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Multitudinaria Marcha en Uruguay contra los saqueos de las riquezas naturales

Uruguay, contra Aratirí, 10-5-14

 

Gualeguaychú estuvo presente. Rechazó a Aratirí.

 

PROYECTO DE LEY PROHIBICIÓN DE LA TÉCNICA DE LIXIVIACIÓN CON USO DE CIANURO U OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS EN LA INDUSTRIA MINERA

PROYECTO DE LEY

PROHIBICIÓN DE LA TÉCNICA DE LIXIVIACIÓN CON USO DE CIANURO U OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS EN LA INDUSTRIA MINERA – SANCIONES – NULIDAD, DENUNCIA, DEROGACIÓN Y MODIFICACIÓN DE NORMAS Y TRATADOS – NORMAS TRANSITORIAS

Artículo 1º. Prohíbese en el territorio de la República Argentina el empleo en las actividades mineras de técnicas de lixiviación con cianuro u otras sustancias tóxicas.

Artículo 2º.Cualquier conducta que configure violar la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente ley será sancionada con la clausura inmediata del emprendimiento minero y con una multa cuyo mínimo será el equivalente en pesos al valor de 1.000 onzas de oro y cuyo máximo será el equivalente en pesos al valor de 10.000 onzas de oro, sin perjuicio de la reparación de los daños ambientales que eventualmente se hubieran producido, la obligación de soportar los costos por desocupación, traslado y demolición y las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Artículo 3º. A los efectos de esta Ley no es oponible la transmisión o abandono de la propiedad o demás derechos sobre los objetos o sustancias empleados en cualesquiera de las actividades prohibidas.

Artículo 4º. Responsabilidad objetiva. Quienes resulten titulares registrales de cualquier derecho minero relativo al lugar de comisión de la infracción, o los asociados por joint venture o cualquier contrato de objeto minero, como quienes al momento de cometerse la infracción tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia de la persona jurídica condenada, serán personal y solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.

Artículo 5º. Los fondos que se recauden por percepción de multas o por el remate público de bienes objeto de comiso se asignarán a constituir un “Fondo de Reparación Ambiental”, cuyo fin exclusivo será el de reparar, remediar o mitigar los efectos de contaminación producida por catástrofes ambientales de relevancia y así calificadas por ley. El “Fondo de Reparación Ambiental” es inembargable, no puede constituir en modo alguno garantía de empréstito externo o interno ni contabilizarse como reserva del Tesoro Nacional.

Artículo 6º. Declárase la nulidad y derógase la ley Nº 25.243.

Artículo 7º. Declárase la nulidad y derógase la ley Nº 24.196 y sus

modificatorias.

Artículo 8º. Deróganse las leyes Nº 24.202, 25.161, 25.429 y los artículos

3º, 6º, 16 y 18, de la Ley Nº 24.498.-

Artículo 9º. Imprescriptibilidad y prohibición de indulto o conmutación de

penas o amnistías. Sustitúyese el Art. 52 de la Ley Nº 24.051

el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 52. Las acciones para imponer sanciones a las infracciones o delitos previstos en la presente ley son imprescriptibles. Los hechos tipificados en la presente ley y las penas previstas no pueden ser susceptibles de amnistías, indultos o conmutación de penas”.

Artículo 10º. Incorpórase a la Ley Nº 24.051 como Art. 56 “bis” que

quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 56 bis. Imprescriptibilidad y prohibición de indulto o conmutación de penas o amnistías. Las acciones para imponer las penas previstas en los delitos tipificados en los Arts. 55 y 56 de la presente ley son imprescriptibles y no podrán ser objeto de indultos, conmutación de penas o amnistías.”

Artículo 11º. Aquellos emprendimientos que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley cuenten con autorización administrativa firme para utilizar las técnicas prohibidas en el artículo 1º, contarán con un plazo de seis (6) meses para adecuar sus procedimientos a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 12º. Los trabajadores en relación de dependencia de las empresas titulares de los emprendimientos alcanzados por el supuesto previsto en el artículo precedente y cuyos empleadores abandonaren la explotación al cumplirse el plazo previsto en el presente artículo, deberán ser empleados por el Estado Nacional, sin perjuicio de otros derechos que les asistan por aplicación de leyes del trabajo o de la seguridad social.

