ellos. A tal efecto, la Convención Constituyente agrupará las reformas que por su naturaleza exijan pronunciamiento de conjunto. Un tercio de miembros de la Convención podrá exigir el pronunciamiento por separado de uno o varios textos. La reforma o reformas deberán ser aprobadas por mayoría de sufragios, que no será inferior al treinta y cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional.

En los casos de los apartados A) y B) sólo se someterán a la ratificación plebiscitaria simultánea a las más próximas elecciones, los proyectos que hubieren sido presentados con seis meses de anticipación -por lo menos- a la fecha de aquéllas, o con tres meses para las fórmulas sustitutivas que aprobare la Asamblea General en el primero de dichos casos. Los presentados después de tales términos, se someterán al plebiscito conjuntamente con las elecciones subsiguientes.

D) La Constitución podrá ser reformada, también, por leyes constitucionales que requerirán para su sanción, los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras dentro de una misma Legislatura…

E) Si la convocatoria del Cuerpo Electoral para la ratificación de las enmiendas, en los casos de los apartados A), B), C), y D) coincidiera con alguna elección de integrantes de órganos del Estado, los ciudadanos deberán expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales, en documento separado y con independencia de las listas de elección. Cuando las reformas se refieran a la elección de cargos electivos, al ser sometidas al plebiscito, simultáneamente se votará para esos cargos por el sistema propuesto y por el anterior, teniendo fuerza imperativa la decisión plebiscitaria”.

1.11 Venezuela

La Constitución de Venezuela18 reconoce dos instituciones participativas, la iniciativa de las leyes (artículo 165) y el referéndum constitucional.

En Venezuela está dispuesto el referéndum constitucional ratificatorio en los casos de reforma general de la Constitución (las enmiendas o reformas parciales no requieren de ratificación popular). La iniciativa corresponde a una tercera parte de los miembros del Congreso o a la mayoría absoluta de las Asambleas Legislativas. El proyecto aprobado se somete a referéndum según lo fijen las Cámaras. Se exige la mayoría de los sufragantes, sin otra condición electoral, de forma tal que aunque vote sólo el 25% de los inscritos, se tendrá por aprobada la reforma que contó con más votos por el “sí” que por el “no”.

Respecto al procedimiento de reforma general contemplado en la Constitución de la República de Venezuela el nº 4 del artículo 246, que contempla el referido referéndum, señala textualmente:

“El proyecto aprobado se someterá a referéndum en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta, para que el pueblo se pronuncie en favor o en contra de la reforma: el escrutinio se llevará a conocimiento de las Cámaras en sesión conjunta, las cuales declararán sancionada la nueva Constitución si fuere aprobada por la mayoría de los sufragantes de toda la República.”

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Notas al pié de página

2 Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina de 23 de agosto de 1994. Este texto contiene las reformas sancionadas por las Convenciones Nacionales de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994.

3 Ambos artículos (39 y 40) están dentro del Capítulo de los Nuevos Derechos y Garantías.

4 El texto constitucional no impone que la Asamblea Constituyente sea electa popularmente; pero así ha ocurrido en todos los caso realizados durante gobiernos de iure. Según Sagüés, existe una regla de derecho consuetudinario sobre el punto. Agrega además, que el sistema electoral por el cual se elegirá la Convención no está regulado por la Constitución, en la práctica, lo determina el Congreso, es así que han existido diferentes formas. Por ejemplo, la ley 3838/57 determinó un número de doscientos cinco convencionales, los reguló por cada distrito, y utilizó el sistema de representación proporcional para su elección. (En: Elementos de Derecho Constitucional, Astrea, 1993, Tomo I.).

5 Texto vigente de 1988.

6 Texto vigente a partir de 1991.

7 La referencia a la ley 134 de 1994 está basada en la obra de Gaspar Caballero Sierra: Teoría Constitucional, Ed. Temis, Bogotá, 1995.

8 En la misma obra citada en la Nota nº 7.

9 Esta Constitución fue proclamada el 24 de febrero de 1976 y para su ratificación se utilizó el referéndum. Las últimas reformas a la Carta se aprobaron en julio de 1992.

