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Carta Solicitud de información, por BOTNIA – UPM AL Canciller Héctor Marcos TIMERMAN

Asambleístas: el 15 de octubre se envió al Canciller  Timerman la siguiente nota aprobada en asamblea:

Gualeguaychú, 15 de octubre de 2013

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

Canciller Héctor Marcos TIMERMAN

De nuestra mayor consideración:

La Asamblea ciudadana Ambiental Gualeguaychú se dirige a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien participar de una reunión con los Diputados Nacionales a los efectos de brindar detalles e informe sobre los daños que la pastera Botnia UPM, provoca desde su ubicación en Fray Bentos, más los estudios presentados en la Corte Internacional de Justicia que consideran y evalúan toda la contaminación, incluyendo la atmosférica

A la vez también requiere de usted que estos estudios  se hagan  públicos porque es un trabajo que el país entero  tiene derecho a conocer.

Esperanzados en una respuesta satisfactoria le  saluda respetuosamente

Por Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú

 

Hoy, 6 de noviembre se recibió la siguiente respuesta que se entregará a secretaría

RESPUESTA DE CANCILLERÍA

I)  http://mrecic.gov.ar/informacion-sobre-la-cuestion-upm-botnia

 

RESPUESTA DE CANCILLERÍA 2

II) http://www.prensa.argentina.ar/2013/10/02/44668-argentina-recurrira-ante-la-corte-de-la-haya-por-la-decision-de-uruguay-de-aumentar-la-produccion-de-la-ex–botnia.php

III) http://www.mrecic.gov.ar/informe-sobre-upm-botnia

IV) http://www.prensa.argentina.ar/2013/10/09/44877-argentina-pide-a-uruguay-que-retrotraiga-la-decision-unilateral-de-aumentar-la-produccion-de-la-ex-botnia-y-que–vuelva-a-la-mesa-del-dialogo.php

Reunión del Grupo Científico Técnico de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú

Información:

Ayer lunes 19 se llevó a cabo en el Salón del Centro de Defensa Comercial, y con asistencia completa, la presentación formal ante las Instituciones Intermedias de Gualeguaychú, la Asamblea Ciudadana Ambiental y público en general, del Grupo Científico Técnico de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.

Está integrado por:

Coordinador responsable: Ing. Pablo Preisz

Prof. Lázaro Caferatta, Investigador Principal del CONICET

Dr. especialista en Traumatología, Martín Alazard.

Dr. especialista en vías respiratorias, Víctor Carlos Badaracco.

Bioquímico Carlos Goldaracena.

Bioquímica Rosalba Taus de Piaggio.

Lic. en Bromatología Norma Kindsvatter.

Bioquímico Jorge Razetto.

Dr. Fabián Moreno Navarro, Abogado

Tec.Sebastián Bel, Sec. de Turismo de Gualeguaychú.

Se contará también con la colaboración del Ing. Elías Matta,

Investigador del Instituto de Tecnología Celulósica de la UNL, y del Dr. Daniel Sabsay, abogado constitucionalista.

Se trabaja en la etapa preliminar de formación de grupos interdisciplinarios para la elaboración de un documento científico, con la recopilación de información ya existente, que pruebe el daño que producirá a futuro la fábrica de procesamiento de pasta celulósica.

asamblea1

Atte

Susana Padín

Secretaria

Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú

LA INICIATIVA POPULAR, EL PLEBISCITO O EL REFERÉNDUM EN EL PROCEDIMIENTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL COMPARADO

 

Por Patricia Silva Segovia, Chile.

http://www.bcn.cl/pags/publicaciones/serie_estudios/esolis/nro185.html

Contenido

Introducción

1. Países Latinoamericanos

2. Países Europeos

Conclusión

INTRODUCCIÓN

http://www.bcn.cl/pags/publicaciones/serie_estudios/esolis/185-01.htm

La democracia representativa es el sistema político en que los gobernantes son elegidos por los ciudadanos como sus representantes. En la práctica, sin embargo, los regímenes políticos liberales dejan cierto lugar a la intervención directa de los ciudadanos en la vida política; siendo los más extendidos, los procedimientos de democracia semidirecta. La democracia semidirecta se caracteriza por una combinación equilibrada de técnicas de democracia representativa y de democracia directa.

La democracia semidirecta adopta dos grandes tipos de procedimientos: la iniciativa popular y el referéndum o plebiscito. La iniciativa popular es para muchos autores la principal institución de participación directa de los ciudadanos conjunta y complementariamente con el referéndum. Opera en el ámbito legislativo cuando se trata de una iniciativa legislativa, es decir, cuando se faculta al pueblo para intervenir en la formación de las leyes, y en el ámbito constitucional cuando se utiliza en el procedimiento de revisión constitucional. La iniciativa puede ser “simple” cuando consiste en una simple indicación general de la reforma a realizar o “formulada” cuando comprende un verdadero proyecto de ley o de reforma constitucional elaborado por los mismos ciudadanos que lo presentan.

El referéndum o plebiscito es el instrumento mediante el cual un órgano representativo somete a la aprobación y opinión del electorado, una norma o materia determinada. En doctrina constitucional se utiliza el término plebiscito o referéndum en un sentido a veces igual a veces diferente.1 Según Nogueira, plebiscito o referéndum son dos términos que expresan un mismo concepto, ambos términos manifiestan las resoluciones adoptadas, directamente por el cuerpo político de la sociedad y opuestas a las resoluciones de los poderes legislativos, en la perspectiva de las democracias semidirectas. La institución del referéndum ha sido clasificada de diversas maneras por los autores, siendo la más utilizada la que los divide atendiendo a: la materia o contenido, el referéndum puede ser constitucional, legislativo o relativos a decisiones políticas no formalizadas todavía en textos de esa naturaleza; al tiempo en que se efectúa, preventivo o sucesivo (es el más común, sigue cronológicamente al acto estatal para conferirle o quitarle eficacia); a sus efectos o eficacia jurídica, constitutivo o abrogativo; a su fundamento jurídico o convocatoria, obligatorio (cuando la Constitución lo disponga necesario para la formulación de algunas normas jurídicas) o facultativo y por último, según si contempla o no alternativas, puede ser de ratificación, de opción o de arbitraje.

En materia de reforma constitucional, según veremos en este trabajo, es donde más frecuentemente se ha permitido la participación popular directa con instrumentos como los ya señalados, el referéndum y la iniciativa popular constitucional, especialmente en los países latinoamericanos y en los países miembros de la Unión Europea.

Hemos estimado, para efectos de este estudio, interesante aportar, para aquellos países que los incorporan, una somera referencia a la iniciativa popular en materia legislativa y al referéndum convocado en razón de que se trate de cuestiones de relevante interés nacional.

Los países que a continuación se analizan son todos aquéllos latinoamericanos o estados de la Unión Europeaque contemplan el procedimiento de referéndum para las reformas constitucionales. Si bien hemos estimado importante incluir a Suiza, que aunque no pertenece a la Unión Europea se ha destacado por los espacios de participación ciudadana que incorpora a su Constitución. En el caso de Argentina y Brasil, que no establecen el referéndum en materia constitucional, los incluimos ya que hemos estimado importante resaltar la incorporación expresa de la iniciativa popular legislativa en sus respectivas Cartas Fundamentales, al igual que a Portugal, que si bien no establece el referéndum constitucional si dispone la consulta popular vinculante en materias de relevante interés nacional.

Las Constituciones utilizadas para este trabajo han sido las más recientes a las que hemos tenido acceso. Por último, sobre la reglamentación del referéndum, en los casos que la Constitución expresamente nos remite a una ley posterior, hemos mencionado dicha disposición cuando nos ha sido posible obtener el texto o una referencia a la misma.

I. PAÍSES LATINOAMERICANOS

    1. Argentina

La Constitución Argentina2 solamente contempla la iniciativa y la consulta popular en materias de ley. Así, el artículo 39 establece que los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados y por otra parte, el artículo 403 señala que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley, que de contar con el voto afirmativo por el pueblo de la Nación, el proyecto se convertirá en ley y su promulgación será automática. Otro procedimiento que incorpora la Constitución de la Nación Argentina es el de la consulta popular no vinculante en que el voto no será obligatorio y que puede ser convocada a petición del Congreso o del Presidente de la Nación (inciso 2º del artículo 40). La oportunidad, materia y procedimientos de las consultas populares las reglamentará el Congreso con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

Respecto a la iniciativa popular legislativa, la Constitución en el artículo 39 textualmente señala:

“Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.

No será objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal”.

Sobre la consulta popular el artículo 40 dispone textualmente:

“El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación la convertirá en ley y su promulgación será automática.

El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.”

Respecto a la iniciativa popular para las reformas constitucionales la Carta Fundamental Argentina es taxativa al declarar que “No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal”. (Art. 39 inciso 3º). La necesidad de reforma, total o parcial, debe ser declarada por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros Las reformas se efectuarán por una Convención Nacional Constituyente convocada para dicho efecto (art. 30). Los miembros de la Convención Constituyente son elegidos por el cuerpo electoral4 con competencias determinadas por la Constitución y la ley. La Convención tiene facultad para promulgar y publicar la reforma, salvo que la ley de convocatoria hubiera dispuesto otra cosa.

Según lo anteriormente señalado, en Argentina no se utiliza el procedimiento de referéndum para reformar la Constitución, la ciudadanía participa solamente en la elección de los miembros a la Convención Nacional Constituyente.

1.2 Brasil

La Constitución de la República Federativa de Brasil5 contempla la iniciativa popular legislativa y así lo establece el nº 2 del artículo 61 que señala: “La iniciativa popular puede ser ejercida mediante la presentación a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley…” El mismo artículo establece las materias de ley sobre las cuales tiene iniciativa exclusiva el Presidente de la República.Por otra parte, el artículo 14 considera el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, en los casos en que así lo establezca la ley y le otorga al Congreso Nacional la atribución exclusiva de convocar a plebiscitos y autorizar referendos (art. 49 nº XV), pero sin especificar su carácter ni las materias sobre las cuales puede recaer.

Los artículos anteriormente citados disponen textualmente:

“Artículo 61. 2º La iniciativa popular puede ser ejercida mediante la presentación a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley, subscrito, al menos, por el uno por ciento del electorado nacional, distribuido al menos en cinco Estados con no menos de tres décimas por ciento de los electores de cada uno de ellos.”

“Artículo 14. La soberanía popular será ejercida por sufragio universal y por voto directo y secreto con valor igual para todos, y, en los términos de la ley mediante:

    1. Plebiscito;

    2. Referéndum;

    3. Iniciativa popular…”

En Brasil la participación popular en la reforma de la Constitución ha quedado reducida a una cláusula transitoria (art.2º transitorio) en la que se considera que, por una sola vez, el 7 de septiembre de 1993 el pueblo se manifestará a través de un plebiscito sobre si elige la forma republicana o la monárquica, por una parte, y el presidencialismo o el parlamentarismo, por otra.

1.3 Colombia

En Colombia están contempladas en la Constitución6 los siguientes procedimientos de participación popular: la iniciativa legislativa popular (arts. 154 y 155); la iniciativa de reforma constitucional (arts. 374 y 375); el referéndum constitucional (arts. 377 y 378); y la consulta popular sobre decisiones de trascendencia nacional (art.104).

El artículo 103 de la Constitución Colombiana, correspondiente al Capítulo 1: De las Formas de Participación Democrática, señala cuales son los mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía.

Con la aprobación de la ley nº 134 de 1994 entró en vigencia en Colombia el primer Estatuto de Participación Ciudadana que viene a desarrollar el artículo 103 de la Constitución Política de 1991. Se trata de un conjunto normativo de 109 artículos que regulan la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores. Uno de los principales motivos que argumentó el Gobierno al presentar este proyecto de ley fue que con él aseguraba la eficacia de los mecanismos de participación ciudadana contenidos en la Constitución Política.

En materia de reformas constitucionales el artículo 374 de la Constitución Política de Colombia dispone que ésta sólo puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Cabe hacer notar que la competencia general para reformar la Constitución le ha sido atribuida al Congreso, mientras que la Asamblea Constituyente tiene un carácter excepcional, al no ser un órgano permanente, su convocatoria está sujeta a un trámite especial y tiene un poder derivado. Es así que el Congreso, en ejercicio del poder constituido, mediante ley aprobada por mayoría de una y otra Cámara, puede disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca o no una Asamblea Constituyente (art. 376).

Sobre este punto,7 es importante señalar que la referida ley 134 de 1994 consagra una modalidad especial de consulta para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, en sus artículos 58 y siguientes. El artículo 58 prevé que el Congreso de la República, mediante una ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente para reformar parcial o totalmente la Constitución. Además de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la ley deberá definir el número de delegados, el sistema para elegirlos, la competencia de la Asamblea, la fecha de su iniciación y su período (art. 59 de ley 134). El artículo 60 de la ley establece que sancionada la ley que convoca la consulta, el Presidente de la República la remitirá a la Corte Constitucional para que esta decida previamente sobre su constitucionalidad. Se entiende que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo solicita, cuando menos, la tercera parte de los integrantes del censo electoral.

Caballero Sierra8 señala que las posibilidades de participación ciudadana en el proceso de reforma constitucional en Colombia son las siguientes:

  1. Mediante iniciativa de reforma constitucional: Los ciudadanos en un número igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente a la fecha, pueden presentar proyectos de reforma constitucional (arts. 155 y 375).

  2. Mediante referéndum facultativo (proyecto de reforma): Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos, el Congreso mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras, podrá someter a referéndum un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley (art. 378).

  3. Mediante referéndum facultativo (reformas constitucionales aprobadas): Los ciudadanos en un número igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente a la fecha, pueden solicitar, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, que el Congreso someta a referéndum las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos fundamentales (Título I, Capítulo II) y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso (art. 377).

  4. Iniciativa de convocatoria a una Asamblea Constituyente (art. 376).

La tramitación del proyecto de reforma se encuentra contemplado en el artículo 375 de la Constitución y ésta tiene lugar en dos períodos legislativos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el Gobierno. En el segundo período, la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara.

Es así que la Constitución Política de Colombia referente a las reformas constitucionales textualmente señala en el artículo 374 y siguientes:

“Artículo 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo”.

“Artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente…”.

“Artículo 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral…”.

“Artículo 377. Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo, un cinco por ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral”.

“Artículo 378. Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado qué votan positivamente y qué votan negativamente”.

“La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral”.

Por otra parte, el artículo 155 establece que:

“Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por ciento de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las Cámaras en todas las etapas del trámite”.

1.4 Cuba

La Constitución de Cuba9 considera la participación ciudadana para la presentación de proyectos de ley y se requiere la iniciativa de por lo menos diez mil ciudadanos que tengan la condición de electores (art. 88. g).

El referéndum obligatorio de ratificación está previsto como procedimiento para la reforma total de la Constitución o cuando se trate de reformas parciales que afecten la integración y facultades de la Asamblea Nacional o al Consejo de Estado o a los derechos y deberes consagrados en la Constitución, para lo cual se requiere el voto de la mayoría de los ciudadanos electores.

El Consejo de Estado tiene entre sus atribuciones disponer lo pertinente para realizar los referendos que acuerde la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El artículo 137 del Capítulo XV: Reforma Constitucional establece que:

“Esta Constitución solo puede ser reformada, total o parcialmente, por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes.

Si la reforma es total o se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea”.

1.5 Ecuador

La Constitución Ecuatoriana10 reconoce expresamente la iniciativa popular para reformar la Constitución (art. 149) y para la reforma y expedición de leyes (art. 66 inciso 2º). El referéndum está contemplado tanto para consultar al pueblo sobre cuestiones de especial trascendencia para el Estado como para reformar la Constitución.

En Ecuador se prevé, como facultad del Presidente, la consulta popular sobre un proyecto de reforma constitucional cuando existieren divergencias entre el Congreso y el Ejecutivo.

La facultad de poder convocar a la ciudadanía que la Constitución le otorga al Presidente de la República queda establecida en el artículo 79 letra o) al señalar que:

“Artículo 79. Son atribuciones y deberes del Presidente de la República:

  1. Convocar y someter a consulta popular las cuestiones que a su juicio fueren de trascendental importancia para el Estado y, especialmente, los proyectos de reforma a la Constitución, en los casos previstos en el artículo 149, y la aprobación y ratificación de tratados o acuerdos internacionales que, en su caso, hubieren sido rechazados por el Congreso Nacional o por el Plenario de las Comisiones Legislativas, o por el propio Presidente de la República; …”.

El artículo 149 establece la iniciativa popular en materia de reformas constitucionales y el referéndum facultativo en caso de discrepancias entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y señala textualmente:

“Pueden proponerse reformas a la Constitución por los diputados, por el Presidente de la República, por la Corte Suprema de Justicia y por iniciativa popular.

El Congreso Nacional conocerá y discutirá los proyectos de reformas constitucionales y su aprobación requerirá del voto de, por lo menos, las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Aprobado el proyecto de reforma en dos debates, el Congreso Nacional lo remitirá al Presidente de la República para su dictamen. De ser éste favorable, la reforma se promulgará de acuerdo con la ley.

El Presidente de la República, dentro del plazo de noventa días, podrá someter a consulta popular los proyectos de reformas constitucionales en los siguientes casos:

a) Cuando el proyecto de reforma propuesto por iniciativa del Presidente de la República hubiere sido rechazado total o parcialmente por el Congreso Nacional; y

b) Cuando el proyecto de reforma aprobado por el Congreso Nacional hubiere obtenido dictamen total o parcialmente desfavorable del Presidente de la República.

La consulta popular convocada por el Presidente de la República se circunscribirá exclusivamente a la parte o partes del proyecto de reformas que hubieren sido objeto de discrepancias”.

1.6 Guatemala

En materia de participación ciudadana, la Constitución de Guatemala11 no solo establece que las decisiones políticas de trascendencia nacional deberán ser sometidas a referéndum, sino que le otorga iniciativa a los ciudadanos en el procedimiento de reformas a la Constitución.

La consulta popular sobre materias de especial trascendencia queda establecido en el artículo 173:

“Artículo 173. Procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos.

La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos”.

La iniciativa ciudadana en el procedimiento de reforma a la Constitución queda establecido en el artículo 277 que dispone:

“Iniciativa. Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución:

a) El Presidente de la República en Consejo de Ministros;

b) Diez o más diputados al Congreso de la República;

c) El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos.

En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado”.

Las reformas a la Constitución requerirán: a) la participación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar cualquier artículo que se refiera a los derechos individuales o a las reformas a la Constitución (arts. 3 a 46 y 277 al 281); b) la aprobación del Congreso, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los diputados, para cualquier otra reforma que no sea la contenida en ésos artículos y c) consulta popular obligatoria de ratificación del texto aprobado (párrafo 2º del inciso 1º del artículo 280).

Respecto a la Asamblea Nacional Constituyente la Constitución dispone:

“Artículo 278. Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el Capítulo I del Título II de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de ciento veinte días, procediéndose en lo demás conforme a la Ley Electoral Constitucional”.

La normativa de la Asamblea Nacional Constituyente es la misma que para las elecciones al Congreso de la República (art. 279).

En lo relativo referéndum constitucional obligatorio de ratificación y lo procedente en relación a la modificación de cualquier artículo, no contenido en los que para su modificación se requiere una Asamblea Constituyente, la Constitución dispone:

“Artículo 280. Reformas por el Congreso y consulta popular. Para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución.

Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, ésta entrará en vigencia sesenta días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta”.

En el artículo 281 se señalan todas aquellas normas que no podrán ser objeto de modificación, y expresamente formula:

“Artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso g), 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República, ni restarle efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido”.

Los artículos anteriormente citados se refieren a: el Estado y su forma de gobierno (art. 140); la soberanía (art. 141); la atribución que le corresponde al Congreso de “desconocer al Presidente de la República si, habiendo vencido su período constitucional, continúa en el ejercicio del cargo…” (art. 165 inciso g)); las prohibiciones para optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República (art. 186) y la prohibición de reelección al cargo de Presidente de la República (art. 187).

1.7 Panamá

En Panamá el referéndum constitucional está previsto como fórmula alternativa para ratificar una reforma dispuesta por acto legislativo de la Asamblea Legislativa. El artículo 308 de la Constitución de Panamá12 dispone dos procedimientos para aprobar las reformas constitucionales. En el número 2º del mismo artículo, establece uno de los procedimientos a seguir que contempla que al finalizar el trámite en la Asamblea Legislativa, ésta deberá convocar a consulta popular directa mediante referéndum obligatorio.

La institución del referéndum en el procedimiento alternativo de reforma constitucional, que contempla la Constitución de Panamá, queda establecido de la siguiente manera:

Artículo 308. “…Las reformas deberán ser aprobadas por uno de los siguientes procedimientos: …”.

2. Por un Acto Legislativo aprobado en tres debates por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa, en una legislatura, y aprobado igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente. En ésta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El Acto Legislativo aprobado de esta forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Legislativa, dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres meses ni exceder de seis meses, contados desde la aprobación del Acto Legislativo por la segunda legislatura…”.

Respecto a qué sucede en caso que el referéndum convocado en virtud de la aplicación del 2º procedimiento de reforma no es aprobado por la ciudadanía, la Constitución no establece claramente las consecuencias de la no ratificación. El inciso final del artículo 308 dispone que la reforma empezará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y ésta se hará dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum. Tampoco la Constitución Panameña nos remite a una ley posterior a efectos de reglamentar la consulta popular como se hace en otras constituciones.

El inciso final del artículo 308 dispone textualmente:

“El Acto Legislativo aprobado con arreglo a cualquiera de los dos procedimientos anteriores, empezará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles que siguen a su ratificación por parte de la Asamblea Legislativa, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, según fuere el caso, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad”.

1.8 Paraguay

La Constitución Paraguaya13 contempla, en materia legislativa, el referéndum legislativo y la iniciativa popular legislativa (artículos 123 y 203). El referéndum legislativo podrá ser o no vinculante.

El artículo 122 dispone las materias que no podrán ser objeto de referéndum: expropiaciones, defensa nacional, limitación de la propiedad inmobiliaria, cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios, contratación de empréstitos, Presupuesto General de la Nación y elecciones nacionales, departamentales y municipales.

En el procedimiento de reforma constitucional, la Carta Fundamental paraguaya establece dos tipos de modificaciones a la Constitución: a) la reforma, que procederá luego de diez años de su promulgación (art. 289) y b) la enmienda, que podrá realizarse a lo menos tres años después de promulgada (art. 290). Para la reforma se contempla la iniciativa popular y la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente que elaborará y sancionará el texto. En caso de enmienda, se considera la iniciativa popular (treinta mil electores en petición firmada) y el referéndum obligatorio de ratificación una vez que ésta ha sido aprobada por ambas Cámaras. El inciso final del artículo 290 hace una salvedad respecto a las reformas a determinados capítulos de la Constitución al establecer que estarán sujetos al procedimiento de reforma en lugar que al de enmienda.

Sobre reformas a la Constitución el artículo 289 dispone que:

“La reforma de esta Constitución solo procederá luego de diez años de su promulgación.

Podrán solicitar dicha reforma el veinticinco por ciento de los legisladores o cualquiera de las Cámaras del Congreso, el Presidente de la República o treinta mil electores, en petición firmada.

La declaración de la necesidad de la reforma sólo será aprobada por mayoría absoluta de dos tercios de miembros de cada Cámara del Congreso.

Una vez decidida la necesidad de la reforma, el Tribunal Superior de Justicia Electoral llamará a elecciones dentro del plazo de ciento ochenta días, en comicios generales que no coincidan con ningún otro.

El número de miembros de la Convención Nacional Constituyente no podrá exceder del total de los integrantes del Congreso. Sus condiciones de elegibilidad, así como la determinación de sus incompatibilidades, serán fijadas por ley.

Los convencionales tendrán las mismas inmunidades establecidas para los miembros del Congreso.

Sancionada la nueva Constitución por la Convención Nacional Constituyente quedará promulgada de pleno derecho”.

Respecto a las enmiendas, el artículo 290 dispone:

“Transcurridos tres años de promulgada esta Constitución, podrán realizarse enmiendas a iniciativa de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las Cámaras del Congreso, del Presidente de la República o de treinta mil electores, en petición firmada.

El texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de origen. Aprobado el mismo, se requerirá igual tratamiento en la Cámara revisora. Si en cualquiera de las Cámaras no se reuniese la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volverse a presentarla dentro del término de un año.

Aprobada la enmienda por ambas Cámaras del Congreso, se remitirá el texto al Tribunal Superior de Justicia Electoral, para que, dentro del plazo de ciento ochenta días, se convoque a un referéndum. Si el resultado de este es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto constitucional.

Si la enmienda es derogatoria, no podrá promoverse otra sobre el mismo tema antes de tres años…”.

En relación a los capítulos que solo podrán ser modificados mediante el procedimiento de reforma, el inciso final del artículo 290 establece:

“… No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado, o las disposiciones de los Capítulos I, II, III y IV del Título II, de la Parte I”.

1.9 Perú

La Constitución Peruana14 le otorga a los ciudadanos el derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa y de reforma constitucional; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas (artículos 31 y 107).15

En materia de reformas a la Constitución, la Carta en el inciso 2º del artículo 206 establece, que corresponde la iniciativa de reforma constitucional no solo al Presidente de la República y a los congresistas sino también a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento de la población electoral.

De acuerdo a la Constitución Peruana, la institución del referéndum opera en la ratificación de la reforma, una vez que ésta ha sido aprobada por el Congreso y estipula los casos en que dicho referéndum se puede omitir.

El artículo 206 de la Constitución Política del Perú textualmente dispone:

“Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral”.

La ley 26300, que regula los derechos de participación y control ciudadanos, clarifica algunas de las disposiciones del texto constitucional, a continuación transcribiremos textualmente algunos artículos que reglamentan la iniciativa legislativa y el referéndum constitucional.

Sobre la iniciativa legislativa la ley 26300 textualmente establece en sus artículos 12 y 14 y 16:

“Artículo 12. El derecho de iniciativa en la formación de leyes comprende todas las materias con las mismas limitaciones que sobre temas tributarios o presupuestarios tienen los congresistas de la República. La iniciativa se redacta en forma de proyecto articulado”.

“Artículo 14. Quienes presentan la iniciativa pueden nombrar a dos representantes para la sustentación y defensa en la o las comisiones dictaminadoras del Congreso y en su caso en el proceso de reconsideración”.

“Artículo 16. El Proyecto de ley rechazado en el Congreso puede ser sometido a referéndum conforme a esta ley. Asimismo, cuando los promotores juzguen que al aprobarla se le han introducido modificaciones sustanciales que desvirtúan su finalidad primigenia, podrán solicitar referéndum para consultar a la ciudadanía sobre su aprobación”.16

Sobre el referéndum constitucional los artículos 42 y 43 de la ley 26300 modificados por la ley 26670 de 11 de octubre de 1996 textualmente disponen:

“Artículo 42. El resultado del referéndum determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas, siempre que hayan votado en sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los votantes, sin tener en cuenta los votos nulos o en blanco. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un referéndum cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios del número de votos emitidos”.

“Artículo 43. Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los dos años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en dos legislaturas con el voto de dos tercios de número legal de congresistas. Si el resultado del referéndum deviene negativo, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de dos años”.

1.10 Uruguay

La Constitución Uruguaya17 dispone que la soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum e indirectamente por los Poderes representativos (artículo 82).

En materia de reformas constitucionales totales o parciales la Constitución Uruguaya establece tres procedimientos según en quien radica la iniciativa: El primer procedimiento es por iniciativa popular de al menos el diez por ciento de los ciudadanos inscritos, el proyecto de reforma se presentará al Presidente de la Asamblea General y se someterá a plebiscito; el segundo es de iniciativa parlamentaria de al menos dos quintos del total de componentes de la Asamblea, también se presentará al Presidente de la Asamblea y se someterá a plebiscito; el tercero puede ser por iniciativa de Senadores, Representantes o Poder Ejecutivo y requerirá para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea.

Una vez aprobada la iniciativa por el Presidente de la Asamblea se convocará a una Convención Nacional Constituyente que resolverá sobre las iniciativas presentadas. Los proyectos redactados por la Convención requieren de la ratificación plebiscitaria del electorado.

En resumen, la consulta a la ciudadanía opera tanto en la iniciativa de reforma (iniciativa ciudadana o parlamentaria) como para el texto final aprobado por la Convención Constituyente convocada para estos efectos.

Los procedimientos de reforma constitucional están establecidos en el Artículo 331 que señala textualmente:

“La presente Constitución podrá ser reformada, total o parcialmente, conforme a los siguientes procedimientos:

A) Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata.

La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria, juntamente con la iniciativa popular.

B) Por proyectos de reforma que reúnan dos quintos del total de componentes de la Asamblea General, presentados al Presidente de la misma, los que serán sometidos al plebiscito en la primera elección que se realice.

Para que el plebiscito sea afirmativo en los casos de los incs. A) y B), se requerirá que vote por “SÍ” la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que debe representar por lo menos, el treinta y cinco por ciento del total de inscritos en el Registro Cívico Nacional.

C) Los Senadores, los Representantes y el Poder Ejecutivo podrán presentar proyectos de reforma que deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los componentes de la Asamblea General.

El proyecto que fuere desechado no podrá reiterarse hasta el siguiente período legislativo, debiendo observar las mismas formalidades.

Aprobada la iniciativa y promulgada por el Presidente de la Asamblea General, el Poder Ejecutivo convocará, dentro de los noventa días siguientes, a elecciones de una Convención Nacional Constituyente que deliberará y resolverá sobre las iniciativas aprobadas para la reforma, así como sobre las demás que puedan presentarse ante la Convención. El número de convencionales será el doble del de Legisladores. Conjuntamente se elegirán suplentes en número doble al de convencionales.

Las condiciones de elegibilidad, inmunidades e incompatibilidades, serán las que rijan para los Representantes.

Su elección por listas departamentales, se regirá por el sistema de la representación proporcional integral y conforme a las leyes vigentes para la elección de Representantes. La Convención se reunirá dentro del plazo de un año, contado desde la fecha en que se haya promulgado la iniciativa de reforma.

Las resoluciones de la Convención deberán tomarse por mayoría absoluta del número total de convencionales, debiendo terminar sus tareas dentro del año, contado desde la fecha de su instalación. El proyecto o proyectos redactados por la Convención serán comunicados al Poder Ejecutivo para su inmediata y profusa publicación.

El proyecto o proyectos redactados por la Convención deberán ser ratificados por el Cuerpo Electoral, convocado al efecto por el Poder Ejecutivo, en la fecha que indicará la Convención Nacional Constituyente.

Los votantes se expresarán por “Sí o por “No” y si fueran varios los textos de enmienda, se pronunciarán por separado sobre cada uno de ellos. A tal efecto, la Convención Constituyente agrupará las reformas que por su naturaleza exijan pronunciamiento de conjunto. Un tercio de miembros de la Convención podrá exigir el pronunciamiento por separado de uno o varios textos. La reforma o reformas deberán ser aprobadas por mayoría de sufragios, que no será inferior al treinta y cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional.

En los casos de los apartados A) y B) sólo se someterán a la ratificación plebiscitaria simultánea a las más próximas elecciones, los proyectos que hubieren sido presentados con seis meses de anticipación -por lo menos- a la fecha de aquéllas, o con tres meses para las fórmulas sustitutivas que aprobare la Asamblea General en el primero de dichos casos. Los presentados después de tales términos, se someterán al plebiscito conjuntamente con las elecciones subsiguientes.

D) La Constitución podrá ser reformada, también, por leyes constitucionales que requerirán para su sanción, los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras dentro de una misma Legislatura…

E) Si la convocatoria del Cuerpo Electoral para la ratificación de las enmiendas, en los casos de los apartados A), B), C), y D) coincidiera con alguna elección de integrantes de órganos del Estado, los ciudadanos deberán expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales, en documento separado y con independencia de las listas de elección. Cuando las reformas se refieran a la elección de cargos electivos, al ser sometidas al plebiscito, simultáneamente se votará para esos cargos por el sistema propuesto y por el anterior, teniendo fuerza imperativa la decisión plebiscitaria”.

1.11 Venezuela

La Constitución de Venezuela18 reconoce dos instituciones participativas, la iniciativa de las leyes (artículo 165) y el referéndum constitucional.

En Venezuela está dispuesto el referéndum constitucional ratificatorio en los casos de reforma general de la Constitución (las enmiendas o reformas parciales no requieren de ratificación popular). La iniciativa corresponde a una tercera parte de los miembros del Congreso o a la mayoría absoluta de las Asambleas Legislativas. El proyecto aprobado se somete a referéndum según lo fijen las Cámaras. Se exige la mayoría de los sufragantes, sin otra condición electoral, de forma tal que aunque vote sólo el 25% de los inscritos, se tendrá por aprobada la reforma que contó con más votos por el “sí” que por el “no”.

Respecto al procedimiento de reforma general contemplado en la Constitución de la República de Venezuela el nº 4 del artículo 246, que contempla el referido referéndum, señala textualmente:

“El proyecto aprobado se someterá a referéndum en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta, para que el pueblo se pronuncie en favor o en contra de la reforma: el escrutinio se llevará a conocimiento de las Cámaras en sesión conjunta, las cuales declararán sancionada la nueva Constitución si fuere aprobada por la mayoría de los sufragantes de toda la República.”

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Notas al pié de página

2 Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina de 23 de agosto de 1994. Este texto contiene las reformas sancionadas por las Convenciones Nacionales de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994.

3 Ambos artículos (39 y 40) están dentro del Capítulo de los Nuevos Derechos y Garantías.

4 El texto constitucional no impone que la Asamblea Constituyente sea electa popularmente; pero así ha ocurrido en todos los caso realizados durante gobiernos de iure. Según Sagüés, existe una regla de derecho consuetudinario sobre el punto. Agrega además, que el sistema electoral por el cual se elegirá la Convención no está regulado por la Constitución, en la práctica, lo determina el Congreso, es así que han existido diferentes formas. Por ejemplo, la ley 3838/57 determinó un número de doscientos cinco convencionales, los reguló por cada distrito, y utilizó el sistema de representación proporcional para su elección. (En: Elementos de Derecho Constitucional, Astrea, 1993, Tomo I.).

5 Texto vigente de 1988.

6 Texto vigente a partir de 1991.

7 La referencia a la ley 134 de 1994 está basada en la obra de Gaspar Caballero Sierra: Teoría Constitucional, Ed. Temis, Bogotá, 1995.

8 En la misma obra citada en la Nota nº 7.

9 Esta Constitución fue proclamada el 24 de febrero de 1976 y para su ratificación se utilizó el referéndum. Las últimas reformas a la Carta se aprobaron en julio de 1992.

10 Aprobada el 31 de marzo de 1993.

11 Entró en vigencia el día 14 de enero de 1986.

12 Constitución de 1972, modificada por los Actos Reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983.

13 Sancionada el veinte de junio de 1992.

14 Publicada, sujeta a referéndum, el 7 de septiembre de 1993. Sustituyó a la de 1979.

15 La ley 26300 de 2 de mayo de 1994 regula el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadanos de conformidad con la Constitución.

16 Artículo modificado mediante ley nº 26592 publicada el 18 de abril de 1996.

17 Aprobada por la Asamblea General Legislativa el 24 de agosto de 1966. El texto incluye las reformas constitucionales parciales de 1989, 1994 y 1997.

18 Constitución de 1971. Ha sido enmendada en 1973 y 1983.

2. Países Europeos

2.1 Austria

La Constitución Austríaca19 en materia de participación ciudadana contempla la iniciativa popular legislativa y el referéndum constitucional. Para la iniciativa legislativa popular se requiere que presenten la propuesta 100.000 electores o una sexta parte de los electores de tres Länder. La iniciativa popular deberá afectar a una materia regulable por ley federal y podrá formalizarse como proposición de ley (iniciativa formulada). El Presidente federal convocará a referéndum (art. 46.3) y en éste decidirá la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos y tendrá derecho a voto todo ciudadano de la Federación que sea elector para el Consejo Nacional (art. 46.2). Una ley federal regulará el procedimiento que deben seguir ambas instituciones (art. 46.1).

El referéndum es obligatorio en los casos de reforma total de la Constitución y facultativo cuando lo solicita un tercio de los miembros del Consejo Nacional o del Consejo Federal en los casos de reforma parcial.

El número 3 del artículo 44 de la Carta Fundamental de Austria establece lo siguiente en materia de reforma constitucional:

“3) Toda modificación total de la Constitución Federal, y la parcial únicamente cuando así lo exija un tercio de los miembros del Consejo Nacional o del Consejo Federal, serán sometidas a votación del pueblo de la Federación, una vez finalizado el procedimiento previsto en el artículo 42 y antes de la promulgación por el Presidente federal.”

2.2 España

La Constitución Española20 contempla amplios espacios de participación. Por una parte, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes (art. 23), por otra, se contempla la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley en cuyo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditas. Los ciudadanos podrán también ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado (art. 125). Las diversas modalidades de referéndum que la Constitución Española consagra se pueden agrupar en torno a cuatro grandes grupos: referéndum constitucional facultativo y obligatorio (artículos 167 y 168); consultivo para decisiones de especial trascendencia (art. 92); autonómico y municipal. El desarrollo legislativo de estas modalidades ha tenido lugar mediante la Ley Orgánica 2/1980 y sus modificaciones. La autorización para la convocatoria de consultas populares es competencia exclusiva de Estado (art. 149.1.32)

El Título X de la Constitución dedicado a la reforma constitucional prevé dos modalidades de referéndum. En el marco de la reforma ordinaria procederá la convocatoria de una consulta popular (referéndum facultativo) cuando así lo soliciten una décima parte de los miembros de cualquiera de la Cámaras (art. 167). Para la reformas más amplias (revisión total o parcial que afecte al Título preliminar; a los derechos fundamentales y las libertades públicas o a la Corona) el artículo 168 prevé el referéndum con carácter de obligatorio para la ratificación definitiva de los proyectos de reforma.

Es así que la Constitución Española de 1978 combina la aprobación por mayorías reforzadas en las Cámaras para las reformas ordinarias (tres quintos o, en caso de no acuerdo, mayoría absoluta en el Senado y de dos tercios en el Congreso) con un referéndum facultativo, a solicitud de la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Para la revisión total de la Constitución o la que afecte el título preliminar, los derechos fundamentales o la Corona, se requiere aprobación de la reforma por mayoría de dos tercios y disolución inmediata de las Cortes Generales, debiendo las Cámaras elegidas ratificar la decisión y aprobar, por mayoría de dos tercios, el nuevo texto constitucional, que será sometido a referéndum.

A continuación transcribimos textualmente los artículos pertinentes a las reformas constitucionales que contempla la Constitución Española:

“Articulo 166. La iniciativa de reformas constitucionales se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.”

Por su parte, éstos establecen:

“Artículo 87. 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

2. Las Asambleas de la Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa…”

“Artículo 167. 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.”

“Artículo 168. 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por la Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.”

2.3 Francia

En Francia el artículo 3 de la Constitución establece los mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía al señalar que: “La soberanía nacional pertenece al pueblo que la ejerce por medio de sus representantes y por la vía del referéndum.

La Constitución Francesa21 no contempla la iniciativa legislativa popular. El referéndum facultativo para ciertas materias de ley ordinaria está considerado en el artículo 11 que en su inciso primero señala: “El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno durante el período de sesiones o a propuesta conjunta de ambas Cámaras, publicadas en el Diario Oficial, podrá someter a referéndum todo proyecto de ley que afecte a la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a la política económica o social de la Nación y a los servicios públicos o tendente a autorizar la ratificación de un tratado que sin ser contrario a la Constitución, incidiera sobre el funcionamiento de las instituciones…”.22

En materia de reformas constitucionales deja la iniciativa al Presidente de la República, a propuesta del Primer Ministro, o a los miembros del Parlamento, si bien, la reforma no será definitiva hasta que no haya sido aprobada en referéndum. Sin embargo, en caso que el Presidente decida someter el proyecto de reforma al Parlamento no se presentará a referéndum.

El “Título XVI: de la Revisión”, textualmente dispone:

“La iniciativa de revisión de la Constitución pertenece indistintamente al Presidente de la República a propuesta del Primer Ministro y a los miembros del Parlamento.

El proyecto o la proposición de revisión deberán ser votados por las dos cámaras en idénticos términos. La revisión será definitiva una vez aprobada por referéndum.

El proyecto de revisión, sin embargo, no se presentará a referéndum cuando el Presidente de la República decida someterlo al Parlamento constituido en Congreso; en tal caso el proyecto de revisión sólo será aprobado si alcanza la mayoría de tres quintos de los votos emitidos. La mesa del Congreso será la de la Asamblea Nacional.

Ningún procedimiento de revisión podrá ser iniciado, ni continuado, si se atenta contra la integridad del territorio.

La forma republicana de gobierno no podrá ser objeto de revisión.”

2.4 Irlanda

La Constitución Irlandesa23 considera el referéndum consultivo aplicable a todo proyecto de ley, con excepción de las enmiendas a la Constitución, si se considera que el proyecto contiene disposiciones de tal importancia para el país que hacen necesaria la participación de los ciudadanos. A este respecto el artículo 27 establece el reenvío de proyectos de ley ante el pueblo y dispone que “…La mayoría de los miembros del Senado y al menos un tercio de los de la Cámara de Representantes podrán, mediante petición común dirigida…al Presidente de Irlanda, solicitar del mismo su negativa a firmar y promulgar como ley cualquier proyecto al que sea aplicable este artículo y basándose en que el proyecto contiene disposiciones de tal relevancia nacional que se hace preciso conocer la voluntad popular… Por otra parte, el mismo artículo señala que: “Todas las veces que el Presidente decida que un proyecto de ley que sea objeto de una petición en los términos del presente artículo, contenga una proposición de tal relevancia nacional que deba ser consultada la voluntad popular, informará al Primer Ministro y al Presidente de cada Cámara…rehusará firmar y promulgar tal proyecto como ley a no ser que…la propuesta haya sido aprobada o I. por el pueblo mediante referéndum…II. o por una resolución de la Cámara de Representantes…después de la disolución y nueva reunión de la Cámara …”

Toda reforma a la Constitución Irlandesa deberá ser sometida a la decisión del pueblo a través de un referéndum de ratificación.

“Artículo 46. 1. Cualquier precepto de esta Constitución podrá ser reformado por vía de modificación, adición o derogación, según el procedimiento previsto en este artículo.

2. Toda proposición de reforma de esta Constitución se iniciará mediante proyecto en la Cámara de Representantes y una vez aprobada o considerada como aprobada por ambas Cámaras del Parlamento, será sometida a la decisión del pueblo a través de referéndum, de acuerdo con la ley vigente que regule el referéndum.

3. Todo proyecto de ley de tal naturaleza será designado como ley de reforma constitucional.

Los proyectos de ley que contengan una propuesta o varias para reformar la Constitución no incluirán ninguna otra propuesta.

Los proyectos de ley que contengan una propuesta de reforma de esta Constitución serán firmados por el Presidente tan pronto como considere cumplidos los preceptos de este artículo y que tal propuesta haya sido convenientemente aprobada por el pueblo conforme a lo dispuesto en las disposiciones de la Sección I del artículo 47 de esta Constitución y será promulgada de modo adecuado como ley por el Presidente.

El artículo 47 del título: El Referéndum, trata en el nº 1 la votación requerida para los referendos constitucionales. El número 2 del mismo artículo señala la votación requerida para aprobar toda propuesta que no sea de reforma constitucional (según lo establece el artículo 27). Sobre el referéndum constitucional dispone textualmente:

“Artículo 47. 1. Toda propuesta de reforma constitucional que sea sometida a la decisión del pueblo mediante referéndum, se considerará como aprobada por el pueblo, a efectos del artículo 46 de esta Constitución, si una vez sometida a él, la mayoría de los votos emitidos en tal referéndum lo fuese en favor de su promulgación como ley…”

2.5 Italia

La Constitución Italiana recoge las instituciones de democracia directa considerando la iniciativa popular legislativa y el referéndum. El pueblo puede ejercer la iniciativa de leyes mediante una propuesta de un proyecto redactado en artículos (iniciativa formulada) por parte de al menos cincuenta mil electores (inciso 2º del artículo 71).

La Constitución también considera, de acuerdo al artículo 75, el referéndum para decidir si una ley o acto con valor de ley puede ser abrogado ya sea total o parcialmente (referéndum abrogatorio de ley) a petición de quinientos mil electores o cinco Consejeros regionales.

En materia de reformas constitucionales, en Italia existe el referéndum constitucional facultativo, a solicitud de una quinta parte de los miembros de una Cámara o quinientos mil electores o cinco Consejos regionales. Si bien no habrá lugar a referéndum si la ley hubiese sido aprobada en segunda votación por cada Cámara por mayoría de dos tercios de sus miembros.

El artículo 138 de la Constitución Italiana sobre revisión de la Constitución dispone:

“Las leyes de revisión de la Constitución y las restantes leyes constitucionales se aprobarán por cada Cámara con dos sucesivas deliberaciones con un intervalo no menor de tres meses y se aprobarán por mayoría absoluta de los componentes de cada Cámara en la segunda votación.

Tales leyes se someterán a referéndum popular cuando, dentro de los tres meses desde su publicación, lo solicite una quinta parte de los miembros de una Cámara o quinientos mil electores o cinco Consejos regionales. La ley sometida a referéndum no se promulgará si no es aprobada por la mayoría de los votos válidos.

No habrá lugar a referéndum si la ley hubiese sido aprobada en la segunda votación por cada una de las Cámaras por mayoría de dos tercios de sus componentes.”

2.6 Portugal

En Portugal los ciudadanos electores pueden ser llamados a referéndum vinculante, por decisión del Presidente de la República a propuesta de la Asamblea de la República o del Gobierno, sobre cuestiones de relevante interés nacional pero quedan excluidas de la consulta popular las modificaciones de la Constitución, las materias previstas en los artículos 164 y 167 (materias de competencia de la Asamblea de la República) y las materias presupuestarias, tributarias o financieras. (art.118).

El citado artículo 118, en los números 1, 2 y 3, establece textualmente lo anteriormente mencionado:

“1. Los ciudadanos electores censados en el territorio nacional pueden ser llamados a pronunciarse directamente, a título vinculante, a través de referéndum, por decisión del Presidente de la República, mediante propuesta de la Asamblea de la República o del Gobierno en los casos y en los términos previstos por la Constitución y por la ley.

2. El referéndum solo podrá tener por objeto cuestiones de relevante interés nacional que deben ser decididas por la Asamblea de la República o por el Gobierno, a través de la aprobación de un convenio internacional o de acto legislativo.

3. Están excluidas del ámbito del referéndum, especialmente las modificaciones de la constitución, las materias previstas en el artículo 164 y 167 de la Constitución y las cuestiones y los actos de contenido presupuestario, tributario o financiero…”

La Carta Fundamental24 no contempla la iniciativa legislativa en materia constitucional ni el referéndum para su aprobación. La iniciativa de revisión de la Constitución Portuguesa corresponde a los diputados (art. 285); se aprobarán las modificaciones por mayoría de dos tercios de los diputados en funciones (art. 286) y el Presidente de la República no puede rehusar la promulgación de la ley de revisión.

2.7 Suiza

La Constitución de la Federación Suiza25 contempla tres espacios de participación ciudadana: las landgemeine, el referéndum y la iniciativa popular. La landgemeine es la institución de democracia directa por antonomasia, consistente en reuniones anuales, al aire libre, donde participan todos los electores del Cantón, actuando a modo de asamblea legislativa. En la actualidad esta figura subsiste sólo en algunos cantones. Estas asambleas tienen facultad legislativa para revisar la Constitución cantonal, aprobar proyectos de ley, etc. y facultad electoral, como por ejemplo, para elegir al Consejo de Gobierno del Cantón.

La Constitución Suiza contempla cuatro tipos de referéndum: los legislativos (pueden ser sometidas las leyes federales, los decretos federales urgentes que no deroguen la Constitución y los decretos federales de alcance general); los convencionales; los de adhesión a organizaciones de seguridad colectiva o de comunidades supranacionales (art. 89 nos. 2, 3 y 4) y los de reforma total de la Constitución (art. 120.1).

“Articulo 89. 2. Las leyes federales y los decretos federales de alcance general deberán someterse a su adopción o rechazo por el pueblo cuando lo soliciten 50.000 (cincuenta mil) ciudadanos activos u ocho cantones…

3. Será aplicable también el párrafo 2 a los tratados internacionales que: a) sean de duración indeterminada y no denunciables; b) prevean la adhesión a una organización internacional; c) lleven aparejada una unificación multilateral del derecho.

4. Se someterá al voto del pueblo y de los cantones la adhesión a organizaciones de seguridad colectiva o de comunidades supranacionales”.

La iniciativa popular en Suiza, diferente al referéndum legislativo, está reconocida a nivel federal y cantonal. A nivel federal sólo se admite en materia constitucional, antiguamente sólo se admitía para una reforma total de la Constitución.