Artículo 13º. Se exhorta a las Provincias y a todos los países del mundo, en especial a los de América Latina y el Caribe, a dictar normas análogas a las de la presente Ley. Esta exhortación deberá ser cursada en un plazo de treinta días desde la sanción de la presente Ley.

Artículo 14º. Derógase toda disposición que se oponga a la presente ley.

Artículo 15º. De forma.

LUIS F. ZAMORA – AUTODETERMINACIÓN Y LIBERTAD

Presentado el 20 de octubre del 2005.- (expte. 5937 – D – 05; incluyendo las modificaciones introducidas mediante exptes. 6098 – D – 05 y 6547 – D -05 del 3 y 25 de noviembre del 2005, respectivamente).

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente trabajo aborda uno de los más perversos y perjudiciales proyectos que se instrumentan en la actualidad en el país. Las explotaciones mineras con uso de sustancias tóxicas. Conscientes del carácter pernicioso que tienen para el país y para el pueblo, tanto el gobierno de Menem como los gobiernos que lo sucedieron –de la Rúa, Duhalde y el de Kirchner- como los gobiernos provinciales, han hecho lo posible para ocultar a la población tanto las explotaciones mineras a las que nos referiremos como las graves consecuencias de las mismas.

Nos parece que una vez más los intereses y las necesidades del país, del pueblo en general y de los habitantes de la zona en particular se ven enormemente perjudicados por estos emprendimientos concertados por gobiernos y empresas extranjeras, basados exclusivamente en el lucro empresario y el servilismo político.

Estos emprendimientos se realizan al amparo de la legislación minera reclamada por empresas multinacionales y por los organismos multilaterales de crédito y que fuera sancionada durante la década del 90, la “segunda década infame”.

En los últimos años estos gobiernos han aprobado numerosos proyectos a la industria minera para que grandes empresas multinacionales lleven adelante explotaciones enormemente peligrosas para la salud humana, los recursos naturales (especialmente el agua), la flora, la fauna, el medio ambiente, actividades productivas y fuentes de trabajo. Toda la Cordillera y sus zonas aledañas se encuentran incluídas en esas explotaciones mineras.

1.- El llamado proceso de “lixiviación”.

Las empresas mineras buscan explotar oro, plata y otros metales no refractarios. En la zona cordillerana argentina esos minerales no se encuentran en condiciones de ser extraídos mediante la construcción de galerías o socavones. Para ser rentables para la actividad empresaria esas explotaciones deben ser realizadas “a cielo abierto” y para la separación de los metales se utiliza cianuro u otras sustancias altamente tóxicas.

El proceso es llamado de lixiviación. El invento de lixiviar al que hacemos referencia es de una simpleza que impresiona. Consiste en moler montañas y atrapar el oro, la plata y otros metales en soluciones de cianuro de sodio, a veces combinadas con cal. Merced al cianuro se hizo rentable extraer minerales de baja ley, pero si se quiere hacer lo mismo con el cobre debe intervenir el ácido sulfúrico. De cualquier forma, el “revolucionario” sistema consiste en lixiviar los minerales que es como regar con una solución de cianuro de sodio enormes cúmulos de material, gigantescas plataformas o piletas de siete kilómetros por dos de ancho donde se depositan las “pilas”, previamente forradas con membranas que debieran garantizar impermeabilidad, pero que terminan filtrando los compuestos tóxicos, ya sea por fallas de fabricación , por desprendimientos de rocas de hielo sobre las piletas, por inundaciones, exceso de lluvias, por el peso de fuertes nevadas, o debido a la propia corrosión y uso; sin contar los derrames por negligencia empresaria, válvulas mal cerradas, malformaciones de los suelos elegidos donde asientan las piletas o plataformas, o por movimientos sísmicos que literalmente sacudirán las membranas.

El mineral de oro y plata – y otros metales no refractarios- es sometido a lixiviación con cianuro de sodio. Luego irá a un circuito de decantación para separar los minerales ricos mientras que los sólidos residuales se los tratará con anhídrido sulfuroso (SO2) intentando eliminar el cianuro residual -dicen las mineras- y luego al tranque de relaves. Mediante polvo de zinc (proceso de Merryl Crowe) se obtiene una precipitación de oro y plata que con el zinc se fusiona en barras de metal Doré.

