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Gobernantes de papel

CONFLICTO INTERNACIONAL POR LAS PAPELERAS

Gobernantes de papel

Un conjunto de organizaciones sociales se pronunció en contra de la instalación de dos plantas procesadoras de papel, en el margen del río Uruguay, porque temen “la contaminación ambiental y los consecuentes perjuicios para la salud“. Preocupa el acuerdo firmado entre Argentina y Uruguay.

(INFOCIVICA, 25 de julio de 2005).- La Red Federal para la Democracia (RDF), integrada por 11 organizaciones de la sociedad civil de 9 provincias argentinas, emitió un comunicado expresando su oposición a la radicación de plantas de procesamiento de pasta de celulosa sobre el río Uruguay, frente a la costa de Entre Ríos.

El río Uruguay, uno de los ríos que enmarca a la provincia de Entre Ríos, es el centro de la disputa entre Argentina y Uruguay. El problema surgió cuando el presidente uruguayo, Jorge Battle, decidió a fines del año pasado, aprobar la instalación de dos plantas de procesamiento de pasta de celulosa en la costa uruguaya del río, a 2 kilómetros al norte del puente internacional General San Martín.

Ahora, el presidente Tabaré Vásquez ratificó el proyecto que promete, según el gobierno oriental,3000 empleos en forma directa e indirecta.

Simultáneamente, organismos no gubernamentales y ciudadanos de ambos países advirtieron que tendrá un impacto contaminante y los consecuentes perjuicios para la salud de la población.

Las dos empresas de papel que podrían instalarse han sido cuestionadas por organizaciones ambientalistas en sus países de origen, España y Finlandia, sobre todo la española, que está sentenciada a cumplir condenas penales y civiles por contaminación ecológica continua en Galicia.

 

En este sentido, la Red Federal para la Democracia manifestó que “la sociedad hoy está debatiendo lo que los gobiernos no han sabido responder. No se puede avanzar en los procesos de habilitar la cuenca del río Uruguay para recibir el traslado de industrias duramente cuestionadas por sus graves impactos sociales, económicos y ecológicos en sus naciones de origen” dijeron las organizaciones parte de la red.

“Lo que más nos preocupa es que el río Uruguay no dispone de un plan con programas y proyectos de protección ambiental y sustentabilidad de la cuenca en el tramo compartido por los dos Estados” dijo Jorge Daneri del Foro Ecologista de Paraná.

Al mismo tiempo, Daneri culpó a “la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), órgano de aplicación del Estatuto del Río Uruguay, como la principal responsable de este conflicto”. Y agrega, “la Comisión ha demostrado ser absolutamente inoperante, profundamente alejada de los procesos de legitimación social y política de los pueblos y sus comunidades” sostiene.

La CARU depende de la Cancillería argentina y sus autoridades son elegidas por los gobiernos argentino y uruguayo. Actualmente, está presidida por Walter Belvisi y el embajador Roberto García Moritán.

Mientras tanto, los cancilleres de Argentina y Uruguay, acordaron el viernes pasado que una comisión binacional se reunirá para pronunciarse en 180 días sobre el impacto ambiental que podría causar el proyecto de instalar las dos plantas de celulosa.

Al respecto, Jorge Daneri se mostró preocupado y dijo que este acuerdo “sin duda, debilita la movilización que logró la sociedad civil de ambos países”. Acerca del informe final que deberá elaborar la comisión binacional, cuyo resultado no será vinculante, opinó que “es contrario a lo que pretendían las organizaciones de Entre Ríos, quienes temen que las plantas perjudiquen el ecosistema de la zona”.

La RFD declaró que los “estudios de impacto ambiental acumulativos no son suficientes, y menos en manos de la Banca Multilateral con los pueblos ausentes. Tampoco alcanza la realización de estudios estratégicos ambientales de la cuenca que nos debería hermanar”.

“Sin tener claro, debatido y construido social y políticamente un plan de protección y sustentabilidad de la cuenca, no se puede seguir poniendo parches. Pero, sobre todo, no se puede avanzar en los procesos de habilitar la cuenca del río Uruguay para recibir el traslado de industrias duramente cuestionadas por sus graves impactos sociales, económicos y ecológicos en sus naciones de origen” termina diciendo el referente del Foro Ecologista.

Al mismo tiempo, la coordinadora del Area de Construcción de Ciudadanía, Virginia Lencina, dijo que “esta situación pone de manifiesto la falta de consulta previa a la ciudadanía, que busca otras formas alternativas para el diálogo cuando los canales institucionales se agotan. Si bien en este caso los actores que ocasionan el conflicto son empresas privadas, el Estado tiene que mediar entre los intereses privados y el bien público. Los ciudadanos, que en definitiva serán afectados por esta decisión, deben ser tenidos en cuenta”.

Según los ecologistas, las plantas son una industria química que, partiendo de chips de madera de eucalipto, producirá pulpa o pasta (celulosa) blanqueada, materia prima para la elaboración de papel. En el proceso, las plantas agregan sustancias químicas, como el dióxido de cloro, cuyos desechos líquidos son contaminantes, pero además la consecuente eliminación de dioxinas y furanos, también contaminantes.

La RFD está integrada por ANDHES, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Tucumán), Fundación FAVIM y Grupo Agora (Mendoza), Fundación FORINS, (Jujuy), Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos), Fundación Nueva Generación Argentina (Santa Fe), GEOS (Córdoba), Participación Ciudadana (Tierra del Fuego), Red Ciudadana Principio del Principio (Córdoba), Ciudadanía Activa (La Pampa) y Poder Ciudadano (Buenos Aires).

Para mayor información comunicarse con Jorge Daneri del Foro Ecologista de Paraná al (0343) 4235311 o al 155113491.