La Constitución Federal Suiza define la iniciativa popular de reforma constitucional como una petición presentada por 100.000 ciudadanos suizos con derecho a voto, solicitando la adopción de un nuevo artículo constitucional o la derogación o modificación de determinados artículos de la Constitución vigente.

La solicitud de reforma total requiere de 100 mil firmas que lo soliciten. Cumplido este trámite, los ciudadanos deben decidir, por medio de referéndum, su acuerdo sobre la oportunidad de una iniciativa popular de revisión total de la Constitución, la que lleva consigo la disolución total de las Cámaras. Los procedimientos contemplados en las solicitudes de reforma parcial están establecidos en el artículo 121 de la Constitución y consideran tanto la iniciativa popular como el referéndum.

Así, el referéndum constitucional obligatorio está previsto en todas las etapas del procedimiento de reforma: 1) la iniciativa; 2) el proyecto articulado y 3) una vez terminado el proceso. La forma y los casos, sea de reforma parcial o total del texto, quedan estipulados en los artículos 120, 121, 122 y 123 de la Constitución y que a continuación transcribimos.

“Articulo 120. 1. Cuando una sección de la Asamblea Federal decrete la reforma total de la Constitución Federal y la otra sección oponga el veto, o bien cuando 100.000 ciudadanos suizos con derecho de sufragio pidan la reforma total, la cuestión de si la Constitución Federal debe ser reformada será, en uno como en otro caso, sometida a la votación del pueblo suizo, que se pronunciara por sí o por no.

2. Si, en uno o en otro caso, la mayoría de los ciudadanos suizos que tomen parte en la votación se pronuncian por la afirmativa, los dos Consejos serán renovados para llevar a cabo la reforma”.

“Articulo 121. 1. La reforma parcial puede tener lugar ora por vía de iniciativa popular ora en las formas establecidas por la legislación federal.

2. La iniciativa popular consiste en una petición que, presentada por 100.000 ciudadanos suizos con derecho a voto, solicite la adopción de un nuevo articulo constitucional o la derogación o modificación de determinados artículos de la Constitución en vigor.

3. Si por vía de iniciativa popular se presentan varias disposiciones diferentes para ser revisadas o para ser introducidas en la Constitución Federal, cada una de ellas deberá ser objeto de una petición de iniciativa distinta.

4. La petición de la iniciativa puede revestir la forma de una proposición concebida en términos generales o la de un proyecto redactado en todas sus partes.

5. Cuando la petición de la iniciativa este concebida en términos generales, las Cámaras Federales, si la aprueban, procederán a la reforma parcial en el sentido indicado y someterán el proyecto a la adopción o a la repulsa del pueblo y de los cantones. Si, por el contrario, no la aprueban, la cuestión de la reforma parcial será sometida a referéndum; si la mayoría de los ciudadanos suizos que tomen parte en la votación se pronuncia por la afirmativa, la Asamblea Federal procederá a la reforma ajustándose a la decisión popular.

6. Cuando la solicitud revista forma de proyecto articulado en todas sus partes y la Asamblea Federal le dé su aprobación, será sometido al pueblo y a los cantones para su adopción o rechace. Si la Asamblea Federal no estuviere conforme con el proyecto, podrá elaborar uno distinto o recomendar al pueblo el rechace del proyecto propuesto y someter a votación su contraproyecto o su proposición de negativa al mismo tiempo que la propuesta emanada de la iniciativa popular”.

“Articulo 122. Una ley federal determinará las formalidades para las peticiones de iniciativa popular y para los referéndums relativos a la revisión de la Constitución Federal.”

“Articulo 123. 1. La Constitución Federal revisada o la parte revisada de la Constitución entrará en vigor cuando haya sido aceptada por la mayoría de los ciudadanos suizos que tomen parte en la votación y por la mayoría de los Estados.

2. Para determinar la mayoría de los Estados el voto de un medio cantón se cuenta como medio voto.

3. El resultado de la votación popular en cada cantón se considerara como el voto del Estado”.

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Notas al pié de página

19 Promulgada en 1920, ha partir de entonces ha sido enmendada por más de treinta leyes constitucionales, las últimas reformas son de los años 1975, 1986 y especialmente la reforma de 1994, en que se adaptó el derecho constitucional austríaco al Tratado de la Unión Europea.

20 Aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. La única reforma tuvo lugar en 1992.

21 Aprobada en referéndum el 28 de septiembre de 1958. Ha experimentado reformas en los años 1960, 1962 (se modificaron los arts. 6 y 7 relativos a la elección de Presidente de la República, que se efectuaría por sufragio universal, esta modificación fue sometida a referéndum), 1963, 1974, 1976, 1992 (se adaptó la Constitución al Tratado de Maastricht), 1993, 1995 (reforma al artículo 11, entre otras, sobre referéndum), y 1996 (financiamiento de la Seguridad Social).

22 Ley constitucional (95-880) de 4 de agosto de 1995.

23 La Constitución vigente fue aprobada por referéndum el julio de 1937. Ha sido modificada 11 veces, todas sometidas a referéndum, siendo las últimas las que permitirían la ratificación del Acta Unica Europea y el Tratado de la Unión Europea respectivamente.

24 La actual Constitución de Portugal fue aprobada el 2 de abril de 1976. Fue modificada según Ley Constitucional nº 1/92, de 25 de noviembre.

25 Promulgada en 1874 y sujeta a numerosos referendos, siendo el último en 1978

Conclusiones

Los procedimientos previstos en la Constituciones para su reforma son variados y complejos: a) algunos la encomiendan a órganos especiales (Asamblea Constituyente o Convención Nacional Constituyente); b) otros le encomiendan la reforma de la constitución al mismo Poder Legislativo ordinario, requiriendo mayorías calificadas, o su aprobación en dos o más sesiones, decididas en distintos períodos, algunas veces con renovación de las Cámaras y nueva convocatoria a elecciones para integrarlas, en otros casos la reforma exige la actuación conjunta de las Cámaras; c) algunos contemplan el referéndum en sus distintas modalidades (obligatorio o consultivo y de ratificación o de opción); d) o por otros mecanismos como son por el Jefe de Estado y el Parlamento; o por decisión del Congreso Federal con dos tercios de sus miembros, etc.

El referéndum insertado en el procedimiento de reforma constitucional es el mecanismo menos cuestionado a nivel doctrinal y más generalizado en el derecho comparado.

En América Latina, la tendencia mayoritaria es a permitir una reforma o adecuación constitucional más expedita, y favorecer incluso la aplicación de instrumentos de participación popular directa, como son la iniciativa popular de reforma y el referéndum o plebiscito. La iniciativa popular de reforma constitucional está contemplada en las Constituciones de Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Por otra parte, el referéndum, ya sea con carácter obligatorio o facultativo, está dispuesto en las Constituciones de Cuba, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Panamá de manera obligatoria y en Colombia, Ecuador y como facultativo.

En los países que componen la Unión Europea, el referéndum constitucional con carácter de obligatorio está establecido en las Constituciones de España, Austria e Irlanda, si bien España y Austria contemplan también el referéndum facultativo, según se trate de reformas parciales o totales; y el referéndum facultativo en materia de reformas a la Constitución se dispone en la Constituciones de Italia y Francia.

Por tanto, podemos concluir que nueve países latinoamericanos contemplan algún tipo de referéndum, sea este facultativo u obligatorio, en los procedimientos de reforma a sus constituciones y cinco países de la Unión Europea también disponen en este mismo sentido.

1 En Chile, según Humberto Nogueira Alcalá, se emplea la expresión plebiscito más que el término referéndum, debido a que el constituyente de 1925 lo utilizó y se siguió utilizando el mismo término en la Constitución de 1980. (En: Regímenes Políticos Contemporáneos, Ed. Jurídica de Chile, 1993, p. 85).

2 Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina del 23 de agosto de 1994. Este texto contiene las reformas sancionadas por las Convenciones Nacionales de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994.

3 Ambos artículos (39 y 40) están dentro del Capítulo de los Nuevos Derechos y Garantías

4 El texto constitucional no impone que la Asamblea Constituyente sea electa popularmente; pero así ha ocurrido en todos los caso realizados durante gobiernos de iure. Según Sagüés, existe una regla de derecho consuetudinario sobre el punto. Agrega además, que el sistema electoral por el cual se elegirá la Convención no está regulado por la Constitución, en la práctica, lo determina el Congreso, es así que han existido diferentes formas. Por ejemplo, la ley 3838/57 determinó un número de doscientos cinco convencionales, los reguló por cada distrito, y utilizó el sistema de representación proporcional para su elección. (En: Elementos de Derecho Constitucional, Astrea, 1993, Tomo I.).

Antecedentes del conflicto

La empresa española Ence y la finlandesa Botnia quieren emplazar dos plantas de pasta de papel en Uruguay, frente a las costas de Entre Ríos.

Durante más de tres años, organizaciones ambientalistas de Argentina y Uruguay advirtieron sobre los impactos negativos generando un fuerte movimiento de oposición a las plantas, especialmente en la Provincia de Entre Ríos. Durante ese tiempo, los gobiernos de ambos países prefirieron apostar a que la polémica se diluyera, bajara su intensidad y apostaron a que la gente cediera en su movilización.

La polémica en torno al proyecto de instalación de dos plantas de pasta de papel en las márgenes del Río Uruguay ha generado una disputa diplomática sin precedentes. El gobierno de Uruguay ha ratificado su voluntad de seguir adelante con el proyecto en tanto el gobierno de Argentina, manifestando su preocupación por los impactos que podría generar el proyecto, quiere que dichas plantas sean sometidas a la evaluación conjunta de ambos países

Método de producción de la planta Orion, propiedad de la empresa Metsa Botnia:

A continuación un breve resumen del porqué no queremos que se instalen

La planta de fabricación de pasta de celulosa, que se instala a orillas del Río Uruguay, a 7 km de la ciudad uruguaya de Fray Bentos y a 27km en línea directa de la ciudad de Gualeguaychu, tiene un proyecto inicial de producción de aproximadamente 1.500.000 de toneladas de pasta de papel, con un consumo de agua de 86.000.000 de litros de agua diarios, (es la cantidad de agua potable que consume, aproximadamente en un mes la población de Fray Bentos), para noviembre del año 2006, el gobierno de Uruguay autorizó a la empresa a duplicar la extracción de agua del río Uruguay.

Utilizará el método de producción denominado “Kraft”,(ECF, libre de cloro elemental) un método que va siendo desechado en Europa por su alto grado de contaminación, utiliza dióxido de cloro ( antes se utilizaba cloro elemental) para el blanqueo de la pasta, productor de dioxinas (grupos de compuestos tóxicos), altamente peligrosos para la salud humana.

La emisión de gases derivada del funcionamiento de esta planta afectará a localidades que se encuentren dentro de los 100 km a la redonda de la ubicación de la fábrica, ya que la chimenea mide en altura 120 mts. Estos gases producen compuestos reducidos del azufre, (olor a huevopodrido), óxido de azufre ( productor de lluvia ácida), compuestos orgánicos persistentes, (COP)

Y otros componentes que contribuyen al efecto invernadero.

Este emprendimiento se llevó a cabo sin la previa consulta e información de Uruguay a la Argentina, método establecido en el Estatuto del Río Uruguay firmado por ambos países en el año 1975, donde dice que cualquier emprendimiento fabril que desee establecerse en cualquiera de las dos márgenes del Río Uruguay requiere la aprobación de ambos países que velarán por la preservación del río y el medio ambiente, asegurando de no generar impacto a su biodiversidad.

Con el funcionamiento de estas empresas se afecta la calidad de las aguas del Río Uruguay, el aire que respiramos, la biodiversidad del ecosistema del lugar, la actividad, agrícola ganadera, la pesca, la apicultura y el turismo.

Situación legal:

El 4 de mayo de 2006, fue presentada la demanda argentina ante La Haya contra la República Oriental del Uruguay por incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay. Se presentó, luego una medida cautelar, para que la empresa dejara de construirse mientras se lleve a cabo el litigio, pero fue rechazada por la Corte Internacional, aduciendo que Argentina no pudo probar que la construcción de la planta era contaminante. Hace unos meses, Uruguay planteó una medida cautelar tambien, en contra de los bloqueos de las rutas, a lo que la corte tampoco hizo lugar, ya que se comprobó que los cortes no afectaron la construcción de la planta.

Todavía no hay fecha estimada para que la Corte se expida sobre la cuestión de fondo que es la violación del Estatuto del Río Uruguay por parte de la República Oriental del Uruguay.

 

 

Conclusión

 

Esta lucha, iniciada por el pueblo de Gualeguaychu, hace 4 años, ha crecido hasta niveles impensados , y ha cobrado una fuerza inusitada, convirtiendo a nuestra ciudad y sus pobladores en ejemplo de lucha ambiental.

Esto se debe a la fuerza de su gente y a todos las personas que se han acercado a dejarnos su compromiso, su adhesión, y su aliento a nuestra causa.

Seguiremos luchando por el DERECHO A LA VIDA, sin claudicar, en forma totalmente pacífica, defendiendo nuestro entorno natural, en el que queremos y elegimos vivir, sin contaminación. Sólo la determinación de sus habitantes hará de esto una causa justa.

 

Fallo Mercosur

 

 

LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL “AD HOC” DE MERCOSUR CONSTITUIDO PARA ENTENDER DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY A LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE “OMISIÓN DEL ESTADO ARGENTINO EN ADOPTAR MEDIDAS APROPIADAS PARA PREVENIR Y/O HACER CESAR LOS IMPEDIMENTOS A LA LIBRE CIRCULACIÓN DERIVADOS DE LOS CORTES EN TERRITORIO ARGENTINO DE VÍAS DE ACCESO A LOS PUENTES INTERNACIONALES GRAL. SAN MARTÍN Y GRAL. ARTIGAS QUE UNEN LA REPÚBLICA ARGENTINA CON LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY”.

 

En la Ciudad de Montevideo, a los seis días del mes de septiembre de dos mil seis, el Tribunal Arbitral “Ad Hoc” del MERCOSUR constituido para decidir la controversia entre la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y la REPÚBLICA ARGENTINA sobre “Omisión del Estado Argentino en adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre circulación derivados de los cortes en territorio argentino de vías de acceso a los puentes internacionales Gral. San Martín y Gral. Artigas que unen la República Argentina con la República Oriental del Uruguay”, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR integrado por los Árbitros Señores Dr. Luis Martí Mingarro, Dr. José Maria Gamio y Dr. Enrique Carlos Barreira, nacionales, respectivamente de España, Uruguay y Argentina.

 

El Tribunal ha estructurado la presente decisión Arbitral en el orden que se indica a continuación:

 

SUMARIO

 

I – Resultandos.

I – A) El Tribunal Arbitral “Ad Hoc” en el momento de su constitución.

I – B) Incidencias y trámites relativos a la composición e integración

del Tribunal Arbitral “Ad Hoc”.

I – C) Las Partes y su representación en el proceso.

I – D) Solicitud de suspensión de la tramitación del procedimiento.

I – E) La invitación de presencia en el proceso de los Estados Terce ros.

I – F) Reclamo de la República Oriental del Uruguay.

I – G) Respuesta de la República Argentina.

I – H) Proposiciones y producción de la prueba.

I – I) Alegato Final por escrito de la República Oriental del Uruguay.

I – J) Alegato Final por escrito de la República Argentina.

I – k) Plazo para la emisión del presente Laudo.

II – Considerandos.

II – A) El planteo de la Parte Reclamada según el cual habría habido una novación y ampliación del objeto demandado.

II – B) El planteo de la Parte Reclamada según el cual el Reclamo es abstracto por carecer de objeto fáctico.

II – C) La Sede del Tribunal.

II – D) Los hechos que generaron las manifestaciones de los vecinos de la costa argentina que dieran lugar a la controversia.

II – E) Sobre la existencia de incumplimiento por omisión frente a la normativa del MERCOSUR.

II – F) Sobre la referencia a los Derechos Humanos.

II – G) La conducta debida ante las circunstancias existentes.

II –H) La responsabilidad del Estado Federal por las omisiones de los Gobiernos Provinciales.

II – I) La actitud de los vecinos de Gualeguaychú.

II – J) La relevancia de los perjuicios.

II –K) El pedido de que se condene a la Parte Reclamada a adoptar las medidas apropiadas para prevenir o hacer cesar la posible reiteración futura de hechos similares.

III – Conclusiones.

IV – Decisión.

 

I

RESULTANDOS

 

- I-A -

EL TRIBUNAL ARBITRAL “AD HOC” EN EL MOMENTO DE SU CONSTITUCIÓN

1) El 21 de junio de 2006 tuvo lugar la sesión constitutiva del Tribunal Arbitral “Ad Hoc” a la cual asistieron los tres árbitros y en la cual se levantó Acta de Sesión nº 1 y se adoptaron las Reglas del Procedimiento adoptadas por el Tribunal Arbitral “Ad Hoc”,en cuyo transcurso los Árbitros Dres. Luis Martí Mingarro y José María Gamio hallaron recíprocamente, en buena y debida forma sus respectivas designaciones como Árbitros de conformidad con el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias y su Reglamento, para entender en la controversia.

2) Comprobaron asimismo, que se encuentran incluidos en la lista de Árbitros establecida de acuerdo con el artículo 11 del Protocolo de Olivos y han firmado la declaración de aceptación requerida a los Árbitros en el artículo 21 del Reglamento del Protocolo de Olivos.

3) Por su parte el Árbitro designado por Argentina Dr. Héctor Masnatta manifestó que, en su opinión, la designación del Dr. Luis Martí Mingarro no reunía los requisitos legales suficientes para ser efectiva, dejando a salvo su estimación personal y científica respecto del mencionado Árbitro.

4) Con las reservas del Dr. Masnatta los restantes dos Árbitros consideraron que el inicio del Procedimiento fue establecido por la Nota N° 423/06 del 04/05/06 de la Coordinación Nacional de Uruguay en el GMC que fue debidamente notificada; que el plazo de procedimiento comenzó el día 10 de junio del corriente año según lo establecido por el articulo 16 del Protocolo de Olivos; que la Presidencia sería ejercida por el Dr. Luis Martí Mingarro, de acuerdo con el artículo 10, numeral 3 inciso ii del Protocolo de Olivos; que la sede del Tribunal se fijaba en la Ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, de conformidad con el artículo 38 del Protocolo de Olivos y que quedaban aprobadas las Reglas de Procedimiento adoptadas por el Tribunal.

5) Asimismo se invitó a las dos Partes a designar sus Respectivos Representantes y a constituir sus respectivos domicilios en la ciudad de Montevideo, a los fines de practicar las notificaciones, invitándose a la Parte Reclamante a someter el escrito de presentación dentro de los 10 días contados desde el siguiente a la notificación y también a ambas Partes a comunicar su posición en relación con la intervención de terceros países en los términos del artículo 14 de las Reglas de Procedimiento.

- I-B -

INCIDENCIAS Y TRÁMITES RELATIVOS A LA COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL “AD HOC”

 

6) El Ministerio de Relaciones de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina había manifestado su disconformidad con el proceso de designación del Tercer Árbitro.

 

7) La oposición y cuestionamiento de la República Argentina referida a la designación del Tercer Árbitro, Titular y Suplente, dio lugar a la formulación por parte de la representación de ese país, de un Recurso de Revisión presentado ante el Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR.

 

8) El referido Tribunal Permanente, mediante el Laudo 2/2006 del 6 de julio de 2006, expresó, por mayoría, que no era admisible la substanciación peticionada por la Parte argentina pero que sin embargo, ésta determinación no dejaba a la Parte recurrente en estado de indefensión sino que meramente se declaraba no admisible el recurso de revisión en este estadio procesal, no emitiendo juicio de valor sobre el mérito de las alegaciones sustentadas por la Parte argentina, que bien podían ser nuevamente presentadas como contenido de un eventual recurso de revisión contra el laudo arbitral que en definitiva recayere.

 

9) El 7 de julio de 2006 el Representante de la República Argentina comunicó a la Secretaría del MERCOSUR que el Arbitro Titular de la República Argentina Dr. Héctor Masnatta había presentado su renuncia y que en su lugar asumiría el Dr. Enrique Carlos Barreira que revestía hasta ese momento el carácter de suplente por ese país.

 

10) Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal Arbitral “Ad Hoc” quedó, desde esa fecha, compuesto en la siguiente forma: Dr. Luis Martí Mingarro (Presidente), Dr. José María Gamio (co-Árbitro) y Dr. Enrique Carlos Barreira (co-Árbitro)

 

- I-C-

LAS PARTES Y SU REPRESENTACIÓN EN EL PROCESO

 

11) La República Oriental del Uruguay constituyó domicilio en la calle Colonia 1206, segundo piso, Montevideo (Dirección General para Asuntos de Integración y MERCOSUR, Ministerio de Relaciones Exteriores) y designó para actuar, indistintamente, como sus representantes ante este Tribunal y a los efectos del trámite de esta reclamación, a los Doctores Carlos Amorín, Hugo Cayrús Maurín, Myriam Fraschini y José María Robaina. Por su parte la República Argentina constituyó domicilio en la Representación Argentina para MERCOSUR y ALADI, sita en Plaza Independencia 759, Piso 6, Montevideo, República Oriental del Uruguay y designó como Representante Titular ante el Tribunal Arbitral al Dr. Juan Vicente Sola y como Representante Alterno a la Dra. Nora Capello.

 

- I-D -

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

 

12) En su momento la Representación de la República Argentina solicitó la suspensión de las actuaciones en base a la trascendencia de sus objeciones sobre la constitución del Tribunal, y habida cuenta de la presentación por su parte del recurso de revisión que había formulado ante el Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR.

 

13) En el momento procesal en que la representación de la República Argentina solicitó la suspensión del procedimiento se daba una circunstancia ciertamente excepcional, cual era la existencia de un recurso de revisión que la representación de ese Estado Parte había formulado ante el Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR, el cual fue rechazado “in limine”. Por ello, ante el pedido de suspensión, el Tribunal Arbitral “Ad Hoc”, luego de la sustanciación de los traslados pertinentes a las Partes, expresó que en atención a lo ya resuelto por el Tribunal Permanente de Revisión la causa alegada para la suspensión carecía de vigencia y, consecuentemente, por resolución unánime del 26 de julio de 2006 desestimó la pretensión de suspensión, por haber devenido abstracta.

 

-I-E

LA INVITACIÓN DE PRESENCIA EN EL PROCESO DE LOS ESTADOS TERCEROS

 

14) Conforme a las Reglas de Procedimiento, aprobadas para este proceso arbitral, las Partes que intervienen en la controversia habrían de dar su opinión sobre la posibilidad de invitar a Estados Parte del Tratado MERCOSUR en los que concurra la condición de terceros respecto de la concreta controversia.

 

15) Sobre este particular el Tribunal Arbitral “Ad Hoc” cuidó de brindar a las Partes la oportunidad de pronunciarse al respecto. La República Argentina por medio de su escrito de fecha 01/08/2006 hizo saber al Tribunal que no entendía pertinente la participación de Estados Terceros en un diferendo que consideraba estrictamente bilateral. Por su parte la República Oriental del Uruguay al evacuar este traslado entendió que dado que las Partes ya habían tenido la oportunidad inicial que les brindaba el apartado 5º de la parte dispositiva del Acta Nº 1 para manifestarse y que, como nada dijeron, le concernía al Tribunal Arbitral “Ad Hoc” adoptar la resolución que entendiera pertinente sobre sí procede o no invitar a Estados Terceros. Consecuentemente por resolución del 8 de agosto de 2006, el Tribunal resolvió declarar que no procede cursar invitación a Estados Miembros del MERCOSUR para que comparezcan en las presentes actuaciones a los efectos y en los términos del Art. 14 de las Reglas de Procedimiento.

 

- I-F -

RECLAMO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

 

16) Con fecha 3 de julio de 2006, la Representación de la República Oriental del Uruguay presenta, en tiempo y forma, Escrito de Presentación, en el cual fundamentó su reclamo.

 

17) El fundamento de la reclamación de la República Oriental del Uruguay lo constituye los cortes, en territorio argentino, de rutas de acceso a puentes internacionales que comunican con Uruguay, dispuestos por movimientos ambientalistas argentinos en protesta por la construcción de plantas de celulosa sobre el Río Uruguay, limítrofe entre ambos países. Los cortes en la Ruta 136, de acceso al puente internacional Gral. San Martín, comenzaron el 19 de diciembre de 2005 y, con suspensiones, se extendieron hasta el 2 de mayo de 2006.Los Cortes en la Ruta 135, de acceso al puente internacional Gral. Artigas, comenzaron el 30 de diciembre de 2005 y con suspensiones, se extendieron hasta el 18 de abril de 2006

18) También según la Reclamante existieron interrupciones de la circulación, de corta duración, en el puente que une las ciudades de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay), destacando la actora que el 22 de febrero de 2006 se frustró un intento de bloqueo de esa ruta por la intervención de las autoridades argentinas.

19) A tenor del reclamo uruguayo fuera de la situación específica antes mencionada, las autoridades argentinas omitieron tomar las medidas apropiadas para hacer cesar los cortes de ruta pese a que el número de manifestantes era, en general, muy reducido. Ni siquiera se promovió la denuncia penal correspondiente como, en algún momento, el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos insinuó. El propio Presidente de la República, según informaciones de prensa, habría manifestado que “no puede pedir (a los manifestantes) lo que no le darán”. El Ministro del Interior habría ido más allá al expresar: “nada se les puede decir a los ambientalistas”.

20) Según la Representación del Uruguay frente a los cortes de ruta, tanto el gobierno nacional argentino como el provincial de Entre Ríos fluctuaron entre el tímido ejercicio de la disuasión e inaceptables manifestaciones de complacencia.

21) La República Oriental del Uruguay entiende que los referidos cortes de ruta le ocasionaron importantes daños y perjuicios así como también a sectores y agentes económicos de este país, fundamentalmente vinculados a negocios de exportación e importación, turismo y transporte terrestre de pasajeros y mercaderías.

22) Para la Parte Reclamante el Tratado de Asunción, por el cual se decide constituir el Mercosur, establece que el mercado común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países a través de la eliminación, entre otras, de las restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y “de cualquier otra medida equivalente” (art. 1).

23) Alega Uruguay en su Reclamo que por “restricciones” se entiende, cualquier medida de carácter administrativo, financiero, cambiario o de “cualquier naturaleza” mediante el cual un Estado Parte impida o “dificulte”, por decisión unilateral, el comercio recíproco (Anexo I al Tratado de Asunción art. 2º lit .b).

24) Señala la representación de la Reclamante que es un valor entendido que a partir del 1º de enero de 2000, el MERCOSUR constituye una zona de libre comercio universal (salvo algunas excepciones) por lo que a partir de dicha fecha todas las restricciones que impidan o dificulten el comercio recíproco constituyen barreras y obstrucciones al comercio, incompatibles con los compromisos asumidos

25) Afirma la República Oriental del Uruguay que la libre circulación de servicios, fue establecida por el Protocolo de Montevideo, vigente entre los Estados Partes, y elimina las medidas que en cualquier forma afecten ese comercio, incluso las dispuestas por autoridades provinciales, municipales o locales y por las instituciones no gubernamentales (art. II).

26) Para Uruguay en el ámbito del referido Protocolo, existen compromisos asumidos por Argentina, entre otros, los relativos a turismo y transporte los cuales han sido afectados por las medidas que dan motivo a esta controversia.

27) Entiende la Reclamante que en materia de libre circulación de personas, los cortes de ruta han desconocido compromisos vigentes entre las Partes en virtud de instrumentos jurídicos internacionales relativos a Derechos Humanos así como también exigibles en la Argentina por sus normas internas.

28) También invocó la Representación de la República Oriental del Uruguay el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) vigente entre “países del cono sur” del continente –entre otros los Estados Partes- y que fue asumido por instrumentos del Mercosur como medio idóneo para avanzar en la integración en materia de transporte terrestre. La obstrucción a la libre circulación de pasajeros y cargas afectó operaciones de transporte al amparo del Convenio ATIT, no sólo entre los Estados Partes sino también respecto a movimientos de tránsito desde o hacia terceros países Partes de este acuerdo.

29) En su fundamentación, también menciona Uruguay las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que vinculan a las Partes, tales como las relativas a trato de la nación más favorecida, libertad de tránsito, acceso a los mercados -entre otras- las cuales resultaron afectadas por las medidas denunciadas.

30) A pesar que los actos materiales que obstaculizan la libre circulación son realizados por particulares, el incumplimiento lo imputa la República Oriental del Uruguay al Estado Argentino por la omisión en adoptar las medidas adecuadas, razonables y eficaces para evitar dichos actos. El Reglamento del Protocolo de Olivos incluye en la materia que puede ser objeto de una controversia, entre otras, las “omisiones” incompatibles con la normativa del MERCOSUR (art.27).

31) En tal sentido, Uruguay trae al caso el asunto resuelto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Comisión c/Francia – Asunto C-265/95) en el cual, frente al bloqueo de rutas en Francia dispuesta por particulares, el órgano judicial estableció la responsabilidad de este Estado por la omisión en restablecer la libre circulación.

32) Así que, según la Reclamante, el incumplimiento continuado de Argentina por omisión frente a los cortes de ruta -dispuestos y luego levantados por voluntad de los particulares- hace suponer que de reiterase los mismos en el futuro, dicho Estado observará la misma conducta generando, así, un permanente estado de duda e inseguridad.

33) Finalmente solicita la República Oriental del Uruguay que:

a) el Tribunal decida que Argentina ha incumplido sus obligaciones derivadas de los artículos 1 y 5 del Tratado de Asunción, artículos 1º,2º y 10 par.2º del Anexo I de dicho Tratado; artículos II, III y IV del Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios así como de principios y disposiciones del Derecho Internacional aplicables en la materia; y

b) que la República Argentina, de reiterarse los impedimentos a la libre circulación, debe adoptar las medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar tales impedimentos y garantizar la libre circulación con Uruguay.

- I-G -

RESPUESTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

 

34) El 26 de julio de 2006 fue presentado, en tiempo y forma, Escrito de Respuesta de la República Argentina, mediante el cual fundamentaba su oposición y ofrecía su prueba.

 

35) Afirma la Representación de la República Argentina que Uruguay ha innovado y ampliado el objeto respecto al contenido de la solicitud de negociaciones directas. Mientras que en ésta el objeto eran “impedimentos a la libre circulación”, la demanda refiere a la “omisión del Estado argentino en adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre circulación”.

36) Además, para Argentina el reclamo carece de objeto en virtud de que, a la fecha de la demanda, los cortes de ruta habían cesado, situación que se mantiene. Es, asimismo, inespecífico y abstracto porque solicita al Estado argentino que, de reiterarse en el futuro esas manifestaciones, adopte medidas sin determinar cuáles serían éstas.

37) En su opinión, la República Argentina formula objeciones a que la ciudad de Montevideo sea sede del Tribunal Ad Hoc por cuanto esto supone un menoscabo a la independencia del mismo y le otorga ventajas a uno de los Estados Partes, sobre todo en lo relativo a la producción de prueba.

38) Al referirse la República Argentina a las etapas previas de esta controversia, afirma que la solicitud de Uruguay de mantener negociaciones directas, fue contestada por nota de 3 de marzo de 2006 en la cual se manifestó la disposición del Gobierno Argentino “en mantener un diálogo bilateral franco y exhaustivo”.

39) Por otra parte la Representación Argentina realiza observaciones a la integración del Tribunal Ad Hoc fundadas en aspectos de procedimiento.

40) Respecto a los hechos, la Parte Reclamada da cuenta que los cortes de ruta fueron precedidos de una movilización realizada el 30 de abril de 2005, conocida como “El Abrazo Solidario” que reunió en las proximidades de la ciudad Argentina de Gualeguaychú, por cinco horas, a más de 40.000 personas en protesta por la construcción de las plantas de celulosa en territorio uruguayo.

41) Según los alegatos la opinión de la República Argentina a partir del mes de diciembre de 2005 comenzaron los cortes de ruta aunque éstos, contra lo que afirma la Parte reclamante, no se tradujeron en perjuicios ni desde el punto de vista del comercio bilateral ni del turismo en virtud de que ambos rubros, en el período de los cortes, lejos de disminuir, aumentaron a favor de Uruguay.

42) Además, la Representación Argentina entiende que los agentes económicos que utilizaban los puentes, tampoco pueden invocar perjuicios por cuanto los cortes de ruta eran, en general, anunciados con antelación y así podían dirigirse a vías alternativas de comunicación entre los dos países.

43) La Representación de la República Argentina en el proceso arbitral pone de manifiesto que su Gobierno comprendió, sin alentar, las manifestaciones llevadas a cabo por entender que constituyen el ejercicio de un legítimo derecho. Ello no impidió que se realizaran gestiones para que los cortes de ruta fueran dejados sin efecto.

44) Según la República Argentina las circunstancias determinaron una contraposición entre los derechos de libre expresión del pensamiento y de reunión, por un lado, y el derecho a la libre circulación de bienes, por otro. Se debe tener presente que las normas internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en la República Argentina tienen rango constitucional mientras que las normas de integración revisten rango legal.

45) En cuanto a la libre circulación de bienes, la República Argentina expone que cabe recordar que las metas fijadas en el tratado fundacional del Mercosur aún no se encuentran plenamente vigentes.

46) Por otra parte, sigue alegando la República Argentina, cuando el proceso de integración establece la obligación de eliminar las restricciones no arancelarias, éstas refieren a medidas gubernamentales. Con similar alcance son las normas que rigen la Organización Mundial de Comercio así como la Comunidad Económica Europea.

47) La República Argentina, en su opinión entiende que, respecto a la libre circulación de servicios, el Protocolo de Montevideo que la regula, sólo establece compromisos de abstenerse de adoptar medidas gubernamentales que la afecten.

48) La República Argentina recuerda que Uruguay invoca, asimismo, el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT) aunque éste no consagra libertad alguna de circulación ya que se trata de un acuerdo administrativo destinado a establecer criterios técnicos para otorgar permisos de circulación internacional de transportes terrestres.

49) Para la República Argentina la libre circulación de personas, que se afirma por Uruguay como lesionada por los cortes de ruta, no está aún operativa en el ámbito del MERCOSUR como, por el contrario, lo está –a vía de ejemplo- en la Comunidad Europea.

50) Tampoco según la respuesta argentina está vigente en este proceso de integración regional el derecho al libre tránsito en cuanto puede afectar a los transportes de bienes desde o hacia terceros países.

51) La Representación de la República Argentina funda su opinión en que los Derechos Humanos pueden justificar una restricción al ejercicio de los derechos consagrados por un tratado de integración. Menciona, en tal sentido, el precedente del caso Schmidberger, resuelto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el sentido de otorgar prioridad al derecho a la libre expresión del pensamiento sobre el derecho a la libre circulación de bienes el cual resultó afectado por el corte de una ruta internacional dispuesto por un movimiento ambientalista (Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2003, Asunto C-112/00).

52) En el campo de los Derechos Humanos, según afirma la República Argentina con especial relevancia cabe reconocer a los derechos de libre expresión del pensamiento y de reunión así como al derecho de protesta entendido, éste, como el medio de exigir el cumplimiento de otros derechos. A ellos cabe agregar el derecho a elegir aquel foro público en el cual la protesta se pueda ejercer con mayor eficacia.

53) Así, afirma la Representación Argentina, aceptada la validez de estas normas, la requerida liberación del puente hubiera supuesto una represión inaceptable para las disposiciones de derecho público argentino.

54) Frente a lo expuesto, según lo alegado por la República Argentina la disuasión ante los cortes de ruta no constituye sino la única alternativa legítima que se presenta a los gobernantes.

55) En la formulación de su alegación sostiene la República Argentina que la policía en el territorio de las provincias corresponde a la policía de las provincias. Imponer la intervención del gobierno federal sobre el territorio de las provincias sólo puede hacerse al costo de la alteración del sistema político democrático en la provincia.

56) En el estado actual del Derecho Internacional según alega la Representación Argentina en materia de responsabilidad por hechos ilícitos, según el Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, se excluye la responsabilidad del Estado por los hechos de los particulares.

57) Para la República Argentina el Estado sólo será responsable por el comportamiento de una persona o grupo de personas si ellas actúan de hecho por disposición o bajo la dirección o el control del Estado al observar ese comportamiento (art. 8 del Proyecto). Este no es, bajo forma alguna, el presente caso.

58) Manifiesta la representación argentina que toda otra conducta que hubiere observado ese país hubiera implicado el riesgo de provocar reacciones difíciles de controlar y graves alteraciones del orden público.

59) Menciona la República Argentina que la Parte actora afirma que en otras manifestaciones populares, similares a las de este proceso, las autoridades argentinas las disolvieron mediante la fuerza pública. No obstante, tales manifestaciones, a diferencia de la que refiere el presente caso, se trataba de acciones violentas, según responde la República Argentina.

60) También sostiene la República Argentina que la circulación de bienes y personas, entre los dos países, contó siempre con vías alternativas de acceso y, a efectos de facilitar su uso, los servicios de Aduana y Migración argentinos, en esos puntos, fueron reforzados durante las medidas. Con ello se demuestra que no hubo omisión.

61) Tampoco hubo omisión según la Representación Argentina por la acción disuasoria de las autoridades argentinas que, en definitiva, se demostró eficaz al punto que los manifestantes levantaron los cortes de ruta.

62) Por escrito del 27 de julio de 2006, el Representante de la República Argentina efectuó determinadas erratas incurridas en el escrito de Respuesta al reclamo que individualiza.

 

- I-H -

PROPOSICIONES Y PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA

 

63) Las Partes formularon proposición de prueba, lo que fue tratado en la Resolución de 28 de julio de 2006 del Tribunal haciendo lugar a la prueba documental, testimonial e informativa ofrecida por ambas Partes, determinando que debían presentar el listado de preguntas a los testigos al menos con tres días de antelación. Admitió las reservas de proponer prueba Informativa por ambas Partes y, de conformidad con el Artículo 17 de las Reglas de Procedimiento, convocó a las Partes a una sesión en la que pudieran presentar brevemente sus exposiciones para fundamentar sus respectivas posiciones. Por último convocó a las Partes a una comparecencia a celebrar los días9 y 10 de agosto de 2006.

 

64) El día 9 de agosto de 2006 se dio comienzo a la Audiencia, en cuyo transcurso, la Representación argentina presentó cuestión de previo y especial pronunciamiento basada en las amenazas que alega haber sufrido el testigo por ellos propuesto Don Anibal Oscar Oszust. El Tribunal le recibió testimonio y encargó a la Secretaría del MERCOSUR que diera traslado de esta cuestión a las Representaciones Diplomáticas de la República Argentina y la República Oriental del Uruguay para que dieran curso a las actuaciones que procedieran.

 

65) Posteriormente de conformidad con la propuesta de las Partes y con el objeto de facilitar, en lo posible, la presencia de los testigos convocados, en compatibilidad con sus cargos y ocupaciones, el Tribunal “Ad Hoc” examinó los testigos en el orden que seguidamente se establece: Aníbal Oscar Oszust, Daniel Sica, Ricardo Echegaray, Alejandro García, Raúl Cuence, y Jorge Campañà, todos ellos de nacionalidad argentina, correspondientes a la Parte Reclamada. Se inició posteriormente el examen de los siguientes testigos: José Carlos Gonzálvez Huerta, Javier Larrondo, Yanina Corsini, Antonio Carámbula, Benjamín Liberoff, Víctor Sosa Echevarría, Luis Alberto Borsari Brenna, Antonio Serrentino, Pablo Garbarino Lazcano, Leopoldo Cayrús Tarreh y Daniel Sureda Tortosa, todos ellos de nacionalidad uruguaya y solicitados por la Parte Reclamante.

 

66) La Representación de Uruguay manifestó que el testigo cuya declaración ofreciera, señor José Larramendi, no pudo declarar debido a que tuvo que retirarse del Edificio antes de la Audiencia por enfermedad de un familiar y el testigo Gustavo Teske se vio impedido de concurrir.

 

67) Ambas Partes formularon las respectivas preguntas a los testigos y el Tribunal interrogó asimismo cuando lo entendió oportuno a los mencionados testigos en el transcurso de la audiencia.

 

68) En la segunda parte de la reunión que tuvo lugar en la mañana del día 10 de agosto, las Partes hicieron sus exposiciones para fundamentar sus respectivas posiciones, en el orden establecido por el Tribunal Arbitral Ad Hoc. Tanto las declaraciones de los testigos como los alegatos de las Partes fueron grabados en soporte magnetofónico, que se entregó a las Partes y quedó unido a las actuaciones.

 

69) El Tribunal Arbitral Ad Hoc, expresó “in voce” en este acto su resolución de admitir toda la prueba documental presentada hasta el momento por las Partes, incluido el documento utilizado en la declaración del Dr. Sica. De conformidad con las Partes, que así lo asumen, el Tribunal resolvió que se admitiría como prueba documental e informativa la que se presentara hasta el mismo día de vencimiento del plazo de presentación de los alegatos escritos que finalizaba el día 17 de agosto de 2006.

 

- I-I-

ALEGATO FINAL POR ESCRITO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

 

70) Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de las Reglas de Procedimiento, ambas Partes presentaron en tiempo y forma sus alegatos finales.

 

71) La Representación uruguaya solicitó que hiciera lugar al reclamo presentado en la forma ya impetrada y que decidiera:

 

“a) que la República Argentina ha incumplido sus obligaciones derivadas de los artículos 1 y 5 del Tratado de Asunción; artículos 1º, 2º y 10 párrafo segundo del Anexo I de dicho Tratado; artículos II, III y IV del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, así como de principios y disposiciones del Derecho Internacional aplicables a la materia, por la omisión del Estado Argentino en adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre circulación derivados de los cortes en territorio argentino de vías de acceso a los Puentes Internacionales Gral. San Martín y Gral. Artigas que unen la República Argentina con la República Oriental del Uruguay; y

b) que la República Argentina, de reiterarse los impedimentos a la libre circulación a los que alude el literal a) precedente u otros de similares características, debe adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar en forma inmediata los impedimentos a la libre circulación, y garantizar la libre circulación con la República Oriental del Uruguay.”

- I-J -

ALEGATO FINAL POR ESCRITO DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA

 

72) La Representación argentina solicitó que el Tribunal resolviera:

 

“a) que la presente controversia carece de objeto y las solicitudes de Uruguay se fundan en abstracciones;

b) que el derecho de libertad de expresión, ejercido por los ciudadanos argentinos, constituye un derecho humano fundamental reconocido en todos los ordenamientos constitucionales y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, vinculantes para la Argentina y el Uruguay, y que, además, gozan, en Argentina, de jerarquía constitucional;

c) que no cabe invocar legítimamente una restricción a la libertad de expresión – derecho humano protegido – en desmedro de otro derecho – libertad de circulación de bienes y servicios – que está legalmente protegido pero que no reviste esa calidad de derecho humano;

d) que las manifestaciones en rutas efectuadas en forma intermitente entre el 6 de enero y el 2 de mayo de 2006 constituyen una muestra de la libre expresión ciudadana, que fueron puestas en conocimiento del público con antelación suficiente y no implicaron, en ningún caso, un impedimento total a la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países;

e) que el Gobierno argentino no ha adoptado medida alguna que constituya una violación de los principios de libre circulación de bienes y servicios, previstos en los artículos 1 y 5 del Tratado de Asunción, en los artículos I y II, III y IV y Anexos del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, en el Acuerdo sobre Transporte Terrestre Internacional (ATIT) y en otros principios o disposiciones de derecho internacional aplicables a esta materia;

f) que el Gobierno argentino ha actuado, a nivel nacional, provincial y municipal, con el objetivo de disuadir a sus ciudadanos de utilizar las manifestaciones en rutas como forma de expresión de su protesta y ha arbitrado los medios necesarios para facilitar la libre circulación de bienes y servicios durante la etapa de vigencia de las mismas;

g) que tal actuación resulta razonable atento las circunstancias del caso bajo análisis y las normas constitucionales e internacionales vigentes aplicables al mismo; y

h) que los compromisos asumidos por la Argentina en el contexto en que se desarrolla esta controversia no pueden ser objeto de una interpretación extensiva que suponga reprimir el ejercicio de un derecho humano en una situación claramente no prevista en los tratados de derechos humanos en vigor para ambos países”.

 

- I-K-

PLAZO PARA LA EMISIÓN DEL PRESENTE LAUDO

 

73) El 18 de julio de 2006 el Tribunal Arbitral “Ad Hoc” acordó por unanimidad prorrogar el plazo para la emisión del Laudo en las presentes actuaciones por 30 días, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 21 de las Reglas de Procedimiento, por lo que el plazo se extendió hasta el 7 de septiembre del 2006.

 

II

CONSIDERANDOS

 

- II – A -

EL PLANTEO DE LA PARTE RECLAMADA SEGÚN EL CUAL HABRÍA HABIDO UNA NOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL OBJETO DEMANDADO

74) La Parte Reclamada sostiene que la Reclamante amplió el objeto de su pretensión original pues según la normativa del MERCOSUR en especial el art. 14 párrafo segundo del Protocolo de Olivos, los escritos de demanda y contestación determinan el objeto de la controversia que deben basarse en las cuestiones que fueron consideradas en las etapas previas, añadiendo que en las etapas de negociaciones directas, la controversia se denominaba de un modo (“impedimentos a la libre circulación derivados de los cortes”) y dado que al iniciarse el procedimiento arbitral, dichas manifestaciones habían cesado, Uruguay habría adaptado unilateralmente a la nueva circunstancia denominándola (“omisión del Estado argentino en adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre circulación”) tal como figura en el escrito de Reclamo de Uruguay.

75) El Tribunal considera que la modificación terminológica indicada no pudo perjudicar el derecho de defensa de la Parte Reclamada, pues la convocatoria a las negociaciones directas y la demanda en este proceso, por sus denominaciones, están haciendo referencia a los mismos hechos y si bien en la primera de las denominaciones podría entenderse que se trata de la imputación a actos directos del Gobierno argentino, hay que tener en cuenta que era de público y notorio conocimiento que los cortes eran realizados por particulares, a lo que cabe añadir que en la Nota del 9 de marzo de 2006 (remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay a su par de Argentina, que la Parte Reclamante agregara como Recaudo 5 sin que la Parte Reclamada la haya negado), se reitera el pedido de negociaciones directas, haciendo expresa mención a los cortes de ruta “realizados por particulares que ocuparon las mismas, afectando la libre circulación de personas, bienes y servicios” agregando que “ante esta situación el Estado argentino omitió adoptar medidas apropias para prevenir y/o hacer cesar los referidos cortes, a efectos de restablecer la libre circulación entre ambos países”.

- II – B -

EL PLANTEO DE LA PARTE RECLAMADA SEGÚN EL CUAL EL RECLAMO ES ABSTRACTO POR CARECER DE OBJETO FÀCTICO

 

76) La Parte Reclamada afirma que el proceso carece de objeto en virtud de que, a la fecha de presentación de la demanda, los cortes de ruta habían cesado antes de la presentación del escrito de Reclamo de la República Oriental del Uruguay, situación que, sostiene, se habría mantenido hasta el momento en que se responde dicho escrito.

77) Al respecto, el Tribunal advierte que no ha habido pronunciamiento expreso de quienes mantuvieron los cortes de ruta en el pasado en el sentido de que no los habrán de reiterar en el futuro; ni tampoco ha habido pronunciamiento de las autoridades de la Parte Reclamada en el sentido que, de producirse tales reiteraciones, habría de seguir una conducta distinta a la observada cuando tales cortes de ruta ocurrieron.

78) El Tribunal no desconoce que se ha sostenido que cuando se solicita que uno de los Estados Partes deje sin efecto determinadas normas legales o reglamentarias, por considerarlas incompatibles con los compromisos asumidos en los en los acuerdos internacionales tendientes a la facilitación del comercio y a la integración económica, y la norma cuestionada es derogada por el Estado Reclamado antes de que el tribunal se constituya o se dicte el pronunciamiento final, el procedimiento culmina por considerarse que la cuestión ha devenido abstracta desde que el soporte normativo del obstáculo al comercio habría desaparecido (1). No es necesario para ello que la norma cuestionada haya sido puesta en práctica, bastando que haya un peligro de daño que puede tornarse en daño real mediante su activación en cualquier momento. Dicho peligro, como un arma apuntando al corazón del posible afectado, es suficiente para considerar que el mantenimiento de ese estado de cosas es contrario a los compromisos contraídos, debiendo resolverse mediante la desactivación del peligro potencial.