2.- Un ejemplo: PASCUA LAMA.

Este es un proyecto que pretende llevar adelante la empresa Barrick Gold sobre territorio chileno (Pascua) y argentino (Lama). Se lo hace en el marco del “Tratado de sobre Integración y Complementación Minera” oportunamente firmado por los gobiernos de Argentina y Chile, relativos al proyecto minero denominado “Pascua – Lama”.

En presentaciones ante esta Cámara (por ej. expte. 6568 – D – 04) hemos abundado en argumentos por los que denunciamos el Tratado mencionado y el proyecto minero referido, algunos de los cuales reiteraremos en esta oportunidad. Este Tratado es el invocado por la empresa Barrick Gold para llevar adelante la extracción de mineral en Pascua – Lama.

También nos referimos a este proyecto y lo denunciamos ante la Cámara de Diputados en nuestra presentación de fecha 22 de noviembre del 2004; Observación al Orden del Día 1666/04. El proceso mencionado deja un cóctel tétrico de residuos en las altas cumbres donde nacen las aguas, en la provincia de San Juan, en tanto las barras de metal Doré saldrán por los puertos chilenos (o argentinos) hacia el extranjero.

El control del Estado Nacional no existe y el del Estado Provincial parece formar parte del que hace la propia minera. La minera señala que no habrá residuos líquidos; pero no niega que “el agua residual quedará retenida en los relaves”.

La Corporación Barrick Gold obtendrá del yacimiento de Pascua Lama una producción de 5.000 toneladas de cobre, 615.000 onzas de oro y 18,2 millones de onzas de plata, mientras que las reservas son de 14,1 millones de onzas de oro, 461 millones de onzas de plata y 180.000 toneladas de cobre. Invertirá 950 millones de dólares durante veinte años . A esto deberá sumársele las cifras del proyecto contiguo de Veladero, fundamentalmente de oro y plata, entre otros minerales que acompañan a éstos; porque una cosa es la afirmación oficial de los volúmenes reconocidos y otra la cantidad que saldrá ilegalmente por el Pacífico.

Los pueblos de Argentina y Chile desconocen lo que está ocurriendo en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes sanjuaninos. “Algunos gobernantes, sí”, según cuenta el especialista en medio ambiente Fredy Espejo, quien durante seis años y medio trabajó en el complejo de la Corporación Barrick Gold. Fredy Espejo asombró a la asamblea de auto convocados de Jáchal, afirmando que: “la Corporación Barrick Gold abrió rutas destrozando el Glaciar Conconta, fabricó un túnel hacia Chile, en el que entran y salen camiones sin control. Muere gente por la altura. Se contaminaron aguas y napas por el deficiente sistema cloacal en este hábitat creado a 5.000 metros de altura. Contratan gente de otras localidades, desprotegen al obrero en los trabajos pesados sin importarles las condiciones laborales, el clima y la presión atmosférica.”. Esto fue dicho ante unos cuatrocientos asambleístas. Se pudo ver, en la película que el Sr. Espejo aportó, el ancho de la ruta de acceso y salida de los yacimientos y de qué forma destrozaron el glaciar de Vallejos (glaciar Conconta).

En Veladero y Pascua Lama, durante veinte años demolerán montañas pulverizando rocas a cinco mil metros de altura, perforando pozos y desviando arroyos y ríos para formar lagunas que les permitan producir las soluciones cianuradas para lixiviar el oro, la plata y el cobre. La Corporación Barrick Gold señala que: “La operación de voladura incluye la perforación de pozos mediante explosivos y la utilización de nitrato de amonio y fuel oil”. Mientras tanto, el río Las Taguas no dará abasto y en cambio podría captar millones de galones de materiales tóxicos vertidos en las inmediaciones, que concluirán escurriendo aguas abajo, en la confluencia con el río Potrerillos, y en consecuencia al río Jáchal. Entre las pocas cosas que admite esta compañía en su informe de impacto ambiental, es que harán modificaciones paisajistas en las áreas del valle del río Potrerillos y arroyo Canito Sur, como consecuencia de la instalación de obras de gran tamaño, y se eliminarán elementos particulares del área, como las Vegas, y se intervendrán los cursos de los ríos Potrerillos y el arroyo Canito Sur.