10 Aprobada el 31 de marzo de 1993.

11 Entró en vigencia el día 14 de enero de 1986.

12 Constitución de 1972, modificada por los Actos Reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983.

13 Sancionada el veinte de junio de 1992.

14 Publicada, sujeta a referéndum, el 7 de septiembre de 1993. Sustituyó a la de 1979.

15 La ley 26300 de 2 de mayo de 1994 regula el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadanos de conformidad con la Constitución.

16 Artículo modificado mediante ley nº 26592 publicada el 18 de abril de 1996.

17 Aprobada por la Asamblea General Legislativa el 24 de agosto de 1966. El texto incluye las reformas constitucionales parciales de 1989, 1994 y 1997.

18 Constitución de 1971. Ha sido enmendada en 1973 y 1983.

2. Países Europeos

2.1 Austria

La Constitución Austríaca19 en materia de participación ciudadana contempla la iniciativa popular legislativa y el referéndum constitucional. Para la iniciativa legislativa popular se requiere que presenten la propuesta 100.000 electores o una sexta parte de los electores de tres Länder. La iniciativa popular deberá afectar a una materia regulable por ley federal y podrá formalizarse como proposición de ley (iniciativa formulada). El Presidente federal convocará a referéndum (art. 46.3) y en éste decidirá la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos y tendrá derecho a voto todo ciudadano de la Federación que sea elector para el Consejo Nacional (art. 46.2). Una ley federal regulará el procedimiento que deben seguir ambas instituciones (art. 46.1).

El referéndum es obligatorio en los casos de reforma total de la Constitución y facultativo cuando lo solicita un tercio de los miembros del Consejo Nacional o del Consejo Federal en los casos de reforma parcial.

El número 3 del artículo 44 de la Carta Fundamental de Austria establece lo siguiente en materia de reforma constitucional:

“3) Toda modificación total de la Constitución Federal, y la parcial únicamente cuando así lo exija un tercio de los miembros del Consejo Nacional o del Consejo Federal, serán sometidas a votación del pueblo de la Federación, una vez finalizado el procedimiento previsto en el artículo 42 y antes de la promulgación por el Presidente federal.”

2.2 España

La Constitución Española20 contempla amplios espacios de participación. Por una parte, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes (art. 23), por otra, se contempla la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley en cuyo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditas. Los ciudadanos podrán también ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado (art. 125). Las diversas modalidades de referéndum que la Constitución Española consagra se pueden agrupar en torno a cuatro grandes grupos: referéndum constitucional facultativo y obligatorio (artículos 167 y 168); consultivo para decisiones de especial trascendencia (art. 92); autonómico y municipal. El desarrollo legislativo de estas modalidades ha tenido lugar mediante la Ley Orgánica 2/1980 y sus modificaciones. La autorización para la convocatoria de consultas populares es competencia exclusiva de Estado (art. 149.1.32)

El Título X de la Constitución dedicado a la reforma constitucional prevé dos modalidades de referéndum. En el marco de la reforma ordinaria procederá la convocatoria de una consulta popular (referéndum facultativo) cuando así lo soliciten una décima parte de los miembros de cualquiera de la Cámaras (art. 167). Para la reformas más amplias (revisión total o parcial que afecte al Título preliminar; a los derechos fundamentales y las libertades públicas o a la Corona) el artículo 168 prevé el referéndum con carácter de obligatorio para la ratificación definitiva de los proyectos de reforma.

Es así que la Constitución Española de 1978 combina la aprobación por mayorías reforzadas en las Cámaras para las reformas ordinarias (tres quintos o, en caso de no acuerdo, mayoría absoluta en el Senado y de dos tercios en el Congreso) con un referéndum facultativo, a solicitud de la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Para la revisión total de la Constitución o la que afecte el título preliminar, los derechos fundamentales o la Corona, se requiere aprobación de la reforma por mayoría de dos tercios y disolución inmediata de las Cortes Generales, debiendo las Cámaras elegidas ratificar la decisión y aprobar, por mayoría de dos tercios, el nuevo texto constitucional, que será sometido a referéndum.

A continuación transcribimos textualmente los artículos pertinentes a las reformas constitucionales que contempla la Constitución Española:

“Articulo 166. La iniciativa de reformas constitucionales se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.”