79) A diferencia del supuesto antes señalado, en el caso que se encuentra a conocimiento del Tribunal, la Parte Reclamante no cuestiona la existencia de una “norma”, actual o potencialmente lesiva de los compromisos existentes, sino que cuestiona la conducta omisiva del Gobierno de la Parte Reclamada en impedir que parte de su población despliegue “conductas” consideradas incompatibles con la normativa MERCOSUR, pues aquí no hay norma alguna que se cuestione y cuyos efectos nocivos pudieran desactivarse mediante su derogación. Se trata de una situación amenazante de ciertos particulares que habiendo ya realizado actos cuyos efectos la Parte Reclamante considera reñidos con los compromisos asumidos en el ámbito del MERCOSUR, pueden reanudarlos en cualquier momento, con la posibilidad cierta de que, en tal supuesto, el Gobierno argentino continúe manteniendo una conducta permisiva.

80) Al tratarse de vías de hecho que, pese a la queja del Gobierno de la Parte Reclamante – tal como surge de la Prueba documental aportada por Uruguay que no ha sido refutada por la contraparte (2) -, han sido toleradas por el Gobierno de la Parte Reclamada, cabe pensar que, de reanudarse aquellas vías de hecho, se reitere la conducta permisiva que, en virtud de su repetición adopta el carácter de un “standard” de conducta, para este supuesto, del Gobierno argentino. En otras palabras, las conductas reiteradas y sucesivas delinean un “modelo” o “patrón” de conducta de la Parte Reclamada que es dable esperar se repita en los casos futuros en virtud del principio de congruencia en las conductas asumidas por la administración pública. Esta expectativa, de manera similar (aunque no idéntica) al caso de una norma cuestionable susceptible de ser activada, genera una situación de peligro potencial que el Estado Reclamado no ha tenido interés en desactivar, por lo que cabe considerar que en este caso nos hallamos ante el peligro latente de que se produzcan nuevos hechos similares a los anteriores, lo que descarta que nos hallemos ante una cuestión meramente abstracta.

81) Si bien al tratar los casos de responsabilidad internacional de los Estados por hechos ilícitos, cuya aplicación a casos como el presente en el cual se trata de incumplimientos de tratados de integración ofrece dudas, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas (en adelante CDI) ha sostenido que la trasgresión a la norma internacional no necesariamente debe manifestarse en un acto o hecho instantáneo o continuado, sino que puede exteriorizarse también a través de una serie de acciones u omisiones que se prolonguen –aún con interrupciones- a lo largo del tiempo, a los cuales denomina “hecho compuesto” (3), y el caso presente no carece de complejidad, dada la diversidad de protagonismos – grupos, asambleas, poderes públicos – y las intermitencias, reiteraciones y continuidad de la situaciones contempladas.

- II – C -

LA SEDE DEL TRIBUNAL

82) La Parte Reclamada cuestionó la decisión tomada por el Tribunal Ad Hoc de establecer su sede en la ciudad de Montevideo, aduciendo que esto suponía un menoscabo a la independencia del Tribunal por tratarse de la ciudad capital de uno de los Estados Partes involucrado en la controversia. Manifestó que se trata de un proceso arbitral que produce estrépito en el foro que podría llevar a una decisión injusta en razón de reunirse en una ciudad donde la cuestión se encuentra en el debate público cotidiano que podría influir negativamente en los Árbitros.

83) El Tribunal eligió la ciudad de Montevideo como sede para la realización de los actos procesales así como para sus deliberaciones en razón de encontrarse allí la Secretaría del MERCOSUR que constituye un importante apoyo administrativo para su labor y de conformidad con las facultades que al efecto le confiere el artículo 38 última parte del Protocolo de Olivos.

84) Dicha elección en forma alguna aparejó menoscabo para la independencia del Tribunal ni otorgó ventaja alguna a la Parte Reclamante como se ha insinuado, habiéndose desarrollado las pruebas testimonial y de informes sin incidentes dignos de mención. Además de ejercer una facultad expresamente contemplada en la normativa vigente, cabe resaltar que éste no es el primer caso en que un Tribunal Ad Hoc en el que el país en que se encuentra radicada la Secretaría del MERCOSUR está involucrado como contendiente, pese a lo cual ello no influyó en desigualdades procesales. Si bien puede ser que en este caso la opinión pública se encuentre mas motivada a prestar atención que en los anteriores, ello no ha influido en las opiniones y libertad de decisión de ninguno de los Árbitros que integran este Tribunal.

- II – D -

LOS HECHOS QUE GENERARON LAS MANIFESTACIONES DE LOS VECINOS DE LA COSTA ARGENTINA QUE DIERAN LUGAR A LA CONTROVERSIA

 

85) La controversia que hoy se ventila ante este Tribunal “Ad hoc” se origina en las manifestaciones efectuadas por las poblaciones de la ribera argentina del río Uruguay, en especial la población de la ciudad de Gualeguaychú, como reacción ante la construcción por dos empresas privadas en Fray Bentos, costa uruguaya del mismo río enfrente de la mencionada ciudad argentina, de dos fábricas de pasta de papel a las cuales ven como un futuro foco de contaminación ambiental que consideran en infracción a las cláusulas del Acuerdo que sobre la administración del río Uruguay tienen celebrado Argentina y Uruguay en el año 1975.

86) La Parte reclamada invoca, la existencia de esas manifestaciones desde el mes de septiembre de 2003 a través de la movilización denominada “Abrazo Solidario”, con la participación de vecinos de poblaciones argentinas y uruguayas que se manifestaron contra la construcción de las plantas procesadoras de pasta de papel en la zona (punto IV- 1, de la Respuesta argentina, no desconocida por la contraparte en sus alegatos).

87) La denominada “Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú” hizo sendas presentaciones ante el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay (21 de julio de 2005) y al Presidente Néstor Kirchner, en este caso con pliegos conteniendo 35.484 firmas de pobladores de esa ciudad (prueba documental argentina, Anexo II, 1.2 y Anexo II,1.3, no desconocida por la Parte Reclamante). En ellas denunciaron al Gobierno argentino y al Gobierno uruguayo el incumplimiento del tratado que estableció el Estatuto del Río Uruguay y solicitaron a ambos países la paralización de las construcciones hasta que se efectuara un análisis del impacto ambiental sobre la cuenca a través de una comisión bipartita, de manera que, si de resultas de ello, hubiera discrepancia entre las delegaciones de ambos países sobre ese punto, la cuestión fuera ventilada ante la Corte Internacional de Justicia.

88) El 6 de octubre de 2005 reiteró el pedido al Ministro de Relaciones Exteriores argentino a fin de que se requiriera del Gobierno uruguayo la inmediata paralización de las obras que las empresas seguían construyendo a la vera del río Uruguay, solicitando que ante el rechazo uruguayo Argentina iniciara acciones ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Anexo II. 1.4 de la prueba argentina no negada por la contraparte).

89) Mientras tanto, y según se desprende de un informe de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, acompañado por la Parte Reclamada (Anexo II.2 de la prueba documental), se produjeron cortes en los tres puentes internacionales que unen Argentina y Uruguay aunque con intensidad muy dispar.

90) En la ruta internacional Nº 136 y Provincial Nº 42 que une Gualeguaychú con Fray Bentos a través del Puente General San Martín, hubo un primer corte el 8 de julio de 2005 de 10 a 18 horas, sucediéndose luego un corte temporario de cuatro horas el 15 de agosto, reanudándose en el mes de diciembre con dos cortes realizados los días 8 (tres horas), 18 (cinco horas), 23 (10 horas y media) y 30 de diciembre de 2005 (13 horas). En el año 2006 los cortes comenzaron el 30 de enero de 2006 manteniéndose en forma esporádica y temporaria, hasta el 3 de febrero de 2006 en que comenzó un corte de ruta que se prolongó por 46 días hasta el 20 de marzo de ese año y, posteriormente, un corte que se prolongó por 26 días desde el 5 de abril a las 8 horas hasta el 2 de mayo del mismo año a las 16 horas. De tal manera, el Puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos estuvo cortado aproximadamente 72 días corridos.

91) En cuanto a la ruta que une a la ciudad de Paysandú con Colón (a través del puente General Artigas), sufrió cortes por 35 días corridos (desde el 16 de febrero hasta el 23 de marzo de 2006), reiterándose luego por el lapso de 8 días (desde el 11 de abril hasta el 19 del mismo mes de 2006).

92) Por último, en el puente internacional ubicado sobre la represa de Salto Grande, se produjeron cortes los días 13 y 14 de enero y 22 de febrero de 2006 por lapsos de una hora, una hora y media, y treinta minutos respectivamente.

93) Los datos antes mencionados relativos a los cortes de los tres puentes internacionales coinciden, con pequeñas diferencias de días, con lo expresado por la representación uruguaya en su alegato (punto IV, página 20).

94) En razón de los cortes sucedidos, la Dirección General de Aduanas argentina por correo electrónico N° 47 del 8 de febrero de 2006 (Prueba documental argentina Anexos II.3 y II.4), instruyó a las aduanas acerca de una operatoria de emergencia a fin de garantizar el normal flujo del comercio internacional, reforzando las dotaciones de personal de las aduanas de Concordia y Colón para hacer frente al incremento de trabajo generado por el desvío de operaciones desde la aduana de Gualeguaychú.

95) De la prueba documental antes mencionada, así como de los testimonios recogidos en la audiencia testimonial, se desprende que los vecinos de Gualeguaychú procuraron llamar la atención, tanto de la República Oriental del Uruguay por su omisión en impedir la continuación de construcciones que ellos consideraban potencialmente dañinas, como de la República Argentina por su falta de reacción categórica ante ese proceder, lo que inclina a este Tribunal a comprender el sentimiento de la alarma y consecuente protesta de los mismos, con independencia de la mayor o menor justificación de sus actuaciones.

96) Debe tenerse en cuenta que el levantamiento de los cortes por los vecinos de Gualeguaychú se produjo dos semanas después del discurso del Presidente de la Nación de Argentina del 19 de abril de 2006, en el cual les manifestó que no compartía los cortes de ruta y en el cual les solicitó que los dejaran sin efecto (Prueba documental argentina Anexo II.6, no negada por la representación uruguaya).

97) Dos días, después del levantamiento de los cortes de ruta, es decir el 4 de mayo de 2006 quedó formalmente registrado el ingreso de la demanda de Argentina contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la controversia suscitada en relación con el Acuerdo del río Uruguay.

98) Con anterioridad a esto último y ante la situación de los cortes de rutas, el 16 de enero de 2006 el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay había hecho llegar al Embajador argentino en ese país una Nota (Recaudo Nº 1 de la prueba documental de Uruguay) respondiendo una Nota del 12 de enero de 2006 del Secretario de Relaciones Exteriores de la República Argentina referida a las autorizaciones concedidas por Uruguay a dos empresas para construir sendas plantas industriales de producción de celulosa sobre la margen izquierda del río Uruguay, así como una autorización para construir y operar una terminal portuaria destinada al uso exclusivo de una de esas plantas industriales, reiterando una nota anterior. En la segunda parte de esa nota el Canciller uruguayo manifestaba su preocupación por los cortes de ruta de acceso en territorio argentino a los pasos fronterizos, que obstaculizaban la libre circulación de personas y bienes en violación a los acuerdos del MERCOSUR, generando daños importantes a ambos países.

99) El 13 de febrero de 2006, el Presidente de Uruguay se dirigió al Presidente argentino solicitando el levantamiento de dichos cortes (Recaudo Nº 2 de la prueba documental uruguaya).

100) El 22 de febrero de 2006 el Ministro (interino) de Relaciones Exteriores de Uruguay dirigió una nota a su par argentino expresando que ese país había decidido plantear la controversia correspondiente a la violación de la libre circulación en contravención a la normativa MERCOSUR y disposiciones y principios del derecho internacional, solicitando el inicio de negociaciones directas contempladas en los arts. 4 y 5 del Protocolo de Olivos.

101) El 3 de marzo de 2006 el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina contestó, expresando que la nota uruguaya no establecía que acciones precisas se le imputaban a la República Argentina, ni tampoco se determinaban las normas internacionales que ese país consideraba vulneradas, expresando que la Argentina no impedía la libre circulación a través de esas vías de acceso que unen a ambos países.

- II – E -

SOBRE LA EXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR OMISIÓN FRENTE A LA NORMATIVA DEL MERCOSUR

102) Se ha planteado el interrogante respecto de si, en el ámbito del MERCOSUR, se encuentran plenamente vigente la libre circulación de bienes mencionada en el Tratado de Asunción y sus normas complementarias, así como la libre circulación de servicios referida en el Protocolo de Montevideo. En tal sentido se ha afirmado que las metas del Tratado de Asunción aún no se han alcanzado en su plenitud (Respuesta de la Parte Reclamada a fs. 47).

103) La integración económica puede ser considerada como una “situación” o como un “proceso”. Dado que la integración parte de la existencia de distintos ámbitos espaciales económicos en los cuales la mercadería u otros factores económicos originarios del exterior dejen de ser discriminados, como “situación” la integración consiste en la ausencia de las formas de discriminación entre las economías nacionales, pero como “proceso” consiste en el conjunto de medidas dirigidas a abolir en forma progresiva la discriminación entre las unidades económicas pertenecientes a diferentes naciones (4) con el objetivo de conformar una nueva unidad económica.

104) Consecuentemente, no se puede negar que como “proceso”, el MERCOSUR se encuentra en permanente desarrollo. No obstante, también es dable señalar que, salvo determinadas excepciones, a partir del 31 de diciembre de 1999, el MERCOSUR constituye una zona de libre comercio (5) y que sin perjuicio de que hay una dinámica referente a compromisos que deben estructurarse, también es cierto que lo andado hasta el momento ha generado vínculos ciertos y en vigencia que implican compromisos exigibles por los Estados Partes.

105) Respecto a la libre circulación de servicios, no se ha puesto en cuestión la vigencia del Protocolo de Montevideo, que rige esta materia, así como tampoco el pleno vigor del mismo en cuanto a los servicios que resultaron afectados por los cortes de ruta (transporte, turismo, etc.) y cuyos efectos son analizados en este proceso. Por otra parte, no se considera del caso determinar la aplicabilidad a la cuestión en proceso del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT) en virtud de que su materia está ya alcanzada por el Protocolo de Montevideo, antes mencionado. Por último, tampoco resulta procedente analizar en forma específica, la libre circulación de personas en el ámbito del MERCOSUR en virtud de que, en forma indirecta, tal derecho resulta cubierto por las libertades de circulación antes tratadas.

106) El artículo 1° del Tratado de Asunción luego de expresar que los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, establece que este Mercado Común “…implica: la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente”.

107) El Anexo I, art. 2 literal b) del Tratado de Asunción da una definición de carácter residual de las “restricciones” –como complementarias de los “gravámenes”- incluyendo en las mismas “cualquier medida de carácter administrativo, financiero, cambiario o de cualquier naturaleza, mediante el cual un Estado Parte impida o dificulte, por decisión unilateral, el comercio recíproco…”. Cabe preguntarse si la definición citada (“medida de cualquier naturaleza”), alcanza a las medidas denunciadas. Estas normas requieren de ciertas precisiones.

108) En primer lugar, el verbo “implicar” mencionado en el encabezamiento del artículo 1º del Tratado de Asunción, que significa “contener” o “llevar dentro de sí”, indica que la libre circulación allí mencionada constituye un objetivo esencial del acuerdo, a punto tal que no se puede concebir un Mercado Común sin ese requisito, a lo que cabe agregar el compromiso asumido en las restantes disposiciones del Tratado que promueven la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias que impidieran o dificultaran esta libre circulación.

109) En segundo lugar, que si bien el corte de rutas no constituiría una restricción no arancelaria en sentido estricto, pues esta última presupone un acto administrativo, no es necesario apelar a esa asimilación para considerarla como una restricción objetiva a la libre circulación, pues la mención que la norma hace de los derechos aduaneros, de las restricciones no arancelarias y de cualquier otra medida equivalente, se hace a un mero título ejemplificativo.

110) En tercer lugar, la circulación de bienes a la que allí se alude es la “económica”, esto es que la mercadería permanezca o sea consumida, utilizada o industrializada en el espacio económico al que se la introduce (6) y si bien es un concepto que excede al de mero tránsito o traslado fronterizo, pues este último tiene un sentido espacial (geográfico o físico) aludiendo a la posibilidad de atravesar determinado espacio económico sin sufrir por ese mero hecho restricciones directas o indirectas, las barreras al tránsito implican barreras al comercio y, por ende a la libre circulación económica.

111) De la prueba producida por las Partes surge que las medidas denunciadas crearon –en el período considerado- dificultades significativas en los intercambios recíprocos, sobre todo a nivel de los agentes económicos, lo que se manifestó en la necesidad de buscar vías alternativas para el paso de frontera, generalmente, con aumento de las distancias a recorrer y el consiguiente incremento de costos. En algunos casos, servicios de transporte debieron ser suspendidos y, en otros, negocios vinculados con la actividad de tránsito por el puente Gral. San Martín, en forma primordial, sufrieron serias dificultades. En otras palabras, que los hechos relatados quebraron la libre circulación que el art. 1º del Tratado de Asunción considera presupuesto básico del compromiso entre los Estados Partes.

112) El Tribunal Arbitral Ad Hoc ha tenido ocasión de conocer en profundidad a través de todo el material probatorio de alta calidad aportado al proceso el conjunto de repercusiones que los cortes de los puentes han producido sobre los flujos económicos mas generales que podrían haber sido afectados, así como la manera en que quedaron perturbadas las conductas de los operadores económicos, de los ciudadanos y de las entidades públicas de uno u otro país que se vieron obligados todos ellos a modificar sus decisiones y estrategias, cambiar sus modos de trabajo, asumir las diferencias en las cargas de actividad administrativa aduanera, redistribuir no solo los itinerarios sino también los medios de transporte utilizados etc.

113) El tiempo de los cortes; la arbitrariedad e imprevisibilidad de los mismos, las alternativas en la presentación y duración de su práctica han sido tan variables y del tal entidad que el Tribunal Arbitral Ad Hoc no puede dejar de valorar como infracción a lo establecido en el artículo 1 del Tratado de Asunción la efectividad de las restricciones resultantes de todo ello para la libertad de circulación de mercancías y servicios.

114) Así que cualesquiera que hayan sido las cifras aportadas, y los balances sectoriales y generales que han sido traídos como prueba ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc, lo cierto es que el ejercicio por los vecinos de Gualeguaychú de su derecho de protesta ha sobrepasado en sus efectos los límites del respeto que tanto ellos como los Estados, en este caso el Estado Argentino deben al cumplimiento de la norma que obliga a garantizar la libre circulación de bienes y servicios. Libre circulación que por la intermitencia, insistencia y continuidad de los cortes quedo sin efecto para quienes forzados por aquella situación extraña a la normalidad económica hubieron de cambiar sus decisiones como ciudadanos o como agentes económicos de MERCOSUR. Prestatarios y prestadores de servicios hubieron de revisar sus decisiones merced a un factor exógeno e ilícito, cambiando sus estrategias para prestar servicios turísticos o de transporte o para servirse de ellos; alterando los tiempos y formas de comprar o suministrar mercancías; corrigiendo la composición de los precios y los tiempos de entrega: en definitiva sintiendo alterado el marco de libertad de circulación de mercaderías y servicios que señala el Tratado de MERCOSUR y que para una inmensa cantidad de gente quedo por un tiempo sin efecto, en un volumen económico extraordinariamente significativo y generando una situación gravosa para todos aquellos que tenían que recomponer sus conductas como resultado de los hechos infractores que se estaban produciendo con los cortes en los puentes.

115) Y eso es así en todo caso aunque el balance final de intercambio de flujos económicos no lo explicite ni quizás pueda explicitarlo, teniendo en cuenta que las fluctuaciones fueron dispersas en los sectores, en los tiempos y en los protagonistas afectados; y en todo caso al ser imprevisibles, discontinuas, y no siempre registrables, la difícil medida de su valor en magnitudes monetarias no es un parámetro que alcance a desvirtuar la realidad de la libertad de circulación perturbada y de la infracción que tal cosa comporta.

116) No obstante, en el caso que nos ocupa, la conducta de obstruir la vía de comunicación ha sido desarrollada por particulares y no por el Estado mismo, y en principio, la responsabilidad del Estado no resulta comprometida por los actos de las personas privadas, sino sólo por los actos u omisiones de sus propios agentes (7). No obstante, el Estado puede igualmente ser considerado responsable, ya no por el hecho ajeno, sino por el hecho propio, si omitiera la “conducta debida”, esto es, por la “falta de diligencia” en prevenir o corregir actos de los particulares que puedan causar perjuicio a otro Estado (8). En esta situación, “…no estamos ante una responsabilidad vicaria o indirecta sino frente a una responsabilidad por hecho propio” (9).

117) No nos hallamos aquí ante una disposición normativa que prescriba en forma específica que en el caso que ciertos particulares obstaculizaran el paso internacional de vehículos, el Gobierno del Estado Parte correspondiente está obligado a prevenir o hacer cesar esos impedimentos. No obstante, no toda conducta debida surge diáfana de una prescripción normativa específica.

118) La “conducta debida” se deriva del compromiso que los Estados Partes asumen de mantener la libre circulación entre los Estados del MERCOSUR por ser consustancial con el objetivo perseguido, lo que implica la obligación de aplicar los “medios” para arribar a dicho objetivo aunque no se determinen cuales son las “medidas necesarias” para obtenerlo, lo que deja un amplio margen de posibilidades, entre las cuales el Estado obligado deberá elegir la que considere mas adecuada a las circunstancias.

119) Como vemos, la “conducta debida” surgiría de la interpretación de una pauta general de conducta. La norma presenta una “textura abierta” del lenguaje legal (10) esto es, una regla formulada en abstracto de una manera muy general, que origina legítimas dudas acerca de las formas específicas de conducta exigidas por ellas. En estos casos se deja librada a la discrecionalidad del obligado el optar por el mejor medio para acceder al fin.

120) Dado que todo conflicto de derecho implica tener que arbitrar entre diferentes valores en pugna, el deber del gobernante que se enfrenta con ese dilema, consistirá en tomar las medidas apropiadas, aplicando el “debido cuidado” en la elección de la que fuere mejor, dadas las circunstancias y teniendo en consideración todos los valores en juego, de manera de perjudicar de la menor manera posible los intereses contrapuestos; esto es, que no implique un sacrificio demasiado grande para otros intereses respetables para lo cual deberán tomarse las precauciones que eviten daño sustancial (11).

121) Si no hay criterio claro de las normas del MERCOSUR respecto de la conducta que en concreto se deba adoptar en las circunstancias que la realidad presenta, cabrá preguntarse si el Gobierno de la Parte Reclamada adoptó algún tipo de medidas para resguardar los compromisos asumidos en el seno de esa organización y, en tal caso, si los medios que se hubieran utilizado fueron adecuados a las circunstancias con el objetivo de obtener el fin propuesto y a la vez respetando los demás intereses en juego.

122) En relación con el planteo de la Parte reclamada que no se le puede exigir que para impedir las manifestaciones reprima a sus propios ciudadanos, el Tribunal considera que la cuestión no pasa por que se exijan al Estado Reclamado resultados sin reparar en los costos (tanto sociales como individuales) que ellos pudieran implicar, pues no se desconoce que se está afectando a ciudadanos de toda una comunidad que sostienen reclamos que, en sí mismos, no pueden ser calificados de injustos ya que, en su visión, se consideran amenazados con un futuro que implicaría una disminución en su calidad de vida; por lo que cabría detenerse y determinar si la Parte Reclamada ha acreditado en estos autos que le era imposible adoptar medidas mas eficaces, lo que no parece que haya sucedido.

123) La Parte Reclamada considera que las medidas que “impiden o dificultan” los intercambios deberían responder a una decisión positiva de un Estado Parte pero, como hemos dicho antes, la responsabilidad del Estado puede resultar comprometida por los actos de las personas privadas, si omite la “conducta debida” tendiente a prevenir que los mismos causen perjuicio a otro Estado, como es el caso de los cortes de rutas sin que el Estado Parte tome las medidas apropiadas para remover la referida actividad de obstrucción (12).

- II – F -

SOBRE LA REFERENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS

 

124) La Parte demandada ha procurado refutar el cargo según el cual habría incurrido en omisión, en el caso, en virtud de que en reiteradas oportunidades sus autoridades – tanto nacionales como provinciales- trataron de disuadir a los manifestantes respecto a los cortes de rutas. Una acción más enérgica –agrega- no habría sido procedente sino a riesgo de violar Derechos Humanos en vigor cuando no, de provocar graves alteraciones del orden público.

125) Se ha puesto en cuestión la competencia jurisdiccional del Tribunal Arbitral para entender en una materia que involucra aspectos de los Derechos Humanos que, como tales, resultan ajenos a la normativa del MERCOSUR (exposición del representante de la Parte Reclamada en la audiencia de 10 de agosto de 2006).

126) Los integrantes del Tribunal pertenecen a países en los cuales se ha experimentado el avasallamiento de los denominados derechos humanos, que nuclean el plexo normativo que ampara los aspectos más íntimamente ligados con la dignidad del ser humano, por lo que el planteo no deja de serles de alta sensibilidad.

127) La Parte Reclamada invoca la imposibilidad de adoptar, frente a los cortes de rutas, medidas más enérgicas que las de disuasión por cuanto ello importaría tanto como desconocer derechos humanos como los de libertad de expresión, de reunión y de manifestación que revestirían en su derecho interno, rango constitucional, mientras que el derecho de integración sólo reviste rango legal. De tal manera, la Parte Reclamada parece reposar en que el contenido del compromiso internacional depende de las posibilidades jurídicas que le brinda el propio derecho interno argentino en materia de derechos humanos.

128) Aceptar que el cumplimiento de la obligación internacional asumida en el Tratado del MERCOSUR, consistente en mantener la libre circulación, dependa de las posibilidades del propio derecho interno, se contrapone con el principio de que los Estados no pueden eludir sus compromisos internacionales invocando normas de su derecho interno que surge del art. 27 de la Convención sobre el derecho de los Tratados de Viena de 1969.

129) Al respecto cabe tener presente lo que dispone el art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 –tratado en vigor entre ambos Estados Partes- en cuanto establece que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado …”. A este respecto se ha señalado que el “derecho interno” del artículo 27 incluye, entonces, no sólo a las leyes nacionales que pudieran estar en conflicto con un tratado internacional, sino a la Constitución misma(13). La opinión expuesta es sustentada, asimismo, por decisiones jurisdiccionales en el ámbito internacional (14).

Para justificar la conducta seguida, la Parte demandada invocó, asimismo, que toda otra acción del Estado –más allá de la disuasión- “hubiere implicado reacciones difíciles de controlar … actos violentos por parte de los manifestantes …” (Respuesta de la Parte Reclamada, fs. 109). Sobre este punto el Tribunal advierte que dicho planteo se refiere a un supuesto que no encuentra respaldo en la prueba producida en el proceso.

130) La representación argentina sostiene que el gobierno de ese país ha procurado siempre evitar, en el ámbito de su política interna, la aplicación de medidas que pudieran ser interpretadas como atentatorias contra los derechos humanos en tanto represivas de las manifestaciones que incluyen cortes de vías de comunicación, salvo que ellas desembocaran en violencia. En tal sentido es ilustrativo el discurso pronunciado por el Presidente de esa Nación en el acto de la firma de Convenios para la construcción de viviendas en la Provincia de Buenos Aires, celebrado el 19 de abril de 2006 incorporado como prueba documental por la representación argentina (Anexo II.6 no desconocido por la contraparte).

131) De estas palabras se desprende que, pese a cierta actitud crítica, la tolerancia con los cortes parece haber constituido una política del Poder Ejecutivo argentino. A tenor de la contestación del reclamo presentado por Argentina en esta controversia, esa política encuentra su explicación y significado en el respeto al derecho de protesta que esa representación considera un derecho humano amparado por la Constitución Nacional argentina.

132) En materia de acuerdos comerciales de cooperación y facilitación del comercio, el derecho internacional y el derecho interno así como las instituciones legales de uno y otro orden en materia de asuntos económicos (como es el caso del MERCOSUR) están inextricablemente entrelazados y no es posible entender el comportamiento de estos segmentos de derecho aislando unos de otros (15).

133) No escapa a este tribunal que en materia de acuerdos multilaterales de facilitación del comercio y con especial referencia al régimen de la OMC, se ha sostenido que cabe apartarse de los compromisos asumidos por acuerdos multilaterales de comercio siempre que fueren invocados principios y valores aceptados por la comunidad internacional (16) y que en los casos en los que la armonización de los derechos en juego resulta sumamente dificultosa o imposible, es inevitable que deba optarse por resguardar en la mayor medida los intereses y valores de mayor jerarquía, pues los “bienes jurídicos” no son otra cosa que objetos valiosos susceptibles de clasificarse jerárquicamente prefiriendo los más valiosos respecto de los menos valiosos (17). Pero el Tribunal considera que, aun cuando por vía de hipótesis nos halláramos ante ese caso, ello habilitaría algún grado de restricción pero nunca la anulación absoluta del valor que sea considerado menor, en aras de otro que sea juzgado de mayor jerarquía.

134) La restricción del tránsito que, como hemos visto, desemboca en una restricción a la libre circulación económica en los espacios integrados, puede llegar a ser tolerada siempre que fueran tomados los recaudos necesarios para aminorar los inconvenientes que causaren y que sea adoptado en períodos cortos que no entorpezcan ni causen daños graves o continuados, lo que no se ha dado en este caso en el cual los cortes se han dilatado por espacio de más de tres meses en plena temporada estival de vacaciones en que el turismo de ambos países sufren mas gravemente sus consecuencias.

135) El Artículo 75 inc. 22, segundo párrafo (parte pertinente), de la Constitución de la Nación Argentinaespecifica que las declaraciones y convenciones internacionales sobre derechos humanos que han sido firmados y aceptados por la República Argentina y que allí se indican tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.

136) En relación con la afirmación de que estos instrumentos no derogan los derechos y garantías enumerados en la parte dogmática de la Ley Fundamental, se ha especificado que ha existido por parte de la Asamblea Constituyente un juicio de comprobación en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y han verificado que no se produce derogación alguna de la primera parte de la Constitución, por lo cual la armonía o concordancia entre los tratados y la Constitución es un juicio del constituyente que los poderes constituidos no pueden discutir(18).

137) Ello supone, entonces, que los derechos legislados por tales tratados internacionales, junto a los demás enumerados por la Constitución Argentina (art. 14 y concordantes), no serían entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (arg. art. 33 Constitución de la Nación Argentina) y que son gozados por los habitantes de la Nación “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”, aunque tales leyes reglamentarias no pueden alterarlos (arg. art. 28 Constitución de la Nación Argentina). Esto es, “la interpretación valorativa de la Constitución en orden a los derechos humanos contenidos en ella debe dar por presupuesto que: a) esos derechos son, ontológicamente, limitados, porque son derechos “del hombre en sociedad”…b) esos derechos son relativos y, por ende, admiten limitaciones razonables a tenor de lo que en ese punto habilita la Constitución. Habrá de tenerse en cuenta al interpretar tales limitaciones que ellas no pueden exceder el margen de lo razonable, es decir, no pueden destruir o alterar el derecho limitado” (19).

138) En sentido concordante, los propios tratados internacionales generales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional reconocen la relatividad de los derechos subjetivos de cada uno, ante los derechos subjetivos de los demás, y la posibilidad de su limitación por razones de bienestar general. Así, el Preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre (Bogotá, 1948) especifica que “el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos” y que “los derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre”. Por ello se expresa en el art. XXVIII de tal Declaración que “los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”. Por su parte, el art. 29.2. de la Declaración Universal de Derechos Humanos, especifica que “en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. Finalmente, el art. 32.2. del Pacto de San José de Costa Rica, expresa que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

139) De ello cabe concluir que, ni aún en el derecho argentino el derecho a la protesta es absoluto y debe limitarse cuando afecta el derecho de los demás tal como lo expresa el art. 29 apartado 2 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de 1948, el art. 32 apartado 2 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Pacto de San José de Costa Rica), del 22 de enero de 1969 (20) y, en especial respecto de la libertad de expresión, el art. 19 apartados 2 y 3 y artículo 21 del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” de las Naciones Unidas del 19 de diciembre de 1966, que son parte integrante de la Constitución de la Nación Argentina desde 1994 al haber sido incorporados en su art. 75 inciso 22.

- II- G -

LA CONDUCTA DEBIDA ANTE LAS CIRCUNSTANCIAS EXISTENTES

 

140) El problema de juzgar cuestiones en las cuales están íntimamente entrelazadas instituciones del derecho nacional enraizadas con garantías constitucionales como lo son los derechos humanos y compromisos asumidos en pactos internacionales de capital importancia como lo es del de la integración económica de América del Sur radica en que, en virtud de lo dispuesto en el art. 1º, apartado 1 del Protocolo de Olivos, el Tribunal Arbitral “Ad Hoc” debe limitar su examen a la interpretación, aplicación y cumplimiento de la normativa del MERCOSUR, corriendo el riesgo de exceder su competencia jurisdiccional si interpreta las leyes nacionales de uno de los Estados Partes, en especial los derechos constitucionales de que gozan los ciudadanos y el poder del Estado para manejar su política interna. Se trata de un ámbito de discrecionalidad, relacionado con las políticas que internamente se fija el Gobierno argentino, propios de su soberanía política y que el principio de no intervención resguarda de toda intromisión de un Estado extranjero.

141) En el caso que nos ocupa los obligados deberían hallarse ante la necesidad de adoptar medidas que dependen del derecho interno y en las cuales hay un importante uso de la discrecionalidad, que indican que la razonabilidad y la buena fe son elementos independientes del posible incumplimiento incurrido, pues la violación de una norma por un Estado Parte no necesariamente significa que éste haya actuado de mala fe (21).

142) La buena fe debe presumirse y de la prueba acompañada no se desprende que Argentina haya promovido o alentado la actitud asumida por los vecinos. Más bien, la actitud de ellos fue la de llamar la atención del Gobierno argentino sobre el problema. No surge por lo tanto que haya existido en las autoridades argentinas la intención de impedir la libre circulación y burlar el compromiso del art. 1º del Tratado de Asunción, ya que la política de tolerancia adoptada por el gobierno argentino en relación con las manifestaciones de los vecinos de Gualeguaychú, parece no diferir de la adoptada en relación con los demás conflictos que hubo en las ciudades o rutas del interior de Argentina. Ello hace concluir a este tribunal que no ha habido en el Gobierno argentino intencionalidad discriminatoria para perjudicar el tráfico comercial con Uruguay.

143) Por otra parte, si bien los cortes de ruta producidos por la población y la actitud permisiva del Gobierno argentino produjeron innegables inconvenientes, los mismos afectaron tanto al comercio uruguayo como al argentino, ya que los manifestantes que protagonizaron los cortes de ruta no hicieron diferencias de tratamiento entre la mercadería de origen uruguayo o de origen argentino ni tampoco entre las importaciones o las exportaciones de uno u otro país.

144) Así las cosas, este Tribunal considera que el Gobierno argentino pudo haber tenido razones para creer que actuó dentro de la legalidad al ser tolerante con las manifestaciones de los vecinos que cortaron las rutas en cuestión, por considerar que violentar la actividad de los mismos podía implicar cercenarles derechos fundamentales y porque esos reclamos eran juzgados atendibles en razón de la creencia (cierta o errónea, aun no lo sabemos pues ello dependerá de las conclusiones a que se arribe con el tiempo) de que las obras cuestionadas en el territorio uruguayo generarán en el territorio argentino una repercusión negativa para su calidad de vida y para el futuro económico de la zona.

145) No obstante, en el singular caso que nos ocupa, los hechos han tenido efectos que trascienden las fronteras y afectan la libre circulación entre los Estados Partes del MERCOSUR; esto es, un bien jurídico que Argentina se ha comprometido a respetar.

146) Sin embargo y pese a la “buena fe” que pudiera haber inspirado el punto de vista de la Parte Reclamada, la elección de la “conducta debida” no depende del propósito de la parte, por bien intencionado que el mismofuera, sino de la efectividad de las medidas adoptadas para obtener el resultado requerido, cumpliendo con los compromisos asumidos internacionalmente.

147) Como ya se ha expresado precedentemente, la base de la responsabilidad del Estado por los hechos antijurídicos de los particulares que residen en el territorio sometido a su jurisdicción no radica en una presunta complicidad con ellos, sino solamente en el hecho de que el Estado ha dejado de cumplir con sus obligaciones internacionales de impedir que dicho acto lesivo se pueda producir (22).

148) Los Estados, desde que son reconocidos como tales por el derecho internacional publico, tienen el monopolio de la coacción para hacer cumplir, con la persuasión que ese poder implica, los deberes que prescriben tanto sus ordenamientos jurídicos internos como los que surgen de los tratados internacionales que celebran y que el manejo de ese poder puede ser ejercido sin necesidad de incurrir en represiones cruentas, bastando con ser categórico en el respeto de determinados cronogramas de las manifestaciones de protesta, la delimitación de los espacios físicos afectados a ese fin, con el objeto de equilibrar los intereses contrapuestos en juego para hacerlos compatibles con el compromiso internacional asumido por los países en uno de los más importantes emprendimientos de grandeza que se han dado en construir los países de América del Sur y que este Tribunal tiene la misión de defender.

149) En ese contexto, no parece compatible con el sistema del MERCOSUR que una interrupción del tráfico en el puente fluvial por el cual pasa el mayor tráfico terrestre en el comercio entre Argentina y Uruguay tenga una duración que superó los dos meses sin solución de continuidad y que, luego de un cese de dos semanas, volvió a interrumpirse otra vez, por más de un mes, sin que la actitud del Gobierno argentino ante esta reiteración haya tomado medidas que impidieran la repetición de esos hechos.

150) El Tribunal considera que no son asimilables a este caso ninguno de los precedentes de la Corte de Justicia Europea invocados en el Reclamo y en la Respuesta. No sólo por la diferencia cualitativa que tiene el derecho comunitario europeo, de claro carácter supranacional respecto del derecho del MERCOSUR que es índole interestatal y por el hecho de que la normativa aplicable es diferente de la que rige en nuestro caso, sino también por razón de la peculiaridad de los casos.

151) En el caso de la sentencia del 9 de diciembre de 1997 recaída en el caso “Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Francesa s/ libre circulación de las mercaderías” (Asunto C-265/95) se trataba de la obstrucción de particulares a la circulación de vehículos por el territorio francés provenientes de otro país de la Comunidad, pero en el mismo el móvil que guiaba a los particulares que protagonizaron el hecho era netamente discriminatorio contra el ingreso de la mercadería de otro de los países. A ello debe añadirse que se produjeron hechos de violencia sobre los conductores y la carga, que no han existido en el caso que nos ocupa.

152) El caso de la sentencia del 12 de junio de 2003 recaída en el caso “Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzugue contra la República de Austria” (Asunto C-112/00), se trataba de un corte, en Austria, de la ruta que une el tráfico entre Alemania e Italia. Pero a diferencia del caso en análisis, se trataba de una demanda de daños y perjuicios entablada directamente por el particular y no un reclamo declarativo de incumplimiento de un Estado contra otro Estado, a lo que cabe añadir que el período de interrupción del tráfico fue de tan sólo 28 horas y no de tres meses como el que nos ocupa, se produjo en una sola oportunidad y se trató de cortes previamente anunciados y autorizados por la autoridad con hora de inicio y de culminación.

153) Cada Estado soberano tiene pleno autogobierno, regula independiente y libremente su forma de Estado y de Gobierno, su organización interior y el comportamiento de sus miembros, su política interior y exterior (23), y los demás Estados no pueden inmiscuirse en las medidas concretas que aquél adopte en el orden interno para cumplir con sus compromisos internacionales. La contrapartida de ese derecho es el deber de la “diligencia debida” en la prevención de los hechos de esos individuos (24) que es impuesta por el derecho internacional, exigiendo determinados resultados (25) con prescindencia de indicar los medios que deba utilizar para obtenerlos, sin obligar a alcanzarlos de una específica manera o a través de un cierto órgano. En este sentido cabe puntualizar que cada Estado conserva su libertad para elegir los medios de ejecución que considere convenientes, de acuerdo con sus tradiciones y con los principios fundamentales de su organización política (26).

154) El Tribunal más que juzgar si un Gobierno pudo haber tenido razones atendibles para considerar que actuaba razonablemente bien, debe considerar hasta que punto fue acertada la conducta efectivamente llevada a cabo en relación a todos los valores en juego, entre los cuales no sólo deben tenerse en cuenta los derechos y legitimas afecciones de los ciudadanos de las fronteras amenazadas, sino también las restricciones que la actitud de ellos generó en los derechos y libertades de los operadores económicos que sustentan su actividad vital en la confianza de un orden público efectivo que garantice la eficacia de los compromisos asumidos por todos los Estados Partes del MERCOSUR.

155) Por otro lado el intérprete no debe manejar las normas jurídicas en un estado de indiferencia por los resultados. Legitimar los cortes de ruta implicaría, por una parte, despojar al Tratado de Asunción de una parte esencial de su razón de ser y, por la otra, alentar la reiteración de estos hechos por cuestiones que no siempre tendrán la relevancia de la presente, creando un estado de imprevisibilidad que desembocará en inseguridad jurídica y sentando un precedente contraproducente de cara al desarrollo futuro del MERCOSUR.

-II – H -

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FEDERAL POR LAS OMISIONES DE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES

 

156) La Parte Reclamada también ha expresado que “la policía de seguridad, en el territorio de las provincias, corresponde a las provincias”, razón por la cual no correspondería exigirle al Estado Federal lo que no está en el ámbito de sus competencias (respuesta, fs. 99). Sin embargo, por aplicación de los principios generales del derecho internacional específicamente mencionados en el protocolo de Olivos como base normativa de los tribunales “Ad Hoc” a los fines de dictar sus pronunciamientos, debe considerarse hecho del Estado, el comportamiento de todo órgano del Estado ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado(27).

- II- I -

LA ACTITUD DE LOS VECINOS DE GUALEGUAYCHÚ

157) Como hemos visto, el hecho de que en la costa uruguaya no cesaran las construcciones que la población de la costa argentina considera agresivas del medio ambiente y que ello no fuera impedido por el Gobierno uruguayo, motivó una actitud de protesta por parte de los vecinos de la ribera argentina que, con el tiempo derivaron en los cortes de ruta reseñados precedentemente y que motivaran la controversia que se ventila ahora en este tribunal. La amenaza de un daño que dicha población percibe como cierto e inminente y la inicial falta de atención que atribuían a de ambos gobiernos ante sus peticiones, hace comprensible que en forma organizada, dicha población adoptara actitudes ostensibles en aras de divulgar, a través de manifestaciones de alto impacto en los medios de comunicación masiva, los argumentos en defensa de sus legítimos derechos.

158) No obstante, dichas manifestaciones fueron perdiendo su legitimidad originaria en la medida en que a través de las vías de hecho adoptadas, fueron acumulando agresiones al derecho de otras personas que se vieron finalmente imposibilitadas de transitar y ejercer el comercio a través de las rutas internacionales en virtud del corte de las mismas, sin previsibilidad ni límite temporal preciso, por períodos desproporcionadamente extensos y durante la época de mayor intercambio comercial y turístico entre ambos países, tal como hemos visto precedentemente. Ello implicó una restricción fáctica al intercambio comercial de Argentina y otros países que comercian con Uruguay a través del paso de mayor importancia entre ambos países.

159) Los comprensibles sentimientos de la población que se manifestaba de esa manera en la costa argentina no pueden, pese a ello, ser justificables en la medida en que, tal como lo expresaran los tribunales “ad hoc” del MERCOSUR en el Laudo VIII sobre la aplicación de impuesto IMESI a la comercialización de cigarrillos y en el Laudo IX sobre subvenciones a la Lana, en el derecho del MERCOSUR ante el presunto incumplimiento de los compromisos de uno de los Estados Partes no se justifica el incumplimiento de los compromisos por parte del otro.

160) En una sociedad civilizada los conflictos deben encauzarse a través de medios pacíficos para su solución y no a través de vías de hecho. Así es como sucedió, aunque con un desfase temporal que generó los desbordes de los vecinos de la costa argentina, al canalizarse ese conflicto a través de las vías institucionales correspondientes mediante la demanda entablada por la República Argentina contra la República Oriental del Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la invocada violación al Estatuto del río Uruguay.

161) Dicho conflicto reconoce una normativa que reviste carácter bilateral cuyo objeto excede a la materia de integración económica propiamente dicha, razón por la cual se ventila ante otra jurisdicción. El que tenemos entre manos, en cambio se refiere a la interrupción del tránsito por los puentes sobre el río Uruguay con las consecuente barrera de hecho a la libre circulación económica que compromete el cumplimiento de los objetivos asumidos en el ámbito del Tratado del MERCOSUR y, en segundo lugar, genera distorsiones en el comercio de Uruguay no solamente con Argentina sino también con otros países miembros y no miembros del MERCOSUR con los cuales dicho país comercia a través del tránsito terrestre por territorio aduanero argentino, razones ambas por las cuales la jurisdicción aplicable es la de este tribunal.

- II – J -

LA RELEVANCIA DE LOS PERJUICIOS

 

162) La Parte Reclamante ha expresado que no pretende un reclamo resarcitorio en estas actuaciones, sin perjuicio de hacer reserva de plantearlo ante el ámbito jurisdiccional pertinente, pese a lo cual, gran parte de la prueba producida en estas actuaciones se refirió a los perjuicios ocasionados por los cortes de ruta.

163) El sistema de solución de controversias del MERCOSUR, que se ha inspirado en los regímenes imperantes en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA en sus siglas de idioma inglés) y en el Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC, privilegia la remoción de las barreras comerciales al comercio mas que a la imposición de una segunda barrera al comercio consistente en retorsiones (28).

164) De tal manera la obligación de reparar debe ser interpretada en un sentido prospectivo, pues se procura remover la inconsistencia de la medida ilegal y limitar el daño hacia el futuro (29), a punto que sólo se prevén compensaciones en el caso en que la decisión recaída en la solución de controversias no es acatada dentro de un plazo prudencial (30), tal como se desprende, en el caso del MERCOSUR, del art. 31 del Protocolo de Olivos.

165) La comprobación de que una medida nacional ha violado el derecho del MERCOSUR no entraña más que una obligación de adecuarse a ese derecho. Las normas del MERCOSUR no obligan a una parte incumplidora a reparar el eventual daño causado por su medida ilícita (31).

166) Consecuentemente la prueba referida a los daños generados como consecuencia de los cortes de ruta deben ser considerados como la medida de la existencia de la infracción misma que se denuncia, así como de la demostración de un interés jurídicamente protegido que legitima activamente a la Parte Reclamante ante estos estrados. De lo contrario la violación podría ser inocua y una contienda de estas características en ese escenario transgrediría el principio de que se requiere interés para impulsar las acciones.

- I – K -

EL PEDIDO DE QUE SE CONDENE A LA PARTE RECLAMADA A ADOPTAR LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PREVENIR O HACER CESAR LA POSIBLE REITERACIÓN FUTURA DE HECHOS SIMILARES

 

167) La Parte Reclamante sostiene que las acciones de los particulares y la inacción argentina son incompatibles con los compromisos asumidos por Argentina en el seno del MERCOSUR y solicita que la Reclamada ofrezca garantías adecuadas de no repetición de las circunstancias pasadas.

168) La determinación de una conducta futura a la cual debería someterse uno de los Estados contendientes implicaría que el Tribunal se arrogara facultades legiferantes y tropieza con inconveniente que en tal caso dicha obligación vincularía a una sola de las partes y no a los restantes miembros del MERCOSUR, lo que atentaría contra el principio de igualdad y reciprocidad que impera en el Tratado de Asunción.

169) Sin perjuicio de lo expresado precedentemente y en relación con el pedido de garantías futuras, el establecimiento de reglas claras a las cuales deben atenerse los países a partir del pronunciamiento que recae en esas actuaciones, y de las cuales han carecido hasta el momento ya que este tipo de circunstancias no se encuentran reglamentados en el ámbito del MERCOSUR, determinarán con claridad los límites entre lo permitido y lo prohibido, por lo que no cabe esperar la reiteración de este tipo de conflictos.

III

CONCLUSIONES

170) La modificación terminológica realizada por la Parte Reclamante, consistente en haber sustituido la denominación formulada al comienzo de la etapa de negociaciones de “impedimentos a la libre circulación derivados de los cortes”, por la de “omisión del Estado argentino en adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre circulación”, utilizada poco antes de iniciarse el procedimiento arbitral careció de virtualidad para afectar el derecho de defensa de la Parte Reclamada.

171) La decisión del Tribunal de establecer su sede en la ciudad de Montevideo, además de basarse en el legítimo ejercicio de una facultad expresamente conferida por el artículo 38 última parte del Protocolo de Olivos, se fundó en la razón práctica del apoyo administrativo que en ese lugar le brinda la Secretaría del MERCOSUR. Cabe recordar que es una decisión que se ha venido reiterando en sucesivas integraciones de los Tribunales “Ad Hoc” de MERCOSUR en el pasado, cualesquiera que fueran las partes en conflicto y que, desde luego, no ha aparejado menoscabo para la independencia del Tribunal ni de ninguno de sus miembros, ni tampoco ha otorgado ventaja alguna a la Parte Reclamante.