Al no poder eludir el fuerte daño ecológico que provoca su proyecto, la Corporación Barrick Gold no oculta que construirá lagunas artificiales y que para ello desviará las aguas al interior de las cuencas. Según el informe del resumen ejecutivo de la consultora de la empresa sólo para Veladero se prevé utilizar casi 4000 toneladas anuales de cianuro. Se movilizará con voladura a cielo abierto 190.000 toneladas diarias de roca que permitirán extraer doce millones de toneladas anuales de mineral que será triturado y cinco millones de toneladas de mineral ROM no triturado. Los desechos con los compuestos químicos habrán de movilizar durante dieciséis y vente años, miles de toneladas de metales pesados como el plomo, cromo, cadmio, cobre, uranio, arsénico y otros, tan letales como el propio cianuro. Entre setecientos y mil millones de toneladas de material estéril se acumularán en escombreras que abarcarán casi mil hectáreas, además de las montañas que desaparecerán y la apertura de caminos de 35 metros de ancho para que transiten los camiones de gran porte. Los ríos y arroyos comunicarán la peste minera a través de su curso, destruyendo fauna y flora, exterminando aves acuáticas y peces, asentamientos humanos y las poblaciones de San Juan, como ocurre en otras latitudes. ¿ Por qué aquí habría de ser distinto? Será igual o peor, como viene ocurriendo en todo el planeta. El pueblo de San Juan habrá de pagar el agua que utilizará la Corporación Barrick Gold y las consecuencias de su uso. Se secarán los pozos y manantiales, acuíferos subterráneos y arroyos; especies endémicas no podrán sobrevivir, la Reserva de Biosfera de San Guillermo no cumplirá la función que previó la UNESCO; también se reducirá la napa freática, y el viento sembrará metales pesados liberados a pura dinamita. La contaminación del aire por el polvo de las explosiones constituye una causa grave de enfermedad, generalmente de trastornos respiratorios y asfixia de especies vegetales. Por otro lado suele haber emanaciones de gases y vapores tóxicos, producción de dióxido de azufre –responsable de la lluvia ácida- por el tratamiento de los metales, y de dióxido de carbono y metano- dos de los principales gases de efecto invernadero constantes del cambio climático- por la quema de combustibles fósiles, imprescindible para proporcionarle abundante energía a las plantas de extracción, fundición y refinería. ( ver “Minería”-Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, marzo 2004, página 23.)

El proceso Merryl Crowe incluye adicionar zinc para precipitar los metales preciosos que serán retorteados – según señala la empresa- para volatilizar y recuperar el mercurio extraído durante la lixiviación. La retorta será lavada con polvo de sílice, bórax y nitrato de sodio, y fundida en un horno de inducción eléctrico. En Veladero y después del proceso de refinación se verterá la solución Doré en lingotes de unos 100 kilos para su transporte. La escoria se volverá a reprocesar en la refinería, dice la minera, pero seguirá dejando mucho más volumen de desechos y más residuos peligrosos.

Los cultivos de San Juan estarán afectados por contaminantes de la minería y muchos de sus productos verán restringida su demanda en los mercados de consumo y de exportación. La “revolucionaria” tecnología de extracción minera, lixiviando con soluciones de compuestos químicos, volando rocas a cielo abierto, se debe a legislaciones que entregan el patrimonio nacional, los recursos naturales, a cambio de negociados escondidos entre transitorios puestos de trabajo para una escasa parte de la población. El saldo se compone de cráteres abandonados, glaciares destruidos, lagunas artificiales envenenadas, cursos de ríos sembrando químicos y metales pesados, tierras inutilizables o sospechadas de serlo y finalmente, el desierto. La minería ofrece desiertos.

Esta es la realidad de los proyectos mineros sanjuaninos y en el resto del país. Esta es la realidad minera en Latinoamérica.

Son cien los contratados por la minera que viven en los pueblos cercanos al emprendimiento, cuando habían prometido que emplearían a miles.

El Estudio de Impacto Ambiental de Pascua Lama, -que como es sabido lo realiza la propia empresa- señala con claridad que: “La demanda de agua será abastecida desde el río de Las Taguas, en Argentina” y la empresa minera “dispondrá de los derechos de aprovechamiento según crea necesario”; y así será por veinte años, tiempo que implicará llevarse las reservas, dejándonos las secuelas de los drenajes ácidos.