Por su parte, éstos establecen:

“Artículo 87. 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

2. Las Asambleas de la Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa…”

“Artículo 167. 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.”

“Artículo 168. 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por la Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.”

2.3 Francia

En Francia el artículo 3 de la Constitución establece los mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía al señalar que: “La soberanía nacional pertenece al pueblo que la ejerce por medio de sus representantes y por la vía del referéndum.

La Constitución Francesa21 no contempla la iniciativa legislativa popular. El referéndum facultativo para ciertas materias de ley ordinaria está considerado en el artículo 11 que en su inciso primero señala: “El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno durante el período de sesiones o a propuesta conjunta de ambas Cámaras, publicadas en el Diario Oficial, podrá someter a referéndum todo proyecto de ley que afecte a la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a la política económica o social de la Nación y a los servicios públicos o tendente a autorizar la ratificación de un tratado que sin ser contrario a la Constitución, incidiera sobre el funcionamiento de las instituciones…”.22

En materia de reformas constitucionales deja la iniciativa al Presidente de la República, a propuesta del Primer Ministro, o a los miembros del Parlamento, si bien, la reforma no será definitiva hasta que no haya sido aprobada en referéndum. Sin embargo, en caso que el Presidente decida someter el proyecto de reforma al Parlamento no se presentará a referéndum.

El “Título XVI: de la Revisión”, textualmente dispone:

“La iniciativa de revisión de la Constitución pertenece indistintamente al Presidente de la República a propuesta del Primer Ministro y a los miembros del Parlamento.

El proyecto o la proposición de revisión deberán ser votados por las dos cámaras en idénticos términos. La revisión será definitiva una vez aprobada por referéndum.

El proyecto de revisión, sin embargo, no se presentará a referéndum cuando el Presidente de la República decida someterlo al Parlamento constituido en Congreso; en tal caso el proyecto de revisión sólo será aprobado si alcanza la mayoría de tres quintos de los votos emitidos. La mesa del Congreso será la de la Asamblea Nacional.

Ningún procedimiento de revisión podrá ser iniciado, ni continuado, si se atenta contra la integridad del territorio.

La forma republicana de gobierno no podrá ser objeto de revisión.”

2.4 Irlanda

La Constitución Irlandesa23 considera el referéndum consultivo aplicable a todo proyecto de ley, con excepción de las enmiendas a la Constitución, si se considera que el proyecto contiene disposiciones de tal importancia para el país que hacen necesaria la participación de los ciudadanos. A este respecto el artículo 27 establece el reenvío de proyectos de ley ante el pueblo y dispone que “…La mayoría de los miembros del Senado y al menos un tercio de los de la Cámara de Representantes podrán, mediante petición común dirigida…al Presidente de Irlanda, solicitar del mismo su negativa a firmar y promulgar como ley cualquier proyecto al que sea aplicable este artículo y basándose en que el proyecto contiene disposiciones de tal relevancia nacional que se hace preciso conocer la voluntad popular… Por otra parte, el mismo artículo señala que: “Todas las veces que el Presidente decida que un proyecto de ley que sea objeto de una petición en los términos del presente artículo, contenga una proposición de tal relevancia nacional que deba ser consultada la voluntad popular, informará al Primer Ministro y al Presidente de cada Cámara…rehusará firmar y promulgar tal proyecto como ley a no ser que…la propuesta haya sido aprobada o I. por el pueblo mediante referéndum…II. o por una resolución de la Cámara de Representantes…después de la disolución y nueva reunión de la Cámara …”

Toda reforma a la Constitución Irlandesa deberá ser sometida a la decisión del pueblo a través de un referéndum de ratificación.

“Artículo 46. 1. Cualquier precepto de esta Constitución podrá ser reformado por vía de modificación, adición o derogación, según el procedimiento previsto en este artículo.

2. Toda proposición de reforma de esta Constitución se iniciará mediante proyecto en la Cámara de Representantes y una vez aprobada o considerada como aprobada por ambas Cámaras del Parlamento, será sometida a la decisión del pueblo a través de referéndum, de acuerdo con la ley vigente que regule el referéndum.

3. Todo proyecto de ley de tal naturaleza será designado como ley de reforma constitucional.

Los proyectos de ley que contengan una propuesta o varias para reformar la Constitución no incluirán ninguna otra propuesta.