172) El Tribunal Arbitral “Ad Hoc” ha de descartar que nos hallemos ante una cuestión abstracta. Si bien los cortes de ruta protagonizados por los vecinos de la ribera argentina del río Uruguay habían cesado ya al momento del primer escrito de la Parte Reclamante, lo cierto es que no se puede considerar abandonada la actitud permisiva exteriorizada por la Parte Reclamada, pese al pedido de la Parte Reclamante para que hiciera restablecer las vías de comunicación. El carácter repetido y continuado de la actitud de condescendencia de la Parte Reclamada conforma un “standard” de comportamiento ante el problema, que deja abierta la expectativa de que pudiera repetirse en el futuro si se dieran las mismas o parecidas circunstancias.

173) Este Tribunal “Ad Hoc” pone de manifiesto su comprensión en cuanto al sentimiento de alarma y consecuente protesta de los vecinos de la ribera argentina del río Uruguay. Ellos procuraron llamar la atención sobre unas construcciones potencialmente dañinas, y no alcanzaron reacciones categóricas de ninguno de los Gobiernos, argentino y uruguayo, a los que se dirigieron. No le es posible a este tribunal entrar a considerar la solución que el derecho deba dar a las mencionadas preocupaciones y aspiraciones.

174) No obstante, las manifestaciones basadas en los comprensibles sentimientos de la población que se manifestaba de esa manera, fueron perdiendo su legitimidad originaria en la medida en que a través de las vías de hecho adoptadas, fueron acumulando agresiones al derecho de otras personas que se vieron finalmente imposibilitadas de transitar y ejercer el comercio a través de las rutas internacionales en virtud del corte de las mismas, sin previsibilidad ni límite temporal preciso, por períodos desproporcionadamente extensos y durante la época de mayor intercambio comercial y turístico entre ambos países, pues en una sociedad civilizada los conflictos deben encauzarse a través de medios pacíficos para su solución y no a través de vías de hecho.

175) Sin perjuicio que la conducta de obstruir las vías de comunicación fue desplegada por particulares, la Parte Reclamada no deja por ello de ser responsable por hecho propio en la medida en que ha omitido su deber de adoptar las medidas apropiadas para prevenir o corregir los actos de los particulares sometidos a su jurisdicción que causaren perjuicio a otro Estado Miembro del MERCOSUR en transgresión a las normas de su tratado constitutivo.

176) La “conducta debida” por la Parte Reclamada ante estos hechos, surge del compromiso de asegurar y mantener la libre circulación en el ámbito del MERCOSUR, lo que implica la obligación de aplicar los medios necesarios para el logro de dicho objetivo.

177) Aceptar que el cumplimiento de la obligación internacional asumida en el Tratado del MERCOSUR, consistente en mantener la libre circulación, dependa de las posibilidades del propio derecho interno, se contrapone con el principio de que los Estados no pueden eludir sus compromisos internacionales invocando normas de su derecho interno que surge del art. 27 de la Convención sobre el Derecho de los Tratados de Viena de 1969, reglas que de conformidad con lo dispuesto en el art. 34 del Protocolo de Olivos, es derecho aplicable por los tribunales arbítrales del MERCOSUR.

178) La política de tolerancia del Gobierno de la Parte Reclamada en relación con los cortes de ruta protagonizados por los vecinos de la ribera argentina del río Uruguay cuyas consecuencias son objeto de esta controversia, encontraría su explicación y significado, según lo expresa la Parte Reclamada en su escrito de respuesta, en los derechos humanos, especialmente los de expresión y reunión, amparados por la Constitución Argentina, la cual incorpora en su articulado diversos Tratados Internacionales que los consagran. No obstante, tanto la Constitución de la Nación Argentina como los propios Tratados Internacionales invocados reconocen que esos derechos no son absolutos y que su ejercicio es susceptible de limitaciones en cuanto afectare los derechos subjetivos de los demás, pues el mismo no puede exceder el margen de lo razonable, destruyendo o alterando el derecho de otros integrantes de la sociedad.

179) La restricción del tránsito que, en este caso, desemboca en una restricción a la libre circulación económica en los espacios integrados, puede llegar a ser tolerada siempre que fueran tomados los recaudos necesarios para aminorar los inconvenientes que causaren, de manera que no impliquen un sacrificio demasiado grande para otros intereses respetables; lo que no ha sucedido en este caso, ya que los cortes, además de repetirse en diversas formas e intensidades, se han dilatado por espacio de más de tres meses en un período del año de máxima actividad comercial y turística.

180) Este tribunal concluye que no ha habido en el Gobierno argentino intencionalidad discriminatoria para perjudicar el tráfico comercial con Uruguay. La buena fe debe presumirse y de la prueba acompañada no se desprende que el Gobierno de la Parte Reclamada haya promovido o alentado la actitud asumida por los vecinos.

181) El Gobierno de la Parte Reclamada pudo haber tenido razones para creer que actuó dentro de la legalidad al ser tolerante con las manifestaciones de los vecinos que cortaron las rutas en cuestión, por considerar que violentar la actividad de los mismos podía implicar cercenarles derechos fundamentales y porque esos reclamos eran juzgados atendibles en razón de la creencia (cierta o errónea) de que las obras cuestionadas en el territorio uruguayo generarán en la ciudadanía asentada en el territorio argentino una repercusión negativa para su calidad de vida y para el futuro económico de la zona.

182) Pese a la “buena fe” que pudiera haber inspirado el punto de vista de la Parte Reclamada, la elección de la “conducta debida” no depende del propósito de la parte, por bien intencionado que el mismo fuera, sino de la efectividad de las medidas adoptadas para obtener el resultado requerido, cumpliendo con los compromisos asumidos internacionalmente.

183) Los cortes de ruta producidos por la población y la actitud permisiva del Gobierno argentino produjeron innegables inconvenientes que afectaron tanto al comercio uruguayo como al argentino, ya que los manifestantes que protagonizaron los cortes de ruta no hicieron diferencias de tratamiento entre la mercadería de origen uruguayo o de origen argentino ni tampoco entre las importaciones o las exportaciones de uno u otro país.

184) El Tribunal Arbitral “Ad Hoc” en las etapas probatoriasha tenido ocasión de conocer las repercusiones que los cortes de los puentes han producido sobre los flujos económicos mas generales que podrían haber sido afectados, así como la manera en que quedaron perturbadas las conductas de los operadores económicos, de los ciudadanos y de las entidades públicas de uno u otro país que se vieron obligados a modificar sus decisiones y estrategias, cambiar sus modos de trabajo, asumir las diferencias en las cargas de actividad administrativa aduanera y redistribuir, no sólo los itinerarios sino también los medios de transporte utilizados, con los correspondientes sobrecostos.

185) Cada Estado soberano tiene pleno autogobierno, regula independiente y libremente su forma de Estado y de Gobierno, su organización interior y el comportamiento de sus miembros, su política interior y exterior, y los demás Estados no pueden inmiscuirse en las medidas concretas que aquél adopte en el orden interno para cumplir con sus compromisos internacionales. La contrapartida de ese derecho es el deber de la “diligencia debida” en la prevención de los hechos de los particulares sujetos a su jurisdicción, que es impuesta por el derecho internacional exigiendo determinados resultados con prescindencia de indicar los medios que deba utilizar para obtenerlos.

186) El intérprete no debe manejar las normas jurídicas en un estado de indiferencia por los resultados. Legitimar cortes de ruta como los que aquí se han puesto de manifiesto, implicaría despojar al Tratado de Asunción de una parte esencial de su razón de ser y alentar la reiteración de estos hechos por cuestiones que no siempre tendrán la relevancia de la presente, creando un estado de imprevisibilidad que desembocará en inseguridad jurídica y sentando un precedente contraproducente para el desarrollo futuro del MERCOSUR.

 

187) Debe considerarse hecho del Estado, el comportamiento de todo órgano del Estado ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado, por lo que el Estado Federal de la Parte Reclamada responde aun por las acciones u omisiones de los Gobiernos Provinciales que pudieran implicar incumplimientos de las obligaciones internacionales asumidas por ese país.

188) El sistema de solución de controversias del MERCOSUR, privilegia la remoción de las barreras comerciales al comercio más que a la imposición de una segunda barrera al comercio por vía de retorsiones. De tal manera, la obligación de reparar debe ser interpretada en un sentido prospectivo, procurando remover los obstáculos y las dificultades y superar los fracasos ocasionales, como es el presente, limitando el daño hacia el futuro. Por eso sólo se prevén compensaciones en el caso en que la decisión recaída en la solución de controversias no es acatada dentro de un plazo prudencial.

189) La comprobación de que una medida nacional ha violado el derecho del MERCOSUR no entraña más que una obligación de adecuarse a ese derecho. Las normas del MERCOSUR no obligan a una parte incumplidora a reparar el eventual daño causado por su medida ilícita.

190) La prueba referida a los daños generados como consecuencia de los cortes de ruta deben ser considerados, en el presente supuesto, como la medida de la existencia de la infracción misma que se denuncia, así como de la demostración de un interés jurídicamente protegido que legítima activamente a la Parte Reclamante ante estos estrados.

191) Ante las petición de que el Tribunal arbitral “Ad Hoc” proceda a determinar una conducta futura a la que debería someterse la Parte Reclamada, el tribunal entiende improcedente arrogarse facultades legiferantes con vista a regular las conductas futuras de los Estados Partes; con el inconveniente insuperable de que, en tal caso, una obligación así creada vincularía a una sola de las Partes y no a los restantes miembros del MERCOSUR, lo que atentaría contra el principio de igualdad y reciprocidad que impera en el Tratado de Asunción.

192) El establecimiento de reglas claras a las cuales deben atenerse los países a partir del pronunciamiento que recae en esas actuaciones, determinará con nitidez los límites entre lo permitido y lo prohibido, por lo que no cabe esperar la reiteración de este tipo de conflictos.

193) El Tribunal Arbitral no ha encontrado mérito para modificar el sistema de atribución de costas establecido en el art. 36, primer párrafo, del Protocolo de Olivos, destacando que ambas Partes han defendido con vigor y lealtad sus respectivas posiciones procesales.

IV

DECISIÓN

Por todo lo expuesto y de conformidad con el Protocolo de Olivos, su reglamentación y las normas y principios aplicables, este Tribunal “Ad Hoc” constituido para entender en la controversia presentada por la República Oriental del Uruguay sobre “omisión del Estado Argentino en adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre circulación derivados de los cortes en territorio argentino de vías de acceso a los puentes internacionales Gral. San Martín y Gral. Artigas que unen la República Argentina con la República Oriental del Uruguay”, y de acuerdo con los fundamentos que constan en los considerandos precedentes, el Tribunal por unanimidad DECIDE:

PRIMERO: Que tiene jurisdicción para entender y resolver sobre el objeto de la controversia planteada.

SEGUNDO: Que, acogiendo parcialmente la pretensión de la Parte Reclamante, declara que la ausencia de las debidas diligencias que la Parte Reclamada debió haber adoptado para prevenir, ordenar o, en su caso corregir los cortes de las rutas que unen a la República Argentina con la República Oriental del Uruguay, realizados por los vecinos de la ribera argentina del río Uruguay y que han sido reseñados en los parágrafos 90, 91 y 92 de los considerandos de este laudo, no es compatible con el compromiso asumido por los Estados Partes en el tratado fundacional del MERCOSUR, de garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre los territorios de sus respectivos países.

TERCERO: Que, desestimando parcialmente la pretensión de la Parte Reclamante, se declara que, en atención a las circunstancias del caso, no resulta procedente en derecho que este Tribunal “Ad Hoc” adopte o promueva determinaciones sobre conductas futuras de la Parte Reclamada.

CUARTO: Conforme a lo establecido en el parágrafo 193 de los fundamentos de este laudo, no se hace salvedad alguna en cuanto a la imposición de costas, por lo que se estará a este respecto a cuanto prescribe el art. 36, primer párrafo, del Protocolo de Olivos. Los pagos correspondientes deberán ser realizados por las Partes a través de la Secretaría del MERCOSUR dentro del plazo improrrogable de treinta (30) días contados desde la notificación.

QUINTO: Las actuaciones de la presente instancia arbitral serán archivadas en la Secretaría Administrativa del MERCOSUR.

Dr. Luis MARTÍ MINGARRO

Árbitro Presidente

Dr. Enrique C. BARREIRA Dr. José María GAMIO

Árbitro Árbitro

1 En el sistema de la O.M.C, ver LUFF, David : “Le droit de L´Organisation Mondiale du Commerce – Analyse Critique”, Bruylent, LGDJ, Bruselas, 2004, pag. 794, citando al efecto el informe del grupo especial «Argentina, Medidas que afectan las importaciones de calzado, textiles, vestimentas y otros articulos, WT/DS56/R », 25 de noviembre de 1997, parágrafo 6,12 a 5,15). En igual sentido ver “Guía de las Normas y Usos del GATT – Índice Analítico” Ediciones de la OMC, Ginebra 1995, Volumen 2, paginas 719 y 720) se expresa que en el informe de 1982 del Grupo Especial en el asunto “Estados Unidos, Prohibición de importaciones de atún, procedentes de Canadá” se examinó una prohibición impuesta por los Estados Unidos el 31 de agosto de 1979 que fue levantada durante las actuaciones del grupo especial el 4 de septiembre de 1980.

2 Recaudos Números 2, 3, 5, 6 y 7 de la Prueba uruguaya que no ha sido desconocida por la representación argentina.

3 El último Relator Especial de la CDI, sobre el proyecto de Responsabilidad Internacional de los Estados por hechos ilícitos, al comentar el art. 15, primer párrafo de dicho trabajo afirma que “Las acciones u omisiones deben ser parte de una serie pero la norma no requiere que la serie completa de hechos ilícitos haya sido cometido a los efectos de caer en la categoría de hecho compuesto con tal que un número suficiente de hechos haya ocurrido para constituir el incumplimiento. A la fecha que ocurre el hecho suficiente para constituir el incumplimiento, puede no estar claro que nuevos hechos han de seguir si la serie no está completa” – traducción propia – (CRAWFORD, James, “The International Law Commission’s Articles on State Responsibility”, Cambridge University Press, 2003, pág.143).

4 BASALDÚA, Ricardo X, “MERCOSUR y Derecho de la integración”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999, pág. 23.

5 Así ha sido puesto de manifiesto en el § 85, punto vii del Laudo Nº I sobre “Comunicados Nos. 37 y 7” del 28 de abril de 1999 y en el Laudo Nº iv sobre “Aplicación de medidas anti-dumping”, § 135 y § 138 del 21 de mayo de 2001.

6 BASALDÚA, Ricardo X., obra citada, pág. 113.

7 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo, en el “Manual de Derecho Internacional Publico”,editado por Max Sorensen, México, 1985, pág. 530.

8 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA en la obra citada en la nota precedente, pág. 530

9 PASTOR RIDRUEJO, José A., “Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales”, Ed. Tecnos, Madrid, 1994, p. 584. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al afirmar que las vías de hecho para que las personas o países miembros se hagan justicia por sí mismas no se encuentran permitidas y de ninguna manera pueden legitimar la adopción de medidas unilaterales (Sentencia Nº 391 de 11 de septiembre de 1998, en Proceso 2.AI-97; cf. Sent. del TJCA de 24 de noviembre de 2000 en Procesos 15-AI-2000 y 16-AI-2000).

10 HART, H. L. A., “El concepto de derecho”, con traducción al español de Genaro Carrió, Abeledo Perrot, 1995, pág. 157/159.

11 HART, obra citada en la nota precedente, pág. 165.

12 OPPENHEIM, L. “Tratado de Derecho Internacional Público”, Ed. Bosch, Barcelona – 1961, T. I Vol.I, ps. 387 y 388.

13 BARBOZA, Julio, “Derecho Internacional Público”, Ed. Zavalía, Buenos Aires – 2004, p. 76; DE LA GUARDIA, Ernesto, “Derecho de los Tratados Internacionales”, Ed. Abaco, Buenos Aires – 1997, pág. 196 nota 11; PODESTA COSTA – RUDA, “Derecho Internacional Público”, Ed. TEA, Buenos Aires –1985, T. II, p. 112, para. 194.

14“Tratamiento de los nacionales polacos en el territorio de Danzig”, 1933, PCIJ Series A/B, Nº 44, p. 4; cf. “S.S. Wimbledon”, 1923, PCIJ, Series A, Nº 1; “Comunidades greco-búlgaras”, 1930, PCIJ, Series B, Nº 17, p. 32; “Zonas Francas y el Distrito de Gex”, 1930, PCIJ, Series A Nº 24, p. 12 y Series A/B, Nº 46, p. 96/167; “Caso de las Pesquerías”, ICJ Reports, 1951, p. 116 a 137; “Nottebohm” – Objeción preliminar, ICJ Reports 1953, p. 111 a 123; “Reparación de daños sufridos al servicio de Naciones Unidas” ICJ Reports, 1949, p. 176 a 180; “Elettronica Sicula” S.p.A. (ELSI)”, ICJ Reports, 1989, pág. 15.

15 JACKSON, John, “The World Trading System”, Second Edition, The MIT Press, USA, Fourth printing , 2000, pág. 26.

16 PÉREZ GABILONDO, José Luis, “Manual sobre solución de controversias en la OMC”, Buenos Aires, Editorial EDUNTREF, 2004, pág. 30/31.

17 RECASSENS SICHES, Luis (“Filosofía del Derecho”, México, Editorial Porrúa, 2003, Capítulo Segundo, N° 8, pág. 63) expresa: “Los valores presentan el espectáculo de guardar entre sí relaciones de rango o jerarquía,. Hay especies de valores que valen más que otras clases – por ejemplo, los valores éticos valen más que los utilitarios – y además, dentro de cada familia de valores, también ocurre que unos valen más que otros, por ejemplo, vale más la pureza que la decencia, vale más la sublimidad que la gracia”. En relación con la jerarquía de los valores, también GARCÍA MORENTE, Manuel “Lecciones Preliminares de Filosofía”, Editorial Losada, 1963, pág. 380; FRONDIZI, Risieri, “¿Que son los valores?”, México, Fondo de Cultura Económica, 1958, Capítulo IV, § 6, pág. 94 y siguientes.

18 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en autos “Chocobar, Sixto” del año 1996, (Fallos 319:3241).

19 BIDART CAMPOS, Germán J., “Teoría General de los Derechos Humanos”, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2006, pág. 407

20 Allí se expresa: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

21 Cuarto Laudo del tribunal “ad hoc” del MERCOSUR sobre dumping de pollos (21/05/01) en donde el Tribunal dijo que la violación de una norma por un Estado Parte no significa necesariamente que haya actuado de mala fe. Con posterioridad, este criterio fue consagrado en la decisión del Órgano de Apelación de la OMC que entendió en “United States – Continued dumping and Subsidy FOCET Act of 2000 [US-Offset Act (Byrd Amendment )”], WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, adoptada el 27 de enero de 2003, párrafo 297.

22 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo, en la obra colectiva “Manual de Derecho Internacional Público”, coordinada y editada por Max Sorensen, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.14, pág. 530.

23 VERDROSS, Alfred, “Derecho Internacional Público”, Madrid, Aguilar, 1969, traducción de Antonio Truyol y Serra, Capítulo X-II-A, pág. 135. En igual sentido OPPENHEIM, L. “Tratado de Derecho Internacional Público”, Barcelona, Editorial Bosch, traducción al español de López Olivan y Castro Rial, 1961. Tomo I, Volumen 1 (Paz), § 124, págs. 305/306; ROUSSEAU, Charles “Derecho Internacional Público”, Barcelona, Ediciones Ariel, 1960, traducción de Fernando Gimenez Artigues, § 96-b, pág. 87; NKAMBO MUGERWA, Meter James, en la obra colectiva “Manual de Derecho Internacional Público” , coordinada y editada por Max Sorensen, México, Fondo de Cultura Económica, 1973, § 5.03, pág. 264.

24 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo, en la obra colectiva “Manual de derecho Internacional Público” , coordinada y editada por Max Sorensen, México, Fondo de Cultura Económica, 1973, § 9.14, pág. 531; ROUSSEAU, Charles, “Derecho Internacional Público”, Barcelona, Ediciones Ariel, 1960, traducción de Fernando Gimenez Artigues, § 471, pág. 368; OPPENHEIM, L., “Tratado de Derecho Internacional Público”, Barcelona, Editorial Bosch, traducción al español de López Olivan y Castro Rial, 1961. Tomo I, Volumen 2 (Paz), § 164, pág. 387.

25 VERDROSS, Alfred “Derecho Internacional Público”, Madrid, Aguilar, 1969, traducción de Antonio Truyol y Serra, Capítulo VIII-B, pág. 75.

26 REUTER, Paul, “Introducción al Derecho de los Tratados”, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1999, §45, pág. 35.

27 La Comisión de Reclamaciones entre Francia y Méjico afirmó que la responsabilidad internacional “… no puede ser denegada, ni aún en los casos en los cuales la Constitución Federal niega al gobierno central el derecho de control sobre sus Estados miembros o el derecho de requerirles conformarse en su conducta con las normas de derecho internacional” (Asunto Pellat, UNRRIA, 1929, vol. V, ps. 534 a 536). También se ha expresado que “el Estado Federal no se puede refugiar en su Constitución, que organiza la autonomía de sus elementos componentes, para librarse de su responsabilidad internacional …” : QUOC DINH – DAILLIER – PELLET, “Droit International Public”, Ed. Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1992, p. 727. En igual sentido, el documento elaborado por la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad internacional de los Estados; art. 4 parágrafo 1.

28 LOWENFELD, Andreas “Internacional Economic Law”, Oxford University Press, 2003, pág. 156, citando a John Jackson); ALONSO GARCÍA, Ricardo, “Tratado de Libre Comercio, MERCOSUR y Comunidad Europea – Solución de Controversias e interpretación uniforme”, Mc Graw Hill, Madrid, 1997, pág. 63, citando a BLOCH, R. en “Aportes para la resolución de conflictos en el MERCOSUR”, Revista Comercio Exterior, 1995, pág. 25.

29 Ello se advierte con claridad en los arts. 19.1 y 22 del Entendimiento de Solución de Diferencias de Marrakech de 1994.

30 PEREZ GABILONDO, José Luis, “Manual sobre Solución de Controversias en la OMC”, Buenos Aires, 2004, págs. 232 y 233.

31 LUFF,David, “Le droit de L´Organisation Mondiale du Commerce – Analyse Critique”, Bruylent, LGDJ, Bruselas, 2004, pág. 925.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LA HAYA – SOLICITUD DE DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

AÑO 2006

2006

13 de julio

Registro general

N° 135

13 de julio de 2006

CASO RELATIVO A LAS PLANTAS DE CELULOSA

SOBRE EL RIO URUGUAY

(ARGENTINA c. URUGUAY)

SOLICITUD DE DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES

ORDEN

Presentes: Sra. HIGGINS, presidente; Sr. AL-KHASAWNEH, vicepresidente; Sres. RAMJEVA, KORMA, PARRA-ARANGUREN, BUERGENTAL, OWADA, SIMMA, ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV, jueces; Sres. TORRES BERNARDEZ, VINUESA, jueces ad hoc; Sr. COUVREUR, secretario.

La Corte Internacional de Justicia,

Así compuesta,

Después de deliberar en sala de consejo,

Vistos los artículos 41 y 48 del Estatuto de la Corte y los Artículos 73 y 75 de su Reglamento,

Dicta la siguiente orden

1. Considerando que, por solicitud presentada a la Secretaría de la Corte el 4 de mayo de 2006, la República Argentina (en adelante, “la Argentina”), ha presentado una solicitud introductoria de instancia contra la República Oriental del Uruguay (en adelante, “el Uruguay”), motivada en que ésta habría violado obligaciones que le corresponden, de conformidad con el Estatuto del Río Uruguay, firmado por la Argentina y el Uruguay el 26 de febrero de 1975, que entró en vigor el 18 de septiembre de 1976 (en adelante, “el Estatuto de 1975”); que la Argentina ha afirmado allí que tal violación resulta de “la autorización de la construcción, la construcción y la eventual puesta en funcionamiento de dos plantas de pasta de celulosa sobre el río Uruguay”, con referencia en particular a los “efectos de dichas actividades sobre la calidad de las aguas del río Uruguay y su zona de influencia”;

2. Considerando que la Argentina expone que el Estatuto de 1975 ha sido adoptado de conformidad con el artículo 7 del tratado que define la frontera entre la Argentina y el Uruguay sobre el río Uruguay, firmado en Montevideo el 7 de abril de 1961, que entró en vigor el 19 de febrero de 1966, el cual prevea el establecimiento de un régimen común para la utilización del río;

3. Considerando que, en su antedicha solicitud, la Argentina funda la competencia de la Corte en el párrafo 1 del artículo 36 del Estatuto de la Corte y sobre el primer párrafo del artículo 60 del Estatuto de 1975, el cual dispone que “[t]oda controversia acerca de la interpretación o aplicación del Tratado [de 1961] y del Estatuto [de 1975] que no pudiere solucionarse por negociaciones directas, podrá ser sometida, por cualquiera de las Partes, a la Corte Internacional de Justicia”: y que la Argentina agrega que las negociaciones directas entre las partes han fracasado;

4. Considerando que, en su solicitud, la Argentina declara que el Estatuto de 1975 tiene por objeto “establecer los mecanismos comunes necesarios para la utilización racional y óptima” de la parte del Río Uruguay compartida por ambos Estados y constituye su frontera común; que ésta declara también que, además de reglamentar “actividades tales como…la conservación, la utilización y la explotación de otros recursos naturales”, el Estatuto de 1975 trata las “obligaciones de las partes relativas a la prevención de la contaminación y a la responsabilidad derivada de los daños resultantes de la contaminación” y crea igualmente una “comisión administradora del río Uruguay” (en adelante la “CARU”, según la sigla en español), que particularmente tiene las funciones de reglamentación y de coordinación; y que la Argentina afirma en particular que los artículos 7 a 13 del Estatuto prevén un procedimiento obligatorio de información y de consulta previas a través de la CARU, por la parte que proyecta realizar obras suficientemente importantes para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas;

5. Considerando que la Argentina declara que el Gobierno uruguayo, en octubre de 2003, “autorizó de manera unilateral … a la sociedad española ENCE [a emprender] la construcción de una planta de pasta de celulosa en los alrededores de la ciudad de Fray Bentos”, proyecto denominado “Celulosa de M’Bopicuá” (en adelante, “CMB”), y argumenta que lo ha hecho sin respetar el procedimiento anteriormente mencionado de información y consulta previas;

6. Considerando que la Argentina sostiene en su solicitud que, a pesar de sus reiteradas protestas relativas al “impacto sobre el medio ambiente de la planta proyectada”, dirigidas tanto directamente al Gobierno uruguayo como a la CARU, “el Gobierno uruguayo ha persistido en su rechazo de seguir los procedimientos previstos por el Estatuto de 1975”, y que, de hecho, el Uruguay ha “agravado la controversia” al autorizar, en febrero de 2005, a la empresa finlandesa Oy Metsä Botnia AB (en adelante “Botnia”) a construir una segunda planta de pasta de celulosa, la “planta Orion”, en proximidad a la planta CMB; que, según la Argentina, “el Gobierno uruguayo una vez más ha agravado la controversia”, al autorizar a Botnia, en julio de 2005, “a construir un puerto para uso exclusivo de la planta Orion sin cumplir con los procedimientos del Estatuto de 1975”;

7. Considerando que la Argentina afirma que el Gobierno uruguayo ha autorizado los trabajos proyectados sin tomar debidamente en consideración el impacto sobre el medio ambiente de tales plantas y que, en apoyo de dicha tesis, ésta tiene en cuenta ciertas insuficiencias en las evaluaciones ambientales llevadas a cabo para cada proyecto;

8. Considerando que, en su solicitud, la Argentina afirma que “plantas de celulosa CMB y Orion atentan contra la preservación del medio ambiente del río Uruguay y de su zona de influencia”; que destaca, a este respecto, que tales plantas han sido consideradas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (en adelante, la “DINAMA”, según la sigla española), del Gobierno uruguayo “como proyectos cuya puesta en funcionamiento genera el riesgo de producir un impacto negativo importante sobre el medio ambiente”, que “el proceso previsto para los proyectos CMB y Orion, es intrínsecamente contaminante” y que “el 90 % de la producción pesquera en el tramo argentino-uruguayo del río (más de 4.500 toneladas anuales) se encuentra dentro de la zona de influencia de la construcción de las plantas, la cual es también una zona de reproducción de poblaciones pesqueras migratorias del río”; y que la Argentina nota, además, con preocupación, “el volumen de los efluentes que estas plantas proyectan verter sobre el río Uruguay”, su proximidad con “aglomeraciones urbanas” y “la insuficiencia de las medidas previstas para la prevención y la reducción de los impactos sobre el medio ambiente que pueden [producir] los efluentes líquidos, las emisiones gaseosas y los residuos sólidos”.

9. Considerando que, en su solicitud, la Argentina declara que las negociaciones directas emprendidas entre ambos Estados en ámbitos diferentes –incluyendo el Grupo Técnico de Alto Nivel (en adelante, el “GTAN”, según la sigla española), constituido con el objeto de resolver la controversia entre dichos Estados y que “celebró doce reuniones entre el 3 de agosto de 2005 y el 30 de enero de 2006”- han fracasado;

10. Considerando que, con relación a la situación actual, la Argentina expone que “ENCE no ha…realizado más que trabajos de nivelación del terreno en vistas a de la construcción de la planta CMB, y suspendió por 90 días, a partir del 28 de marzo de 2006, los trabajos de instalación de la planta”; que sostiene que “[l]a construcción de la planta Orion sigue adelante, a pesar de la controversia entre las Partes” y que “la planta comenzará a funcionar durante el primer semestre de 2007”; que afirma igualmente que “[a]demás, el Uruguay estaría a punto de autorizar la construcción de una tercera planta [a orillas] del Río Negro, [afluente] del río Uruguay”.

11. Considerando que, en la parte final de su solicitud, la Argentina presenta las siguientes conclusiones:

“Sobre la base de la exposición de los hechos y las normas jurídicas que preceden, la Argentina, sin perjuicio de reservarse el derecho de completar, enmendar o modificar la presente solicitud durante el curso del proceso, solicita a la Corte que decida y que juzgue:

1) que el Uruguay ha faltado a las obligaciones que le incumben, en virtud del Estatuto de 1975 y de las otras normas de derecho internacional a las cuales dicho Estatuto reenvía, incluyendo pero no exclusivamente:

a) la obligación de tomar todas las medidas necesarias para la utilización racional y óptima del río Uruguay;

b) la obligación de informar previamente a la CARU y a la Argentina;

c) la obligación de conformarse a los procedimientos previstos por el capítulo II del Estatuto de 1975;

d) la obligación de tomar todas las medidas necesarias para preservar el medio acuático e impedir la contaminación y la obligación de proteger la biodiversidad y la pesca, incluyendo la obligación de elaborar un estudio ambiental completo y objetivo;

e) la obligación de cooperar en materia de prevención de la contaminación y de la protección de la biodiversidad y de la pesca y;

2) que, por su comportamiento el Uruguay ha comprometido su responsabilidad internacional en relación con la Argentina;

3) que el Uruguay está obligado a cesar su comportamiento ilícito y a respetar escrupulosamente en el futuro las obligaciones que le incumben; y

4) que el Uruguay debe reparar integralmente el daño causado por el incumplimiento de las obligaciones que le incumben”;

12. Considerando que, el 4 de mayo de 2006, después de haber presentado su solicitud, la Argentina ha igualmente presentado una solicitud de dictado de medidas cautelares en virtud del articulo 41 del Estatuto de la Corte y del artículo 73 de su reglamento;

13. Considerando que, en su solicitud de dictado de medidas cautelares, la Argentina reenvía a la base de competencia de la Corte incoada en su solicitud, así como a los hechos que son expuestos en ella;

14. considerando que según la Argentina los derechos que pretende salvaguardar mediante su solicitud

derivan del Estatuto de 1975 y de los principios y normas de derecho internacional necesarios para su interpretación y aplicación, en particular:

a) el derecho a que el Uruguay respete las obligaciones previstas por el Estatuto de 1975 para la realización de una obra suficientemente importante que afecte el régimen del río Uruguay o la calidad de sus aguas;

b) el derecho a que el Uruguay no autorice ni emprenda la construcción de obras susceptibles de causar perjuicios sensibles al río Uruguay – bien jurídico cuya integridad debe ser salvaguardada- o a la Argentina; y

c) el derecho de la Argentina a que las poblaciones ribereñas del río Uruguay dependientes de su jurisdicción y viviendo en proximidad de las obras proyectadas o en su zona de influencia, vivan en un ambiente sano y no sufran daños a la salud, daños económicos o de cualquier otra naturaleza por el hecho de la construcción de las plantas de pasta de celulosa y de su puesta en funcionamiento sin respetar las obligaciones procesales y de fondo requeridas por el Estatuto de 1975 y los principios y normas del derecho internacional, necesarias para su interpretación y aplicación”;

15. Considerando que, en apoyo de su solicitud de dictado de medidas cautelares, la Argentina afirma que “la puesta en funcionamiento de las plantas de pasta de celulosa CMB y Orion causará indefectiblemente un perjuicio sensible a la calidad de las aguas del río Uruguay y un perjuicio sensible transfronterizo a la Argentina” y que este perjuicio resulta de la elección del sitio, de la tecnología seleccionada y de las técnicas prevista para el tratamiento de los efluentes líquidos, de los residuos sólidos y de las emisiones gaseosas, entre otros elementos”;

16. Considerando que la Argentina agrega que la continuación de la construcción de las obras en cuestión “ en las condiciones descriptas en la solicitud genera también perjuicios sociales y económicos graves en las zonas de influencia del Río Uruguay”

17. Considerando que en su solicitud la Argentina indica igualmente que las consecuencias dañosas de dichas actividades serían “ de una naturaleza tal que no podrían ser simplemente reparadas a través de una indemnización pecuniaria u otra prestación material” y alega que

“sin la adopción de las medidas cautelares solicitadas, la puesta en funcionamiento de las plantas CMB y Orion previo a que una sentencia definitiva sea dictada provocaría perjuicios graves e irreversibles a la preservación del medioambiente del Río Uruguay y de sus zonas de influencia así como a los derechos de la Argentina y de los habitantes de las zonas vecinas bajo su jurisdicción”;

18. Considerando que la Argentina sostiene que la continuación de la construcción de las plantas

consagraría la actuación unilateral de Uruguay tendiente a crear un “hecho consumado” y a tornar irreversible el emplazamiento actual de las plantas, para privar asimismo a la Argentina de su derecho a que una evaluación global y objetiva de impacto ambiental determine si las plantas pueden o no ser construidas o si ellas deben ser ubicadas en otro lugar o siguiendo otros criterios que los actualmente retenidos”

19. Considerando que la Argentina afirma que “la continuación de la construcción permitiría a las plantas CMB y Orion estar en funcionamiento antes de la finalización de la presente instancia” y que el inicio de su explotación está previsto para el mes de agosto de 2007 en el caso de Orion, y para el mes de junio de 2008, en el de CMB; que sostiene en consecuencia que “ la situación requiere sin ninguna duda que sean tomadas medidas urgentes” y estima además que “no sólo hay peligro de que se tomen acciones perjudiciales a los derechos invocados en este caso, antes de la decisión definitiva, sino que dichas acciones están siendo tomadas en la actualidad”;

20. Considerando que al termino de su solicitud de medidas cautelares, la Argentina, solicita a la Corte que indique que:

a) mientras se espera al sentencia definitiva de la Corte, el Uruguay

i) suspenda inmediatamente todas las autorizaciones de plantas CMB y Orion;

ii) tome todas las medidas necesarias para suspender los trabajos de construcción de Orion; y

iii) tome las medidas necesarias para asegurar que las suspensión de los trabajos de CMB, se prolongue más allá del 28 de junio del 2006;

b) el Uruguay coopere de buena fe con la Argentina en vista de asegurar la utilización racional y óptima del Río Uruguay, a fin de proteger y preservar el medio acuático y de impedir la contaminación;

c) mientras se espera la sentencia definitiva de la Corte, el Uruguay se abstenga de tomar toda otra medida unilateral relativa a la construcción de las plantas CMB y Orion que no respeten el Estatuto de 1975 y las otras normas de derecho internacional necesarias para su interpretación y aplicación;

d) el Uruguay se abstenga de toda otra medida que podría agravar, extender o tornar más difícil, la solución de la controversia objeto del presente caso”;

21. Considerando que, el 4 de mayo de 2006, fecha en la cual la demanda y la solicitud de dictado de medidas cautelares fueron presentadas a la secretaría, el Secretario informó al Gobierno uruguayo del depósito de dichos documentos y le envió inmediatamente copias certificadas en aplicación del párrafo 2 del articulo 40 del Estatuto de la Corte así como del párrafo 4 del artículo 38 y del párrafo 2 del artículo 73 de su Reglamento; y que el Secretario informó al Secretario General de las Naciones Unidas de dicho depósito;

22. Considerando, que el 4 de mayo de 2006, el Secretario informó a las Partes que la Corte, en aplicación del párrafo 3 del articulo 74 de su Reglamento, había fijado al 31 de mayo y el 1° de junio de 2006 como fecha para el procedimiento oral;

23. Considerando que, a continuación de las consultas que el Secretario ha tenido con las Partes, la Corte decidió escucharlas el 8 y 9 de junio del 2006 con relación a la solicitud argentina de dictado de medidas cautelares, y que las partes han sido notificadas por notas del Secretario en fecha del 11 de mayo de 2006.

24. Considerando que, el 2 de junio del 2006 , el Uruguay ha hecho llegar a la Corte un CD-ROM conteniendo la versión electrónica de dos volúmenes de documentos relativos a la solicitud de dictado de medidas cautelares titulado “Observaciones de Uruguay” ( de los cuales se recibió copia en papel); y que copia de dichos documentos ha sido inmediatamente transmitido a la Argentina;

25. Considerando que, el 2 de junio del 2006 , la Argentina ha hecho llegar a la Corte diversos documentos, incluyendo una grabación en video, y que, el 6 de junio de 2006, le transmitió documentos adicionales; y que copia de cada serie de documentos ha sido inmediatamente transmitida al Uruguay.

26. Considerando que, el 6 y 7 de junio de 2006, diversos comunicados han sido recibidos de las Partes, por los cuales cada una ha presentado a la Corte ciertas observaciones sobre los documentos depositados por la otra Parte; que el Uruguay objetó la presentación de la grabación de video presentada por la Argentina; y que la Corte decidió no autorizar la presentación de dicha grabación en la audiencia;

27. considerando que, no habiendo en la sede de la Corte ningún juez de la nacionalidad de las Partes cada una de ellas procedió en el ejercicio del derecho que le confiere el párrafo 3 del articulo 31 del Estatuto a designar un juez ad hoc en el presente caso, con este fin la Argentina ha designado al Sr. Raúl Emilio Vinuesa y el Uruguay al Sr. Santiago Torres Bernárdez;

28. Considerando que, en el curso de las audiencias públicas celebradas el 8 y 9 de junio de 2006 en virtud del párrafo 3 del artículo 74 del Reglamento de la Corte, fueron presentadas observaciones orales sobre la solicitud de dictado de medidas cautelares por:

En nombre de la Argentina: Su Exc. Susana Myrta Ruiz Cerutti, agente

Romina Picolotti

Philippe Sands

Marcelo Kohen

Laurence Boisson de Chazournes

Alain Pellet

Su Exc.Raúl Estrada Oyuela

En nombre del Uruguay Su Exc. Hector Gros Espiell, agente

Alan Boyle

Luigi Condorelli

Paul Reichler

29. Considerando que, luego de las audiencias, ambas Partes produjeron documentos adicionales; que al inicio de su segundo turno de observaciones orales, el Uruguay presentó un cierto numero de documentos, entre los cuales se incluye una “ declaración” de Adriaan van Heiningen, que figura como experto en la lista de miembros de la delegación uruguaya; que, por nota del 9 de junio de 2006 recibida en la Secretaría el 12 de junio de 2006, la Argentina objetó la presentación tardía de dichos documentos, alegando, particularmente, su incompatibilidad con un desarrollo ordenado del procedimiento y el principio de igualdad de las Partes, y solicitó a la Corte que decida que dichos documentos no debían ser considerados como parte del expediente; que, por nota del 14 de junio del 2006, el Uruguay sostuvo que los citados documentos, habiendo sido todos “presentados ..conforme a las disposiciones del Reglamento y a la práctica de la Corte”, debía “continuar formando parte del expediente”, con excepción de la declaración de van Heiningen la cual, a los fines de facilitar la tarea de la Corte, solicitó fuera retirada; y que la Corte estimó que los documentos en cuestión no debían ser incluidos en el expediente; de lo cual las Partes fueron informadas pro nota del Secretario de fecha 15 de junio del 2006;

30. Considerando que en las audiencias, la Argentina, inter alia, reiteró los argumentos expuestos en su solicitud (introductoria de instancia) y en su solicitud de dictado de medidas cautelares; y considerando que declara que las condiciones para la solicitud de medidas cauterlares han sido satisfechas;

31. Considerando que en el primer turno de observaciones orales, la Argentina argumentó que el Artículo 60 del Estatuto de 1975 fue “más que suficiente para establecer prima facie la jurisdicción de la Corte de acuerdo con su constante jurisprudencia”; y agregó que el Artículo 12 del Estatuto de 1975 prevé que si, habiendo seguidos los pasos establecidos en los artículos 7 a 11, la Argentina y el Uruguay no llegan a un acuerdo en cuanto a la realización de obras de una importancia tal que puedan afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, debe seguirse el procedimiento indicado en el artículo 60;

32. Considerando que la Argentina afirmó que los derechos conforme el Estatuto de 1975 surgen de dos categorías de obligaciones intrínsicamente ligadas: “las obligaciones de resultado referidas a la substancia del derecho y las obligaciones de comportamiento que son de naturaleza procedimental”;

33. Considerando que la Argentina observó que el Artículo 41 (a) del Estatuto de 1975 impone obligaciones substantivas y otorga a la Argentina al menos dos derechos diferentes: primero, “el derecho a que el Uruguay evite la contaminación” y, segundo “el derecho de asegurar que el Uruguay tome las medidas de acuerdo con los estándares internacionales aplicables”; y considerando que la Argentina afirmó que el Uruguay no ha respetado ninguna de las dos obligaciones; y que las obligaciones substantivas conforme el Estatuto incluyen “la obligación del Uruguay de abstenerse de contaminar el medioambiente y de causar en consecuencia un perjucio económico, por ejemplo al sector del turismo”;

34. Considerando que la Argentina declaró que los artículos 7 a 13 y 60 del Estatuto de 1975 le confieren una cantidad de derechos de orden procesal: “primero, el derecho de ser informada por el Uruguay antes del comienzo de los trabajos; segundo, a expresar su punto de vista el cual deberá ser tenido en cuenta para el diseño de los proyectos; tercero, el derecho a que la Corte Internacional de Justicia resuelva toda controversia antes de que la construcción se lleve a cabo”; enfatizando que, de acuerdo con los artículos 9 a 12 del Estatuto de 1975, Uruguay tiene la obligación de:

“asegurar que ninguna obra sea llevada a cabo hasta que la Argentina haya expresado que no posee objeciones, o haya respondido a la notificación del Uruguay o la Corte haya indicado las condiciones bajo las cuales el Uruguay podría proceder a ejecutar dicha obra”;

considerando que afirmó que ninguna de estas tres condiciones se han producido aún; que sostuvo que el procedimiento mencionado es obligatorio y que “no admite excepciones”; considerando que la Argentina remarcó que, según su punto de vista, el Artículo 9 del Estatuto de 1975 “establece una obligación de ‘no construcción’ que resulta primordial en esta etapa del procedimiento”;

35. Considerando que la Argentina sostuvo que sus derechos, derivados de las obligaciones de naturaleza sustantiva y procesal, se encuentran “en lo inmediato, amenazados por perjuicios graves e irreparables”; que afirmó que, a los fines del dictado de medidas cautelares, la jurisprudencia de la Corte exige únicamente que exista un riesgo grave de perjuicio o de daño irreparable; que sostuvo que el sitio elegido para la construcción de las dos plantas fue “el peor que se podía concebir desde el punto de vista de la protección del medio ambiente fluvial y trasnsfronterizo”; que argumentó que un daño al medio ambiente constituye, al menos, “una muy grave posibilidad” y que será irreparable; que afirmó que las plantas en cuestion generarán asimismo daños económicos y sociales imposibles de apreciar; que igualmente estimó valer que la construcción de las plantas “ya posee un grave efecto negativo sobre el turismo y otras actividades económicas en la región”, incluyendo la suspensión de la inversión en turismo y una drástica caida en las transacciones inmobiliarias; y que mantuvo, con referencia a las Decisiones del 17 de agosto de 1972 en los Casos de las Pesquerias (Reino Unido vs. Islandia) (República Federal de Alemania vs. Islandia), que “un desmantelamiento de las plantas una vez construidas no podría ‘restaurar’ los derechos de la Argentina con relación a la protección del medioambiente ribereño” y que, con respecto a los derechos derivados de las obligaciones procesales, una vez construidas las plantas, no “quedaría ninguna obligación para ejecutar”.

36. Considerando que la Argentina sostuvo que las acciones del Uruguay “irreversiblemente perjudican no sólo los derechos de la Argentina, pero también al funcionamiento de la Corte, a la cual los artículos 12 y 60 del Estatuto de 1975 le confieren un rol central”; que la Argentina sostuvo que la Corte debería permitir la solución de la controversia “sin que los actos unilaterales del Uruguay prejuzguen su decisión final sobre el fondo”;

37. Considerando que la Argentina observó también que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, las medidas cautelares son justificables únicamente en caso de urgencia, en el sentido de que una acción perjudicial a los derechos de alguna de las partes pueda ser cometido antes que se llegue a una decisión definitiva; que afirmó que, “cuando hay un riesgo razonable de que el daño mencionado pueda ocurrir antes del juzgamiento sobre el fondo, el requerimiento de urgencia es ampliamente cubierto por la condición [de que] exista un serio riesgo de un perjuicio irreparable al derecho invocado”; que sostuvo que no hay dudas de que dicha condición es satisfecha toda vez que la construcción de las plantas “se encuentra en curso y progresa rápidamente”; que alegó que la construcción de las plantas causa “daños reales y presentes”; que observó que las plantas serán “puestas en funcionamiento…, seguramente, antes de que {la Corte} pueda emitir un juzgamiento” ya que toda vez que esto está previsto para el mes de agosto de 2007 en lo que concierne a Orion y para el mes de junio de 2008 para CMB;

38. Considerando que la Argentina reitera que la Corte debería ordenar la suspensión de los trabajos en la planta Orion y la continuación de la suspensión de los trabajos en la planta CMB; que observó que la continuación de la construcción de las plantas incumpliendo las obligaciones contenidas en el capítulo II del Estatuto de 1975 “tomará esas obligaciones pura y simplemente ilusorias”; que señaló que la suspensión es el único medio para evitar que la elección del lugar de instalación de las plantas se convierta en un hecho consumado; que sostuvo, invocando la jurisprudencia de la Corte, que la suspensión debería imponerse a fin de evitar agravar los perjuicios económicos y sociales generados por la construcción de las plantas; que afirmó que la suspensión permitiría evitar que no se prejuzguen los derechos de las partes; que observó que la suspensión permitirá preservar la jurisdicción de la Corte conforme el Estatuto de 1975; que la suspensión es físicamente posible desde que la construcción está en una etapa inicial y que es una medida razonable dadas las circunstancias; que fue señalado que el Presidente del Uruguay aceptó el principio de la suspensión de las obras cuando, a continuación de su encuentro con su contraparte Argentina, el 11 de marzo de 2006, solicitó a ENCE y Botnia la suspensión de las obras.

39. Considerando que Argentina también reiteró que la Corte debería ordenar al Uruguay a cooperar de buena fe con Argentina de conformidad con el régimen legal del Río Uruguay, el cual se basa en la “confianza mutua” entre los dos Estados y en una “comunidad de intereses” organizada alrededor del respeto a los derechos y obligaciones prescriptos por el Estatuto de 1975.

40. Considerando que Argentina reiteró además que la Corte debería ordenar que el Uruguay se abstenga de tomar ulteriores acciones unilaterales relativa a la construcción de las plantas de pasta de celulosa de CMB y Orion y cualquier otra acción que pudiera agravar la disputa; considerando que indicó, en este particular, que Uruguay había autorizado recientemente la construcción de un puerto dedicado a la planta Orion en contradicción al Estatuto de 1975 y que había sido anunciado un plan para construir una tercera papelera en un afluente del río Uruguay.