La destrucciónde la Reserva de Biosfera de San Guillermo, excepcional asiento de las vicuñas en opinión de la UNESCO, y de todo el ecosistema de las altas cumbres, acuíferos subterráneos, ríos y arroyos, y de toda calidad de vida aguas abajo. En Jáchal se comprobó que un águila parecía recuperarse al haber sido atrapada por los cables de alta tensión, pero un cóndor no tuvo la misma suerte; las explosiones frecuentes y los movimientos provocados por la explotación de Veladero y Pascua Lama, son el origen de historias como éstas. Sin embargo, la cadena trófica, en la complejidad del ecosistema de la biosfera de San Guillermo, ya fue dañada poniendo en riesgos el estatuto reconocido por la UNESCO: la planta de Veladero se construyó en la más absoluta promiscuidad, los contenedores reciclados para viviendas y el cuantioso volumen de cajas transportaron ratas que finalmente fueron eliminadas con veneno. Tiempo después, los trabajadores recogían atónitos los cuerpos de cóndores, águilas y zorros que habían muerto, víctimas de su propia trampa depredatoria. Las emisiones del material particulado al pulverizar las rocas a pura explosión, y luego molida, en algunos casos a dos micras, y en otros al tamaño de una pulgada, dejarán en suspensión, a merced de los vientos, importantes volúmenes de metales y otros minerales liberados por las explosiones: plomo, arsénico, uranio, cromo, zinc, asbesto, mercurio, azufre, cobalto, manganeso y tantos otros serán respirados, inevitablemente.

La minería es una de las actividades más dañinas, en términos ambientales, que desarrollan los seres humanos. En Estados Unidos, la minería de recursos no combustibles produce cuando menos seis veces más desechos sólidos que la cantidad total de basura que produce el país, en todos sus pueblos y ciudades. Las minas superficiales, abandonadas y sin restaurar, de carbón y de metales en Estados Unidos, cubren una superficie estimada de 90.000 kilómetros cuadrados. Esa superficie es más o menos la del Estado de Indiana. Esta cifra no comprende la extensión, quizás mayor, de canteras, pozos y minas abandonadas de arena, grava y piedra”.(Ecología y Medio Ambiente de G.Tyler Miller, Jr. G.E. Iberoamérica, página 564)

Los datos nos permiten refrescar la memoria y comparar el gigante minero de Veladero y Pascua Lama, con la provincia de San Juan, sus efectos, los pueblos fantasma que dejará a su paso, sin considerar el despojo de los recursos naturales, dilapidados por un mundo desarrollado consumista.

La Corporación Barrick Gold utilizará el agua que necesite y no pagará por ella.

Cuando ya no queden metales que importe extraer, la Corporación Barrick Gold no se quedará un día más en San Juan. Serán los sanjuaninos y sus descendientes quienes evitarán pensar en un futuro sin movimientos sísmicos.

Para tener idea de lo que se piensa hacer en Veladero, yacimientos contiguos a los de Pascua Lama, debemos decir que lixiviarán sobre una gran plataforma de siete kilómetros, con pilas de material de unas quinientas mil toneladas cada una, en todo su recorrido. Se las regará con una solución de cianuro. Las piedras en Veladero tendrán el tamaño de una pulgada y no serán pulverizadas a dos micras como se pretendía en el Cordón Esquel (Chubut) , pero para el caso es lo mismo. Además, no han desistido de utilizar ambos sistemas, como mejor crean e impermeabilizarán los kilométricos estanques con plástico HDPE, y tampoco con esto hay garantía y menos en un sitio que cuenta con movimientos sísmicos relevantes. La longitudinal plancha de lixiviación al pie del Cerro Pelado tendrá siete kilómetros de largo por dos de ancho y nadie duda que allí se instala la gran bomba de tiempo sobre la provincia de San Juan (y hacia ambas cuencas, la del Atlántico y la del Pacífico).

El sistema es muy parecido al usado en Tambo, en la República del Perú, donde a poco de comenzar, debieron cancelar la extracción al detectar cianuro en filtraciones profundas. Ocurrió en 1994, pero en 2001 se contaminó el río de Vacas Heladas con cianuro como consta en la Secretaría de Salud de Vicuña. Los grandes hielos y rápidos deshielos superficiales provocaron en Tambo un desprendimiento que rompió la membrana plástica con escapes incontrolables de solución cianurada, escurriendo aguas abajo.