Los proyectos de ley que contengan una propuesta de reforma de esta Constitución serán firmados por el Presidente tan pronto como considere cumplidos los preceptos de este artículo y que tal propuesta haya sido convenientemente aprobada por el pueblo conforme a lo dispuesto en las disposiciones de la Sección I del artículo 47 de esta Constitución y será promulgada de modo adecuado como ley por el Presidente.

El artículo 47 del título: El Referéndum, trata en el nº 1 la votación requerida para los referendos constitucionales. El número 2 del mismo artículo señala la votación requerida para aprobar toda propuesta que no sea de reforma constitucional (según lo establece el artículo 27). Sobre el referéndum constitucional dispone textualmente:

“Artículo 47. 1. Toda propuesta de reforma constitucional que sea sometida a la decisión del pueblo mediante referéndum, se considerará como aprobada por el pueblo, a efectos del artículo 46 de esta Constitución, si una vez sometida a él, la mayoría de los votos emitidos en tal referéndum lo fuese en favor de su promulgación como ley…”

2.5 Italia

La Constitución Italiana recoge las instituciones de democracia directa considerando la iniciativa popular legislativa y el referéndum. El pueblo puede ejercer la iniciativa de leyes mediante una propuesta de un proyecto redactado en artículos (iniciativa formulada) por parte de al menos cincuenta mil electores (inciso 2º del artículo 71).

La Constitución también considera, de acuerdo al artículo 75, el referéndum para decidir si una ley o acto con valor de ley puede ser abrogado ya sea total o parcialmente (referéndum abrogatorio de ley) a petición de quinientos mil electores o cinco Consejeros regionales.

En materia de reformas constitucionales, en Italia existe el referéndum constitucional facultativo, a solicitud de una quinta parte de los miembros de una Cámara o quinientos mil electores o cinco Consejos regionales. Si bien no habrá lugar a referéndum si la ley hubiese sido aprobada en segunda votación por cada Cámara por mayoría de dos tercios de sus miembros.

El artículo 138 de la Constitución Italiana sobre revisión de la Constitución dispone:

“Las leyes de revisión de la Constitución y las restantes leyes constitucionales se aprobarán por cada Cámara con dos sucesivas deliberaciones con un intervalo no menor de tres meses y se aprobarán por mayoría absoluta de los componentes de cada Cámara en la segunda votación.

Tales leyes se someterán a referéndum popular cuando, dentro de los tres meses desde su publicación, lo solicite una quinta parte de los miembros de una Cámara o quinientos mil electores o cinco Consejos regionales. La ley sometida a referéndum no se promulgará si no es aprobada por la mayoría de los votos válidos.

No habrá lugar a referéndum si la ley hubiese sido aprobada en la segunda votación por cada una de las Cámaras por mayoría de dos tercios de sus componentes.”

2.6 Portugal

En Portugal los ciudadanos electores pueden ser llamados a referéndum vinculante, por decisión del Presidente de la República a propuesta de la Asamblea de la República o del Gobierno, sobre cuestiones de relevante interés nacional pero quedan excluidas de la consulta popular las modificaciones de la Constitución, las materias previstas en los artículos 164 y 167 (materias de competencia de la Asamblea de la República) y las materias presupuestarias, tributarias o financieras. (art.118).

El citado artículo 118, en los números 1, 2 y 3, establece textualmente lo anteriormente mencionado:

“1. Los ciudadanos electores censados en el territorio nacional pueden ser llamados a pronunciarse directamente, a título vinculante, a través de referéndum, por decisión del Presidente de la República, mediante propuesta de la Asamblea de la República o del Gobierno en los casos y en los términos previstos por la Constitución y por la ley.

2. El referéndum solo podrá tener por objeto cuestiones de relevante interés nacional que deben ser decididas por la Asamblea de la República o por el Gobierno, a través de la aprobación de un convenio internacional o de acto legislativo.