41. Considerando que Uruguay declaró en el primer turno de observaciones orales que había “cumplido plenamente con el Estatuto del Río Uruguay de 1975 a través del período de tiempo en el cual el caso se ha desarrollado”; que sostuvo que la solicitud argentina era infundada, que no estaban dadas en absoluto las circunstancias requeridas para solicitar medidas cautelares; que “la adopción de las medidas requeridas habría tenido consecuencias desastrosas e irreparables para los derechos del Uruguay y el futuro de su población”;

42. Considerando que Uruguay señaló que no disputaba que el Artículo 60 del Estatuto de 1975 constituye prima facie una base para la jurisdicción de la Corte para entender en la solicitud argentina de dictado de medidas cautelares; considerando que Uruguay, sin embargo, señaló que esta norma establece la jurisdicción de la Corte solamente en relación con los reclamos argentinos relativos al Estatuto de 1975; considerando que ha precisado en el caso que:

cualquier disputa relativa a los posibles efectos de las plantas distinta de aquellas relativas a cualquier afectación de la calidad de las aguas de los ríos u otras derivadas directamente de dicha alteración por una relación de causa y efecto, no es claramente cubierta “ratione materiae” por la cláusula compromisoria del artículo 60 del Estatuto”;

considerando que el Uruguay citó como ejemplo de diferendos que no caen dentro de la jurisdicción de la Corte, aquellas concernientes al “turismo, valoración de las propiedades urbanas y rurales, actividades profesionales, niveles de desempleo, etc.” en Argentina, y aquellas relativas a otros aspectos de la protección del medio ambiente en las relaciones transfonterizas entre los dos Estados.

43. Considerando el que Uruguay argumentó que la solicitud de la Argentina para el dictado de las medidas cautelares debe ser rechazado porque las violaciones del Estatuto de las cuales es acusado Uruguay “carecen prima facie de sustancia” y que la solicitud de la Argentina “no tiene prospectos serios de éxito”; considerando que Uruguay sostuvo que “habiendo demostrado su firme voluntad de aplicar a las dos plantas las normas internacionales más rigurosas y más adecuadas, en materia de control de la contaminación”, había “cumplido con las obligaciones emanadas del Artículo 41 del Estatuto”; que el Uruguay estimó que “había cumplido con las obligaciones impuestas por los Artículos 7 y siguientes [del Estatuto de 1975]” de buena fe; considerando que el Uruguay sostuvo que esos artículos no otorgan a ninguna de las Partes el “derecho de veto” sobre la realización por la otra Parte de proyectos de desarrollo industrial, sino que se limitaban a imponer a las Partes la obligación de intercambio de información, completo y de buena fe, bajo los procedimientos previstos por el Estatuto, o acordados entre las Partes; considerando que el Uruguay sostuvo que “fue la primera vez en los 31 años desde la entrada en vigor del Estatuto [de 1975]” que la Argentina ha señalado que “tiene un derecho procesal, de acuerdo con el Estatuto, no sólo a recibir aviso e información, e iniciar negociaciones de buena fe, sino a impedir que el Uruguay dé inicio a proyectos durante las etapas de procedimiento o durante cualquier litigio que pueda surgir”; considerando que el Uruguay asimismo afirmó que la controversia entre la Argentina y el Uruguay referida a las plantas de pasta de celulosa había sido resulta por un acuerdo entre los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, del 2 de marzo de 2004; considerando que el Uruguay explicó que ambos Ministros habían acordado: en primer lugar, que la planta de pasta de celulosa CMB sería construida de acuerdo con el proyecto uruguayo; en segundo lugar, que el Uruguay proporcionaría a la Argentina la información relativa a sus especificaciones y operación; y, en tercer lugar, que la CARU controlaría la calidad de las aguas del río una vez que la planta de pasta de celulosa entrara en funcionamiento, a fin de asegurar el cumplimiento del Estatuto; y considerando que el Uruguay agregó que la existencia de este acuerdo entre los Ministros de Relaciones Exteriores, había sido confirmado en numerosas oportunidades, inter alia, por el Canciller y por el Presidente argentinos, y que se había entendido que sus términos se extendían hasta aplicarse también a la planta de pasta de celulosa Orion.

44. Considerando que el Uruguay asimismo sostuvo que la Corte debe rechazar el pedido de la Argentina de dictado de medidas cautelares porque no existe peligro inminente o actual a ningún derecho de la Argentina, de forma tal que no se cumplieron los requisitos de riesgo de daño irreparable y urgencia.

45. Considerando que el Uruguay explicó, apoyando su posición, que los estudios de impacto ambiental emprendidos, y los futuros, así como los controles de regulación y las estrictas condiciones de otorgamiento de licencias impuestos por el derecho uruguayo para la construcción y funcionamiento de ambas plantas de pasta de celulosa, garantizan que no causarán ningún daño al Río Uruguay ni a la Argentina; considerando que agregó que las plantas de pasta de celulosa cumplirán con los estrictos requisitos que imponen las “últimas recomendaciones de la Unión Europea sobre la prevención y la reducción de la contaminación internacional (IPPC) de 1999, cuyo cumplimiento se exige a todas las platas de pasta celulosa en Europa para 2007; considerando que el Uruguay señaló que la falta de riesgo de daño había sido reconocido por numerosos funcionarios argentinos, incluyendo sus representantes en la CARU; considerando que el Uruguay destacó también que las plantas de pasta de celulosa Orion y CMB poseen una tecnología mucho más moderna, más eficaz, y menos contaminante que muchas plantas en funcionamiento en la Argentina.

46. Considerando que el Uruguay también señaló que las plantas de pasta de celulosa Orion y CMB no estarían en funcionamiento antes de agosto de 2007 y junio de 2008, respectivamente, y que debe cumplirse aún con numerosas condiciones antes de alcanzar dicha etapa, incluyendo el otorgamiento de varios permisos por parte de DINAMA; y considerando que Uruguay concluyó de ello que aún si se considerara que el funcionamiento de las plantas de pasta de celulosa pueda ocasionar “la contaminación del río”, la gravedad para la Argentina del “peligro alegado” no es “lo suficientemente cierto ni inmediato para cumplir la condición de “inminencia” o “urgencia””; considerando que el Uruguay asimismo sostuvo que “si la situación cambiara”, le sería siempre posible a la Argentina someter a la Corte una nueva solicitud para el dictado de medidas cautelares, “sobre la base de hechos nuevos”, de conformidad con el Artículo 75, inciso 3, de las Reglas de la Corte.

47. Considerando que el Uruguay señaló también la distinción que debe hacerse entre la construcción de las plantas de pasta de celulosa y su puesta en funcionamiento; considerando que también señaló que la Argentina en su Solicitud (Introductoria de Instancia) hizo referencia solamente al peligro resultante del funcionamiento de las plantas y no de su construcción; considerando que el Uruguay afirmó que el monitoreo constante de la calidad de las aguas desde que comenzaron los trabajos de construcción, había confirmado que dichos trabajos no habían causado contaminación al río; que sostuvo asimismo que, aunque la Argentina manifestó en las audiencias orales que la construcción misma de las plantas de pasta de celulosa le había causado un daño a la economía argentina, incluyendo los sectores de turismo e inmobiliario, no presentó prueba del mismo; considerando que el Uruguay señaló que la Corte en todo caso no tenía jurisdicción para dictar medidas cautelares con el objeto de evitar este tipo de daño, dado que el derecho con el que dichos daños estaría relacionado, no está contemplado por el Estatuto de 1975, y que suspender la construcción, como lo solicitó la Argentina, no proporcionaría ningún alivio; considerando que el Uruguay también sostuvo que la construcción de las plantas de pasta de celulosa no constituye un hecho consumado susceptible de causar daño a los derechos de la Argentina, y que sólo el Uruguay puede decidir si continuar con la construcción y consecuentemente asumir el riesgo de tener que desmantelar las plantas en el caso de una decisión de la Corte que le fuera adversa.

48. Considerando que el Uruguay sostuvo que la suspensión de la construcción de las plantas de pasta de celulosa causaría tales perjuicios económicos a las empresas interesadas y sus accionistas que podría poner en peligro ambos proyectos; considerando que, sostuvo que las medidas cautelares solicitadas por la Argentina perjudicarían en forma irreparable el derecho soberano del Uruguay de implementar proyectos de desarrollo económico sustentable en su propio territorio; y considerando que, señaló, en este sentido, que los proyectos de las plantas de pasta de celulosa son las mayores inversiones extranjeras hechas en Uruguay en su historia, que la construcción misma crearía miles de puestos de trabajo y que, una vez en funcionamiento, las plantas de pasta de celulosa tendrían “un impacto económico de más de U$S 350 millones de dólares por año” que representa “un incremento del 2% del producto bruto interno del Uruguay”; considerando que el Uruguay sostuvo que la Corte debería tener en cuenta en el presente procedimiento el hecho de que Argentina había agravado la controversia existente evitando impedir el bloqueo de los puentes internacionales entre la Argentina y Uruguay, lo cual ha “causado un enorme daño a la economía uruguaya”;

49. Considerando que, en el segundo turno de observaciones orales, Argentina mantuvo que, de acuerdo con el artículo 42 del Estatuto de 1975 y los principios internacionales establecidos, el Estatuto de 1975 cubre no sólo la contaminación en el río, como sostiene Uruguay, sino también todo tipo de contaminación que resulte del uso del río así como las consecuencias económicas y sociales de las plantas;

50. Considerando que la Argentina rechazó firmemente la afirmación uruguaya según la cual éste “prima facie” cumplió con sus obligaciones en virtud del Estatuto de 1975; que, inter alia, sostuvo que el Uruguay nunca notificó formalmente los proyectos a la CARU, contrariamente a lo que exige el artículo 7 del Estatuto de 1975, ni proveyó a la CARU o al GTAN las informaciones apropiadas concernientes a las plantas de pasta de celulosa; considerando que la Argentina sostuvo que el artículo 9 del Estatuto de 1975 establece una obligación de “no-construcción”; que, en apoyo de este argumento, la Argentina, citando la obra de un autor uruguayo, ha sostenido que la CARU “no puede tomar una decisión válida sin el acuerdo (de los representantes de los dos Estados)”; que afirmó que no hubo acuerdo bilateral el 2 de marzo de 2004 a los efectos de que la construcción de la planta de pasta de celulosa CMB pueda continuar según lo previsto; que el acuerdo alcanzado en ese encuentro entre los Ministros de Relaciones Exteriores de los dos Estados fue simplemente que el Uruguay transmitiría a la CARU toda información sobre CMB y que ésta comenzaría el monitoreo de la calidad de agua en el área del sitio propuesto; considerando que sostuvo que el Uruguay no ha suministrado las informaciones prometidas, que rechazó la interpretación efectuada por el Uruguay respecto de las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores y el Presidente argentino y que subrayó haber adoptado, ante las instancias competentes, en sus relaciones bilaterales y en el seno de la CARU, una “posición clara y consistente” solicitando el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Estatuto de 1975;

51. Considerando que, la Argentina reafirmó su reclamo según el cual existían un riesgo grave de prejuicio irreparable de sus derechos; que sostuvo que el impacto de las plantas sobre el medio ambiente del río no ha sido todavía completamente examinado; que observó al respecto que, según los informes establecidos a la fecha por la Corporación Financiera Internacional (CFI), a la cual ENCE y BOTNIA han solicitado financiamiento en favor de los proyectos, y particularmente según el “Informe Hartfield” (publicado en abril de 2006 por un grupo independiente designado por la CFI), concluyó que hay numerosas cuestiones graves aún sin resolver; que enfatizó que la CFI no tiene una opinión definitiva sobre el impacto ambiental de los proyectos; que rechazó el argumento de Uruguay según el cual los proyectos serían puestos en funcionamiento “respetando las normas internacionales más estrictas”; observando inter alia que el Uruguay autorizó fijar el nivel máximo de emisiones de ENCE a un nivel doce veces mayor que el autorizado para plantas similares en Canadá; que estimó que las afirmaciones de Uruguay al respecto son “infundadas, temerarias y erróneas”;

52. Considerando que la Argentina reafirmó que el requisito de urgencia fue satisfecho; considerando que sostuvo que la construcción de las plantas en sí misma era capaz de ocasionar “un perjuicio sensible” a la Argentina y estaba ya produciéndolo; considerando que refutó el argumento uruguayo en cuanto a que el dictado de medidas cautelares no mejoraría la situación que actualmente afecta a la margen argentina del río; considerando que sostiene que la puesta en marcha de las plantas era inminente en términos judiciales ya que ocurriría mucho antes de que la Corte emitiera su fallo;

*

53. Considerando que en su segundo turno de audiencias orales, el Uruguay señaló que “la Argentina no negó haber recibido por parte del Uruguay una cantidad sustancial de información a través de una variedad de mecanismos y canales”, y que las medidas tomadas por el Uruguay con respecto a la provisión de información fueron “completamente apoyadas por las minutas de la CARU”; considerando que el Uruguay reafirmó su posición según la cual el Estatuto de 1975 no otorga a las partes un “derecho de veto”; considerando que en apoyo de su posición el Uruguay argumentó que a fin de resolver cualquier “dificultad de interpretación ocasionada por un texto incompleto”, es necesario referirse al Artículo 31 párrafo 3 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, y en particular considerar “toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado”; considerando que, de acuerdo con el Uruguay “el acuerdo verbal subsiguiente entre los dos países de marzo de 2004 realizado por sus Ministros de Relaciones Exteriores” constituyó un ejemplo específico de tal práctica ulterior que excluía cualquier interpretación que reconociera un derecho de veto; que el Uruguay reiteró adicionalmente que el acuerdo bilateral de 2 de marzo de 2004, cuya existencia fue reconocida por el Presidente de la República Argentina, autorizaba claramente a la construcción de las plantas.

54. Considerando que, en cuanto a “todo riesgo al medio ambiente del Río Uruguay, el Uruguay ha sostenido que “el Estatuto de 1975 no requiere que las partes eviten toda contaminación del río, sino sólo “tomar las medidas apropiadas a fin de evitar que la contaminación del río alcance niveles prohibidos”; considerando que el Uruguay nuevamente argumentó que, de cualquier modo, las evaluaciones de impacto ambiental no exhibieron riesgo de daño significativo para la Argentina o para la calidad o el medio ambiente del río; considerando que el Uruguay agregó que las críticas en el “informe Hatfield” citado por la Argentina no estaban dirigidas a las evaluaciones de impacto efectuadas por la DINAMA; y que además, “cuando las evaluaciones de impacto necesitaron ser mejoradas o cuando se requirió información adicional, la DINAMA tenía el poder de requerir revisión y demostró que estaba lista para utilizarlo”; considerando que el Uruguay reiteró que las plantas utilizarían la más moderna y segura tecnología;

55. Considerando que el Uruguay sostuvo adicionalmente que “sería imposible para la Corte dictar las medidas cautelares solicitadas por la Argentina – la suspensión de la construcción – sin prejuzgar sobre el fondo de una forma que pudiera afectar de manera fundamental y permanente los derechos que el Uruguay reivindica en las presentes actuaciones”, es decir “el derecho de proseguir con la construcción de los trabajos a la espera de la decisión definitiva de la Corte sobre el fondo”;

56. Considerando que, al concluir el segundo turno de las observaciones orales el Uruguay reiteró expresamente “su intención de cumplir total y completamente con el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y su aplicación” y repitió “como una expresión concreta de esa intención [...] su oferta de realizar monitoreos conjuntos y constantes con la República Argentina” considerando las consecuencias ambientales de la futura operación de las plantas; considerando que el Uruguay afirmó su “intención de respetar plenamente el medio ambiente y todos los derechos humanos de los uruguayos y los argentinos, a través de una conducta caracterizada por la transparencia, la buena fe y la voluntad de actuar de forma cooperativa y solidaria” y “reiteró expresamente que las dos plantas operarían respetando los estándares de la Unión Europea para esta industria, que entrarán en vigor para la Unión Europea en 2007”;

*

* *

57. Considerando que, frente a una solicitud de medidas cautelares, la Corte no necesita asegurar de manera definitiva que tiene jurisdicción sobre el fondo del asunto, pero no dictará tales medidas a menos que las disposiciones invocadas por el demandante parezcan, prima facie constituir una base sobre la cual la jurisdicción de la Corte pueda ser establecida (ver Actividades armadas en el territorio del Congo (nueva presentación: 2002) (República Democrática del Congo c. Ruanda), medidas cautelares, orden del 10 de julio de 2002, CIJ Recueil 2002, p.241, par. 58);

58. Considerando que el Uruguay no niega que la Corte tiene jurisdicción en virtud del Artículo 60 del Estatuto de 1975, considerando que afirma sin embargo que tal jurisdicción existe prima facie sólo con respecto a aquellos aspectos de la solicitud argentina que están directamente relacionados con los derechos de los cuales la Argentina puede valerse en virtud del Estatuto de 1975; considerando que a este respecto el Uruguay insiste en que los derechos invocados por la Argentina relativos al eventual impacto económico y social de las plantas, incluido cualquier impacto sobre el turismo, no están cubiertos por el Estatuto de 1975;

59. Considerando que las Partes convienen que la Corte es competente con respecto a los derechos a los que se aplica el Artículo 60; considerando que la Corte no necesita en esta etapa del procedimiento abordar esta otra cuestión presentada por el Uruguay; y considerando que la Corte concluyó, por lo tanto, que tiene jurisdicción prima facie en virtud del Artículo 60 del Estatuto de 1975 para examinar el fondo y por lo tanto la presente solicitud de dictado de medidas cautelares;

60. Considerando que el artículo 41 del Estatuto autoriza a la Corte a “indicar… las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las Partes”;

61. Considerando que la facultad de la Corte de dictar medidas cautelares, tendientes a permitirle salvaguardar el derecho de cada una de las partes en un caso “[a la] espera de la sentencia definitiva”, toda vez que dichas medidas resulten necesarias para impedir que sea causado un perjuicio irreparable a los derechos en litigio;

62. Considerando que la facultad de la Corte de dictar medidas cautelares a efectos de salvaguardar el derecho de cada una de las Partes sólo puede ser ejercido si hay necesidad urgente de impedir que se cause un perjuicio irreparable a los derechos que fueron objeto de la controversia antes que la Corte haya tenido la oportunidad de adoptar su decisión (ver Paso sobre el Grand-Belt (Finlandia c. Dinamarca), medidas conservatorias, orden del 29 de julio de 1991, C.I.J. Recueil 1991, p. 17, par. 23, Ciertos procedimientos penales incoados en Francia (República del Congo c. Francia); medida conservatoria, orden del 17 de julio de 2003. C.I.J., p. 107, par. 22);

63. Considerando que la Argentina afirma que su solicitud de dictado de medidas cautelares tiene como propósito salvaguardar los derechos que le confiere el Estatuto de 1975, en relación con las obligaciones de naturaleza procesal y a las obligaciones de naturaleza sustantiva;

64. Considerando que las obligaciones de naturaleza procesal corresponden, según la Argentina, a su derecho a ser plenamente informada y consultada respecto de toda actividad de construcción que afecta al río, a poder formular objeciones a un determinado proyecto y, en caso en que la más mínima objeción sea formulada, a recurrir a la Corte con miras a una solución efectiva de toda controversia antes de que sea autorizado cualquier proyecto de construcción; que la Argentina sostiene igualmente que la comunidad de intereses y la confianza recíproca sobre las cuales está fundado el Estatuto de 1975, imponen al Uruguay cooperar de buena fe con la Argentina, en cumplimiento del régimen jurídico aplicable al río Uruguay;

65. Considerando que la Argentina pretende que las obligaciones de naturaleza sustantiva impuestas por el Estatuto de 1975 al Uruguay comprenden primeramente la de no autorizar ninguna construcción hasta tanto no se hayan cumplido las condiciones previstas por el Estatuto de 1975 y, en segundo lugar, la de no contaminar el medio ambiente y de impedir todo perjuicio económico y social susceptible de producirse, incluyendo las pérdidas en turismo;

66. Considerando que la Argentina sostiene que la suspensión que solicita a la Corte que ordene, tanto de la autorización de la construcción de las plantas, como de los propios trabajos de construcción, impedirían que se cause un perjuicio irreparable a los derechos que le confiere el Estatuto de 1975; que, según la Argentina, si tal suspensión no fuera ordenada, su derecho de ver aplicado el procedimiento previsto en el capítulo II devendrá “puramente teórico” y “la posibilidad de su ejercicio desaparecería de manera irremediable”; que la Argentina alega a continuación que la suspensión es la única medida susceptible de evitar que la elección del lugar de emplazamiento de las plantas genere un “hecho consumado”; que la Argentina sostiene igualmente que la suspensión permitiría que no se agraven los daños económicos y sociales causados para la construcción de las plantas; que ésta afirma además que, si la construcción de las plantas no se suspendiera, su desmantelamiento, una vez que fueran construidas, no permitiría restablecer sus derechos “relativos a la protección del medio ambiente fluvial”; que ésta sostiene que las medidas cautelares solicitadas que tienden a la suspensión de la construcción de las plantas, deben ser dictadas de manera urgente, ya que se corre el riesgo de que ambas plantas sean puestas en funcionamiento antes de que la Corte esté en condiciones de dictar sentencia en el caso.

67. Considerando que el Uruguay afirma que se ha cumplido plenamente con las obligaciones de naturaleza procesal y sustantiva que le corresponden en virtud del Estatuto de 1975; que solicita particularmente a la Corte salvaguardar, a la espera de la decisión de la Corte relativa al fondo del caso, su derecho soberano a ejecutar en su propio territorio, los proyectos de desarrollo económico sustentable, que no contravienen las obligaciones que le impone el Estatuto de 1975 ni los estándares anti-contaminación de la CARU; que sostiene que toda suspensión de su autorización a construir las plantas del río Uruguay o una suspensión de los trabajos causaría un perjuicio irreparable a su derecho a continuar con dichos proyectos, tal como se deriva del Estatuto de 1975;

68. Considerando que la solicitud argentina de dictado de medidas cautelares puede dividirse en dos partes, la primera relativa a la suspensión y, la segunda a las otras medidas conducentes a fin de asegurar la cooperación entre las Partes y evitar el agravamiento de la controversia; considerando que en la primera parte de su solicitud pidió a la Corte que ordene la suspensión de todas las autorizaciones para la construcción de las plantas de CMB y Orion, la suspensión de los trabajos de construcción en la planta de Orion y la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la suspensión de los trabajos en la planta de CMB con posterioridad al 28 de junio de 2006; considerando que en la segunda parte de su solicitud la Argentina pidió a la Corte que ordene al Uruguay que coopere con la Argentina de buena fe en la protección y la preservación del ambiente acuático del río Uruguay, que se abstenga de llevar adelante cualquier acción unilateral con respecto a la construcción de las dos plantas que sea incompatible con el Estatuto de 1975; y además se abstenga de tomar cualquier otra medida susceptible de agravar la controversia objeto de la presente instancia o que torne su solución aún más difícil.

69. Considerando que la Corte, en primer lugar, abordará la solicitud de la Argentina que tiene por objeto la suspensión de las autorizaciones relativas a la construcción de las plantas de pasta de celulosa y la suspensión de los trabajos de construcción en sí mismos;

70. Considerando que, en lo relativo a los derechos de naturaleza procesal invocados por la Argentina, la Corte deja para la etapa de fondo la cuestión acerca de si el Uruguay no cumplió plenamente con las disposiciones del Capítulo II del Estatuto de 1975 al autorizar la construcción de las dos plantas; considerando que la Corte no está en este momento convencida de que, si se demuestra con posterioridad que el Uruguay incumplió, con anterioridad a las presentes actuaciones o en una etapa posterior, a adherirse completamente a estas disposiciones, cualquiera de estas violaciones no podría ser remediada al decidirse el fondo del asunto;

71. Considerando que, desde esta perspectiva, la Corte ha tomado nota de la interpretación del Estatuto de 1975 hecha por la Argentina, según la cual el mismo prevería una obligación de “no construcción” o en otros términos, determinaría que un proyecto sólo puede ser puesto en funcionamiento si hay acuerdo de ambas partes y que en caso de inexistencia de tal acuerdo, el proyecto no debería proseguir hasta que la Corte haya resuelto la controversia; considerando que la Corte no tiene que examinar esta cuestión en el marco de la presente etapa del procedimiento, teniendo en cuenta que por el momento no se encuentra convencida de que, si con posterioridad se demuestra que esta es la interpretación correcta del Estatuto de 1975, no sería posible solucionar en el tratamiento de la cuestión de fondo, la consecuente violación del Estatuto de 1975 que podría en consecuencia ser imputada al Uruguay.

72. Considerando que, en lo que respecta a los derechos de naturaleza sustantiva invocados por la Argentina, la Corte es conciente de las preocupaciones expresadas por la Argentina en cuanto a la necesidad de proteger su medio ambiente y, en particular, la calidad de las aguas del Río Uruguay; que la Corte recuerda haber tenido, en el pasado, la oportunidad de destacar la importacia que ella le asigna a las cuestiones de medio ambiente:

El medio ambiente no es una abstracción, sino el espacio donde viven los seres humanos y del cual dependen su calidad de vida y salud, así como las de las futuras generaciones. La obligación general que tienen los Estados de controlar que las actividades desarrolladas dentro de los limites de su jurisdicción o bajo su control respeten el medio ambiente de los otros Estados o en las zonas que carecen de jurisdicción nacional forma parte del cuerpo normativo del derecho internacional del medio ambiente” (Licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares, Opinión Consultiva, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 241-242, par.29; ver también Proyecto Gabcikovo-Nagymaros (Hungría/Eslovaquia), C.I.J. Recueil 1997, p. 78, par. 140);

73. Considerando que, en opinión de la Corte, las constancias del caso no contienen ningún elemento que pruebe que la decisión del Uruguay de autorizar la construcción de las plantas generaría un riesgo inminente de perjuicio irreparable para el medio acuático del Río Uruguay o para los intereses económicos y sociales de las poblaciones ribereñas establecidas en el margen argentino del río;

74. Considerando que la Argentina no ha convencido a la Corte que la construcción de las plantas implicaría un perjuicio irreparable para el medio ambiente; que tampoco se ha probado que la construcción de las plantas representaría un riesgo de perjuicio económico y social irreparable; que por otra parte, la Argentina no ha probado que la simple suspensión de la construcción de las plantas, en espera de una decisión definitiva sobre el fondo, sería susceptible de borrar o de reparar las pretendidas consecuencias económicas y sociales que le adjudica a los trabajos de construcción.

75. Considerando que la Argentina no ha proveído hasta el momento pruebas que sugieran que la contaminación que eventualmente generaría la puesta en funcionamiento de las plantas sería de naturaleza tal que podría causar un perjuicio irreparable al Río Uruguay; que incumbe a la CARU velar por la calidad de las aguas reglamentando y restringiendo al mínimo el nivel de contaminación; que, en todo caso, el riesgo de contaminación no reviste un carácter inminente teniendo en cuenta que la explotación de las plantas no comenzará antes de agosto de 2007 (para Orion) y junio de 2008 (para CMB);

76. Considerando que, en vista de los elementos de prueba que dispone actualmente, la Corte no está convencida por el argumento según el cual los derechos reivindicados por la Argentina no podrán ser protegidos si la Corte decidiera no ordenar en este estado de la instancia la suspensión de la autorización de construir las plantas de pasta de celulosa y la suspensión de los trabajos de construcción propiamente dichos;

77. Considerando que, teniendo en cuenta lo precedente, la Corte estima que las circunstancias del caso no son de naturaleza tal que exijan el dictado de una medida cautelar ordenando al Uruguay suspender la autorización de construir las plantas de pasta de celulosa o suspender los trabajos de construcción propiamente dichos;

78. Considerando que, manteniendo la autorización y permitiendo la continuación de la construcción de las plantas, el Uruguay asume necesariamente el conjunto de riesgos ligados a toda decisión de fondo que la Corte pudiera emitir en una instancia ulterior; que la Corte destaca que la construcción de las plantas sobre el sitio actual no puede ser reputada como que constituye un “hecho consumado” dado que, así como ha tenido ocasión de subrayar, “si fuera establecido que la construcción de obras conlleva un menoscabo a un derecho, no podemos ni debemos excluir a priori la posibilidad de una decisión judicial que disponga el cese de los trabajos o la modificación o desmantelamiento de las obras” (Pasaje por el Grand-Belt (Finlandia c. Dinamarca), medidas cautelares, sentencia del 29 de julio de 1991, C.I.J. Recueil 1991, p. 19, par. 31);

*

79. Considerando que la Corte se referirá a las otras medidas cautelares solicitadas por la Argentina en su demanda;

80. Considerando que el presente caso pone en evidencia la importancia de asegurar la protección en el terreno del medio ambiente, de los recursos naturales compartidos permitiendo un desarrollo económico sustentable, que conviene tener particularmente en cuenta la dependencia de las Partes respecto de la calidad de las aguas del río Uruguay en tanto que éste constituye para ellas una uente de sustentos y de desarrollo económico; que, desde esta perspectiva, debe tenerse en cuenta la necesidad de garantizar la protección continua del medio ambiente del río así como el derecho al desarrollo económico de los Estados ribereños;

81. Considerando que la Corte recuerda a este respecto que el Estatuto de 1975 ha sido establecido de conformidad con el Tratado de Montevideo de 1961 que define la frontera entre la Argentina y el Uruguay sobre el río Uruguay; que no es controvertido por las Partes que el Estatuto de 1975 ha creado los mecanismos conjuntos para la utilización y la protección del río; que la Corte destaca que el Estatuto de 1975, por sus disposiciones detalladas previendo una cooperación entre las Partes en caso de actividades que tengan incidencia sobre el medio ambiente del río, ha creado un régimen completo e innovador; que, en este sentido, es significativo el establecimiento de la CARU – mecanismo conjunto dotado de funciones reglamentarias, administrativas, técnicas, de gestión y de conciliación-, a la cual le ha sido confiada la correcta aplicación de las disposiciones del Estatuto de 1975 que regulan la gestión de recursos fluviales compartidos; considerando que el Estatuto requiere que las Partes proporcionen a la CARU los recursos necesarios y la información esencial para sus operaciones; considerando que el mecanismo procesal puesto establecido en el Estatuto de 1975 constituye una parte muy importante de ese régimen de ese tratado;

82. Considerando que, pese a que la Corte no ha podido hacer lugar a la solicitud de Argentina para disponer medidas cautelares ordenando la suspensión de la construcción de las plantas, las Partes son llamadas a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional; considerando que la Corte desea destacar la necesidad de que la Argentina y el Uruguay cumplan de buena fe los procedimientos de consulta y cooperación previstos en el Estatuto de 1975, teniendo a la CARU como el foro previsto al respecto; y considerando que la Corte insta a ambas Partes a abstenerse de cualquier acción que pueda hacer más difícil la resolución de la presente controversia;

83. Considerando que la Corte recuerda, al respecto, que como se señaló más arriba (ver parágrafo 56), el Agente del Uruguay, inter alia, reiteró en la conclusión de las audiencias la “intención (del Uruguay) de cumplir plena y totalmente con el Estatuto del río Uruguay y su aplicación” y repitió “como una expresión concreta de esa intención…. su ofrecimiento de conducir un continuo monitoreo conjunto con la República Argentina”.

84. Considerando que, teniendo en cuenta todas las consideraciones precedentes, y tomando nota en particular de los compromisos afirmados ante la Corte por el Uruguay, la Corte no considera que haya fundamentos para hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas por la Argentina.

85. Considerando que la decisión en la presente etapa no prejuzga en modo alguno sobre la cuestión de la jurisdicción de la Corte de entender sobre el fondo del caso o sobre cuestiones relacionadas con la admisibilidad de la Solicitud (Application), o relacionada con el fondo mismo; y que deja inalterable el derecho de la Argentina y del Uruguay de presentar alegatos respecto de aquellas cuestiones;

86. Considerando que esta decisión deja intacto el derecho de la Argentina de presentar en el futuro una nueva solicitud para la aplicación de medidas cautelares conforme al Artículo 75, parágrafo 3, del Reglamento de la Corte, basándose en hechos nuevos;

87. Por estas razones,

LA CORTE,

Por catorce votos contra uno,

Encuentra que las circunstancias, como éstas se presentan ahora ante la Corte, no son tales como para que la Corte pueda hacer uso de su poder de disponer medidas cautelares según el Artículo 41 del Estatuto.

A FAVOR: Presidente Higgins; Vicepresidente Al-Khasawneh; Jueces Ranjeva, Koroma, Parra-Aranguren, Buergenthal, Owada, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov; Juez ad hoc Torres Bernárdez

EN CONTRA: Juez ad hoc Vinuesa

Dado en inglés y en francés, siendo el inglés el texto auténtico, en el Palacio de la Paz, La Haya, a los trece días de julio, dos mil seis, en tres ejemplares, una de las cuales será depositada en los archivos de la Corte y las otras transmitidas a los Gobiernos de la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, respectivamente.

(Firmado) Rosalyn HIGGINS

Presidente

(Firmado) Philippe COUVREUR

Secretario

Juez RANJEVA anexa una declaración sobre la Decisión de la Corte; Jueces ABRAHAM y BENNOUNA anexan opiniones separadas a la Decisión de la Corte; Juez VINUESA anexa una opinión disidente a la decisión de la Corte.

(Inicialado) R.H.

(Inicialado) Ph.C.

PROYECTO DE LEY PROHIBICIÓN DE LA TÉCNICA DE LIXIVIACIÓN CON USO DE CIANURO U OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS EN LA INDUSTRIA MINERA

PROYECTO DE LEY

PROHIBICIÓN DE LA TÉCNICA DE LIXIVIACIÓN CON USO DE CIANURO U OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS EN LA INDUSTRIA MINERA – SANCIONES – NULIDAD, DENUNCIA, DEROGACIÓN Y MODIFICACIÓN DE NORMAS Y TRATADOS – NORMAS TRANSITORIAS

Artículo 1º. Prohíbese en el territorio de la República Argentina el empleo en las actividades mineras de técnicas de lixiviación con cianuro u otras sustancias tóxicas.

Artículo 2º.Cualquier conducta que configure violar la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente ley será sancionada con la clausura inmediata del emprendimiento minero y con una multa cuyo mínimo será el equivalente en pesos al valor de 1.000 onzas de oro y cuyo máximo será el equivalente en pesos al valor de 10.000 onzas de oro, sin perjuicio de la reparación de los daños ambientales que eventualmente se hubieran producido, la obligación de soportar los costos por desocupación, traslado y demolición y las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Artículo 3º. A los efectos de esta Ley no es oponible la transmisión o abandono de la propiedad o demás derechos sobre los objetos o sustancias empleados en cualesquiera de las actividades prohibidas.

Artículo 4º. Responsabilidad objetiva. Quienes resulten titulares registrales de cualquier derecho minero relativo al lugar de comisión de la infracción, o los asociados por joint venture o cualquier contrato de objeto minero, como quienes al momento de cometerse la infracción tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia de la persona jurídica condenada, serán personal y solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.

Artículo 5º. Los fondos que se recauden por percepción de multas o por el remate público de bienes objeto de comiso se asignarán a constituir un “Fondo de Reparación Ambiental”, cuyo fin exclusivo será el de reparar, remediar o mitigar los efectos de contaminación producida por catástrofes ambientales de relevancia y así calificadas por ley. El “Fondo de Reparación Ambiental” es inembargable, no puede constituir en modo alguno garantía de empréstito externo o interno ni contabilizarse como reserva del Tesoro Nacional.

Artículo 6º. Declárase la nulidad y derógase la ley Nº 25.243.

Artículo 7º. Declárase la nulidad y derógase la ley Nº 24.196 y sus

modificatorias.

Artículo 8º. Deróganse las leyes Nº 24.202, 25.161, 25.429 y los artículos

3º, 6º, 16 y 18, de la Ley Nº 24.498.-

Artículo 9º. Imprescriptibilidad y prohibición de indulto o conmutación de

penas o amnistías. Sustitúyese el Art. 52 de la Ley Nº 24.051

el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 52. Las acciones para imponer sanciones a las infracciones o delitos previstos en la presente ley son imprescriptibles. Los hechos tipificados en la presente ley y las penas previstas no pueden ser susceptibles de amnistías, indultos o conmutación de penas”.

Artículo 10º. Incorpórase a la Ley Nº 24.051 como Art. 56 “bis” que

quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 56 bis. Imprescriptibilidad y prohibición de indulto o conmutación de penas o amnistías. Las acciones para imponer las penas previstas en los delitos tipificados en los Arts. 55 y 56 de la presente ley son imprescriptibles y no podrán ser objeto de indultos, conmutación de penas o amnistías.”

Artículo 11º. Aquellos emprendimientos que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley cuenten con autorización administrativa firme para utilizar las técnicas prohibidas en el artículo 1º, contarán con un plazo de seis (6) meses para adecuar sus procedimientos a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 12º. Los trabajadores en relación de dependencia de las empresas titulares de los emprendimientos alcanzados por el supuesto previsto en el artículo precedente y cuyos empleadores abandonaren la explotación al cumplirse el plazo previsto en el presente artículo, deberán ser empleados por el Estado Nacional, sin perjuicio de otros derechos que les asistan por aplicación de leyes del trabajo o de la seguridad social.

Artículo 13º. Se exhorta a las Provincias y a todos los países del mundo, en especial a los de América Latina y el Caribe, a dictar normas análogas a las de la presente Ley. Esta exhortación deberá ser cursada en un plazo de treinta días desde la sanción de la presente Ley.

Artículo 14º. Derógase toda disposición que se oponga a la presente ley.

Artículo 15º. De forma.

LUIS F. ZAMORA – AUTODETERMINACIÓN Y LIBERTAD

Presentado el 20 de octubre del 2005.- (expte. 5937 – D – 05; incluyendo las modificaciones introducidas mediante exptes. 6098 – D – 05 y 6547 – D -05 del 3 y 25 de noviembre del 2005, respectivamente).

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente trabajo aborda uno de los más perversos y perjudiciales proyectos que se instrumentan en la actualidad en el país. Las explotaciones mineras con uso de sustancias tóxicas. Conscientes del carácter pernicioso que tienen para el país y para el pueblo, tanto el gobierno de Menem como los gobiernos que lo sucedieron –de la Rúa, Duhalde y el de Kirchner- como los gobiernos provinciales, han hecho lo posible para ocultar a la población tanto las explotaciones mineras a las que nos referiremos como las graves consecuencias de las mismas.

Nos parece que una vez más los intereses y las necesidades del país, del pueblo en general y de los habitantes de la zona en particular se ven enormemente perjudicados por estos emprendimientos concertados por gobiernos y empresas extranjeras, basados exclusivamente en el lucro empresario y el servilismo político.

Estos emprendimientos se realizan al amparo de la legislación minera reclamada por empresas multinacionales y por los organismos multilaterales de crédito y que fuera sancionada durante la década del 90, la “segunda década infame”.

En los últimos años estos gobiernos han aprobado numerosos proyectos a la industria minera para que grandes empresas multinacionales lleven adelante explotaciones enormemente peligrosas para la salud humana, los recursos naturales (especialmente el agua), la flora, la fauna, el medio ambiente, actividades productivas y fuentes de trabajo. Toda la Cordillera y sus zonas aledañas se encuentran incluídas en esas explotaciones mineras.

1.- El llamado proceso de “lixiviación”.

Las empresas mineras buscan explotar oro, plata y otros metales no refractarios. En la zona cordillerana argentina esos minerales no se encuentran en condiciones de ser extraídos mediante la construcción de galerías o socavones. Para ser rentables para la actividad empresaria esas explotaciones deben ser realizadas “a cielo abierto” y para la separación de los metales se utiliza cianuro u otras sustancias altamente tóxicas.

El proceso es llamado de lixiviación. El invento de lixiviar al que hacemos referencia es de una simpleza que impresiona. Consiste en moler montañas y atrapar el oro, la plata y otros metales en soluciones de cianuro de sodio, a veces combinadas con cal. Merced al cianuro se hizo rentable extraer minerales de baja ley, pero si se quiere hacer lo mismo con el cobre debe intervenir el ácido sulfúrico. De cualquier forma, el “revolucionario” sistema consiste en lixiviar los minerales que es como regar con una solución de cianuro de sodio enormes cúmulos de material, gigantescas plataformas o piletas de siete kilómetros por dos de ancho donde se depositan las “pilas”, previamente forradas con membranas que debieran garantizar impermeabilidad, pero que terminan filtrando los compuestos tóxicos, ya sea por fallas de fabricación , por desprendimientos de rocas de hielo sobre las piletas, por inundaciones, exceso de lluvias, por el peso de fuertes nevadas, o debido a la propia corrosión y uso; sin contar los derrames por negligencia empresaria, válvulas mal cerradas, malformaciones de los suelos elegidos donde asientan las piletas o plataformas, o por movimientos sísmicos que literalmente sacudirán las membranas.

El mineral de oro y plata – y otros metales no refractarios- es sometido a lixiviación con cianuro de sodio. Luego irá a un circuito de decantación para separar los minerales ricos mientras que los sólidos residuales se los tratará con anhídrido sulfuroso (SO2) intentando eliminar el cianuro residual -dicen las mineras- y luego al tranque de relaves. Mediante polvo de zinc (proceso de Merryl Crowe) se obtiene una precipitación de oro y plata que con el zinc se fusiona en barras de metal Doré.

2.- Un ejemplo: PASCUA LAMA.

Este es un proyecto que pretende llevar adelante la empresa Barrick Gold sobre territorio chileno (Pascua) y argentino (Lama). Se lo hace en el marco del “Tratado de sobre Integración y Complementación Minera” oportunamente firmado por los gobiernos de Argentina y Chile, relativos al proyecto minero denominado “Pascua – Lama”.

En presentaciones ante esta Cámara (por ej. expte. 6568 – D – 04) hemos abundado en argumentos por los que denunciamos el Tratado mencionado y el proyecto minero referido, algunos de los cuales reiteraremos en esta oportunidad. Este Tratado es el invocado por la empresa Barrick Gold para llevar adelante la extracción de mineral en Pascua – Lama.

También nos referimos a este proyecto y lo denunciamos ante la Cámara de Diputados en nuestra presentación de fecha 22 de noviembre del 2004; Observación al Orden del Día 1666/04. El proceso mencionado deja un cóctel tétrico de residuos en las altas cumbres donde nacen las aguas, en la provincia de San Juan, en tanto las barras de metal Doré saldrán por los puertos chilenos (o argentinos) hacia el extranjero.

El control del Estado Nacional no existe y el del Estado Provincial parece formar parte del que hace la propia minera. La minera señala que no habrá residuos líquidos; pero no niega que “el agua residual quedará retenida en los relaves”.

La Corporación Barrick Gold obtendrá del yacimiento de Pascua Lama una producción de 5.000 toneladas de cobre, 615.000 onzas de oro y 18,2 millones de onzas de plata, mientras que las reservas son de 14,1 millones de onzas de oro, 461 millones de onzas de plata y 180.000 toneladas de cobre. Invertirá 950 millones de dólares durante veinte años . A esto deberá sumársele las cifras del proyecto contiguo de Veladero, fundamentalmente de oro y plata, entre otros minerales que acompañan a éstos; porque una cosa es la afirmación oficial de los volúmenes reconocidos y otra la cantidad que saldrá ilegalmente por el Pacífico.

Los pueblos de Argentina y Chile desconocen lo que está ocurriendo en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes sanjuaninos. “Algunos gobernantes, sí”, según cuenta el especialista en medio ambiente Fredy Espejo, quien durante seis años y medio trabajó en el complejo de la Corporación Barrick Gold. Fredy Espejo asombró a la asamblea de auto convocados de Jáchal, afirmando que: “la Corporación Barrick Gold abrió rutas destrozando el Glaciar Conconta, fabricó un túnel hacia Chile, en el que entran y salen camiones sin control. Muere gente por la altura. Se contaminaron aguas y napas por el deficiente sistema cloacal en este hábitat creado a 5.000 metros de altura. Contratan gente de otras localidades, desprotegen al obrero en los trabajos pesados sin importarles las condiciones laborales, el clima y la presión atmosférica.”. Esto fue dicho ante unos cuatrocientos asambleístas. Se pudo ver, en la película que el Sr. Espejo aportó, el ancho de la ruta de acceso y salida de los yacimientos y de qué forma destrozaron el glaciar de Vallejos (glaciar Conconta).

En Veladero y Pascua Lama, durante veinte años demolerán montañas pulverizando rocas a cinco mil metros de altura, perforando pozos y desviando arroyos y ríos para formar lagunas que les permitan producir las soluciones cianuradas para lixiviar el oro, la plata y el cobre. La Corporación Barrick Gold señala que: “La operación de voladura incluye la perforación de pozos mediante explosivos y la utilización de nitrato de amonio y fuel oil”. Mientras tanto, el río Las Taguas no dará abasto y en cambio podría captar millones de galones de materiales tóxicos vertidos en las inmediaciones, que concluirán escurriendo aguas abajo, en la confluencia con el río Potrerillos, y en consecuencia al río Jáchal. Entre las pocas cosas que admite esta compañía en su informe de impacto ambiental, es que harán modificaciones paisajistas en las áreas del valle del río Potrerillos y arroyo Canito Sur, como consecuencia de la instalación de obras de gran tamaño, y se eliminarán elementos particulares del área, como las Vegas, y se intervendrán los cursos de los ríos Potrerillos y el arroyo Canito Sur.

Al no poder eludir el fuerte daño ecológico que provoca su proyecto, la Corporación Barrick Gold no oculta que construirá lagunas artificiales y que para ello desviará las aguas al interior de las cuencas. Según el informe del resumen ejecutivo de la consultora de la empresa sólo para Veladero se prevé utilizar casi 4000 toneladas anuales de cianuro. Se movilizará con voladura a cielo abierto 190.000 toneladas diarias de roca que permitirán extraer doce millones de toneladas anuales de mineral que será triturado y cinco millones de toneladas de mineral ROM no triturado. Los desechos con los compuestos químicos habrán de movilizar durante dieciséis y vente años, miles de toneladas de metales pesados como el plomo, cromo, cadmio, cobre, uranio, arsénico y otros, tan letales como el propio cianuro. Entre setecientos y mil millones de toneladas de material estéril se acumularán en escombreras que abarcarán casi mil hectáreas, además de las montañas que desaparecerán y la apertura de caminos de 35 metros de ancho para que transiten los camiones de gran porte. Los ríos y arroyos comunicarán la peste minera a través de su curso, destruyendo fauna y flora, exterminando aves acuáticas y peces, asentamientos humanos y las poblaciones de San Juan, como ocurre en otras latitudes. ¿ Por qué aquí habría de ser distinto? Será igual o peor, como viene ocurriendo en todo el planeta. El pueblo de San Juan habrá de pagar el agua que utilizará la Corporación Barrick Gold y las consecuencias de su uso. Se secarán los pozos y manantiales, acuíferos subterráneos y arroyos; especies endémicas no podrán sobrevivir, la Reserva de Biosfera de San Guillermo no cumplirá la función que previó la UNESCO; también se reducirá la napa freática, y el viento sembrará metales pesados liberados a pura dinamita. La contaminación del aire por el polvo de las explosiones constituye una causa grave de enfermedad, generalmente de trastornos respiratorios y asfixia de especies vegetales. Por otro lado suele haber emanaciones de gases y vapores tóxicos, producción de dióxido de azufre –responsable de la lluvia ácida- por el tratamiento de los metales, y de dióxido de carbono y metano- dos de los principales gases de efecto invernadero constantes del cambio climático- por la quema de combustibles fósiles, imprescindible para proporcionarle abundante energía a las plantas de extracción, fundición y refinería. ( ver “Minería”-Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, marzo 2004, página 23.)

El proceso Merryl Crowe incluye adicionar zinc para precipitar los metales preciosos que serán retorteados – según señala la empresa- para volatilizar y recuperar el mercurio extraído durante la lixiviación. La retorta será lavada con polvo de sílice, bórax y nitrato de sodio, y fundida en un horno de inducción eléctrico. En Veladero y después del proceso de refinación se verterá la solución Doré en lingotes de unos 100 kilos para su transporte. La escoria se volverá a reprocesar en la refinería, dice la minera, pero seguirá dejando mucho más volumen de desechos y más residuos peligrosos.

Los cultivos de San Juan estarán afectados por contaminantes de la minería y muchos de sus productos verán restringida su demanda en los mercados de consumo y de exportación. La “revolucionaria” tecnología de extracción minera, lixiviando con soluciones de compuestos químicos, volando rocas a cielo abierto, se debe a legislaciones que entregan el patrimonio nacional, los recursos naturales, a cambio de negociados escondidos entre transitorios puestos de trabajo para una escasa parte de la población. El saldo se compone de cráteres abandonados, glaciares destruidos, lagunas artificiales envenenadas, cursos de ríos sembrando químicos y metales pesados, tierras inutilizables o sospechadas de serlo y finalmente, el desierto. La minería ofrece desiertos.

Esta es la realidad de los proyectos mineros sanjuaninos y en el resto del país. Esta es la realidad minera en Latinoamérica.

Son cien los contratados por la minera que viven en los pueblos cercanos al emprendimiento, cuando habían prometido que emplearían a miles.