La Corporación Barrick Gold anunció que extraerá de los yacimientos Pascua-Lama, oro, plata y cobre, y del emprendimiento Veladero, oro, plata y mercurio.

Estos yacimientos se hallan en los límites trasandinos, a unos 150 kilómetros de Vallenar, en Chile. De ellos, se obtendrán metal Doré (oro, plata y concentrado de cobre) en lingotes de 31 kilos. Estas extracciones se llevarán a cabo por la Corporación Barrick Gold y sus subsidiarias creadas para la ocasión: Compañía Minera Nevada S.A., en Chile, y Exploraciones Mineras Argentinas S.A., en Argentina.

El concentrado de cobre saldrá por puertos chilenos en camiones hacia sus fundiciones, generando relaves y tóxicos letales que habrán de contaminar ambas cuencas, la del Pacífico y la del Atlántico.

3.- EL TRATADO BINACIONAL ARGENTINO – CHILENO.

Para que esto sea posible, la Corporación Barrick Gold invoca el Convenio Binacional Argentino Chileno ya aludido. En 1997 se firmó el TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE INTEGRACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN MINERA, en 1999 se suscribió el PROTOCOLO COMPLEMENTARIO de dicho Tratado, ambos aprobados por ley 25.243 de marzo del 2000.

La especialista Dra. Teresa Ana Maknis se refiere así al Tratado en cuestión: “El ámbito de aplicación del Tratado entre Argentina y Chile sobre Integración y Complementación Minera contiene los parques nacionales sin cláusula alguna que preserve su integridad. El tratado de minería fue firmado el 29 de diciembre de 1997 y su protocolo complementario el 20 de agosto de 1999, sin cláusula alguna que preserve la integridad y la ecología de los parques y reservas, tanto provinciales como nacionales, y de otras áreas turísticas que se hallan en su ámbito de aplicación. El tratado permite a los inversionistas la exploración y explotación de los recursos mineros existentes y el uso de los recursos naturales para ello, en el ámbito de aplicación sin ningún tipo de restricción, aplicando el principio de trato nacional y otorgando facilitaciones fronterizas que pueden ser ampliadas mediante protocolos adicionales específicos, es decir, el tránsito entre Argentina y Chile será para ellos sin restricciones, con el peligro de desarrollo de actividades ilegales a su amparo. La integridad de los Parques Nacionales y otras zonas turísticas, también se verá afectada por la existencia de un Protocolo de 1993 que se refiere a la facilitación de actividades de trabajo aéreo, es decir, explotación a cielo abierto que deja un cráter como resultado final. Este tratado no es el primero sobre el tema que se suscribe con Chile. El mismo se inscribe en el marco del Acuerdo de Complementación Económica, donde se conviene esta actividad en varios y sucesivos protocolos hasta 1993, complementados con el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de 1991. Las Bases y Fundamentos de un Tratado de Integración y Complementación Minera de 1996. El Memorándum de Integración Física y Facilitación Fronteriza. La actuación de la Comisión Parlamentaria, ha sido toda a espaldas del pueblo argentino, que no fue informado debidamente por los medios. El ámbito de aplicación del tratado abarca toda la zona occidental de nuestro país, próxima al límite con Chile. De gran desarrollo turístico. De Norte a Sur, afecta los siguientes parques provinciales y reservas nacionales, y parques nacionales: Parque Provincial y Reserva Nacional de Ischigualasto (San Juan) y de Talampaya (La Rioja). Reserva de Biosfera San Guillermo (San Juan). Parques Nacionales: Laguna Blanca (Neuquen), Lanín (Neuquen), Nahuel Huapi (Río Negro), Lago Puelo (Chubut), Los Alerces (Chubut), Perito Moreno (Norte de Santa Cruz), Termas: Fiambalá (Catamarca), Pismanta (San Juan), El Sosneado (Mendoza), Copahue y Caviavue (Neuquen). Embalses: los Nihuiles I, II y III y Valle Grande sobre el río Atuel, Los Reyunos sobre el río Diamante, Agua del Toro, todos en Mendoza. Los ríos sobre los que se construyeron las represas y embalses, nacen y transcurren en el área de aplicación, con peligro cierto de contaminación de la cuenca y del embalse por la actividad minera si no existen cláusulas específicas que excluyan estas áreas.” Este documento, elaborado por la especialista a la que hacemos referencia, cita gran parte de los Parques Nacionales que se verán afectado, entre ellos, la Reserva de Biosfera de San Guillermo, estatus concedido por la UNESCO”.