3. Están excluidas del ámbito del referéndum, especialmente las modificaciones de la constitución, las materias previstas en el artículo 164 y 167 de la Constitución y las cuestiones y los actos de contenido presupuestario, tributario o financiero…”

La Carta Fundamental24 no contempla la iniciativa legislativa en materia constitucional ni el referéndum para su aprobación. La iniciativa de revisión de la Constitución Portuguesa corresponde a los diputados (art. 285); se aprobarán las modificaciones por mayoría de dos tercios de los diputados en funciones (art. 286) y el Presidente de la República no puede rehusar la promulgación de la ley de revisión.

2.7 Suiza

La Constitución de la Federación Suiza25 contempla tres espacios de participación ciudadana: las landgemeine, el referéndum y la iniciativa popular. La landgemeine es la institución de democracia directa por antonomasia, consistente en reuniones anuales, al aire libre, donde participan todos los electores del Cantón, actuando a modo de asamblea legislativa. En la actualidad esta figura subsiste sólo en algunos cantones. Estas asambleas tienen facultad legislativa para revisar la Constitución cantonal, aprobar proyectos de ley, etc. y facultad electoral, como por ejemplo, para elegir al Consejo de Gobierno del Cantón.

La Constitución Suiza contempla cuatro tipos de referéndum: los legislativos (pueden ser sometidas las leyes federales, los decretos federales urgentes que no deroguen la Constitución y los decretos federales de alcance general); los convencionales; los de adhesión a organizaciones de seguridad colectiva o de comunidades supranacionales (art. 89 nos. 2, 3 y 4) y los de reforma total de la Constitución (art. 120.1).

“Articulo 89. 2. Las leyes federales y los decretos federales de alcance general deberán someterse a su adopción o rechazo por el pueblo cuando lo soliciten 50.000 (cincuenta mil) ciudadanos activos u ocho cantones…

3. Será aplicable también el párrafo 2 a los tratados internacionales que: a) sean de duración indeterminada y no denunciables; b) prevean la adhesión a una organización internacional; c) lleven aparejada una unificación multilateral del derecho.

4. Se someterá al voto del pueblo y de los cantones la adhesión a organizaciones de seguridad colectiva o de comunidades supranacionales”.

La iniciativa popular en Suiza, diferente al referéndum legislativo, está reconocida a nivel federal y cantonal. A nivel federal sólo se admite en materia constitucional, antiguamente sólo se admitía para una reforma total de la Constitución.

La Constitución Federal Suiza define la iniciativa popular de reforma constitucional como una petición presentada por 100.000 ciudadanos suizos con derecho a voto, solicitando la adopción de un nuevo artículo constitucional o la derogación o modificación de determinados artículos de la Constitución vigente.

La solicitud de reforma total requiere de 100 mil firmas que lo soliciten. Cumplido este trámite, los ciudadanos deben decidir, por medio de referéndum, su acuerdo sobre la oportunidad de una iniciativa popular de revisión total de la Constitución, la que lleva consigo la disolución total de las Cámaras. Los procedimientos contemplados en las solicitudes de reforma parcial están establecidos en el artículo 121 de la Constitución y consideran tanto la iniciativa popular como el referéndum.

Así, el referéndum constitucional obligatorio está previsto en todas las etapas del procedimiento de reforma: 1) la iniciativa; 2) el proyecto articulado y 3) una vez terminado el proceso. La forma y los casos, sea de reforma parcial o total del texto, quedan estipulados en los artículos 120, 121, 122 y 123 de la Constitución y que a continuación transcribimos.

“Articulo 120. 1. Cuando una sección de la Asamblea Federal decrete la reforma total de la Constitución Federal y la otra sección oponga el veto, o bien cuando 100.000 ciudadanos suizos con derecho de sufragio pidan la reforma total, la cuestión de si la Constitución Federal debe ser reformada será, en uno como en otro caso, sometida a la votación del pueblo suizo, que se pronunciara por sí o por no.

2. Si, en uno o en otro caso, la mayoría de los ciudadanos suizos que tomen parte en la votación se pronuncian por la afirmativa, los dos Consejos serán renovados para llevar a cabo la reforma”.

“Articulo 121. 1. La reforma parcial puede tener lugar ora por vía de iniciativa popular ora en las formas establecidas por la legislación federal.

2. La iniciativa popular consiste en una petición que, presentada por 100.000 ciudadanos suizos con derecho a voto, solicite la adopción de un nuevo articulo constitucional o la derogación o modificación de determinados artículos de la Constitución en vigor.