El Estudio de Impacto Ambiental de Pascua Lama, -que como es sabido lo realiza la propia empresa- señala con claridad que: “La demanda de agua será abastecida desde el río de Las Taguas, en Argentina” y la empresa minera “dispondrá de los derechos de aprovechamiento según crea necesario”; y así será por veinte años, tiempo que implicará llevarse las reservas, dejándonos las secuelas de los drenajes ácidos.

La destrucciónde la Reserva de Biosfera de San Guillermo, excepcional asiento de las vicuñas en opinión de la UNESCO, y de todo el ecosistema de las altas cumbres, acuíferos subterráneos, ríos y arroyos, y de toda calidad de vida aguas abajo. En Jáchal se comprobó que un águila parecía recuperarse al haber sido atrapada por los cables de alta tensión, pero un cóndor no tuvo la misma suerte; las explosiones frecuentes y los movimientos provocados por la explotación de Veladero y Pascua Lama, son el origen de historias como éstas. Sin embargo, la cadena trófica, en la complejidad del ecosistema de la biosfera de San Guillermo, ya fue dañada poniendo en riesgos el estatuto reconocido por la UNESCO: la planta de Veladero se construyó en la más absoluta promiscuidad, los contenedores reciclados para viviendas y el cuantioso volumen de cajas transportaron ratas que finalmente fueron eliminadas con veneno. Tiempo después, los trabajadores recogían atónitos los cuerpos de cóndores, águilas y zorros que habían muerto, víctimas de su propia trampa depredatoria. Las emisiones del material particulado al pulverizar las rocas a pura explosión, y luego molida, en algunos casos a dos micras, y en otros al tamaño de una pulgada, dejarán en suspensión, a merced de los vientos, importantes volúmenes de metales y otros minerales liberados por las explosiones: plomo, arsénico, uranio, cromo, zinc, asbesto, mercurio, azufre, cobalto, manganeso y tantos otros serán respirados, inevitablemente.

La minería es una de las actividades más dañinas, en términos ambientales, que desarrollan los seres humanos. En Estados Unidos, la minería de recursos no combustibles produce cuando menos seis veces más desechos sólidos que la cantidad total de basura que produce el país, en todos sus pueblos y ciudades. Las minas superficiales, abandonadas y sin restaurar, de carbón y de metales en Estados Unidos, cubren una superficie estimada de 90.000 kilómetros cuadrados. Esa superficie es más o menos la del Estado de Indiana. Esta cifra no comprende la extensión, quizás mayor, de canteras, pozos y minas abandonadas de arena, grava y piedra”.(Ecología y Medio Ambiente de G.Tyler Miller, Jr. G.E. Iberoamérica, página 564)

Los datos nos permiten refrescar la memoria y comparar el gigante minero de Veladero y Pascua Lama, con la provincia de San Juan, sus efectos, los pueblos fantasma que dejará a su paso, sin considerar el despojo de los recursos naturales, dilapidados por un mundo desarrollado consumista.

La Corporación Barrick Gold utilizará el agua que necesite y no pagará por ella.

Cuando ya no queden metales que importe extraer, la Corporación Barrick Gold no se quedará un día más en San Juan. Serán los sanjuaninos y sus descendientes quienes evitarán pensar en un futuro sin movimientos sísmicos.

Para tener idea de lo que se piensa hacer en Veladero, yacimientos contiguos a los de Pascua Lama, debemos decir que lixiviarán sobre una gran plataforma de siete kilómetros, con pilas de material de unas quinientas mil toneladas cada una, en todo su recorrido. Se las regará con una solución de cianuro. Las piedras en Veladero tendrán el tamaño de una pulgada y no serán pulverizadas a dos micras como se pretendía en el Cordón Esquel (Chubut) , pero para el caso es lo mismo. Además, no han desistido de utilizar ambos sistemas, como mejor crean e impermeabilizarán los kilométricos estanques con plástico HDPE, y tampoco con esto hay garantía y menos en un sitio que cuenta con movimientos sísmicos relevantes. La longitudinal plancha de lixiviación al pie del Cerro Pelado tendrá siete kilómetros de largo por dos de ancho y nadie duda que allí se instala la gran bomba de tiempo sobre la provincia de San Juan (y hacia ambas cuencas, la del Atlántico y la del Pacífico).

El sistema es muy parecido al usado en Tambo, en la República del Perú, donde a poco de comenzar, debieron cancelar la extracción al detectar cianuro en filtraciones profundas. Ocurrió en 1994, pero en 2001 se contaminó el río de Vacas Heladas con cianuro como consta en la Secretaría de Salud de Vicuña. Los grandes hielos y rápidos deshielos superficiales provocaron en Tambo un desprendimiento que rompió la membrana plástica con escapes incontrolables de solución cianurada, escurriendo aguas abajo.

La Corporación Barrick Gold anunció que extraerá de los yacimientos Pascua-Lama, oro, plata y cobre, y del emprendimiento Veladero, oro, plata y mercurio.

Estos yacimientos se hallan en los límites trasandinos, a unos 150 kilómetros de Vallenar, en Chile. De ellos, se obtendrán metal Doré (oro, plata y concentrado de cobre) en lingotes de 31 kilos. Estas extracciones se llevarán a cabo por la Corporación Barrick Gold y sus subsidiarias creadas para la ocasión: Compañía Minera Nevada S.A., en Chile, y Exploraciones Mineras Argentinas S.A., en Argentina.

El concentrado de cobre saldrá por puertos chilenos en camiones hacia sus fundiciones, generando relaves y tóxicos letales que habrán de contaminar ambas cuencas, la del Pacífico y la del Atlántico.

3.- EL TRATADO BINACIONAL ARGENTINO – CHILENO.

Para que esto sea posible, la Corporación Barrick Gold invoca el Convenio Binacional Argentino Chileno ya aludido. En 1997 se firmó el TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE INTEGRACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN MINERA, en 1999 se suscribió el PROTOCOLO COMPLEMENTARIO de dicho Tratado, ambos aprobados por ley 25.243 de marzo del 2000.

La especialista Dra. Teresa Ana Maknis se refiere así al Tratado en cuestión: “El ámbito de aplicación del Tratado entre Argentina y Chile sobre Integración y Complementación Minera contiene los parques nacionales sin cláusula alguna que preserve su integridad. El tratado de minería fue firmado el 29 de diciembre de 1997 y su protocolo complementario el 20 de agosto de 1999, sin cláusula alguna que preserve la integridad y la ecología de los parques y reservas, tanto provinciales como nacionales, y de otras áreas turísticas que se hallan en su ámbito de aplicación. El tratado permite a los inversionistas la exploración y explotación de los recursos mineros existentes y el uso de los recursos naturales para ello, en el ámbito de aplicación sin ningún tipo de restricción, aplicando el principio de trato nacional y otorgando facilitaciones fronterizas que pueden ser ampliadas mediante protocolos adicionales específicos, es decir, el tránsito entre Argentina y Chile será para ellos sin restricciones, con el peligro de desarrollo de actividades ilegales a su amparo. La integridad de los Parques Nacionales y otras zonas turísticas, también se verá afectada por la existencia de un Protocolo de 1993 que se refiere a la facilitación de actividades de trabajo aéreo, es decir, explotación a cielo abierto que deja un cráter como resultado final. Este tratado no es el primero sobre el tema que se suscribe con Chile. El mismo se inscribe en el marco del Acuerdo de Complementación Económica, donde se conviene esta actividad en varios y sucesivos protocolos hasta 1993, complementados con el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de 1991. Las Bases y Fundamentos de un Tratado de Integración y Complementación Minera de 1996. El Memorándum de Integración Física y Facilitación Fronteriza. La actuación de la Comisión Parlamentaria, ha sido toda a espaldas del pueblo argentino, que no fue informado debidamente por los medios. El ámbito de aplicación del tratado abarca toda la zona occidental de nuestro país, próxima al límite con Chile. De gran desarrollo turístico. De Norte a Sur, afecta los siguientes parques provinciales y reservas nacionales, y parques nacionales: Parque Provincial y Reserva Nacional de Ischigualasto (San Juan) y de Talampaya (La Rioja). Reserva de Biosfera San Guillermo (San Juan). Parques Nacionales: Laguna Blanca (Neuquen), Lanín (Neuquen), Nahuel Huapi (Río Negro), Lago Puelo (Chubut), Los Alerces (Chubut), Perito Moreno (Norte de Santa Cruz), Termas: Fiambalá (Catamarca), Pismanta (San Juan), El Sosneado (Mendoza), Copahue y Caviavue (Neuquen). Embalses: los Nihuiles I, II y III y Valle Grande sobre el río Atuel, Los Reyunos sobre el río Diamante, Agua del Toro, todos en Mendoza. Los ríos sobre los que se construyeron las represas y embalses, nacen y transcurren en el área de aplicación, con peligro cierto de contaminación de la cuenca y del embalse por la actividad minera si no existen cláusulas específicas que excluyan estas áreas.” Este documento, elaborado por la especialista a la que hacemos referencia, cita gran parte de los Parques Nacionales que se verán afectado, entre ellos, la Reserva de Biosfera de San Guillermo, estatus concedido por la UNESCO”.

El “instrumento legal” del acuerdo binacional, emanado del gobierno de Menem complementa la tenebrosa legislación para una política extractiva de entrega absoluta merced a la ley de Inversiones Mineras y otras.

Una “insólita” ley provincial separa las hectáreas que explota la minera declarando que no pertenecen a la Reserva de Biósfera de San Guillermo, sin explicar cómo se puede hacer esto con estas tierras que están en el centro superior de la Reserva de Biosfera mencionada. Al observarlo en un mapa no resiste análisis alguno, pero así funcionan los gobiernos cómplices del despojo.

El restolo hace el acuerdo binacional, documento imprescindible para que decenas de corporaciones como la Barrick Gold puedan extraer libremente y sin aduanas los recursos naturales de Chile y Argentina.

Este Tratado y su Protocolo Complementario debe ser declarado NULO. Corresponde la anulación y derogación de la ley 25.243 que lo aprobó.

Volveremos sobre el particular más adelante tanto en sus aspectos jurídicos como respecto de la experiencia en Chile.

4.- NO EXISTE EMPRESA MINERA QUE NO CONTAMINE.- LO RECONOCEN LOS PROPIOS EE.UU.-

Según la Agencia de Protección Ambiental del gobierno norteamericano, EPA por sus siglas en inglés,la industria minera es una de las primeras causas de contaminación de cursos de agua en Estados Unidos”, ¿por qué, nos preguntamos, no lo puede ser entonces en Argentina o en Perú? Nos vimos obligados a este nuevo informe sobre Perú porque precisamente la Barrick Gold publicita que mina Pierina es un ejemplo limpio de extracción, cuando en realidad la empresa y el gobierno trazaron una sociedad basada en la ley del silencio y del garrote.

Son tan evidentes los daños producidos por la empresa que hasta la propia iglesia católica peruana se pronunció contra la devastación minera en dos obispados y un vicariato donde operan las mineras. A través de un fuerte comunicado, los obispos de la Arquidiócesis de Piura, la Diócesis de Chulacanas y el Vicariato Apostólico de Jaén, reunidos en la ciudad de Chiclayo, con los agentes de pastoral y el asesoramiento de la Comisión Episcopal de Acción Social y de la Pontificia Universidad Católica, se dirigieron a las autoridades vinculadas con la minería para “reconstruir la convivencia social, ante la fragmentación de la sociedad y la creciente generación de conflictos en las comunidades donde operan las empresas mineras; para valorar los ecosistemas de la región nor -oriental y tener en cuenta su fragilidad ; y declarar el ámbito de nuestras tres jurisdicciones eclesiásticas como áreas no aptas para la exploración y explotación mineras, considerando la realidad territorial, el sentir de la población y el de sus autoridades”. Al fundamentar esta decisión dicen lo siguiente: “El Estado Peruano a través del Ministerio de Energía y Minas ha dado en concesión áreas urbanas, agrícolas y sanitaria nacionales sin considerar la diversidad de los ecosistemas (páramos, bosque secos, bosques de neblinas, etc. ) con grados importantes de fragilidad. Previamente al otorgamiento de las concesiones, el Estado Peruano no se ha comunicado con las poblaciones locales y – continúa el documento- las áreas concedidas para la exploración minera están en riesgo permanente ante el fenómeno del El Niño con sus impactos en la dinámica geohidromorfológica”.

Por los mismos motivos se pronunció, en San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, el equipo de la Pastoral Social de esa diócesis, al sostener el derecho de los pueblos a elegir su calidad de vida. La Pastoral denuncia “el uso excesivo de agua, el polvo en suspensión, los daños paisajísticos, el uso de mercurio y cianuro y el drenaje ácido de las minas”. Ratifica que “donde hubo una mina se crea un foco de difusión de tóxicos que durará por siglos”. Entre muchas otras consideraciones, la diócesis de Bariloche deplora los escasos beneficios por regalías, y advierte que “los emprendimientos mineros incumplen la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT, en relación con los derechos de los pueblos originarios”. El documento coincide de este modo con el reclamo que el pueblo de Ingeniero Jacobacci, de Río Negro, vienen realizando a través de asambleas de ciudadanos auto convocados que rechazaron un anunciado proyecto minero en proximidades de esa localidad de la Patagonia.

5.- BUSH – MENEM y LA MINERÍA.

Es sabido que la familia del actual presidente de los Estados Unidos es accionista de algunas empresas mineras, como la Barrick Gold Corporation. Para muchos, este fervor hacia la industria extractiva, confirma buena parte de las “relaciones carnales” con su amigo Bush, de las que siempre se ufanó el ex presidente argentino Carlos Saúl Menem.

Fue precisamente durante la gestión Menem que tuvo lugar la promulgación de las leyes mineras más perjudiciales para los intereses del país y del pueblo que lo habita.

Nos referimos al CÓDIGO DE MINERÍA DE LA NACIÓN, según el T. O. por decreto PEN 456/97, LEY N° 24.196/93 DE INVERSIONES MINERAS, LEY N° 24.224/93 DE REORDENAMIENTO MINERO, LEY Nº 24.227/93 DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE MINERÍA, LEY N° 24.228/93 DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO FEDERAL MINERO, LEY N° 24.402/94 DE FINANCIAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DEL I.V.A., LEY N° 24.498/95 DE ACTUALIZACIÓN MINERA, LEY N° 24.585/95 DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA MINERA (INCORPORADA AL CÓDIGO DE MINERÍA DE LA NACIÓN), LEY N° 24.051/92 DE RESIDUOS PELIGROSOS, LEY N° 24.523/95 DE SISTEMA NACIONAL DE COMERCIO MINERO, LEY N° 25.161/99 DE INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 22 BIS A LA LEY DE INVERSIONES MINERAS, LEY Nº 25.243/00 DE RATIFICACIÓN DEL TRATADO DE INTEGRACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN MINERA CON CHILE.

La ley de Inversiones Mineras es tal vez el mejor ejemplo.

Pero el mayor despojo, entrega y perjuicio ambiental se visualizan mediante el “Acuerdo Binacional Argentino Chileno”, que les permite a las corporaciones hacer prospección y explotación en Parques Nacionales o en reservas como la Biosfera de San Guillermo, en la provincia de San Juan, donde un túnel de casi siete kilómetros, perforado en las altas cumbres de la Cordillera de Los Andes, transportará los minerales por Chile rumbo a los puertos del Pacífico. Por allí saldrá en oro, plata y cobre, varias veces la deuda externa Argentina.

A partir de la legislación minera votada en los 90, el presidente Bush cuenta con leyes apropiadas para sus corporaciones mineras. Eso explica también las excelentes relaciones del actual presidente Kirchner con el gobierno de George Bush.

En síntesis, Argentina perderá sus recursos naturales fundamentalmente con Estados Unidos. Un imperio que para perpetuarse necesita de minerales críticos y estratégicos que agotó en su territorio.

Durante el gobierno de Kirchner cobra nuevo impulso este proyecto acelerando y profundizando la penetración, el saqueo y los daños. La vinculación del presidente Kirchner y de varios gobernadores como Gioja de San Juan con las empresas mineras es profunda y de defensa incondicional de las explotaciones mineras que aquí denunciamos.

6.- LAS OPINIONES DE LOS SECTORES POPULARES VECINOS A LAS EXPLOTACIONES.-

En las zonas directamente afectadas por la minería, la población reclama ser escuchada. Es indispensable que sean los propios vecinos los que decidan sobre su vida. Ser consultados, saber cuáles son sus decisiones sobre este tema que los tiene como protagonistas principales. Es una obligación que sentimos propia. Cada pueblo debe determinar su destino y nosotros pretendemos ser parte de esa decisión.

La posiciones descriptas cuentan con la adhesión de muchas organizaciones ambientalistas de todo el país.

Cuenta además, con el apoyo de numerosos vecinos de distintos puntos del país, que se expresan contra este sistema de extracción minera.

Así, por ejemplo, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Juan, quienes agregan otro aspecto de enorme importancia cuando lejos de considerar un “hito” para los pueblos de Argentina y Chile los proyectos mineros se preguntan “¿Para quién es el negocio de la Gran Minería?”: “Son 39 compañías las que explotan el 80% de la minería en Argentina, 35 de las cuales son corporaciones extranjeras. Por cada 100 dólares que obtienen pagan un promedio de 1,20 dólares de regalías, una vez descontados sus costos de producción. En los primeros 5 años de explotación bajo las leyes de Carlos Saúl Menem, salen del país 25.000 millones de dólares y sólo pagarán de regalías a las provincias 390 millones de dólares, pero la Nación deberá reintegrarles 1.250 millones de dólares en concepto de reembolsos por explotaciones no tradicionales, con lo que perderemos en cinco años 860 millones de dólares, además de los recursos naturales que se llevan y el pasivo ambiental que nos dejan.Y esto es solo el comienzo de los casi 700 núcleos metalíferos en los Andes Argentinos a punto de volar a pura dinamita, a cielo abierto y con el devastador cóctel que provee laindustria química. Cuántos más yacimientos se explotan, más dinero pierde Argentina. El de las mineras es el único régimen de excepción en el que el IVA se devuelve en 60 días y el combustible líquido no paga impuestos permitiéndoles abonar 0.50 centavos el litro de gasoil. Así como están exentas del impuesto al cheque, tampoco están obligadas a liquidar las divisas en el país. Y sólo generan un puesto de trabajo por cada millón de dólares que invierten”.

Por su parte los Autoconvocados de Esquel” quienes vienen librando una lucha ejemplar contra la Meridian Gold, y el proyecto de megaminería que está previsto implementar en la zona con el apoyo de las autoridades provinciales y municipales, ha denunciado que proyectos como el que nos ocupa son de “entrega y de envenenamiento” encuadrados en el “Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno”, el “que compromete el aprovechamiento de los recursos mineros en toda la zona fronteriza entre ambos países, sin ningún tipo de restricciones y sin tener en cuenta que en dichas zonas se asientan numerosas áreas protegidas, como Parques y Reservas Nacionales y localidades turísticas. El Código de Minería y otras leyes que se sancionaron en la época de Menem abren las puertas a muchas facilidades para las empresas del ramo: el estado es el titular soberano de la riqueza del subsuelo pero tiene prohibida la explotación directa y debe concesionar la explotación a particulares, sin límite de tiempo, pudiendo el concesionario transferir a otro sus derechos. Para extraer la riqueza del subsuelo tienen derecho a exigir servidumbres de uso y de paso en la superficie de la concesión y en áreas vecinas. Inclusive la empresa puede llegar a expropiar la superficie del área de la concesión con el pago de una indemnización. Las empresas también se ven beneficiadas con el congelamiento de impuestos nacionales, provinciales y municipales por 30 años, descuento del impuesto a las ganancias por tareas de exploración y ensayos, compra de equipo y maquinarias, y no tienen obligación de liquidar en nuestro país los dólares que cobren por la venta del oro y la plata.”. Esta verdadera entrega de nuestra riqueza se está comenzando a llevar a cabo alrededor de la ciudad patagónica de Esquel, donde la empresa Meridian Gold, de capitales canadienses está construyendo una mina “a cielo abierto” para extraer el oro que se encuentra en la zona.”

La lucha de las Autoconvocados logró arrancar un plebiscito en el municipio, logró luego la participación popular masiva en el mismo y en el escrutinio un resultado abrumador de más del 80% dijo “No a la Mina”. La pelea sigue abierta precisamente porque los intereses económicos y las ganancias empresarias son grandes y la actitud del gobernador Das Neves y del presidente Kirchner es la de respaldar a la empresa, su afán de ganancia y no a la población y su decisión expuesta de forma tan contundente.

En el mismo sentido, la agrupación Sanjuaninos Autoconvocados, viene trabajando en forma activa y es así que uno de sus integrantes, el ingeniero en Minas, Hugo González, sostiene que “decimos que la metodología que emplean estos emprendimientos contamina, y como nadie nos puede garantizar la no contaminación, nosotros nos oponemos lisa y llanamente a este tipo de explotación con la metodología de cianuración y explotación a cielo abierto”.

Los emprendimientos mineros tienen una característica que es clave y para San Juan puede ser grave, están implantados en el origen de las cuencas hídricas sanjuaninas, en este caso Veladero y Pascua-Lama, que está en la cuenca norte que corresponde al río Jáchal, una de las áreas de cultivo y uno de los oasis sanjuaninos, entonces sostenemos que si acá se comete un error ¿cuál es el negocio que hacemos si perdemos? Verdaderamente, tenemos que considerar hoy como fundamental a la agricultura”, aseveró el ingeniero González.

Especialista en el tema, González destacó más adelante que “en este momento por ejemplo, los proyectos Veladero y Pascua-Lama, tienen sus similares desde el punto de vista geológico en la zona de Chile con los proyectos El Indio, que fue explotado hasta el 2002 y El Tambo, hasta el año 1997; es decir, la misma empresa Barrick. Hay que destacar que por exigencia de las autoridades de Chile, por el cierre de mina, Barrick está invirtiendo unos 40 millones de dólares, para reparar los daños producidos sobre todo en las cuencas hídricas, justamente en la zona donde está asentado el emprendimiento minero Pascua (en la zona de Chile).”

Por otra parte, el ingeniero González recalcó que “en las dos reservas Pascua-Lama y Veladero, tanto del lado chileno como del argentino, se encuentran situados los glaciares que alimentan las dos cuencas y éste es el gran drama, porque es el elemento que transmite la contaminación del agua, y el agua es para San Juan precisamente, el elemento clave para su desarrollo. San Juan tiene que desarrollarse con lo que tiene, no tiene que ser una provincia con minería, ese planteo es clave”.

Recordó González que desde las mismas empresas hicieron lobby para desactivar el mecanismo de audiencias públicas en materia de minería y sobre ello señaló que “todo este debate que estamos llevando los sanjuaninos a través de los medios, deberíamos haberlo realizado en una audiencia pública (tal como ocurrió con las tarifas de los servicios eléctricos)“.

Subrayó que “la empresa Pachón, a través del ingeniero Garabello y la doctora Ossa solicitó en 1999, en la Cámara de Diputados, que fuera retirada la audiencia pública de la actividad minera, es decir, que las empresas mineras no sean sometidas a audiencia pública”. Continuó diciendo González que “yo estaba presente en la reunión en el momento en que hicieron este pedido y me opuse. Tuvimos una especie de charla, pero quedó como que lo había pedido la gente de los diputados, que solicitaron ese tipo de anulación”. Aclaró González que sin audiencia pública nadie puede cuestionar nada, “pero no solamente eso, sino que tampoco se tenía acceso al informe de impacto ambiental. Nos enteramos días pasados en la reunión de la UCR; intercedí ante la Cámara Minera para que pudiéramos ver este informe, y para eso voy todos los días a la mañana”.

Sin embargo, aludió que “el informe de impacto ambiental no es la clave, la clave es el proyecto factibilizado, allí vamos a encontrar toda la parte legal, la técnica, la económica y financiera. Entonces vamos a ver cuáles son los beneficios al mínimo costo y donde vamos a ver todos los reactivos que se van a utilizar; cuáles son los procesos de cálculo y vamos a poder cuestionarlos o no, o aprobarlos por la geología del terreno; para saber qué tipo de elementos químicos y físicos van a intervenir en todas estas reacciones, porque es sumamente importante. Ahí vamos a saber económicamente, cuál es la rentabilidad del negocio, porque a San Juan le corresponde nada más que el 3%, y también va-mos a ver lo que para nosotros es sumamente importante: qué montos va a destinar la empresa a posibles daños al ambiente”.

Consultado sobre qué ocurriría en el caso de un accidente, sostuvo el ingeniero González que “yo tiendo a sospechar que el día que haya un accidente no puedan cubrirlo económicamente y se van a ir, van a presentar la quiebra y nosotros vamos a quedar con el yacimiento sin explotar, el río contaminado y los que lo vamos a tener que arreglar somos nosotros, los montos van a salir de nuestros bolsillos pura y exclusivamente para arreglar estos desaguisados”.

Acerca de la geomembrana que será instalada, González explicitó que “si no tenemos el proyecto factibilizado no vamos a saber cuál es la membrana, cuáles son sus características para resistir. El ingeniero Rodolfo García en un programa de televisión señaló que el INPRES sí se había expedido y que estaba calculado el coeficiente sísmico, que habían utilizado para calcular la obra y era correcto para el murallón”. Consignó González que habían concurrido a solicitar la información a la Dirección de Minería y que “me he encontrado con algo que verdaderamente me ha molestado en la Dirección de Minería; presenté una nota para pedir este informe del ingeniero García y resulta que debo pagar un sellado, y pregunté si para cualquier nota presentada peticionando derechos, que me concede la Constitución, de una información pública, tengo que pagar. Y me contestaron que para presentar cualquier trámite en la Dirección de Minería, hay que pagar un estampillado, y entonces me enojé, porque ellos tienen la obligación de informar”.

En el mismo sentido se expresó el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente y Premio Nobel Alternativo 2004, sostiene queEstas empresas destruyen nuestras fuentes de agua y contaminan nuestro suelo con cianuro y metales pesados. Al amparo de dudosos controles del Estado y de leyes que regalan el patrimonio argentino, se llevan el oro y dejan a cambio socavones y contaminación. Crean además territorios protegidos para que la comunidad no pueda ver ni medir lo que allí sucede. La mina se vuelve un país dentro del propio país”.

7.- “CHILE TAMBIEN SUFRE LA MINERIA QUÍMICA”

Por su parte Javier Rodríguez Pardo, (RENACE -RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA DE ARGENTINA) algunos de cuyos conceptos e investigaciones hemos recurrido en este trabajo también ha analizado la situación en Chile en un artículo que lleva el título utilizado más arriba..

Rodríguez Pardo señala que “Durante casi 24 años, hasta el año 2000, al estado chileno le ingresaron más de 25.000 millones de dólares por exportaciones de cobre, cuando aún era dueño del mineral. La bonanza duró poco y también la ilusión del pueblo chileno de que no habría más padecimientos económicos gracias al recurso cobre.

Si echamos un vistazo sobre las estadísticas veremos que desde el advenimiento de las privatizaciones, a caballo de la legislación exigida por las transnacionales, estabilidad fiscal, exenciones impositivas y sobre todo el Tratado de Integración Minera entre Chile y Argentina, en sólo cuatro años Chile perdió más de 6.000 millones de dólares.

De este modo también entregó la soberanía y el control del mineral con la certeza de que la aplicación de royalties no le permitirá recuperar las divisas que cambiaron de mano. Quienes redactaron el tratado binacional argentino chileno fueron las consultoras de las corporaciones mineras, de eso no cabe duda, porque el documento propone que en la Cordillera de los Andes habrá de funcionar una nueva frontera minera administrada por las empresas dueñas de los yacimientos con minerales diseminados a ambos lados; una suerte de nuevo país que ante cualquier litigio se somete a la jurisdicción que fijan las transnacionales.

Esa nueva frontera binacional expoliada a chilenos y argentinos gira con nuevos soberanos que no pagan impuesto a renta alguna de una riqueza no renovable. En Pascua Lama (Pascua es del lado chileno y Lama territorio argentino) se construyó un túnel de casi 7 kilómetros a través de la cordillera, por donde desaparecerán los minerales rumbo al Pacífico y a los mercados del Norte. También ingresará todo cuanto requieran los responsables de esta aduana virtual. Los dos países sudamericanos habrán de ignorar además el volumen del despojo, la cantidad y la diversidad de los minerales del saqueo. En el caso chileno el daño es irreparable ya que se trata de su fuente principal de ingresos al aportar el 40 % de las reservas mundiales de cobre, hoy enajenado y a merced de las empresas extranjeras, que siempre declaran pérdidas en sus balances para no liquidar el pago de los impuestos.

Las multinacionales mineras declaran gastos abismales, venden el cobre a sus filiales hasta un 30% inferior a los precios del mercado, generalmente con domicilio comercial en “paraísos fiscales”, e inventan costos de producción, fundición y refinación tan altos que les es imposible pagar renta alguna, declarando literalmente un quebranto comercial en sus balances. Son muchas las maniobras fraudulentas protegidas por las leyes que firmaron ambos países trasandinos, como manifestar pérdidas en los mercados de futuro del cobre a favor de otras empresas que les sirven de pantalla.

Gran parte de la comunidad intelectual chilena juzga que el Tratado Minero con Argentina contiene defectos insalvables, es inconstitucional, y se puede recurrir a la Corte Suprema. Su aplicación también ocasionará disputas previsibles. Los mismos autores sostienen en “El Exilio del Cóndor” que el complejo minero sanjuanino El Pachón, en el límite con Chile, no podría construir un mineroducto para los concentrados de cobre desde Argentina hasta Los Vilos en Chile si no obtienen primero “el permiso de los numerosos propietarios de los terrenos por donde pasará el conducto. Entre estos propietarios se encuentran una gran cantidad de concesiones de pequeños y medianos empresarios mineros chilenos que se ubican desde la precordillera hasta las cercanías de Los Vilos. En su gran mayoría se oponen al Tratado Minero, porque persigue la desaparición de la pequeña y mediana minería. Los numerosos agricultores y las diversas comunidades agrícolas son otro grupo importante” de oposición, entre otras razones, que dificultan la implementación del Tratado para el caso de El Pachón, que amenaza especialmente a los vecinos sanjuaninos de Calingasta, Tamberías y Barreal, sin olvidar que cualquier contaminación y drenajes ácidos involucrará al río San Juan hasta el mismo corazón de la metrópoli cuyana.

Digamos que la situación chilena es la misma que la de su vecino. En cuanto al impacto ambiental que habrá de producir la implementación del Tratado no hay mayores diferencias: se verán afectadas por igual ambas cuencas, la del Pacífico y la del Atlántico. En Chile, “en caso que se genere daño ambiental es posible iniciar acciones legales tendientes a la reparación de dicho perjuicio… es un procedimiento civil contemplado en la ley… aunque no existen a la fecha antecedentes sobre la efectiva reparación de un daño ambiental utilizando este mecanismo legal” (El Exilio del Cóndor, página 57).

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son encargados por las empresas mineras y en caso de impugnación pueden corregirlo, reemplazar partes o todo, hasta ser aprobado. No hay imparcialidad, como también ocurre en Argentina, pero en Chile la participación ciudadana no puede expresarse ni a través de audiencias públicas. Claro que en San Juan, Argentina, una ley provincial excluye las audiencias públicas para los emprendimientos mineros (sic). En ambos países además hemos visto cómo el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, o el que se presentó en sociedad, difiere completamente del que se aplica, ya que los controles del estado (del pueblo) son inexistentes, ineficaces, en manos de funcionarios generalmente corruptos.

El Tratado Minero, ofrece sórdidos capítulos sobre Medio Ambiente. Alude al “Cambio Climático”, ignorando que es precisamente la minería la que “aporta el 13% de las emisiones de dióxido de azufre, consume entre el 7 y 10 % de la energía mundial, mucha de la cual es de origen termoeléctrica, mientras que aporta menos del 1% del producto nacional bruto mundial y emplea a menos del 0.5 % de la mano de obra del planeta” (El Exilio del Cóndor”)

En Chile no existe legislación sobre remediación minera, que deberá aplicarse después del cierre o abandono de minas. Curiosamente, en la minería del cobre este tema es de suma importancia porque los residuos en los tranques de relaves deja una escoria letal: en la Bahía de Chañaral, Atacama, hizo estragos seculares de desolación y miseria. Que en Chile no haya una política al respecto no significa que en Argentina se aplique la existente. El resultado en ambos países es el mismo.

Un capítulo interesante del Tratado se refiere al uso del agua en las altas cumbres, pero con una hipocresía que alarma, aunque no sorprende. Como se puede apreciar, es nuestra intención que ambos pueblos, conozcan el problema que originan las invasiones mineras, el perjuicio a sus ecosistemas y cuáles son sus consecuencias, con sus semejanzas y diferencias. Con los casos Cordón Esquel, en Chubut, y Veladero, Pascua Lama y El Pachón, en San Juan, hemos profundizado de qué forma estos sitios son paradigma de las altas cuencas hídricas y la afectación de las nacientes por el sistema extractivo que aplican las corporaciones, método que hemos dado en llamar Minería Química.

Deseamos entonces difundir la opinión chilena reflejada en el texto al que venimos aludiendo: “En el caso de Pascua Lama hay dos situaciones particularmente delicadas y que han sido señaladas con energía por los agricultores de los valles El Tránsito y San Félix (Chile). Se trata de la instalación del botadero de estériles en la naciente de un río que alimenta el valle y que es utilizado en la agricultura…puede significar la alteración de los caudales y la calidad del agua…Por otro lado, más grave aún es la destrucción de dos glaciares de inferior tamaño ubicados en el rajo de la mina. Si bien es cierto que el inicio de las actividades de Pascua Lama está condicionado a la presentación de un plan de manejo de glaciares, lo cierto es que los expertos consultados afirman que no es posible manejar glaciares y menos trasladarlos, según se menciona en la propuesta entregada por la empresa requerida sobre la materia, a raíz de las observaciones realizadas por agricultores del valle , en el marco de la participación ciudadana dentro del SEIA. La empresa canadiense Barrick Gold, a cargo del proyecto, no había mencionado los glaciares en su EIA . Extraño, pero verídico. Tuvo que ser a solicitud de los agricultores que la CONAMA consultara a Barrick sobre la materia. Frente a dicho interrogante, la empresa responde reconociendo la existencia de tales glaciares y respecto del requerimiento de CONAMA presenta un plan para su tratamiento. Insuficiente por cierto, lo que hace que CONAMA condicione el desarrollo del proyecto a un plan de manejo aún no presentado”.

Para los chilenos, y para sus vecinos, son las poblaciones afectadas, sus habitantes, quienes denuncian, exigen y controlan, pero sin poder evitar el riesgo permanente que deberán afrontar porque las explotaciones mineras siguen su curso amparadas por estos convenios.

Alrededor de Pascua hay pueblos agrícolas, y en paulatino desarrollo turístico, como Alto del Carmen, provincia de Huasco, Tercera Región de Atacama, a 190 kilómetros de la ciudad de Copiapó, cerca de Vallenar, norte semiárido. Al sur está la Cuarta Región de Coquimbo. La producción de Alto del Carmen es frutícola, uva pisquera y uva de mesa de exportación, paltos y hortalizas y una actividad artesanal en licores, frutos secos, mermeladas, miel de tuna, queso de cabra, etc.

A los pies de Lama se halla Valle del Cura con desarrollo turístico pujante, las termas de Pismanta, Iglesia, Dique del Viento, Rodeo, Tudcum, y también con actividad frutícola. El área que recibirá inusual impacto ambiental será Jáchal, población de 24.000 habitantes con dedicación agraria, en especial la cebolla que exporta en su totalidad y con gran demanda. Sin embargo el plato fuerte de la región son las altas cumbres donde se asienta precisamente la explotación minera de la Barrick Gold con los complejos Veladero y Lama, mundialmente difundidas como la Reserva de Biosfera de San Guillermo, estatus reconocido por la UNESCO para su casi un millón de hectáreas de extensión, hábitat de camélidos como la vicuña, que requiere protección.

Pascua Lama se halla entre los 4.000 y 5.000 metros de altura y de ambos lados de la Cordillera de Los Andes el despropósito minero de Barrick Gold no reparará desviando ríos como El Potrerillos y Las Taguas; construirá lagunas artificiales por la demanda constante de agua que habrá de necesitar para lixiviar las rocas con soluciones cianuradas y a tajo abierto, previamente voladas a pura dinamita, método que les permite atrapar el oro y la plata, pero también los concentrados de cobre saldrán de ese complejo minero; destruirá vegas, verdaderos oasis de la fauna y flora del lugar; desaparecerán cerros como el Penélope, Filo Federico, Caracoles Norte, entre muchos otros que guardan el metal diseminada en extensiones kilométricas. Destruirá glaciares que ocultan los minerales buscados como ya hizo con el Concontac por donde abrió la ruta hacia la planta. Miles de kilómetros de senderos y caminos de 35 metros de ancho provocarán mayor desertificación. “En territorio chileno se desarrollará gran parte del tajo abierto y se construirá un botadero de estéril, un chancador primario, un complejo capaz de atender equipos de mina y polvorín para almacenamiento de explosivos”, ubicado en las nacientes del río del Estrecho, tributario del río Chollay y a 4.400 metros sobre el nivel del mar. En zona argentina también habrá tajo abierto, botadero de estéril, diques de colas y plataformas kilométricas con minerales en pilas, un tranque de relaves, la planta de procesado, los campamentos para 4.000 personas y un aeródromo privado. Argentina aportará el 95% del agua requerida y Chile el 5% restante; a razón de 370 l/s. Barrick Gold no pagará el agua y será dueña de los derechos según lo crea necesario. Anualmente producirá 5.000 toneladas de concentrados de cobre, 615.000 onzas de oro y 18,2 millones de onzas de plata.

Cerca de allí se halla Veladero (Argentina) con yacimientos de oro, plata y mercurio. Ambas minas compartirán la misma infraestructura.

Hemos adelantado que serán derribados glaciares que el EIA omitía. Esto implica la destrucción de significativas fuentes de agua. La región, de un lado y otro es árida y semiárida, pero el agua serpentea bajando de las montañas haciendo valles fértiles y prósperos.

Los pueblos consideran que el “agua vale más que el oro” y que sobre ellos pende la amenaza de un daño irremediable de llevarse a cabo los proyectos. La remoción y manejo de los glaciares provoca espanto hasta en el mundo científico.

“Hasta el año 2002 se han inventariado en Chile, 1.751 glaciares con una superficie de 15.260 kms2 de hielo. Se estima además una superficie no inventariada de 5.315 kms2 de hielo, lo que totaliza para ese país una superficie cubierta de glaciares de 20.575 Kms2″. Ahora bien, hemos fijado la atención en el complejo minero de Veladero y Pascua Lama, que se circunscribe en un área determinada con importantes glaciares que inútilmente intentarán desplazar para liberar las rocas que desean dinamitar. Imaginemos por un instante el daño real al multiplicar por 38 este impacto ambiental, pues tal es la cantidad de proyectos mineros sólo del lado argentino en la provincia de San Juan hasta el 2004. Recorramos luego toda la Cordillera de los Andes, de norte a sur y de ambos lados y confeccionemos un mapa con la cantidad de glaciares amenazados, arroyos y ríos desviados, cuencas que habrán de secarse, cerros que desaparecerán al ritmo de la dinamita, vegas que son imponentes humedales como ya dijimos, convertidas en caminos o diques de cola, y tendremos el más siniestro panorama de destrucción ambiental orquestado por el Departamento de Estado de Bush cuando le prometió, a los gobernantes “carnales” sudamericanos, colosales inversiones mineras, una vez que legislen estabilidad y rentabilidad para las empresas del Norte. Sólo en la cordillera patagónica de la provincia de Chubut hay más de 300 yacimientos poli metálicos registrados con intenciones de explotación.

Dejamos para otro momento describir la sopa química que siembran las multinacionales mineras para poder obtener los metales. Este sistema extractivo, dijimos alguna vez, es posible porque donde no llega el ojo humano se atrapa el mineral aplicando compuestos químicos según sea necesario. Los drenajes ácidos, actuando con letal sinergismo, hemos podido comprobar que no podrán ser retenidos por las geomembranas y escurrirán aguas abajo; allí los esperan las plantaciones y producciones agropecuarias y los asentamientos poblacionales, siempre que los movimientos sociales no tengan la fuerza suficiente para detener a tiempo a las hordas mineras de semejante daño y despojo. En eso estamos”. (Javier Rodríguez Pardo)

Entendemos precisamente que sólo el accionar autoconvocado de los pueblos podrá parar estas explotaciones tan perjudiciales para el país. El valioso ejemplo de Esquel marca un hito en ese orden.

8.-ESQUEL

Dentro de los gigantescos proyecto mineros o de “megaminería” al que nos estamos refiriendo y que tienen varias empresas multinacionales y gobiernos provinciales de la región “de los bosques Andino-Patagónicos” se destaca el que se ha pretendido llevar adelante en Esquel. Y decimos que se destaca ya sea por su magnitud y los enormes daños que provocaría como por la conmovedora y ejemplar lucha que viene librando el pueblo de Esquel para impedir que se concrete. Como resultado de esa dura lucha recibieron amenazas, denuncias que fundamentaron nuestra ante la Cámara de diputados del 25 de noviembre de 2004 ( Exp. Nº D – 7619 – 04).

En la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, la empresa Meridian Gold Inc., avanzó en la etapa de exploración en el yacimiento de oro situado en el extremo Sur del Cordón Esquel, a pocos Km. de la ciudad, e intentó comenzar con la explotación. Como el yacimiento está diseminado la explotación se prevé que sea a cielo abierto. La empresa también proyecta extraer el oro mediante el tratamiento del mineral con cianuro de sodio. Ante ello la comunidad de Esquel se autorganizó y se constituyó como los vecinos “Autoconvocados de Esquel” y vienen librando una lucha ejemplar contra la Meridian Gold, y el proyecto de megaminería previsto implementar en la zona con el apoyo de las autoridades provinciales y municipales.

El proceso fue decripto por los propios “Autoconvocados” en su Página de Internet. “A medidos del año 2002, la comunidad de Esquel y de la Pcia. Del Chubut tomó conocimiento de manera definitiva de la inminencia del inicio de la explotación minera en el Cordón Esquel. El Gobierno de la Provincia por intermedio de su Director de Minería, el geólogo Guillermo Hughes, hizo públicas las pretensiones de la Minera el Desquite S.A. (adquirida ese mismo año por la Meridian Gold de Canadá) de comenzar la etapa de explotación del yacimiento de oro y plata localizado a 6,5 km de nuestra ciudad y cuya exploración viene realizándose desde hace aproximadamente 3 años.

Durante los meses de mayo a septiembre del año pasado mediante charlas abiertas realizadas por el Gobierno del Chubut en esta ciudad, se abordaron algunos aspectos de la explotación pretendida (cianuro, impacto social, legislación, etc.). Sin embargo, vecinos de Esquel comenzaron a investigar con los medios a su alcance y por Internet, los antecedentes de este tipo de mina en otras partes del mundo, especialmente alertados por la utilización de cianuro de sodio en el proceso del mineral para la extracción de aquellos metales preciosos.

De esta manera, grupos de vecinos y algunos profesionales de la sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia desarrollaron desde junio a noviembre numerosas charlas y mesas de debate sobre la problemática, inclusive visitando escuelas de nivel primario y polimodal para compartir con los jóvenes la información que se obtenía y que era ostensiblemente contradictoria con la brindada por el gobierno y la empresa minera: nefastos antecedentes de accidentes por derrames/filtraciones de cianuro, contaminación del agua y la tierra por drenajes ácidos de las minas y metales pesados, impactos altamente negativos en el plano socio-económico en las localidades o regiones de explotación, marco legal argentino que otorga enormes ventajas jurídicas y fiscales a las inversiones mineras (tendencia verificable en los demás países de Latinoamérica),etc., etc.

Se conforman los Vecinos Autoconvocados. En el mes de octubre comenzaron a realizarse asambleas vecinales confluyendo en ella todos los sectores críticos al emprendimiento. De tal modo, la segunda asamblea se pronunció por unanimidad de los 600 asistentes por el NO A LA MINA. A partir de allí se comenzó con una serie de actividades: información en mesas instaladas en la vía pública, pintadas en la calle frente a las oficina de la minera, murales alegóricos, festivales artísticos, charlas en otras localidades que también manifestaron su rechazo al emprendimiento y 4 movilizaciones con la participación de un número creciente de opositores a la mina llegando el último 4 de febrero a las 4.000 personas.

Cabe señalar que este movimiento social atraviesa transversalmente esta comunidad integrando personas de todos los sectores sociales, profesionales, comerciantes, desocupados, trabajadores, etc. y al margen de los aparatos partidarios. En este contexto, amplios sectores de comerciantes y prestadores turísticos también se pronunciaron en contra de la mina, llegando a provocar una fuerte ruptura en el seno de la Cámara de Comercio local, cuyos máximos dirigentes ya acordaron con la minera distintos negocios que corresponden a sus respectivas empresas (provisión de combustible, construcción, abastecimiento de cal, etc.).

De esta manera se instaló un debate público importantísimo, nunca visto en esta ciudad y cuyos alcances se ven traducidos no solo en el amplio rechazo al proyecto sino en la masividad de las movilizaciones que recientemente sumaron también la modalidad del escrache: a las oficinas de algunos medios de comunicación que abiertamente apoyan la mina, empresarios y políticos.

Cabe aclarar una característica distintiva de este movimiento que es el no contar con una “orgánica de conducción”, tomando las decisiones en asamblea y procesando la tarea mediante comisiones libremente conformadas. Esta modalidad favoreció –de alguna manera- la protesta social dado que los gobiernos, la minera y aquellos medios de comunicación que defienden el proyecto, no hallan personas puntuales hacia quienes direccionar sus críticas y cuestionamientos.

9.- El rol de las autoridades.

Tenemos la absoluta sensación que son verdaderos socios de la iniciativa minera. El gobernador José Luis Lizurume (radical – Alianza), luego de llegar al colmo de postular que “sí o sí el emprendimiento minero va a llevarse a cabo y el 4 de enero estaré cortando la cinta” -hecho que se impidió con las protestas populares- fue modificando cosméticamente sus intervenciones públicas a raíz de la fuerte oposición a la mina en su propia ciudad, y continúa reinvindicando las bondades del proyecto sin dejar de mostrar su permanente soberbia frente a la protesta social. La legislatura provincial tibiamente trató distintas iniciativas parlamentarias sin expresarse de manera definitiva. De todas maneras motorizó una prórroga de la audiencia pública no vinculante (en cumplimiento de la Ley Pcial. 4032 de Protección Ambiental) tal como reclamábamos los Vecinos Autoconvocados, que fue fijada para el próximo 29 de marzo, lo cual consideramos uno de los primeros triunfos de nuestro movimiento social ya que la fecha original para dicha audiencia era el 4 de diciembre del 2002.

El intendente Rafael Williams (PJ) también se sumó a la iniciativa argumentando desde la posibilidad de sumar puestos de empleo a la difícil situación social local que alcanza unos 5.000 desocupados. La minera El Desquite-Meridian Gold confirma en su estudio de impacto ambiental que absorberá sólo aproximadamente 300 de Esquel y con exigencia de nivel polimodal. Si bien se conformó desde el municipio una “unidad de asistencia técnica” para evaluar dicho estudio abordándolo desde distintas disciplinas, transcendieron sus primeras conclusiones que objetan estructuralmente el mismo por incompleto e inconsistente, aún así el intendente persiste en avalar y propiciar el proyecto.

La movilización popular en la puerta del Concejo Deliberante logró el 5 de febrero que éste sancionara tres ordenanzas: la primera prohibiendo la utilización del cianuro en el ejido municipal (vetada el 12 por el intendente), la segunda derogando la adhesión a las leyes 24.196 de Inversión Minera y 24.224 de Reordenamiento Minera (sancionadas por el Congreso en el apogeo menemista) y una tercera habilitando al ejecutivo a convocar a un plebiscito no vinculante en el ámbito municipal, que ya fue establecido para el próximo 23 de marzo.

Como ya señalamos el plebiscito finalmente se realizó y el triunfo fue aplastante. Como es público participó el 75% del padrón habilitado. El resultado fue contundente: El 81 % votó “No a la Mina”.

No obstante tanto las autoridades provinciales y municipales que (ahora han cambiado) como la empresa han venido desconociendo ese pronunciamiento y pretenden avanzar en la explotación. Asimismo han continuado las gravísimas agresiones a los vecinos que se siguen oponiendo.

El gobernador de Chubut es ahora Das Neves (ex – administrador de la Aduana durante el gobierno de Duhalde) hoy Kirchnerista. Como se sabe Kirchner está especialmente vinculado a la defensa de los intereses petroleros y mineros en la Patagonia por lo que el formidable proceso de lucha de la población de Esquel y todos los que sentimos nuestra esa lucha encuentra ahora nuevos y poderosos desafíos a derrotar.