3. Si por vía de iniciativa popular se presentan varias disposiciones diferentes para ser revisadas o para ser introducidas en la Constitución Federal, cada una de ellas deberá ser objeto de una petición de iniciativa distinta.

4. La petición de la iniciativa puede revestir la forma de una proposición concebida en términos generales o la de un proyecto redactado en todas sus partes.

5. Cuando la petición de la iniciativa este concebida en términos generales, las Cámaras Federales, si la aprueban, procederán a la reforma parcial en el sentido indicado y someterán el proyecto a la adopción o a la repulsa del pueblo y de los cantones. Si, por el contrario, no la aprueban, la cuestión de la reforma parcial será sometida a referéndum; si la mayoría de los ciudadanos suizos que tomen parte en la votación se pronuncia por la afirmativa, la Asamblea Federal procederá a la reforma ajustándose a la decisión popular.

6. Cuando la solicitud revista forma de proyecto articulado en todas sus partes y la Asamblea Federal le dé su aprobación, será sometido al pueblo y a los cantones para su adopción o rechace. Si la Asamblea Federal no estuviere conforme con el proyecto, podrá elaborar uno distinto o recomendar al pueblo el rechace del proyecto propuesto y someter a votación su contraproyecto o su proposición de negativa al mismo tiempo que la propuesta emanada de la iniciativa popular”.

“Articulo 122. Una ley federal determinará las formalidades para las peticiones de iniciativa popular y para los referéndums relativos a la revisión de la Constitución Federal.”

“Articulo 123. 1. La Constitución Federal revisada o la parte revisada de la Constitución entrará en vigor cuando haya sido aceptada por la mayoría de los ciudadanos suizos que tomen parte en la votación y por la mayoría de los Estados.

2. Para determinar la mayoría de los Estados el voto de un medio cantón se cuenta como medio voto.

3. El resultado de la votación popular en cada cantón se considerara como el voto del Estado”.

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Notas al pié de página

19 Promulgada en 1920, ha partir de entonces ha sido enmendada por más de treinta leyes constitucionales, las últimas reformas son de los años 1975, 1986 y especialmente la reforma de 1994, en que se adaptó el derecho constitucional austríaco al Tratado de la Unión Europea.

20 Aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. La única reforma tuvo lugar en 1992.

21 Aprobada en referéndum el 28 de septiembre de 1958. Ha experimentado reformas en los años 1960, 1962 (se modificaron los arts. 6 y 7 relativos a la elección de Presidente de la República, que se efectuaría por sufragio universal, esta modificación fue sometida a referéndum), 1963, 1974, 1976, 1992 (se adaptó la Constitución al Tratado de Maastricht), 1993, 1995 (reforma al artículo 11, entre otras, sobre referéndum), y 1996 (financiamiento de la Seguridad Social).

22 Ley constitucional (95-880) de 4 de agosto de 1995.

23 La Constitución vigente fue aprobada por referéndum el julio de 1937. Ha sido modificada 11 veces, todas sometidas a referéndum, siendo las últimas las que permitirían la ratificación del Acta Unica Europea y el Tratado de la Unión Europea respectivamente.

24 La actual Constitución de Portugal fue aprobada el 2 de abril de 1976. Fue modificada según Ley Constitucional nº 1/92, de 25 de noviembre.

25 Promulgada en 1874 y sujeta a numerosos referendos, siendo el último en 1978

Conclusiones

Los procedimientos previstos en la Constituciones para su reforma son variados y complejos: a) algunos la encomiendan a órganos especiales (Asamblea Constituyente o Convención Nacional Constituyente); b) otros le encomiendan la reforma de la constitución al mismo Poder Legislativo ordinario, requiriendo mayorías calificadas, o su aprobación en dos o más sesiones, decididas en distintos períodos, algunas veces con renovación de las Cámaras y nueva convocatoria a elecciones para integrarlas, en otros casos la reforma exige la actuación conjunta de las Cámaras; c) algunos contemplan el referéndum en sus distintas modalidades (obligatorio o consultivo y de ratificación o de opción); d) o por otros mecanismos como son por el Jefe de Estado y el Parlamento; o por decisión del Congreso Federal con dos tercios de sus miembros, etc.

El referéndum insertado en el procedimiento de reforma constitucional es el mecanismo menos cuestionado a nivel doctrinal y más generalizado en el derecho comparado.

En América Latina, la tendencia mayoritaria es a permitir una reforma o adecuación constitucional más expedita, y favorecer incluso la aplicación de instrumentos de participación popular directa, como son la iniciativa popular de reforma y el referéndum o plebiscito. La iniciativa popular de reforma constitucional está contemplada en las Constituciones de Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Por otra parte, el referéndum, ya sea con carácter obligatorio o facultativo, está dispuesto en las Constituciones de Cuba, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Panamá de manera obligatoria y en Colombia, Ecuador y como facultativo.

En los países que componen la Unión Europea, el referéndum constitucional con carácter de obligatorio está establecido en las Constituciones de España, Austria e Irlanda, si bien España y Austria contemplan también el referéndum facultativo, según se trate de reformas parciales o totales; y el referéndum facultativo en materia de reformas a la Constitución se dispone en la Constituciones de Italia y Francia.

Por tanto, podemos concluir que nueve países latinoamericanos contemplan algún tipo de referéndum, sea este facultativo u obligatorio, en los procedimientos de reforma a sus constituciones y cinco países de la Unión Europea también disponen en este mismo sentido.

1 En Chile, según Humberto Nogueira Alcalá, se emplea la expresión plebiscito más que el término referéndum, debido a que el constituyente de 1925 lo utilizó y se siguió utilizando el mismo término en la Constitución de 1980. (En: Regímenes Políticos Contemporáneos, Ed. Jurídica de Chile, 1993, p. 85).

2 Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina del 23 de agosto de 1994. Este texto contiene las reformas sancionadas por las Convenciones Nacionales de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994.

3 Ambos artículos (39 y 40) están dentro del Capítulo de los Nuevos Derechos y Garantías

4 El texto constitucional no impone que la Asamblea Constituyente sea electa popularmente; pero así ha ocurrido en todos los caso realizados durante gobiernos de iure. Según Sagüés, existe una regla de derecho consuetudinario sobre el punto. Agrega además, que el sistema electoral por el cual se elegirá la Convención no está regulado por la Constitución, en la práctica, lo determina el Congreso, es así que han existido diferentes formas. Por ejemplo, la ley 3838/57 determinó un número de doscientos cinco convencionales, los reguló por cada distrito, y utilizó el sistema de representación proporcional para su elección. (En: Elementos de Derecho Constitucional, Astrea, 1993, Tomo I.).

repudio a los hechos ocurridos en la Plaza Independencia de Montevideo

COMUNICADO DE PRENSA:

asamblea1

San José de Gualeguaychú, 9 de Febrero de 2007

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú quiere expresar el más enérgico repudio a los hechos ocurridos en la Plaza Independencia de Montevideo contra un pequeño grupo de ciudadanos de Buenos Aires y Gualeguaychú, de exclusiva responsabilidad de las autoridades del Gobierno Uruguayo, por la desidia y tardía actuación; que solo por casualidad no ocurrió una desgracia, que hoy estaríamos lamentando, a pesar de que nuestro gobierno, a través de su embajador Hernán Patiño Meyer, había solicitado formalmente la protección de nuestros compañeros.

Lejos estuvo de ofender al pueblo y gobierno uruguayos, como lo expresaba la folletería leída por periodistas de ese país, sino que, como en Argentina apuntaba a esta fábrica de muerte perteneciente al pirata finlandés , que nunca obtendrá de nosotros la licencia social.

Claramente, las imágenes televisivas y los hechos demostraron que, lo ocurrido, no fue espontáneo, sino totalmente premeditado. Desde el secuestro de la folletería hasta las amenazas de muerte al llegar a Montevideo, y el equipo de sonido sobre camioneta oficial exacerbando el nacionalismo más los graves insultos por parte de las escasas fuerzas de seguridad , ante el pedido de un edil montevideano por la falta de actuación.

No se confundan, la víctima no es un pequeño país como ustedes dicen, sino un pueblo de 86 000 habitantes, que está peleando contra el mundo, al que le asisten el derecho y la razón, por defender el estilo de vida elegido por su gente hace décadas; la víctima es Gualeguaychú.

ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL DE GUALEGUAYCHU

Sí a la vida, No a las Papeleras.

Proclama del Pueblo de Gualeguaychú

asamblea1

Gualeguaychú, 6 de febrero de 2.007

A los Sres. Presidentes

De la Republica Argentina

Dr. Nestor Carlos Kichner

De la Republica Oriental del Uruguay

Dr. Tabaré Vázquez

Presente

 

De nuestra consideración:

 

Nuevamente ponemos de manifiesto nuestra firme y férrea voluntad de encontrar una solución al conflicto suscitado entre los países de Argentina y la Republica Oriental del Uruguay por la instalación de la empresa finlandesa Botnia en la localidad de Fray Bentos sobre el Río Uruguay.

 

Es de público conocimiento que permanentemente los habitantes de nuestra localidad y de localidades vecinas hemos reclamado por un dialogo entre ambos que permita una salida pacifica de esta controversiagenerada por el anterior Gobierno uruguayo, no solamente violando unilateralmente Acuerdos establecidos, sino además pretendiendo no respetar el Actual Modelo de Desarrollo elegido por nuestras Comunidades que es absolutamente incompatible con estos Proyectos, por lo cual jamás aceptaremos su instalación y posterior operación en nuestro río.

 

Nos asiste en nuestro reclamo, que lleva 4 años, los numerosísimos estudios realizados por prestigiosas Universidades de ambos países y el reciente estudio de la Universidad Sapienza de Roma. Además esta empresa no cuenta con la Licencia Social para operar ya que nunca cumplió con los 4 puntos básicos, a saber:

1. Que la empresa informe completamente de sus operaciones a la comunidad;

2. Que la empresa comunique la información requerida de acuerdo con las necesidades de la comunidad local;

3. Que la comunidad tenga la oportunidad de participar en las decisiones que la afectan; y

4. Que el proyecto se lleve a cabo teniendo en cuenta un marco de desarrollo sustentable.

 

 

La organización mundial Business for Social Responsibility (BSR), que asesora a sus empresas miembros para llevar adelante sus proyectos por vías que respeten los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente, considera que el cumplimiento de las expectativas sociales en relación con un proyecto dado se reconoce cuando ésta consigue lo que se denomina Licencia Social para Operar.)

Por tanto dejamos expresado claramente que toda negociación al más alto nivel político que no contemple la relocalización de Botnia fuera de la Cuenca del Río Uruguay no será aceptada por nuestro pueblo y los pueblos vecinos.

Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú.

Si a la Vida, No a las Papeleras.

no es finalidad de la misma, hacer campaña en favor o en contra de ningún candidato o partido político

Comunicado de prensa:

asamblea1

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychu desea aclarar que no es finalidad de la misma, hacer campaña en favor o en contra de ningún candidato o partido político, en referencia al hecho particular ocurrido en algunas localidades de nuestra provincia, donde días pasados, aparecieron afiches tildando de traidores a dos postulantes a cargos políticos.

Estos afiches, en donde aparece involucrado el nombre de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychu, no fueron mocionados ni aprobados por esta Asamblea, por lo tanto, es deber de la misma desvincularse de este hecho en particular, como así tambien de las pintadas ocurridas en domicilios particulares y edificios institucionales, y de todo hecho similar que en lo sucesivo pudiera ocurrir.

ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL DE GUALEGUAYCHÚ

solidarizarnos por el accidente ocurrido al Sr. Julio Olivera, el día 24 de Enero del corriente año, en la construcción del edificio dela planta pastera Botnia

San José de Gualeguaychú, 1º de febrero de 2007

asamblea1

SR. PRESIDENTE SUNCA

PEDRO PORLEY

S / D

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. para solidarizarnos por el accidente ocurrido al Sr. Julio Olivera, el día 24 de Enero del corriente año, en la construcción del edificio dela planta pastera Botnia, producido por la falta de control y seguridad en las condiciones de trabajo a que son sometidos los obreros del gremio que Ud. preside.

Le deseamos una pronta recuperación, y nos ponemos a su entera disposición, saludando atentamente.

ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL DE GUALEGUAYCHÚ.