10.-CALINGASTA.

Este municipio de la cordillera cuyana también se vio amenazada por proyectos similares y decidió pelear por ser consultado. Exigió que se plebiscite -como en Esquel- la minería a tajo abierto y el uso de compuestos tóxicos como el cianuro y otros, debido a que son varios los emprendimientos con este método extractivo que se hallan sobre las poblaciones, dedicadas fundamentalmente a la agricultura de exportación y al turismo.

En Barreal, uno de los tres distritos más importantes del departamento, se llevaron acabo varios días de movilizaciones exigiendo al gobierno esa consulta popular obligatoria. Tamberías y Villa Calingasta, mantienen igual espíritu y también libraron protesta y movilizaciones. Asambleas populares procedieron a recolectar firmas para ser presentadas en la legislatura provincial, exigiendo que se respete la voluntad de los vecinos y, sobre todo, el derecho conferido por el artículo 208, inciso 2º de la Constitución de la Provincia de San Juan que habilita a los municipios a ordenar consultas populares obligatorias, cuando lo crean conveniente. Ante la presión vecinal intendente y el Concejo Deliberante convocaron a la consulta pero la Justicia Provincial la suspendió por presión del gobernador Gioja. Gioja amenazó al intendente con la intervención del municipio si persistía en convocar al pueblo a decidir sobre el particular. De allí que los vecinos recurrieran a la recolección de firmas para que se respete la Constitución Provincial y sus derechos democráticos.

El Concejo Deliberante y el intendente del departamento sanjuanino de Calingasta, decidieron esperar la decisión de la Corte de Justicia de la provincia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado, a raíz de las atribuciones asumidas por el Tribunal Electoral que literalmente prohibió el llamado a consulta popular para el 3 de julio pasado.

En esta parte del mundo, debemos luchar todos los días para ejercer nuestros derechos consagrados en la constitución”, explicó Enrique Serpa, indignado vecino, agricultor de Tamberías, y agregó: “la única democracia que conozco es salir a la calle con cualquier objeto ruidoso para llamar la atención de los funcionarios y políticos que se hacen los sordos, porque en realidad fueron comprados”.

11.-OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO.

Mediante este proyecto de Ley se pretende: 1. tutelar nuestro patrimonio ambiental, la salud y las fuentes de trabajo amenazadas por las explotaciones mineras en las que se utilizan sustancias tóxicas y 2. derogar las normas que, con injerencia de otros Estados y organizaciones internacionales en los asuntos internos de la República (financiación del Banco Mundial), se han impuesto en nuestro país para facilitar el saqueo y la rapiña de nuestros recursos en una forma tan perversa como jamás lo haya conocido la historia argentina.

A. Tutela del Patrimonio Ambiental.

a) Antecedentes.

La propia Constitución establece que toda persona tiene derecho de gozar de un medio ambiente sano y equilibrado y el deber de preservarlo.

La protección ambiental debe regular el uso del ambiente y los recursos naturales, la protección de los derechos relativos al ambiente, articulado con otros Estados;

La afectación del medio ambiente producida por el empleo de sustancias tóxicas en actividades mineras a lo largo de todo el planeta ha generado la necesidad de establecer nuevas normas adecuadas a las nuevas realidades, advirtiéndose que en el propio derecho comparado la tendencia legislativa se dirige a la prohibición de dichas actividades y a la prohibición del empleo de sustancias tóxicas en la minería, tal los precedentes prohibitivos de República de Turquía – Alto Tribunal Administrativo de Turquía, caso Bergama, mayo de 1997 – Estado de Montana EEUU – 3 de noviembre de 1998 («Cyanide – Gold’s Killing Companion», by Projet Underground, October 1999; Dave Blouin «Crandon Proposal – Cyanide Issues», Minig Impact Coalition, February 2000), Estado de Montana ratificando la prohibición mediante plebiscito del 02.11.2004, etc.

En idéntico sentido, y siguiendo estos ejemplos del Hemisferio Norte, el empleo de sustancias tóxicas en minería y la técnica de lixiviación en esa industria ha sido prohibida por primera vez en la historia del Hemisferio Sur precisamente en nuestro país, siendo pionero el Municipio de Epuyén (Pcia. del Chubut), mediante la Ordenanza Nº 519/2002, seguida por análoga Ordenanza Nº 077/2002 de la Municipalidad de Lago Puelo (Chubut, B.O.P. del 17.03.2003, Págs.12/19), y por Ordenanzas en El Hoyo (Chubut), El Bolsón (Río Negro), etc. que establecieron serias restricciones y graves sanciones.

Con posterioridad a ello, se produjo la suspensión de la actividad mediante ley de la Provincia del Chubut. Seguidamente la Municipalidad de Esquel convocó a un plebiscito no vinculante el cual arrojó como resultado el rechazo del 81 % de la población al emprendimiento minero del Cordón Esquel. Dicho plebiscito fue contemporáneo con los realizados espontáneamente por el pueblo en Epuyén, Lago Puelo y El Bolsón, los cuales arrojaron un rechazo del 99 % de la población a los emprendimientos de este tipo.

Luego de todos estos hechos se dictaron otras normas de orden declarativo y que carecieron de previsiones sancionatorias (Ordenanza de Esquel, Ley Nº 3981 de la Provincia de Río Negro –BOP 11.08.2005-, etc.).

Asimismo, en otras actividades nocivas para el medio ambiente, existen numerosos precedentes legislativos en cuanto a la prohibición de determinadas industrias o el uso de determinadas sustancias. Cabe citar así a título ilustrativo el caso del artículo 3º de la Ley Nº 24.040 que prohíbe la radicación en el territorio de la República Argentina de nuevas industrias productoras de los compuestos químicos incluidos en el Anexo “A” del Protocolo de Montreal, relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono aprobado por Ley Nº 23.778) o del artículo 4º en cuanto prohibe para determinados usos las sustancias en cuestión, o el Art. 3º del “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes” (aprobado mediante Ley Nº 26.011) por el cual la Argentina asumió la obligación de prohibir y/o adoptar medias jurídicas necesarias para eliminar la producción y utilización de determinados productos químicos tendiendo a proteger el medio ambiente y la salud.

Para no extenderme demasiado en la ilustración de otros precedentes legislativos de nuestro derecho, del cual con el objeto de la protección de la salud no cabe excluír la referencia a la prohibición del consumo y comercialización del uso de determinadas sustancias psicotrópicas, en lo que refiere a las actividades relacionadas exclusivamente con los recursos minerales, en términos más extremos a los aquí propuestos, la actividad en sí misma ha sido directamente prohibida (con la excepción para la actividad científica) en el artículo 7º del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, de modo tal que en mas de un cuarto de la superficie de la República Argentina, no solo la técnica de lixiviación, sino la actividad misma relativa a los recursos minerales se encuentra terminantemente prohibida por ley Nº 24.216 aprobada por este Congreso.

b) Empleo.

Respecto de las fuentes de trabajo que prometen este tipo de emprendimientos, cabe señalar que la supuesta creación de múltiples puestos laborales se observa como una «quimera» de dudosa realidad, sin viso de continuidad y que puede resultar nefasta y de negativo impacto en el mercado laboral y sanitario, ya que las fuentes de empleo que genera la minería son reducidas, de corta duración y altamente peligrosas;

La Organización Internacional del Trabajo informa que aunque la minería contribuye con solamente el 1% de la fuerza de trabajo mundial la misma es responsable del 5% de los accidentes fatales del trabajo, con alrededor de 15.000 trabajadores muertos por año y alrededor de 40 por día en todo el mundo (Jennings, Norman; Sectoral Activities Department, International Labour Organization) y que pese a dicha información del organismo internacional, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 176 «Convención sobre Seguridad y Salud en Minas» adoptada el 22 de junio de 1995 y que cobró vigencia a partir de 1998, aún no fue ratificado por la República Argentina.

A ello hay que agregar que el auge de proyectos de explotaciones mineras a cielo abierto con utilización, depósitos y transportes de sustancias tóxicas genera fundada preocupación entre nuestros habitantes a lo largo de toda la cordillera e incluso de las Corporaciones Municipales, tal como lo advirtió la Resolución Nº 272/02 del 24 de Octubre de 2002 del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin;

c) Catástrofes.

Resultan variadas, reiterativas y de conocimiento publico y notorio las graves catástrofes ambientales producidas por el uso de la tecnología de lixivización de cianuro y otras sustancias tóxicas en minería, destacándose entre otros los siguientes desastres ambientales:

1) Mina de oro de Summitville, Colorado, EEUU, en la cual el derrame de cianuro acabó con toda la vida acuática a lo largo de 27 kilómetros del Río Alamosa, la mina fue clausurada en diciembre de 1992 y el US Geologycal Survey estimó que los costos de limpieza superarían los 150 millones de dólares estadounidenses;

2) Mina de oro Brewer, Carolina del Sur, EEUU: 11.000 peces murieron a lo largo de 80 kilómetros del Río Lynches por un derrame de cianuro en 1992,

3) Mina Harmony, Sud Africa, operada por Rangold: estalló un dique de contención en desuso y enterró un complejo habitacional con cianuro, febrero de 1994;

4) Mina de Oro Omai, Guyana; más de 3.200 millones de litros cargados con cianuro se liberaron en el Río Essequibo cuando colapsó un dique, en 1995. La organización Panamericaan de Salud comprobó la desaparición de toda la vida acuática a lo largo de cuatro kilómetros;

5) Mina de oro Gold Querry, Nevada, EEUU: Se derramaron un millón de litros de desechos de cianuro en 1997;

6) Mina de zinc Los Frailes, España: La ruptura de un dique de contención originó el derrame de ácido generando grave mortandad de peces, abril 1998;

7) Mina Homestake, Whitewood Creek, Back Hills, Dakota del Sur, EEUU: 7 toneladas de desechos cianurados se derramaron causando importante mortandad de peces, 29 de mayo de 1998;

8) Transporte de cianuro a la mina Kumtor, Kyrgysztan: El camión que transportaba el cianuro volcó en un puente derramando sobre la superficie del agua 1.762 Kilos de cianuro muriendo al menos 4 pobladores y cientos de personas debieron ser asistidas en los hospitales, 20 de mayo de 1998;

9) Mina de oro Tolukuma, Papua Nueva Guinea: Un helicóptero de la compañía pierde en vuelo una tonelada de cianuro cayendo en los bosques a 85 kilómetros de la Capital Port Moresby. Las obras de recupero y descontaminación no impidieron la afectación de los cursos de agua. 21 Marzo de 2000 (DNN Italia, 14 julio 2000)

10) Mina Santa Rosa, El Corozal, Panamá: Un derrame de cianuro ocasiona gran mortandad de peces y pone en peligro la vida de muchos panameños. 6 de junio de 1998 (Diarios El Siglo- junio 1998 – y El Panamá América – 20 enero 1999 pag. C6 – Panamá);

11) Mina Comsur, Bolivia: Contaminó con arsénico y otros metales pesados el Río Pilcomayo. Murieron dos niños aborígenes argentinos por ingesta de pescado contaminado y se revelaron valores elevados de metales pesados en pobladores indígenas de las riberas del Río Pilcomayo en la Provincia de Formosa (Argentina). Esto es, no estamos hablando de ciencia ficción: la técnica de lixivización de la mega minería ya ha cobrado vidas de niños argentinos;

12) Mina de oro Aurul Bahia Mare: Rumania, el 30 de enero del 2000 donde el derrame de cianuro alcanzó los ríos Lapus, Somes, Tisza y Danubio, extendiéndose el daño a Yugoslavia y Hungría y afectando el suministro de agua potable de 2,5 millones de personas y a las actividades económicas de más de un millón y medio que vivían del turismo, la agricultura y la pesca a lo largo del Rio Tisza del cual se recogieron más de 10 toneladas de peces muertos para evitar que los coman las aves y perezcan envenenadas (FUNAM – Córdoba – El País y el Mundo 23.02.2000 -España, La Voz del Interior – Córdoba, febrero 2000)

13) Un informe de Interpress Thirol World News Agency (IPS), documenta “un 40% de cursos de agua contaminados, en el oeste norteamericano, de acuerdo con el Centro de Política Mineral”. Señalaron además el trágico caso de la mina Zortman – Landusky, en Montana, donde “varias filtraciones y derrames accidentales ocurrieron desde el inicio de sus operaciones en 1979. La EPA y dos tribus indígenas demandaron a la empresa por contaminar los arroyos y cursos subterráneos con cianuro y por problemas con pérdidas de ácidos a causa de la extracción de oro”.En Montana se prohibió finalmente la explotación a tajo abierto y el uso de compuestos químicos como el cianuro de sodio, entre otros; mientras tanto, el gobernador de Wisconsin, Tommy Thomson, resolvió que antes de permitir la actividad minera con estos compuestos químicos, las empresas deberán demostrar con pruebas concluyentes que hubo otros emprendimientos mineros operando con sistemas de lixiviación durante por lo menos diez años de explotación y otros diez permaneciendo cerrados, y que en ese transcurso no hayan producido contaminación alguna. Posiciones semejantes sostienenlos gobernadores de Michigan, Juan Engler, y de New York, George Pataki, entre muchos otros.

14) A esta larga e incompleta lista de las catástrofes ambientales registradas a lo largo del planeta por la tecnología de la lixiviación de sustancias tóxicas en minería, cabe agregar en el ámbito de la provincia del Chubut, los daños ambientales y a la salud verificados en la Mina Angela, cercana al Paraje Los Manantiales, próximo a Gan Gan y Gastre, donde según denuncias de los pobladores quedaron enterradas 28 toneladas de cianuro y 1.500.000 toneladas de residuos tóxicos con mortandad de peces y cambios de color en el suelo, y que son objeto de investigación por la Justicia Federal de Rawson (Diario «Clarín», ediciones del 5 de abril del 2001 – Pag. 42 – 11 de abril de 2001 – pag. 24 y 25 de julio de 2001);

A estas denuncias de catástrofes que el abogado Cristian Hendrickse ya reseñaba tempranamente en sus alertas a la comunidad (Diario Crónica de Comodoro Rivadavia, 25.10.2001, y que generaron el pedido de informes de la diputada María Rita Dristaldi -periódico ídem, 26.10.2001) y que fueron incluídas en los considerandos del texto de Proyecto de Ordenanza de Epuyén que el mismo profesional redactó, cabe agregar la contaminación producida por industrias mineras con efectos en las Provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, habiéndose detectado gran cantidad de mortandad de peces en el Río Sali, y cuya fotografía, publicada por la Asociación de Ingenieros Técnicos y Especialistas de Santiago del Estero resulta, a más de elocuente, escalofriante. Es la misma AITE quien denuncia un incremento en la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, y profesionales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero como el doctor Victorio Mariot, docente de dicha Alta Casa de Estudios quien denuncia que el Embalse de Río Hondo se ha transformado en la cloaca a cielo abierto más grande de la Argentina “…especialmente por los productos orgánicos biodegradables que son arrojados a los afluentes del río Dulce por las industrias azucarera, citrícola y papelera, y sales y metales pesados volcados a las aguas por la empresa Minera La Alumbrera…” (Diario “El Liberal”, 06.12.2003).

d) Conclusión de la U.S.–E.P.A.: Técnica no segura.

A raíz de la catástrofe ambiental producida en 1993 en la mina de oro de Summitville, en el Estado de Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, se ha concluido que la tecnología de explotación de oro a cielo abierto y la técnica de empleo de cianuro de sodio en minería NO ES SEGURA (Plumlee, G. S., Gray, J. E. Roeber, M. M., Jr., Coolbaugh, M., Flohr, M., and Whitney, G., 1995 a) «The importance of geology in understanding, and remediating environmental problem at Summitville», in, Posey, H. H. Pendleton, J. A. And Vamn Zyl, D., eds: Summitville Forum Proceedings, Colorado Geological Survey, Special Publication 38, p. 13-22; Plumlee, G. S., Smith. K. S., Mosier, E. L., Ficklin, W. H., Montour M. Briggs, P. H., and Meier, A. L., 1995b, «Geochemical processes controlling acid-drainage, generation and cyanide degradation at Aummitville», in Posey, H. H., Plendleton, J. A., and Van Zyl, D., eds: Summitville Forum Proceedings, Colorado Geological Survey, Special Publication 38, p. 23-24; Edelmann, P., Ortiz, R.F., Balistrieri, L., Radell, M. J., and Moore, C. M., 1995, «Limnological characteristics of Terrace Reservoir, south-central Colorado», 1994 (abs) in, Posey, H. H., Pendleton, J. A., and Van Zyl, D., eds: Summitville Forum Proceedings, Colorado Geological Survey, Special Publication 38, p. 21: Estudio transdisciplinario del United States Geological Survey, incluyendo en el proyecto a los siguientes participantes: Cathy Ager, Laurie Balistrieri, Bob Bisdorf, Dana Bove, Paul Briggs, Doyg Cain, Roger Clark, Pat Edelman, Jin Erdman, Walt Ficklin, David Fitterman, Marta Flohr, Larry Gough, John Gray, Trude King, Fred Lichte, John McHugh, Al Meier, Bill Miller, María Montour, Elwin Mosier, Nicole Nelson, Roger Ortiz, Geoff Plumlee, Charlie Severson, Kathy Smith, Tom Steven, Kathleen Stewart, Peter Sotrur, Greg Swayze, Ron Tidball, Rich Van Leonen, Paul von Guerard, Katie Walton-Day, Elizabeth Ward, Gene Whitney, Melinda Wright, and Tom Yanosky. Cooperating agencies include: U.S. EPA, U.S. Fish and Wildlife Service; State of Colorado, Departments of Natural Resources, Health, and Agriculture; Colorado Stete University and CSU Extension Service; Colorado Shcool of Mines; Auburn University; Environmental Chemical Corp; San Luis Valley consulting firms, water conservancy districts, and water users);

e) El cianuro y la ruta del cianuro.

Como ya hemos explicado la técnica que se pretende prohibir se emplea allí donde el oro no aparece concentrado, sino diseminado. La misma consiste sintéticamente en la trituración de montañas enteras (mediante el uso de explosivos primero y molinos de molienda después) convirtiéndolas en talco, que luego es rociado por una solución de cianuro que permite la precipitación de los metales buscados por las empresas (oro, plata, etc) como la precipitación de otros metales no deseados que producen el llamado “drenaje ácido” de las minas.

El cianuro en estado sólido en contacto con el agua (tal como aconteció en la caída a un río de un camión que transportaba cianuro en una mina en Kyrgysztan) produce el gas HCN (y que no son las siglas de este Honorable Congreso de la Nación, sino del gas cianuro de hidrógeno).El cianuro de hidrógeno (HCN) fue empleado en los campos de exterminio de Auschwitzs y Birkenau bajo la denominación comercial de “Zyklon-B” fabricado por la firma alemana Degesch (Documento de Nuremberg NI-9912, Manual Degesch sobre uso del Zyklon. Versión alemana o inglesa puede obtenerse en: Mendelsohn, John y Detwiler, Donald S.  “The Holocaust:  Selected Documents in Eighteen Volumes”, Volumen 12: “The ‘Final Solution’ in the Extermination Camps and the Aftermath”, New York: Garland Publishing, c. 1982,  p 137).

Además de herramienta de exterminio, más recientemente y ahora que se puso de moda hablar de terrorismo internacional, al cianuro de hidrógeno (HCN) junto con otros componentes se lo empleó como arma química contra los habitantes de la ciudad kurda de Halabja, al noreste de Irak, durante la guerra Irán-Irak en la década de 1980. Una empresa química de Florida había producido y enviado cianuro a Irak durante los 80′s usando un avión especial de la CIA, siendo el cianuro extensamente utilizado contra los iraníes (Financial Times of London, julio 3, 1991).

El uso del cianuro no es ajeno a las prácticas terroristas. Más recientemente, el ciudadano norteamericano William Krar y sus cómplices fueron condenados por la justicia norteamericana por encontrarse involucrados en un complot para hacer explotar una bomba de cianuro capaz de matar a miles de personas. Los condenados fueron hallados con literatura racista (The Guardian, UK, 8 de enero de 2004; CNN, CBS, etc.).

El efecto del cianuro en el ser humano consiste básicamente en anular la posibilidad de las células de incorporar oxígeno afectando letalmente al corazón y el cerebro.

El cianuro es absorbido por los pulmones, por el tracto gastrointestinal y por la piel. Los síntomas pueden manifestarse en segundos si se trata de una inhalación… El cianuro es fácilmente absorbido por las membranas mucosas y los ojos. (“Cyanide Toxicity”, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Dept of Health and Human Services en “American Family Physician”, Vol. 48, no 1, Julio 1993.

En cuanto a la persistencia del riesgo en el tiempo, los defensores de la minería química sostienen que los peligros del cianuro desaparecen por acción de la luz solar y que sus riesgos no se perpetúan en el tiempo. Sin embargo, cincuenta años después del exterminio nazi, se encontraron trazas de cianuro en los restos de las cámaras de exterminio de los campos de Auschwitz y Birkenau (Informe del Instituto Forense de Cracovia, Journal For Historical Review, número de verano de 1991), lo que nos permite advertir el riesgo del empleo sistemático de esta sustancia en las cantidades que emplea (y que pretende emplear en nuestro país) la industria minera.

No sólo la técnica empleada en el lugar dónde se desarrolla la actividad es muy riesgosa para la vida humana, sino que el peligro se extiende a lo largo de toda “la ruta del cianuro”.

De la síntesis de las once catástrofes internacionales arriba reseñadas, dos ocurrieron durante el transporte de este insumo. Uno por transporte aéreo (Mina de oro Tolukuma, Papua Nueva Guinea: Un helicóptero perdió en vuelo una tonelada de cianuro) y otro por transporte terrestre (mina Kumtor, Kyrgysztan: vuelco de un camión en un puente derramando sobre el agua 1.762 Kilos de cianuro. Al menos cuatro muertos).

Esto es, previendo los proyectos que en nuestro país se pretenden aplicar con el uso de estas técnicas, el estado de nuestras ruta y la meteorología reinante en las áreas susceptibles de minería química, no es difícil predecir la crónica de una tragedia anunciada que de acontecer, ya no en alguna ruta, sino en alguna de nuestras ciudades superpobladas, superaría en sus dimensiones a la lamentable catástrofe de Cromagnon. Y en este punto cabe aquí hacernos cargo hoy todos los legisladores de lo que pudiera ocurrir mañana si no prohibiésemos hoy mismo esta peligrosísima técnica químico-letal no segura, ya prohibida en otros lugares del mundo.

f) Riesgo sísmico.

Sumado a la conclusión de la EPA y al riesgo de la “ruta del cianuro”, cabe remarcar que la mayor cantidad de proyectos de explotación que preven aplicar esta peligrosísima tecnología en nuestro país, se asientan precisamente en áreas de alto riesgo sísmico, lo que convierte a la posibilidad de catástrofes en una crónica anunciada de muerte y contaminación no solo en la ruta del cianuro, sino en las áreas de explotación.

g) Principio de precaución.

Ante la referida conclusión de los estudios de los especialistas del Colorado Geological Survey y el US Geological Survey, le resulta aplicable a la tecnología minera de explotación a cielo abierto con empleo de sustancias tóxicas el Principio de Precaución, tal como por aplicación explícita o implícita del mismo se ha prohibido la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en minería en Turquía, en Montana (EEUU), en Costa Rica, y en otros Estados del orbe, tal como así también lo viene reclamando la sociedad civil en Wisconsin (EEUU), Idaho (EEUU) y otras comunidades del globo;

El Principio de Precaución, establece que cuando haya peligro de un daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente, lo que implica una inversión en el proceso de carga de la prueba en cuanto la falta de demostración científica absoluta no implica ya una orientación permisiva de las actividades potencialmente lesivas para el medio ambiente.

Esto es, como dicen los anglosajones, ante la falta de certeza científica, vale mas equivocarse del lado de la seguridad (to err on the side of safety);

Dicho principio de precaución ha sido receptado, entre otros, en: el Principio 11 de la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, el Convenio de 1992 sobre cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales de Helsinki 1992, el principio 3.3. de la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático” de Nueva York de 1992 (Ley Nº 24.295), el párrafo noveno del preámbulo del “Convenio sobre la Diversidad Biológica” de 1992 (aprobado mediante Ley Nº 24.375), el Principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (al cual se comprometió la República mediante el Art.1º del “Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR” aprobado mediante Ley Nº 25.841) y en el artículo 4º de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 25.675);

Si bien el Código de Minería de la Nación en su artículo 8º concede «…a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños…» con arreglo a las prescripciones de ese Código, también es cierto que el sistema jurídico vigente consagra que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y la exigencia de que se haga un uso regular del derecho de propiedad (Arts.. 1071, 2514, 2618 y concordantes del Código Civil) y que el Derecho Ambiental consagra el principio de que «no existe libertad para contaminar», en tanto «…no hay libertad para dañar el ambiente ajeno ni para restringir la libertad que tiene todo individuo de usar y gozar del ambiente…» (VALLS, Mario F., «Instrumentos Jurídicos para una Política Ambiental», J. A., 1996-IV-955);

De los antecedentes de catástrofes ambientales ocurridos en el mundo referidos más arriba, y de las conclusiones científicas arribadas a partir de aquellas trágicas experiencias, resulta evidente que la tecnología minera a cielo abierto con el uso de sustancias tóxicas y grandes cantidades de explosivos en la minería no sólo generan alta contaminación sonora sino que además resultan de una peligrosidad tal que hace que el ejercicio de la facultad de buscar minas, aprovecharlas y disponer de ellas cuando se emplea ese tipo de tecnologías no sustentables deviene en un ejercicio abusivo de aquel derecho y resulta violatorio del Principio de Precaución;

Con mayor jerarquía al Código de Minería, el articulo 41 de la Constitución Nacional establece que «…Todos los habitantes, gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tiene el deber de preservarlo…»» y que «..Las autoridades preverán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales…

El Principio 6 de la Declaración de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Declaración de Estocolmo de 1972) establece que «Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen daños graves irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.» Que el Principio 8 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Declaración de Río de 1992) establece que «Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas adecuadas», y que el artículo 1.2. «in fine» del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (de jerarquía constitucional por imperio de lo dispuesto en el Art. 75 – Inc. 22 de la Constitución Nacional, establece que «…En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia… »

h) Responsabilidad del Estado.

La omisión en el cumplimiento de las normas arriba transcriptas, como el incumplimiento de las prescripciones del artículo 41 de la Constitución Nacional constituiría una omisión que generaría la responsabilidad del Estado; por lo que la omisión en dictar las normas necesarias para el ejercicio del poder de policía ambiental ocasionaría, en caso de catástrofe ambiental, su obligación de responder, lo que a la vista de los antecedentes internacionales en la materia por el uso de tóxicos en minería los costos de la reparación del ambiente y las indemnizaciones por daños a particulares conllevaría al Estado, en tales previsibles supuestos, a la obligación de afrontar el pago de sumas millonarias, y sin que pudiera eximirse de ellas aún en el caso de que aisladas y pequeñas comunidades en un momento y lugar dado consintieran tales técnicas comprometiendo el patrimonio e todos los ciudadanos y el haber ambiental de las futuras generaciones;

El articulo 41 de la Constitución Nacional establece que «Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales, por lo que resulta ineludible para la Nación adoptar en el caso las medidas preventivas que la cuestión amerita, amén de las obligaciones que generaría la omisión al respecto a mérito de lo ya dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio” ante la que Argentina se comprometió a adoptar las medidas legislativas tendientes a asegurar los derechos a la vida, a la integridad psicofísica, etc. que tutela la Convención Interamericana de derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica);

i) Imprescriptibilidad de las faltas y delitos en materia ambiental.

Es conteste la doctrina jurídica comparada y la legislación ambiental internacional en sostener que aquellas conductas que ponen en peligro al medioambiente amenazan el patrimonio y el derecho al disfrute paisajístico y ambiental de la humanidad toda (Principios 21 y 22 in fine de la Declaración de Estocolmo y, entre otros: KISS, A. Ch., «La notiohn de patrimoine commun de l’humanité», RCADI, 1982-II, vol. 175, págs. 109-254; RIPHAGEN, R., «The International Concern of the Environment as Expressed in the Concepts of ‘the Common Heritage of Mankind’ and of ‘’Shared Natural Resoruces’», IUCN, Trends in Environmental Policy and Law, Gland, 1980, págs. 843-862; BLANCH ALTEMIR, A., «El Patrimonio Común de la Humanidad. Hacia un régimen jurídico internacional para sugestión» – Barcelona – Bosch- 1992). Estas conductas afectan asimismo el derecho a la salud y el derecho al trabajo. De acuerdo con todo ello las afectaciones a dicho patrimonio ambiental común de la humanidad devienen necesariamente en infracciones de lesa humanidad, y que dicha afectación no se limita a las generaciones presentes, sino que se extiende en el tiempo a las generaciones futuras por plazos impredecibles, por lo que las infracciones de peligro grave al medio ambiente, en tanto y en cuanto el peligro que se pretende conjurar es susceptible de producir afectaciones con efectos erga onmes y continuados en el tiempo, corresponde que las acciones corran la misma suerte atemporal y se las declare de naturaleza imprescriptibles e insusceptibles de ser alcanzadas por indultos o conmutación de penas o amnistías.

Estas consideraciones fueron receptadas en el derecho interno teniendo como antecedentes el proyecto de ordenanza prohibitiva de cianuro redactado por el abogado Cristian Hendrickse y aprobado por iniciativa popular en los Municipios de Epuyén, Chubut (Ordenanza Nº 519/2002), Lago Puelo (Ordenanza Nº 077/2002, BOP Chubut 17.03.2003) y análogas de El Hoyo (Chubut), El Bolsón (Río Negro), etc.

B. Saqueo y rapiña de nuestros recursos naturales.

Evidentemente no es la protección de la vida humana y nuestro medio ambiente lo que preocupa a quienes han pergeñado la estrategia de utilizar tan peligrosísima técnica para llevarse hasta el último miligramo de nuestros recursos.

Cabe aquí reseñar que fue a partir de las políticas diseñadas por el Grupo Banco Mundial que se fue modificando nuestro derecho interno para facilitar el saqueo de nuestros recursos.

Es público que el Grupo Banco Mundial promueve la minería global como estrategia de “desarrollo”, siendo uno de sus brazos el “Departamento de Políticas y Reformas Mineras”.

El Grupo Banco Mundial ha decidido que la Argentina sea considerada destinataria de esta política global junto con países tan exitosos en el bienestar de sus pueblos como Afganistán, Bolivia, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Ghana, Guinea, India, Kosovo, Madagascar, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Tanzania, Uganda, Zambia, etc.

Esto es, el Banco Mundial ha diseñado para estos países, un futuro minero para lograr un “desarrollo” como el que pueden mostrar algunas otras grandes “potencias mineras”.

Aquí no podemos dejar de señalar que uno de los países más “exitosos” en materia de industria minera ha sido y es la República de Sudáfrica, en la cual para explicar la relación entre concentrado capital minero global por un lado y derechos humanos por otro, merecería un desarrollo mas amplio. Pero para ilustrar el “bienestar” que a los pueblos trae la gran minería basta recordar el régimen del “apartheid político” que floreció en la Sudáfrica bajo el control del capital minero, y el régimen del “apartheid económico” que aún impera en esa hermana transoceánica, registrándose actualmente allí, como consecuencia de la exclusión de los mas pobres y el “primer mundo” para unos pocos, un desempleo del orden del 1 % en la población blanca… …y del 50 % en la población negra.

Con tan solo esa experiencia histórica puede describirse cual es el “desarrollo” que el Grupo Banco Mundial pretende para nuestra República.

En el marco de esa política deliberada, Argentina fue focalizada por este bondadoso organismo mundial como destinataria de esta política de “desarrollo”.

En el ámbito privado el MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), una de las cinco agencias especializadas del Grupo Banco Mundial, cuyo objeto es proporcionar las garantías (seguro) para proteger a inversionistas privados extranjeros (y que se ha caracterizado por apoyar varios emprendimientos mineros en el globo, entre ellos los sujetos a las catástrofes de la mina Omai –Guyana-, de la mina Kumtor –Kyrgyzstan-), en el año 1997 otorgó garantías que totalizaron los 14 millones de dólares para las inversiones canadienses de Rio Algom Ltd en Minera Alumbrera Ltd en la construcción y operación de la mina de oro y cobre de Bajo la Alumbrera (Provincia de Catamarca).

Pero en el ámbito público, y precisamente en lo que hace a la salud de las instituciones republicanas, el Grupo World Bank otorgó a la República Argentina dos “créditos”:

– En 1996 Argentina recibió un “crédito” de 30 millones de dólares (costo del proyecto u$s 40 millones) para el “Proyecto de Desarrollo del Sector Minero

– En 1998 Argentina recibió otro “crédito” por 39,5 millones de dólares (costo del proyecto u$s 46.5 millones) para el “Segundo Proyecto de Desarrollo Minero y Asistencia Técnica”.

Los créditos contemplaron el estudio de la reforma del marco jurídico minero y tributario para “promover” la gran minería en la Argentina.

Fue así, y con la “ayuda” del Grupo Banco Mundial, como a lo largo de la década del ’90 se fueron introduciendo en nuestro derecho la prohibición al Estado de explotar minas, y se estableció para los grupos mineros extranjeros (principalmente concentrados capitales globalizados) los siguientes beneficios:

  • Estabilidad fiscal por treinta años: Esto es, si un impuesto baja, les alcanza reducción; pero si sube, el incremento no les alcanza. (“Estabilidad” en un país cuya estructura tributaria se caracteriza por la “emergencia” y la improvisación y cuyos ahorristas privados no fueron alcanzados por ninguna “estabilidad” cuando la banca licuó sus ahorros con la última gran devaluación).

  • Gastos de prospección y factibilidad deducibles del impuesto a las ganancias.

  • Exención de impuesto a las ganancias.

  • Capitalización de hasta un 50 % del avalúo de reservas (Esto es, empresas que contabilizan como activo lo que aún no produjeron).

  • Exención de impuesto a los activos.

  • Exención del pago de derechos de importación o cualquier derecho por introducción de bienes de capital y sus insumos para actividades mineras (esto alcanza inclusive al cianuro).

  • Canon irrisorio computado en base al valor boca mina (lo extraído deducidos los gastos de extracción).

  • La garantía por eventuales daños al ambiente son fijados por… …la misma empresa minera !!!.

  • La garantía por eventuales daños al ambiente es deducible de la determinación del impuesto a las ganancias hasta un 5 % de los costos operativos de extracción.

  • Eliminación de gravámenes provinciales y tasas municipales (Acuerdo Federal Minero).

  • Financiación y devolución anticipada del IVA para compra o importación definitiva de bienes de capital nuevos u obras de infraestructura.

  • Exención del impuesto a la ganancia mínima presunta.

  • Libre disponibilidad de divisas, con lo cual, el término “exportación” no se corresponde técnicamente con la práctica de saquear el oro y la plata argentina.

  • En zonas patagónicas: Reembolso adicional a las “exportaciones” (eufemismo utilizado para al saqueo del oro y la plata) por puertos patagónicos. Los porcentajes de estos reembolsos, que van desde el 8 % al 13 %, no se calculan en base al valor “Boca mina” (esto es, no se deducen los costos de explotación). La distorsión entre el valor del canon minero y su forma de cálculo con este reembolso en proyectos patagónicos (actualmente Cerro Vanguardia S.A. en Provincia de Santa Cruz y demás proyectos), permite concluír que la República Argentina y los Estados Provinciales que la integran forma un raro país que paga para que se lleven sus minerales.

Esta es la “competitividad”, la “no intervención del Estado”, de la que hablaban los mismos gurúes de la década del ’90 que nos impusieron este esquema inmoral de saqueo.

Si estos mismos beneficios, si estos mismos regímenes, se hubieran dispuesto para beneficiar al miniemprendedor, a la pequeña empresa, al desocupado, al excluído, al cartonero, etc., seguramente que otro sería hoy el desarrollo de la Argentina, y no es exagerar el pensar que bajo estas condiciones nuestras manufacturas hoy estarían compitiendo a la par de cualquier otro país.

Pero no son los excluídos quienes manejan las políticas intervencionistas del Grupo Banco Mundial. Esta es en números, y no en palabras, la estrategia del verdadero “desarrollo” que promovió, aplicó y aplica el Grupo Banco Mundial. Efectivamente este es el desarrollo del concentrado capital globalizado aplicado a la gran minería: Una política de “dumping global” que saquea nuestros recursos y con su inequidad tributaria, jurídica, social y ambiental bloquea de posibilidades a nuestra economía. Una política que hizo que se endeudara al país y al pueblo para modificar la legislación no a favor de nuestro pueblo -para quienes debería legislar el Congreso- sino en favor de los saqueadores globales, de los mismos que nos “prestaron” el dinero para mejorar “nuestra” ley que le permita llevarse nuestro oro. Una política que nos viene a mentir con las palabras “desarrollo” y “exportaciones” cuando en realidad se están llevando el oro, se están llevando el suelo y las montañas, para dejarnos no solo desnudos, sino desnudos y además, contaminados.

Una segunda conquista (a este ritmo, la última, pues parece que ya no quedará más nada), pero esta vez con otros espejitos para cambiar por oro: el espejito de las mentiras, de las coimas, de la corrupción, del lobby de los concentradores de capital, de la compra de conciencias cuando no de la intervención en la misma sociedad civil mediante créditos y subsidios a organizaciones no gubernamentales mediante el Fondo para las Américas y demás mecanismos y prácticas perversas de injerencia en nuestra vida social con el afán de quebrar toda resistencia y toda voz que se alza para denunciar esta ignominia.

a) Inequidad internacional.

Evidentemente, esta situación produce una gravísima inequidad internacional.

Por una parte, los países poseedores de recursos y menos “desarrollados”, se ven compelidos por presiones económicas cuando no políticas o bélicas, a modificar su derecho interno en favor de capitales establecidos en los países más desarrollados. No sólo los “créditos” aquí detallados son una prueba de ello, sino que el institucionalmente gravísimo hecho de corrupción de la llamada “Ley Banelco” en el Senado prueba el límite de cuando se deja de ser representante del pueblo o de las Provincias, y se pasa a ser representante pago de los organismos de crédito internacionales.

Por otra parte, los países “desarrollados” se ven favorecidos con la provisión de recursos (oro y plata) que refuerzan su hegemonía económica, mientras en el “Sur” solo queda hambre, exclusión, marginalidad, contaminación, democracias destruídas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y pérdida de oportunidades y esperanzas.

¿Dónde está la equidad del negocio de “exportar” miles de onzas de oro y como contrapartida “importar” toneladas de cianuro con los riesgos ambientales, sanitarios y aún bélicos o políticos que ello importa?

Advertirá por tanto que el marco jurídico minero imperante en la Argentina no solo genera mayor inequidad entre nuestro país y el mundo “desarrollado”, sino que importa la ingerencia de sujetos del derecho internacional en los asuntos internos de la República, establece una inequidad evidente y desproporcionada, y constituye una flagrante violación del Derecho de Autodeterminación del Pueblo de la República Argentina.

Este derecho, que en nuestra historia ya tiene antigua raigambre con precedentes en el llamado “Silogismo de Chuquisaca” y su consecuente insurgencia independentista en la Ciudad de La Paz en 1809 (reprimida por la burguesía porteña) encendió (al decir póstumo del mestizo Pedro Domingo Murillo) “…la tea que dejo encendida ya nadie la podrá apagar…”. Esa tea fue formalmente receptada por la Carta de la ONU, y aunque algunos juristas norteamericanos como el profesor Eugleton se esforzaron por presentarlo como un simple principio moral (American Journal of International Law, vol. 47 -1953-, pp. 91-93), lo concreto es que este principio inmanente a los pueblos y su libertad también tuvo que ser incluído en diversidad de tratados internacionales, entre los mas importante de los cuales podríamos citar: la Declaración de 1960 sobre concesión de la Independencia para los Países y Pueblos Coloniales, el Art. 1º de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (incorporados a nuestra Constitución en 1994), el Art. 1º de los Pactos de los Derechos Humanos y la Declaración de Principios de Derecho Internacional de 1970.

Nadie puede negar –aunque sea en teoría- que los propios juristas defensores del actual régimen jurídico internacional reconocen como elementos constitutivos básicos de este Principio, en el Derecho Internacional moderno, el derecho de todo pueblo a determinar libremente, sin injerencia externa, su condición de proseguir su desarrollo económico y todos los estados tienen el deber de respetar este derecho. Por supuesto que estos principios son violados tantas veces como las potencias que integran el llamado Grupo de lo Siete (G -7) lo deciden, especialmente los EE.UU.

Este principio ha sido fulminado, especialmente, en materia de legislación minera, toda vez que la misma fue orientada y dirigida con financiamiento externo para satisfacer necesidades externas.

b) Nulidad del llamado “Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile”.

El Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile, en tanto producto de una política ajena a los intereses de estas dos repúblicas hermanas, resulta nulo por la injerencia que se ha hecho en los asuntos internos de nuestros Estados, por establecer de hecho un “Estado Minero de los Andes del Sur” entre ambas repúblicas, por favorecer una inequidad desproporcionada entre estos Estados y los capitales mineros que les genera una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada, y estableciendo normas contractuales inauditas en la historia de nuestras Relaciones Exteriores, tales como la vigencia treintañal de un Tratado bilateral de naturaleza comercial (Cabe preguntarse si es tan solo de naturaleza comercial…) con más un plazo de tres años para que pueda ser denunciado. Treinta años, el mismo plazo de la “estabilidad fiscal”, el mismo plazo calculado como necesario para extraer hasta su agotamiento nuestros recursos mineros.

Nótese que el Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Catástrofes celebrado contemporáneamente (1997) con la misma República (aprobado por Ley Nº 25.240) tiene una vigencia de tan solo diez años (Art. 12).

Me pregunto : ¿Para quién o para quienes es más importante la minería que la cooperación en materias de catástrofes? ¿Qué criterio se utilizó para que la minería tenga el triple de la vigencia temporal que se le asignó a las emergencias?

A la luz de las políticas desarrolladas por el Grupo Banco Mundial, no es difícil encontrar la respuesta.

De conformidad al artículo 46 de la Convención de Viena sobre el “Derecho de los Tratados”, este Tratado y la ley que lo aprueba “son nulos y sin validez” porque violan la Constitución Nacional en sus disposiciones ya citadas, violentan principios, declaraciones y convenciones internacionales que constituyen el llamado “ius cogens” o derecho internacional imperativo, y por lo tanto violan también una norma fundamental de derecho interno. Y las normas imperativas de derecho internacional prevalecen por sobre un Tratado comercial como el que nos ocupa.

Así lo establece el artículo 53 de la Convención de Viena ya citada: “Es nulo todo Tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como los demás Tratados, declaraciones y convenciones de derechos humanos y ambientales referidos tienen -como lo señala Alejandro Teitelbaum- carácter de normas imperativas (“ius cogens”) de derecho internacional general y no pueden ser vulneradas por otros Tratados o acuerdo internacionales o leyes de derecho interno. Teitelbaum cita como ejemplo que un Tratado no puede llevar a violar las normas internacionales en materia de protección del medio ambiental, pues dichas normas, como lo ha señalado la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya en la Opinión Consultiva sobre Licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares (año 1996). El artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, por su parte, también señala que “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones contraídas por la presente Carta”.

Vale recordar como también lo hace Teitelbaum –citando a la Subcomisión de los Derechos Humanos de la ONU- que cuando existen conflictos visibles entre Acuerdos de materia comercial o industrial entre países con los derechos de todas las personas a la salud, a la alimentación, a disfrutar de todos los progresos científicos y de ejercer el derecho a la autodeterminación, la Subcomisión de la ONU ha recordado a “todos los gobiernos la primacía de las obligaciones relativas a los derechos humanos sobre las políticas y los acuerdos económicos” (“El ALCA está entre nosotros”, ponencia presentada en el III Congreso Internacional “Derechos y Garantías en el Siglo XXI”, Asociación de Abogados de Buenos Aires,UBA – 2004;subrayado nuestro)

Consideramos que de acuerdo a lo expuesto el Tratado con Chile (un tratado comercial) es NULO y como tal debe ser declarado. Por los derechos que afecta y por las convenciones internacionales de superior jerarquía que violenta y trasgrede. ASI PROPICIAMOS DECLARARLO y así debe anularse la ley 23.243, instrumento legal con el que este Congreso lo aprobó. La ley es nula; así debe declarársela por lo que no pueden invocarse a su respecto derechos adquiridos y corresponde también su inmediata derogación. También debe declararse nula y derogarse la ley 24.196 y sus modificatorias.

Propiciamos asimismo la derogación de otras normas que se oponen o entran en contradicción a lo que aquí se propicia regular y prohibir.

Vale señalar, por último, que ya existen antecedentes respecto de anulación y derogación de normas por parte del Congreso. Así ocurrió con la norma numerada como 22.294 (de autoamnistía) declarada nula y derogada por la ley 23.040 así como más recientemente la declaración de nulidad y la derogación de las leyes 23.494 (de punto final) y 23.521 (de obediencia debida) mediante la ley 25.977. Por su parte el propio Poder Judicial declaró acorde al derecho vigente esas leyes anulatorias y derogatorias por lo que reconoció facultades al Congreso para actuar de esa forma.

C. Conclusión.

Este proyecto contó en su elaboración con los conocimientos, la experiencia y el trabajo de Bernardita Bielsa y Cristian Hendrickse, abogado éste último mencionado precedentemente; en particular por el trabajo de investigación realizado desde Esquel y por su rol activo integrando las luchas que se vienen dando contra los proyectos de la megaminería tóxica. Su participación fue imprescindible para concretar esta presentación..

Concluyendo solicito que se apruebe este proyecto de Ley tendiente a garantizar los derechos a la vida, a la salud y al trabajo de los habitantes de este país, su medio ambiente y sus recursos, como así también el derecho de autodeterminación del pueblo argentino. Tiene como objetivo apoyar la lucha de todos los que vienen enfrentando los proyectos y emprendimientos empresarios descriptos y la complicidad gubernamental con ellos así como el estimular que esa oposición decidida y firme se extienda y sea apoyada por todo el pueblo y se logre articular con luchas similares que vienen librando los pueblos hermanos de la América Latina.

LUIS F. ZAMORA – AUTODETERMINACIÓN Y LIBERTAD

Presentado el 20 de octubre del 2005.- (expte. 5937 – D – 05; incluyendo las modificaciones introducidas mediante exptes. 6098 D – 05 y 6547 – D -05 del 3 y 25 de noviembre del 2005, respectivamente.

Los residuos tóxicos como estrategia El valor comercial de la polución

 

(Residuos tóxicos y el Nuevo Orden Mundial, Parte II) por Mitchel Cohen

El comercio en residuos tóxicos es más que una industria lucrativa; también es una estrategia central del Nuevo Orden Mundial, una forma intencionada de cercar tierras y recursos -el mismísimo aire que respiramos- previamente de propiedad común y establecer el comercio en “derechos de polución.” Es un medio de proletarizar a campesinos y aldeanos, llevándolos a nuevas formas de explotación del trabajo y de la naturaleza. Como la oposición al vertido de residuos tóxicos y a la incineración de basura peligrosa se apasiona, convirtiéndose en movimientos políticos masivos, hay un entendimiento creciente de que “ni las regulaciones gubernamentales ni el mercado capitalista son capaces de suministrar una protección adecuada para los ecosistemas naturales o para las comunidades afectadas por la contaminación medioambiental.”

En diciembre de 1971, Lawrence Summers era el economista jefe del Banco Mundial. En esa capacidad, publicó un memorando sorprendentemente directo al personal superior del Banco Mundial llamándolos a planificar sus programas de ajuste estructural y renegociar los planes de pago de deudas para estimular las áreas relativamente poco contaminadas del mundo para que, entre otras cosas, aceptaran una “redistribución” más justa de los residuos y de la contaminación del mundo industrial. Esto sería un gran progreso hacia, como dijo, la rectificación del “desequilibrio” tóxico actual.

“Siempre he pensado,” escribió Summers, “que los países de baja densidad de población en África están infinitamente subcontaminados; que es probable que la calidad de su aire sea ineficientemente más baja [en contaminantes], en comparación con Los Ángeles o Ciudad de México.”

Summers, que redactó el Informe del Banco Mundial sobre el Desarrollo Mundial para 1992, afirmó que había desarrollado “la lógica económica que justifica que se vierta un volumen de residuos tóxicos en el país de salarios más bajos.” Descubrió que la lógica era “impecable, y que debiéramos confrontar ese hecho.”

“Se genera tanta polución con industrias que no se pueden trasladar (transporte, generación de electricidad) [que hace que] los costos de transporte por unidad de residuos sólidos… sean tan altos,” se quejaba Summers. Por desgracia esas industrias no trasladables “impiden que se haga un beneficioso comercio con la polución del aire y los residuos” como se estipula en la Ley de Aire Limpio de 1991 para los contaminantes locales. En lugar de ilegalizar los contaminantes y los carcinógenos peligrosos, la Ley otorga “créditos de polución” -cuotas de destrucción ecológica- a las corporaciones y a las municipalidades en EE.UU. Aquellos que “contaminan menos” pueden vender sus créditos de “exceso” de polución -su “derecho” a asolar el medio ambiente – a compañías que rehúsan o que no pueden reducir sus residuos tóxicos y así siguen manteniendo sus niveles de beneficios -el “libre mercado” en su forma más brutal y salvaje.

Summers continuaba, burlándose de las quejas de los pobres que decían que su salud estaba siendo destrozada por el vertido de toxinas en sus comunidades. Por su pobreza, argumentó, los pobres jamás vivirían lo suficiente para contraer las enfermedades que la exposición a los residuos vertidos o incinerados causarían ordinariamente a gente que vive más tiempo -en otras palabras, aquellos que viven en EE.UU., Europa, y partes de Asia. “La preocupación por un agente que causa un cambio de un punto en un millón en las posibilidades de cáncer de la próstata,” escribió, “será obviamente mucho más elevada en un país en el que la gente vive lo suficiente para contraer cáncer de próstata, que en un país donde la mortalidad por debajo de cinco años es de 200 por mil.” Así, concluyó Summers, verter residuos tóxicos en áreas donde la gente ya tiene vidas más cortas, no preocupa a nadie.

En la visión del mundo de Summers, “los países pobres deberían explotar su ‘ventaja comparativa’ de salarios bajos, o acceso a los recursos naturales, o bajos estándares ecológicos,” explican Russell Mokhiber y Robert Weissman, que fueron autores en conjunto de Corporate Predators: The Hunt for MegaProfits and the Attack on Democracy [Aves de Rapiña Corporativas: La Caza de Mega ganancias y el Ataque Contra la Democracia.] “Aunque pocos países se han ‘desarrollado’ con este enfoque, ha resultado muy efectivo para compañías como Nike, que ha aprovechado los bajos salarios en toda Asia, o incluso GM, que produce automóviles y camiones en México con la misma tecnología que en Michigan, pero con trabajadores con salarios más bajos. Los fabricantes de tecnologías contaminantes tales como los incineradores que están siendo eliminados en los países industriales, también se han beneficiado, porque pueden seguir funcionando, vendiendo a los países del tercer mundo. Los fabricantes estadounidenses que querían escapar las regulaciones medioambientales (tales como los fabricantes de muebles que utilizan adhesivos, disolventes, y pinturas tóxicas) se han aprovechado mudándose de sitios como Los Ángeles a México.”

El ex activista de Greenpeace Jim Vallette (ahora en el Servicio Internacional de Información Comercial) sigue en la misma línea: Bajo las políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y ahora la Organización Mundial de Comercio, “el comercio mundial ha florecido con cargamentos desequilibrados: pesticidas prohibidos, gasolina con plomo, clorofluorocarbono, asbesto, y otros productos restringidos en el Norte, son vendidos al Sur; maderas tropicales, petróleo, carbón, y otros recursos naturales fluyen del Sur al Norte, con poco o ningún beneficio para las comunidades receptoras; y mientras las regulaciones se hacen más estrictas respecto a plantas de energía que usan carbón sucio y energía nuclear peligrosa en el Norte, proliferan en Asia, África, Europa Oriental y América Latina, donde son controladas y operadas por corporaciones del Norte.

“Este comercio ha sido facilitado con decenas de miles de millones de dólares de financiamiento por el Banco Mundial, la Corporación de Inversiones Privadas en Ultramar de EE.UU., y el Banco de Exportación e Importación de EE.UU., instituciones gubernamentales en las cuales Mr. Summers ha blandido su lógica económica. Su memorando de 1991 puede ser considerado una tesis de trabajo para las políticas económicas globales dominantes en esa década.”

En 1992, la gente comprendió lo que significaba realmente el gran ardid de Summers para envenenarla aún más en nombre del “libre mercado.” Causó un escándalo.

Greenpeace y numerosos defensores del planeta exigieron que el Banco Mundial despidiera a Summers. El Secretario del Medio Ambiente de Brasil, Jose Lutzenberger, escribió directamente a Summers: “su razonamiento es perfectamente lógico pero totalmente insano… Sus pensamientos [suministran] un ejemplo concreto de la increíble alienación, del pensamiento reduccionista, de la falta de misericordia y de la arrogante ignorancia de muchos ‘economistas’ convencionales respecto a la naturaleza del mundo en que vivimos… Si el Banco Mundial lo conserva a usted como vicepresidente, perderá toda credibilidad. Esto me confirmaría lo que he dicho a menudo… lo mejor que podría ocurrir es que el Banco desapareciera.” Lutzenberger fue despedido poco después de escribir su carta.

Después de la publicación del memorando en el Economist de Londres en febrero de 1992 y el correspondiente revuelo en su contra de los países dependientes del imperio, el Banco Mundial fue llevado a un frenesí de contrición. Pero en lugar de indignarse por el horror de la devastación ecológica prescrita por Summers, las grandes corporaciones y los gobiernos de los países industrializados consideraron la proposición y la argumentación de Summers de manera bastante favorable. La expropiación del medio ambiente y la privatización de terrenos públicos es, después de todo, tan central para la acumulación de capital como la explotación de la mano de obra.

Sin comprender su dimensión de clase, muchos activistas ecologistas pensaron que con la nueva administración Clinton en Washington en 1993, se salvaría el medio ambiente, las cosas mejorarían, reinaría la paz y que Summers, en aquel entonces en el Banco Mundial, se iría. Al contrario, Clinton y Gore pudieron hacer pasar legislación en el Congreso – las medidas de fundación de NAFTA, GATT, y la Organización Mundial de Comercio, la “reforma” de la seguridad social, leyes nuevas que socavan por completo la Constitución (bajo el disfraz del “antiterrorismo”), vastos aumentos en los gastos militares, la devastación casi total de los últimos bosques antiguos y de secuoyas en Estados Unidos, la derrota de los movimientos progresistas de Haití y la continuación de la ocupación militar de ese país por EE.UU., la vasta promoción de alimentos genéticamente modificados y de la industria de la biotecnología, el continuo bombardeo y las sanciones contra Irak y Yugoslavia, el intento de desarticular los estándares orgánicos, la legalización de la irradiación de alimentos, y el colapso gerenciado de un movimiento otrora poderoso por la atención sanitaria universal gratuita -con una habilidad que hasta el ex presidente George Bush ha tenido que admirar. Incluso antes de llegar al poder, el presidente Clinton trató de nombrar a Summers a una posición de política nacional: presidente del Consejo de Consejeros Económicos del Presidente.

Los grupos ecologistas y otros grupos radicales se escandalizaron y lucharon contra su nombramiento. Por un tiempo tuvieron éxito. Pero el trabajo de Summers por cuenta del capitalismo global no podía quedar sin recompensa. El día después de la inauguración de Clinton como el 42º Presidente de EE.UU., nombró a Lawrence Summers como Subsecretario de Asuntos Internacionales en el Tesoro de EE.UU., una posición tradicionalmente responsable de “la formulación de la política económica de EE.UU. en el Tercer Mundo, incluyendo la política de EE.UU. respecto al FMI, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo. “En 1995, el medio ambiente estaba en peores condiciones que nunca antes, y había niveles récord de toma de ganancias en Wall Street.

También otros funcionarios del Banco Mundial ayudaron a elaborar la política gubernamental. Antes de su período como presidente del Banco Mundial de 1968 a 1981, Robert McNamara había sido, recordarán, Secretario de Defensa de EE.UU. y, en esa capacidad, el principal arquitecto del “campo de batalla automatizado,” que el gobierno de EE.UU. aplicó en Vietnam, masacrando más de dos millones de vietnamitas y envenenando sus cultivos, sus tierras cultivables, y el suministro de agua para las generaciones venideras. Fue McNamara el que aprobó el uso del Agente Naranja y de otros defoliantes que envenenaron la tierra en toda la región, y al mismo tiempo las vidas de soldados estadounidenses. Al mudarse al Banco Mundial, McNamara ayudó a abrir Tailandia a la industria del comercio sexual y dirigió las políticas del Banco Mundial orientadas hacia la privatización de tierras utilizadas públicamente -las tierras comunales- en ese país, y las catástrofes ecológicas resultantes.

Estas estrategias se basan en la aceptación de la “reestructuración de la deuda” de países que deben grandes sumas a los bancos occidentales. (Si no aceptan ese protocolo, se les bombardea y sanciona hasta que lo hacen.) Aunque los bancos individuales quieren cobrar sus préstamos, el capital financiero global en su conjunto -tal como se refleja en la política gubernamental- no quiere que sus préstamos sean pagados por completo. Alienta el endeudamiento como un apalancamiento para lograr una serie de elementos que son críticos para la expansión continua del capital: 1) forzar a las clases trabajadores en los países endeudados a permanecer en su sitio; 2) eliminar (“cercar”) las antiguas formas comunales de vida; 3) establecer los nuevos gerentes globales del capital -ONGs- para que intercedan en los nuevos movimientos “por cuenta de” la gente indígena, los trabajadores y los movimientos comunitarios, impidiéndoles que hablen con su propia voz sobre sus propias necesidades, y menguando sus victorias contra la imposición de relaciones capitalistas, a cambio de mejoras inmediatas (y temporales) en sus situaciones materiales dentro de esas relaciones; 4) claudicar en ventajas obtenidas en décadas de lucha; 5) presentar un pretexto para “equilibrar el presupuesto” en el interior, y suministrar así un pretexto para atacar los logros obtenidos aquí en los niveles de vida de los trabajadores; y, 6) desarrollar pequeñas clases capitalistas indígenas dependientes del capital global, y mantenerlas en el poder.

El Secretario del Tesoro Summers ha sido también identificado como “el astuto arquitecto de un esprint final alrededor del Congreso, que resultó en el paquete de rescate de 42 mil millones de dólares para México” de 1995, según el reportero del NY Times David Sanger. En la época en que aprobó el paquete de rescate para México de 1995, Summers trabajaba para el Secretario del Tesoro de aquel entonces, Robert Rubin.

En junio de 1998, el Secretario del Tesoro Summers fue el principal economista que formuló la ayuda financiera de EE.UU. al gobierno de Indonesia, mientras incendios masivos asolaban los bosques indonesios, y mientras sus militares se estaban preparando para volver a asesinar civiles en Timor Oriental. En una declaración del 25 de junio de 1998, el Secretario del Tesoro de Clinton dijo: “Saludamos el anuncio de hoy en Yakarta, de que el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Indonesia han llegado a un acuerdo sobre un programa económico modificado, elaborado para estabilizar la economía indonesa. EE.UU. tiene un fuerte interés económico y de seguridad nacional en que Indonesia tenga éxito en esos esfuerzos, que dependerán de su capacidad de apoyar tanto las reformas económicas como las políticas. Consultaremos con las instituciones financieras internacionales y otros países del mundo para asegurar que el apoyo internacional para Indonesia sea suficiente para que enfrente los difíciles desafíos que confronta actualmente. Esperamos la oportuna aprobación por el consejo y el desembolso de estos fondos, así como de aquellos del Banco Mundial.

“También saludamos el anuncio del Banco Asiático de Desarrollo de que ha aprobado un préstamo considerable para mejorar las prácticas del sector financiero en Indonesia. Ese préstamo apoyará los esfuerzos por fortalecer el sistema bancario de Indonesia y es crucial para restaurar la estabilidad financiera y el crecimiento.”

Incinerando Armas Químicas

Agréguese a la pesadilla el aparato militar de EE.UU., que desde cualquier punto de vista es el mayor contaminador en todo el mundo. El modo de pensar de los militares es tan insano que incluso cuando se les obliga a hacer lo correcto -por ejemplo, sacar del servicio una parte del mayor arsenal de armas químicas del mundo- utiliza invariablemente los medios más destructivos. En el caso siguiente, la incineración es su método preferido. Los militares escogieron Kalama -la Isla Johnston, un Refugio Nacional de Flora y Fauna- como el sitio para incinerar viejos misiles de la guerra química y otras armas similares.

Kalama -un territorio de EE.UU. a 825 millas al sudoeste de Hawai y a 1400 millas al este de las Islas Marshall- es una isla antaño idílica, de 56 acres, rica en vida marina y ornitológica, que fue expandida a 690 acres por los militares de EE.UU. y que ahora está contaminada con Agente Naranja y con plutonio. Conocida como JACADS, la instalación en la isla Johnston, que inició su funcionamiento en junio de 1994, es la única planta de incineración de armas químicas de envergadura de EE.UU. Ha sido diseñada para quemar el agente HD (“gas mostaza”) y los agentes nerviosos GB y VX -este último ha salido mucho en las noticias recientemente, ya que EE.UU. pretendió haber encontrado indicios en el suelo alrededor de una planta farmacéutica en Sudán, que procedió a bombardear, así como en Irak, que adquirió precursores del agente nervioso de EE.UU. a fines de los años 80, a cuya pretendida presencia EE.UU. tuvo la misma respuesta irracional y asesina.

El Ejército dice que JACADS está siendo utilizado sólo: 1) para quemar el arsenal de armas químicas embarcadas al atolón en 1971 desde Okinawa (el Congreso prohibió el transporte de las armas de Okinawa al área continental de EE.UU.), y, 2) para quemar más de 100.000 proyectiles GB y VX del arsenal de armas de hace 30 años, transportadas desde Alemania en 1990. Los oponentes a JACADS, basados en Hawai, subrayan una historia de problemas peligrosos causados por la incineración, desde 133 soldaduras de calidad inferior en las tuberías, a explosiones en varias partes del horno que ya habían liberado pequeñas cantidades de agente nervioso GB a la atmósfera (en marzo de 1994), a la generación de subproductos inesperados de gas mostaza descompuesto. Señalan que la tecnología “de final abierto” utilizada por el incinerador de la Isla Johnston (y todos los incineradores de residuos) emite sustancias transportadas por el aire y carcinogénicos tales como dioxinas y furanos. Tales emisiones, y cualquier gas nervioso que se escapara, se establecen en la capa superior del océano circundante y pueden ser transportadas por los vientos a áreas pobladas, incluyendo la parte continental de EE.UU.

Hay alternativas mucho más seguras, de probada eficacia, para la incineración, igual que existen para la pulverización de insecticidas -pero, son más caras. Alternativas factibles incluyen el biosaneamiento con enzimas naturales, la neutralización química, y la “oxidación supercrítica” (usando agua). El gobierno de EE.UU., sin embargo, rehúsa aceptar que la protesta internacional que ha despertado su incineración de las armas químicas y el almacenamiento de los residuos, “obstruya” sus planes. El gobierno de EE.UU. trata de argumentar que semejante oposición viola las reglas de la Organización Mundial de Comercio que cubren el “libre comercio,” sin impedimentos, con residuos tóxicos.

Mientras el resto del mundo trata de reglamentar el comercio internacional en residuos peligrosos, el gobierno de EE.UU. -el mayor productor de residuos en el mundo- se ha negado hasta ahora a firmar ninguno de los principales tratados que limitan los embarques al extranjero. Como era de esperar, tales “efluvios de la afluencia” son desastrosos para el medio ambiente y la salud de la gente. En una crucial conferencia internacional en Ginebra, Suiza (21 al 25 de marzo de 1994), Estados Unidos con sólo un puñado de países exportadores de residuos, se enfrentaron al resto del mundo y se opusieron a una prohibición de los embarques de residuos peligrosos a los países no industrializados.

El gobierno de EE.UU. ha tomado también la delantera en el bloqueo de una proposición de Mostafa Tolba, en aquel entonces jefe de ecología de la ONU, y de muchos países llamados “en desarrollo,” que hubiera prohibido todas las exportaciones de residuos de 24 países industriales al resto del mundo. En el momento exacto en que EE.UU. estaba utilizando tácticas obstruccionistas contra un acuerdo en una conferencia internacional en Uruguay, para prohibir los embarques de residuos tóxicos, una barcaza estadounidense cargada con 8000 toneladas de sedimentos de Hawai navegaba hacia un vertedero en las Islas Marshall, en el Pacífico del Sur, que una vez fue idílico.

Jim Vallette escribe: “En 1994, a propósito, casi todos los demás países del mundo rompieron la “lógica económica” de Mr. Summers, -con su formación en Harvard- de descargar los venenos de los países ricos sobre sus vecinos más pobres, y se ponían de acuerdo en prohibir la exportación de residuos peligrosos de los países de la OCDE a países no miembros de la OCDE según la Convención de Basilea. Cinco años más tarde, EE.UU. es uno de los pocos países que aún no han ratificado la Convención de Basilea, o la Enmienda de Prohibición de la Convención de Basilea sobre la exportación de residuos peligrosos de los países de la OCDE a países no miembros.

La descarga de residuos líquidos peligrosos puede costar 2000 dólares por tonelada. Los gastos totales anuales llegan a decenas de miles de millones de dólares, compitiendo con el tráfico de drogas en las ganancias potenciales para los intermediarios. Mucho más barato, por lo tanto, es verterlos o quemarlos en el extranjero, a sólo una fracción del costo económico. Ciertamente, los países industrializados están bajo presión constante para encontrar nuevas regiones para desembarazarse de sus residuos. A fines de los años 80 y a principios de los 90, Somalia, Haití, y Guatemala se convirtieron en los últimos territorios elegidos por el Nuevo Orden Mundial de George Bush para descargar inmensas cantidades de residuos industriales e incinerados. En realidad, la descarga de residuos peligrosos, fue uno de los factores que impulsaron la intervención militar, en sitios tales como Somalia y Haití.

Meses antes de que EE.UU. enviara tropas a Somalia, supuestamente para proteger las líneas de suministro de alimentos contra los hurtos por los “malvados caudillos,” Italia -un importante aliado de la OTAN que había enviado cientos de soldados a Somalia- estaba completando disposiciones para embarcar los residuos del sur de Europa a ese país, sin protesta alguna de EE.UU.

Las compañías italianas dirigían un consorcio que estaba involucrado en la construcción de dos incineradores que iban a ser instalados en Somalia, que se había previsto iban a tratar por lo menos dos embarques de 550 mil toneladas de residuos tóxicos por año, con una ganancia estimada de 4 a 6 millones de dólares.

Además, Nur Elmy Osman, el “ministro de salud” bajo el presidente de Somalia, Ali Mahdi Mohamed, firmó un compromiso por 20 años a fines de 1991 -un año antes de la ocupación militar de EE.UU. -con una compañía privada, Acher Partners, para permitir la construcción de otro incinerador cerca de Mogadishu y un vertedero para contener 11 millones de toneladas de residuos industriales y hospitalarios “tratados,” incluyendo “residuos sólidos y líquidos de tipo tóxico.” El jefe de ecología de la ONU, Mostafa Tolba, condenó el vertedero propuesto, diciendo que agravaría la destrucción del ecosistema de Somalia y amenazaría la pérdida de más vidas en ese asolado país. El teléfono de Acher Partners era el del hogar de una joven en Lausana, Suiza. Dijo que no tenía idea de lo que hacía la compañía.

Un montón de mercaderes y compañías sospechosas, igualmente emprendedoras en el “mercado libre”, involucradas en residuos industriales y peligrosos, surgió virtualmente de un día para otro. Cuando Ann Leonard, de Greenpeace, llamó a Terra International -una compañía involucrada en embarques de residuos peligrosos a Guatemala- sus llamados llegaron repetidamente a la oficina de un cirujano plástico en Miami. Por su perseverancia, sin embargo, logró descubrir que Terra International, con negocios por miles de millones de dólares, era manejada por un individuo -el hermano del cirujano plástico- que usaba un escritorio en una habitación trasera de la oficina del cirujano. Pero las ganancias hechas por los traficantes en residuos tóxicos ascienden a decenas de miles de millones de dólares por año, comparables con las ganancias del tráfico internacional de drogas.

Muchas de las compañías son dirigidas por expatriados derechistas de países de Centroamérica y del Caribe. Las compañías tienen poco capital propio; utilizan sus contactos políticos en sus países nativos – a menudo juntas instaladas en el poder por la CIA y mantenidas allí gracias al apoyo financiero y militar del gobierno de EE.UU. – para organizar sus negociados tóxicos. Por cierto, ven la creciente catástrofe con los desechos en EE.UU., Europa, y Japón como “una industria en crecimiento,” y la indigencia fabricada en países tales como Guatemala, Somalia, y Haití -conduciendo a la intervención militar de EE.UU.- como una oportunidad de ganar una fortuna en ganancias sin correr grandes riesgos ellos mismos.

Terra International, por ejemplo, basada en Florida, sirve de intermediario a Energy Resources, NV, de Holanda. Energy Resources, NV, obtuvo contratos para vender 1,2 millones de toneladas de residuos líquidos tóxicos por año a Guatemala, para ser quemados en un incinerador que aún no ha sido construido. No hay error, el país receptor “compraría” efectivamente el desecho, como un medio para obtener energía barata. Como incentivo, se “permitiría” a Guatemala que le mezclara sus propios residuos generados localmente y los quemara gratis, comprimiera los desechos tóxicos y los utilizara para construir viviendas.

A principios de los años 90, el gobierno de El Salvador aprobó que se construyera una instalación de tratamiento de residuos peligrosos en la ciudad de La Unión, que aceptaría tres veces el volumen de la unidad guatemalteca. El régimen salvadoreño comenzó a ampliar sus puertos para recibir las barcazas con residuos esperadas de EE.UU., Europa, y Japón. Mientras tanto, a pesar de intentos de llegar a acuerdos internacionales (que EE.UU., Canadá y Japón se negaron a firmar), hasta Panamá está husmeando excitadamente en la dirección de la incineración mientras el tórrido aliento tóxico del Tío Sam cosquillea el cuello de su Zona del Canal.

En lugar de reducir la producción de productos tóxicos y de desintoxicar los residuos remanentes, sobre todo subproductos de la producción industrial, muchas compañías han tomado el camino de American Cyanamid ¡descárgalos en ultramar! Para reducir el volumen de residuos, muchos gobiernos apoyan la incineración y el vertido de las cenizas -mezclando las cenizas como “ingredientes inertes,” por ejemplo -como la opción más “amistosa hacia la ecología”. Pero la incineración trae riesgos medioambientales adicionales -genera residuos en forma de cenizas en las que están concentrados los metales pesados, para no hablar de la dioxina y de otros gases peligrosos liberados al incinerar. Y sin embargo, los países que compiten por los millones de dólares en “ingresos disponibles,” invitan al depósito de residuos industriales, saltándose los pocos controles que existen. Se induce a los países pobres a aceptar los residuos a cambio de préstamos del Fondo Monetario Internacional, que prescriben el uso de los fondos para proyectos de construcción de incineradores que también pueden servir como plantas de generación de energía.

La explotación masiva del medio ambiente en el “Tercer Mundo,” incluye la conversión de residuos letales en mercancías, y el comercio internacional con ellos. También incluye la imposición por parte del capital de trueques de deudas por medio ambiente, la construcción de inmensos incineradores y vertederos, y muchos otros proyectos aparentemente sin sentido. Pero para el Nuevo Orden Mundial del capitalismo, esas son las formas en las que se expresa la crisis internacional de la deuda. El comercio con residuos no es una excrescencia evitable de la dominación imperial y de la globalización del capital, sino que es una parte esencial de ésta, exigiendo que nosotros, si queremos resistirlo efectivamente, desarrollemos nuevas formas de lucha y una nueva visión para recuperar nuestras vidas.

La elaboración de celulosa destinada a la producción de papel

Pregón  - 24/04/2006

Introducción

La elaboración de celulosa destinada a la producción de papel y cartón es una importante actividad industrial con un gran consumo de agua y de energía que también genera una notable cantidad de residuos líquidos y sólidos, estos últimos como fangos de plantas de tratamiento. Se utiliza en esta actividad una materia prima renovable, la biomasa esencialmente forestal aunque hoy en día se utilizan también los subproductos de la caña de azúcar y del maíz. En los casos en los que se recurre a la tala de árboles debe buscarse un equilibrio entre la reforestación y la tala para lograr un desarrollo sustentable.

La fabricación de pasta de celulosa ya sea mecánica o química tiene un elevado consumo eléctrico, de 1.400 a 2.500 kw /tonelada según el proceso y un consumo de agua de entre 20 y 200 m3 /tonelada que genera un agua residual con una media de 7kg/tonelada de sólidos en suspensión y 55 kg/tonelada de DQO. Estos datos dan una idea del impacto ambiental que puede tener esta actividad.
La magnitud de producción de este insumo en el mundo y los problemas de contaminación ambiental generados han llevado a una importante regulación legal de la actividad en Estados Unidos, Japón y en la Comunidad Europea. Ante los estrictos controles y los costos que implica el cumplimiento de las normas, muchas industrias han desplazado su producción, especialmente la que involucra técnicas obsoletas, a otros países con menos exigencias en su legislación ambiental.El impacto sobre los ambientes acuáticos y terrestres puede ser importante y, en algunos casos, generar zonas irrecuperables en lo referente a la biota. El costo de dicho impacto no suele ser calculable y en cualquier caso sería pagado por la comunidad y no por las industrias productoras.
En el siguiente resumen se abordará el problema de la generación de compuestos tóxicos residuales por la elaboración de pasta de celulosa.

Proceso de elaboración de pasta de celulosa

La composición química de la madera es bastante compleja, el elemento básico estructural de la pared celular es la celulosa. La lignina y hemicelulosa también están distribuidas en la pared celular junto con ésteres, terpenos, resinas, fenoles y taninos.La lignina mantiene a las fibras de celulosa unidas. El proceso de producción de celulosa consiste en separar las fibras de celulosa lo que se puede conseguir mecánicamente o por disolución química de la lignina,
La elaboración de pasta a partir de la madera es el proceso inicial en la fabricación de celulosa para papel y cartón. Luego de cosechar los troncos se les quita mecánicamente la corteza y se muele la madera hasta convertirla en chips de tamaño uniforme. Estos chips son sometidos al proceso para obtención de pulpa ya sea en forma mecánica o mediante una variedad de procesos químicos. Derivados del cloro se utilizan habitualmente en los procesos para refinado y blanqueado de las pastas para papel. Las diferentes calidades de papel requieren distintos procedimientos para obtención de celulosa, así el papel blanco para copias requiere una pulpa con fibras duras en su composición principal con algo de fibras blandas para añadir flexibilidad. El papel para diarios se produce con fibras obtenidas por procesos mecánicos o fibras recicladas con poca cantidad de fibras blandas.
Todas las metodologías para obtención de pasta de celulosa para papel se basan en la separación de las fibras de la madera. Esto se consigue con métodos mecánicos como el molido o con métodos químicos que disuelven la lignina de la pared celular dejando separadas las fibras de celulosa prácticamente sin acción mecánica. Las técnicas disponibles varían entre estos extremos, las más usadas son:
1-Proceso mecánico
La pasta mecánica que se obtiene triturando la madera por medio de grandes piedras de arenisca o esmeril y haciéndola pasar por arrastre con agua a través de tamices. Este tipo de pulpa es de baja calidad, coloreada y con fibras de celulosa cortas. Una variante de este proceso consiste en usar chips de madera que se someten a vapor antes del triturado.
2-Proceso semiquímico
Se caracteriza por un pretratamiento químico seguido de un refinado mecánico. Se usa para maderas duras o de origen mixto. Puede hacerse impregnado chips con una solución de sulfito de sodio seguida de una cocción a 160 190º C y un posterior refinado por discos. La pulpa obtenida tiene liginina en un 10 a 15 % y se usa para cartón corrugado y papeles para embalaje por su alta resistencia
3-Pulpas obtenidas por procesos químicos
a) procesos alcalinos
Los dos más importantes son el Kraft y el alcalino (soda process). En ambos casos los chips de madera son calentados en presencia de hidróxido de sodio para disolver la lignina. En el proceso Kraft se agrega sulfuro de sodio este procedimiento es el más difundido en la elaboración de pulpa a partir de madera. El proceso alcalino se emplea para materias primas que no son madera.
Una parte importante de estos procesos es la regeneración de los licores de cocción. En el sistema Kraft los líquidos agotados por su uso en los tratamientos se evaporan para regenerar el álcali que seincorpora al próximo tratamiento. Durante el proceso alcalino casi la mitad de la madera queda como remanente en el líquido residual con alto contenido energético lo que permite su fácil evaporación e incluso puede proveer energía a la planta. Durante el calentamiento el dióxido de carbono producido reacciona con la soda cáustica para producir carbonato de sodio. Se añade entonces sulfato para compensar las pérdidas durante el proceso de obtención de pasta. Este sulfato se reduce a sulfito. La mezcla resultante se trata con hidróxido de calcio (cal apagada) para regenerar el hidróxido de sodio a partir del carbonato. El resultante se vuelve al tanque de tratamiento para otro proceso.
La pasta resultante tiene características de resistencia por el largo de las fibras obtenidas. Si la materia prima fue una madera dura se presta para su uso en papeles de impresión mezcla con pulpas de otro origen
b) Proceso sulfito
Existen variantes de este proceso conocidas como proceso de sulfito ácido, de bisulfito, de multi-etapas, de sulfito neutro y alcalino. Todas ellas hacen referencia a las características de los líquidos para cocción de lo chips de madera. El dióxido de azufre es utilizado para generar el sulfito utilizado en la digestión. La producción de pulpas por éste método es muy baja en relación a la producción por Kraft o mecánica.

Blanqueado de la pasta para papel

El blanqueado de la pasta de celulosa ha sido tradicionalmente visto como un índice de calidad por el consumidor de papel. La blancura de la pasta de celulosa se mide por su capacidad para reflejar luz monocromática en comparación con un Standard de óxido de magnesio. La pulpa resultante del proceso Kraft es generalmente marrón mientras la de los procesos sulfito es amarilla a marrón claro. Estos colores se deben a residuos de lignina que se adhieren a las fibras y que pueden ser estabilizados o removidos en procesos posteriores. En las pulpas obtenidas por procesos mecánicos se utilizan agentes químicos oxidantes como los derivados de cloro o el peróxido de hidrógeno.
El proceso de blanqueado de las pastas esta compuesto de 5 a 6 etapas dependiendo de las características de la pulpa obtenida. Desde el siglo XIX se utiliza hipoclorito para el blanqueado de la pasta, posteriormente se aplicó también cloro gaseoso. Los residuos de lignina se convierten en productos solubles en agua o en soluciones alcalinas que son lavados en las etapas siguientes del proceso. El uso de cloro gaseoso tiene varias ventajas en el producto y se estima que genera una menor cantidad de AOX vertidos al ambiente. En algunos casos se usa, en las últimas etapas del blanqueado la combinación de peróxido de hidrógeno con cloro. Las cantidades de cloro utilizadas por la industria de la celulosa han disminuido desde los 90kg/ton que se usaban hace 80 años a los 25 kg/ton que se usan hoy e incluso valores más bajos como 3 a 10 ton/kg en algunos procesos.

Principales contaminantes generados por la producción de celulosa

Las principales etapas en las que se genera contaminación son:

-Descortezado de la madera. En la actualidad se emplea el descortezado en seco, la cantidad de agua en este proceso es relativamente baja. El descortezado en húmedo genera los mayores caudales de residuales de cualquier fábrica, el agua arrastra polvo, corteza en suspensión y materia orgánica como taninos
Las aguas residuales resultantes del proceso de blanqueado de la pulpa se presentan como una compleja mezcla de distintos compuestos en la que predominan los organoclorados. Para la caracterización del riesgo que presentan estos efluentes para el ambiente se suele sumar a las determinaciones habituales (DBO, DQO, partículas sedimentables y en suspensión) la de AOX que indica la cantidad de halógenosorgánicos adsorbibles al carbón activado. Dentro de esta fracción se encuentran importantes agentes tóxicos.
El cloro reacciona en primer lugar con la lignina residual para producir aproximadamente 4 kg de organoclorados por tonelada de pulpa producida. Esta cantidad puede variar considerablemente de acuerdo al proceso de blanqueado y al tipo de pulpa sometida al tratamiento. La mayor parte del cloro está ligado a compuestos orgánicos de alto peso molecular que resultan biológicamente poco activos y como consecuencia poco tóxicos. Un 30 % de cloro se liga a moléculas de bajo peso molecular, entre ellas cuantitativamente la más importante es el triclorometano que puede aparecer en cantidades de hasta 40 g por tonelada de pulpa tratada. Junto con este compuesto aparecen tricloroetene, pentaclorobenceno y triclorofenol.
Aparecen también derivados clorados del ácido acético y de la acetona como TCA, ácido tricloroacético, ha sido usado como herbicida, causa clorosis. Su ciclo en suelos no es muy bien conocido, se sabe que tiene alta movilidad en suelo y es poco biodegradado, tampoco se conoce mucho su toxicidad para la microfauna del suelo y del agua. Los derivados clorados de acetona, en particular la 1,3 dicloroacetona, son mutagénica en el ensayo de Ames y se consideran entre los más potentes mutágenos clorados que pueden aparecer en efluentes. Se degradan durante los tratamientos biológicos de efluentes. Las dioxinas aparecen en el blanqueado de la pulpa de papel. Depositadas en la superficie de suelos o aguas en parte se evaporan, otra fracción es degradada por la luz solar y no atraviesan el suelo con facilidad salvo que sean vehiculizadas por compuestos liposolubles como grasas y aceites. Actúan sobre receptor Ah que regula respuestas de tipo crecimiento y diferenciación celular, dispara la biosíntesis de citocromos y alteraciones endócrinas.
Las investigaciones realizadas durante la década de los 90 demostraron que, aún pequeñas concentraciones de AOX en las aguas eliminadas por las industrias elaboradoras de pulpa de celulosa pueden tener efectos biológicos sobre los ecosistemas.Las mejoras en el ambiente que se observan cuando las plantas convierten su proceso del uso de cloro elemental a dióxido de cloro suelen ser muy importantes pero insuficientes para revertir el proceso de alteración en Suecia se ha observado que se mantiene la mortalidad de larvas de peces en radios de hasta 2 Km desde la boca de emisión de aguas tratadas de las plantas de producción de pulpa. Estos efectos se complican en plantas que usan tratamientos para blanqueo mixto con distintos grados desustitución del cloro elemental por dióxido de cloro. Los estudios de mayor sensibilidad se realizan estimando la inducción de las enzimas oxidativas, citocromos, hepáticos que indican estrés.

La estimación de efectos a largo plazo se ha realizado con ecosistemas artificiales y demuestra que es mucho más importante el efecto de los efluentes de plantas tradicionales que los de aquellas que usan dióxido de cloro o de las que emplean ozono y peróxidos. Uno de los problemas en las plantas TFC es la presencia de metales en los efluentes por el agregado de EDTA en el proceso para evitar los efectos de cationes metálicos.
Existen otros componentes que pueden resultar tóxicos para el ecosistema como las resinas y los ácidos grasos que se liberan de las maderas procesadas, experiencias realizadas en truchas mostraron que aún diluidos dos mil veces estos componentes del efluente del tratamiento termomecánico de la pulpa podían ser letales para peces como la trucha después de 3 a 4 semanas de exposición. La presencia de resinas en sedimentos se correlacionó con modificaciones en el comportamiento de invertebrados bénticos.
Existen también sustancias capaces de interferir con el sistema endocrino que es responsable de la síntesis y del metabolismo hormonal en vertebrados. En la madera existen esteroles naturales del tipo de los sitoesteroles que pueden pasar sin alteraciones por los proceso de blanqueado y no son eliminados en las plantaspara tratamiento de efluentes. Los fitoesteroles de las maderas pueden sufrir una bioconversión por bacterias a esteroides. Algunos subproductos de la industria de producción de celulosa contienen hasta 25% de fitoesteroles.

Es interesante considerar que los compuestos organoclorados también se encuentran en la naturaleza en cantidades considerables. Se producen en algas, esponjas, corales, plantas, bacterias e insectos. En vegetales aparecen como hormonas que regulan el crecimiento como el ácido 4 cloroindolacético y en insectos como feromonas. Pero la fuente más importante de estos compuestos es la biodegradación de maderas por distintas especies de hongos que producen diclorometano en una cantidad calculada en 5 millonesde toneladas por año. El otro proceso importante es la degradación de ácidos húmicos y fúlvicos a fenoles y clorofenoles. La materia orgánica contiene aproximadamente 10 mil ppm de cloro que reacciona a altas temperaturas para producir cloruro de metilo y otros haloalcanos que se liberan a la atmósfera cuando se los usa como combustibles o durante los incendios de bosques y la actividad volcánica. En este sentido es interesante pensar que los compuestos halogenados liberados al ambiente pueden tener vías para su biodegradación.

Medidas para controlar la contaminación por organoclorados

Durante los últimos 20 años la industria productora de celulosa ha estudiado y puesto en práctica una serie de medidas destinadas a disminuir los niveles de contaminación ambiental. El mayor número de modificaciones se ha orientado a disminuir la presencia de compuestos clorados. Estas modificaciones en las técnicas de manufactura pueden dividirse en medidas destinadas amodificar los procesos de producción y medidas destinadas a mejorar el tratamiento de aguas residuales

–Mejoras en los procesos

1-Deslignificación, es un proceso destinado a que la pulpa que llega a blanqueado tenga una baja concentración de lignina lo que puede lograse mediante dos técnicas

–deslignificación prolongada. Se consigue incrementando los tiempos de calentamento durante la cocción de los chips de madera, puede hacerse con agregado de antraquinona, lo que encarece el proceso, o manteniendo la concentración de álcali lo mas constante posible durante el proceso.

–deslignificación con oxígeno. La eliminación de lignina se limita al 40-50% por la falta de oxígeno durante el proceso. La investigación ha permitido incorporar oxígeno en distintas partes del proceso para evitar disminuciones en la calidad de la pulpa mientras se elimina la lignina. Estas aplicaciones de oxígeno han sido una de las mejoras más importantes incorporadasa la industria en la última década.

2-Modificaciones en el blanqueado.

La mayor parte de los organoclorados que aparecen en el efluente son producidos por la acción del cloro molecular, la eliminación de este compuesto reduciría significativamente este problema. El uso de cloro elemental ha sido sustituido por dióxido de cloro llevando las concentraciones de AOX en los efluentes de 5 a 10 Kg. por tonelada de pulpa seca del proceso tradicional a 1 Kg./tonelada con el proceso actual. En algunas plantas ya se produce pulpa sin uso de cloro que ha sido reemplazado por peróxidos y ozono.

–Mejoras en el tratamiento de aguas residuales

Las aguas residuales de las productoras de pulpa para celulosa setratan por dos sistemas las lagunas y las plantas de barros activados, en todos los casos los barros residuales contienen AOX. En el proceso de lagunas aireadas se llega a generar entre 0 y 5 Kg. de sólidos por tonelada de pulpa tratada que contieneentre 2 y 30 g de AOX por kilo en los proceso de lodos activados las cifras correspondientes son 5 a 25 Kg. de lodo/tonelada con 10 a 25 g de AOX por kilo. Estos lodos contaminados pueden disponerse por incineración lo que genera el problema de aparición de dioxinas en aire, o por rellenos de seguridad.

El problema que presentan los tratamientos de efluentes es que pese a su eficacia pueden permanecer en las aguas compuestos tóxicos. El uso de dióxido de cloro genera altas concentraciones de clorato que actúa como alguicida. Se debe controlar también la carga orgánica que se vierte a los efluentes y las emisiones de fosfatos y nitratos.

La contaminación del aire por las productoras de celulosa también es un punto a consideraren el proceso.

Contaminación del aire por las industrias productoras de pulpa para papel

Uno de los principales inconvenientes generados por el proceso Kraft es la formación y descarga a la atmósfera de compuestos reducidos de azufre que causan severos problemas de olor. Los compuestos como los mercaptanos y el dimetilsulfuro surgen como consecuencia de la actividad de sulfuros y metilsulfuros sobre los componentes de la lignina. Los tiempos prolongados de cocción utilizados en algunos procesos llevan a la producción de mayor cantidad de mercaptanos.

Las emisiones de material particulado llegan a 0,25 toneladas por tonelada de pulpa producida y pueden controlarse con precipitadotes electrostáticos

La eliminación de óxidos de azufre depende básicamente del tipo de combustible utilizado, los combustibles fósiles pueden contener distinto grado de azufre, su eliminación reduce este problema.

Las plantas de celulosa en Fray Bentos R. O. del Uruguay.

A partir de 1987 Uruguay promueve plantaciones de eucaliptos con créditos blandos financiados por el Banco Mundial. Seguidamente en 1994 realiza un sondeo para la instalación de una planta de celulosa en la zona de Fray Bentos y en 1996 surge el proyecto del puerto M’Bopicuá para exportar astillas de eucalipto.

Pero con el acuerdo entre la República de Finlandia y la República Oriental del Uruguay, se conformaría el mayor centro de producción de celulosa del mundo coincidiendo, con el cambio de modalidad Europea que establece el año 2007 como limite para el cese de la actividad en territorio europeo por altamente contaminante.

El tratado fue suscripto en Montevideo el 21 de marzo del año 2002 con el objetivo de intensificar la cooperación económica por veinte años entre los signatarios, estableciendo condiciones seguras para las inversiones de capitales finlandeses en territorio de Uruguay ya que no serán expropiadas, nacionalizadas ni sujetas a medidas que tengan efecto equivalente, excepto por razones de interés público, y contra una inmediata, suficiente y efectiva compensación que incluirá intereses a la tasa comercial, equivaldrá al justo valor de mercado de la inversión expropiada, será expresada en moneda de libre conversión y se garantizará la libre transferencia de los pagos correspondientes.

La explotación forestal

El eucalipto es una especie exótica consumidora de grandes cantidades de agua superficial y profunda, sus plagas, deben ser combatidas con tóxicos peligrosos. En Uruguay lo produce la Compañía Forestal Oriental propiedad de la Botnia y Ence, dueña de otras 50 mil hectáreas que totalizan algo así como 100 mil hectáreas plantadas.

Se prevé llegar a las 205 mil hectáreas que no serán suficientes para abastecer la producción de celulosa de ambas plantas, y esto significa que deberían aprovisionarse además, de madera de eucalipto desde Argentina.

Consideraciones particulares

La finlandesa BOTNIA productora de pasta de celulosa y papel, está asociada con la española ENCE, que produce únicamente pasta celulosa, en Uruguay se unieron para producir materia prima, pasta celulosa, por lo tanto no son papeleras. La celulosa se obtiene de eucaliptos, consecuente con una política Uruguaya de incentivo a la producción forestal desde 1987.

La inversión será de unos 1.800 millones de dólares para las dos plantas, de los cuales 900 millones corresponden a maquinarias fabricadas en la Unión Europea que serán armadas en Uruguay, generando alrededor de 4.000 puestos de trabajo durante el montaje. Cada una de las fábricas de celulosa empleará unos 270 operarios aproximadamente.

El proceso industrial

Para separar el cuerpo sólido que forma parte de las células vegetales, celulosa, que se utiliza para hacer papel, seda artificial, colodión, celuloide y nitrocelulosa, existen tres tecnologías:

  1. Con cloro elemental: es la más nociva, existen en varios países inclusive en la Argentina, pero las fábricas son de dimensiones relativamente pequeñas.

  2. Con dióxido de cloro: la de Botnia en Fray Bentos, sensiblemente menos contaminante que la anterior, pero será la más grande de América y contaminará a gran escala.

  3. Libre de todo tipo de cloro es la más cara y la única con niveles bajos de contaminación. No existen antecedentes de ellas en Latinoamérica.

Consecuencias inmediatas de la BOTNIA y la ENCE:

  1. Salud humana: El proceso “b” de blanqueo Libre de Cloro Elemental (ECF), tecnología dudosa para reducir las emisiones de dioxinas y furanos, libera además cloroformo, ácido clorado, y otros compuestos tóxicos que se acumulan en los tejidos de seres vivos. Más aún, producen grandes cantidades de clorate, herbicida altamente potente que mata plantas y peces. En los efluentes se han encontrado además, compuestos similares a las hormonas esteroidales; que fisiológicamente pueden regular el desarrollo sexual y balance hidromineral de los organismos.

Las dioxinas y los furanos son sustancias que al ser inhalados por los seres humanos y animales, o depositarse en la vegetación y el suelo, introduciéndose en la cadena alimenticia. Algunas de las enfermedades que producen las dioxinas:

Cloragné, hiperpigmentación, hirsutismo, elevación de las encimas hepáticas. Desorden en el metabolismo: de los lípidos, cardiovasculares, nerviosos, urinarios, respiratorios y pancráticos. Polinguropatías, depresión sensorial, síndrome depresivo o neurasténico. Efectos teratogénicos, afecta la fertilidad de la primera y segunda generación, se incorpora a la leche materna.

La dioxina es un agente deformante de los fetos, cien mil veces más deformante que la talidomida. Se acumulan en las grasas animales, y producen cáncer al ser humano.

Dosis inferiores a las asociadas ocasionan alteraciones en los sistemas inmunitario y reproductor endocrino. Los fetos y embriones de peces, aves, mamíferos y seres humanos son muy sensibles a sus efectos tóxicos.

  1. Emisión aérea: Básicamente de dióxido de azufre, nauseabundo olor a huevo podrido productor de la lluvia ácida, dañino para las plantas originando su necrosis, afecta a los ojos y las mucosas respiratorias y es agresivo también sobre distintos materiales como el hierro y acero galvanizado.

  2. La industria de la miel: siendo los sitios tanto de Uruguay como de Argentina un polo generador de contaminación, no podría cumplir con las certificaciones exigidas para este tipo de producto que prohíbe la importación de miel elaborada en estos lugares.

  3. Residuos: alrededor de 30 toneladas de basura sólida contaminada por día.

  4. Recurso agua: Las fábricas utilizará mas de 86 millones de litros de agua por día, vertiendo luego las 2/3 partes con desechos y con altas temperaturas, haciendo desaparecer el agua potable y prácticamente toda la fauna íctica. Las descargas de efluentes líquidos utilizando gas cloro para el blanqueado de pulpa, acarreará dioxinas al agua, que se acumularán en los tejidos grasos de los organismos vivos como peces o aves.

  5. Recurso suelo y economía: La planta para la extracción de celulosa tiene una superficie de ochenta hectáreas; y los eucaliptos sembrados alcanzan apenas para dos años de su consumo, habiendo invadido el área de monocultivos indispensable para la vida de pequeños productores con la secuela de sequías y excesos de agroquímicos.

  6. Régimen jurídico: En caso de que inversores, sufran pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones en el territorio de la inversión, otorgará en cuanto a la restitución, indemnización, compensación u otros acuerdos, el mismo tratamiento dado a sus propios inversores. Debiendo, en caso de pérdidas sufridas por el inversor provocadas por requisas o destrucción por parte de las fuerzas armadas, una inmediata, justa y efectiva compensación.

  7. Economía: Tanto el predio donde se instalen, como el puerto reciben el tratamiento de zona franca, con exenciones impositivas y arancelarias, además de un régimen laboral de excepción. Existirá un empobrecimiento de las zonas forestales debido a que las empresas van a pagar a los cultivadores de eucaliptos el mismo precio que en el mercado internacional amparadas siempre en los beneficios del lugar de radicación.

  8. Industria no sustentable: De cada diez bobinas de papel de fabricación mundial, solo una se utiliza para impresión de libros, cuadernos, folletos, diarios, recibos, facturas, papel higiénico, de uso sanitario y clínico, etc. Las nueve restantes para el embalaje lujoso de artículos innecesarios que se consumen principalmente en las grandes ciudades.

  9. Miseria del tercer mundo: El papel grueso, con rebordes dorados y relieves en colores para regalos suntuosos en el primer mundo, tienen lágrimas de madres del tercer mundo porque sus hijos contrajeron leucemia por los venenos de las plantas de celulosa.

  10. La contaminación es total: Tanto la explotación forestal de una especie exótica por la demanda de agua que requiere, el uso de plaguicidas altamente tóxicos, producción de celulosa utilizando el proceso industrial con cloro hace que toda la actividad sea contaminante.

  11. Ficción de empleo: Todos los puestos de trabajo durante el montaje serán transitorios, y de los 270 puestos definitivos en cada una de las plantas, serán para trabajadores con calificación técnica, provenientes de otros países. Habrá además un costo social, al caeralrededor de 6000 puestos de trabajo del sector turístico y la pesca artesanal.

  12. Espejismo transitorio: Al principio mencioné la condición de plantas para la obtención de celulosa, insumo para la fabricación de papel, proceso industrial que se realizará en China, similar a lo que sucede con el cultivo de soja en Argentina, que tan solo es forraje para cerdos del país asiático.

  13. Finalmente el principal reclamo de Argentina al Uruguay surge por la violación a tratados internacionales suscriptos, al permitir, de manera inconsulta, la instalación de las plantas contaminantes, que van a hacer uso de las aguas del río Uruguay, un recurso natural compartido, sustentando el país vecino desde el derecho internacional la teoría del “hecho consumado”.

Dr. RAUL OSVALDO CORONEL

Abogado – Gestor ambiental