El “instrumento legal” del acuerdo binacional, emanado del gobierno de Menem complementa la tenebrosa legislación para una política extractiva de entrega absoluta merced a la ley de Inversiones Mineras y otras.

Una “insólita” ley provincial separa las hectáreas que explota la minera declarando que no pertenecen a la Reserva de Biósfera de San Guillermo, sin explicar cómo se puede hacer esto con estas tierras que están en el centro superior de la Reserva de Biosfera mencionada. Al observarlo en un mapa no resiste análisis alguno, pero así funcionan los gobiernos cómplices del despojo.

El restolo hace el acuerdo binacional, documento imprescindible para que decenas de corporaciones como la Barrick Gold puedan extraer libremente y sin aduanas los recursos naturales de Chile y Argentina.

Este Tratado y su Protocolo Complementario debe ser declarado NULO. Corresponde la anulación y derogación de la ley 25.243 que lo aprobó.

Volveremos sobre el particular más adelante tanto en sus aspectos jurídicos como respecto de la experiencia en Chile.

4.- NO EXISTE EMPRESA MINERA QUE NO CONTAMINE.- LO RECONOCEN LOS PROPIOS EE.UU.-

Según la Agencia de Protección Ambiental del gobierno norteamericano, EPA por sus siglas en inglés,la industria minera es una de las primeras causas de contaminación de cursos de agua en Estados Unidos”, ¿por qué, nos preguntamos, no lo puede ser entonces en Argentina o en Perú? Nos vimos obligados a este nuevo informe sobre Perú porque precisamente la Barrick Gold publicita que mina Pierina es un ejemplo limpio de extracción, cuando en realidad la empresa y el gobierno trazaron una sociedad basada en la ley del silencio y del garrote.

Son tan evidentes los daños producidos por la empresa que hasta la propia iglesia católica peruana se pronunció contra la devastación minera en dos obispados y un vicariato donde operan las mineras. A través de un fuerte comunicado, los obispos de la Arquidiócesis de Piura, la Diócesis de Chulacanas y el Vicariato Apostólico de Jaén, reunidos en la ciudad de Chiclayo, con los agentes de pastoral y el asesoramiento de la Comisión Episcopal de Acción Social y de la Pontificia Universidad Católica, se dirigieron a las autoridades vinculadas con la minería para “reconstruir la convivencia social, ante la fragmentación de la sociedad y la creciente generación de conflictos en las comunidades donde operan las empresas mineras; para valorar los ecosistemas de la región nor -oriental y tener en cuenta su fragilidad ; y declarar el ámbito de nuestras tres jurisdicciones eclesiásticas como áreas no aptas para la exploración y explotación mineras, considerando la realidad territorial, el sentir de la población y el de sus autoridades”. Al fundamentar esta decisión dicen lo siguiente: “El Estado Peruano a través del Ministerio de Energía y Minas ha dado en concesión áreas urbanas, agrícolas y sanitaria nacionales sin considerar la diversidad de los ecosistemas (páramos, bosque secos, bosques de neblinas, etc. ) con grados importantes de fragilidad. Previamente al otorgamiento de las concesiones, el Estado Peruano no se ha comunicado con las poblaciones locales y – continúa el documento- las áreas concedidas para la exploración minera están en riesgo permanente ante el fenómeno del El Niño con sus impactos en la dinámica geohidromorfológica”.

Por los mismos motivos se pronunció, en San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, el equipo de la Pastoral Social de esa diócesis, al sostener el derecho de los pueblos a elegir su calidad de vida. La Pastoral denuncia “el uso excesivo de agua, el polvo en suspensión, los daños paisajísticos, el uso de mercurio y cianuro y el drenaje ácido de las minas”. Ratifica que “donde hubo una mina se crea un foco de difusión de tóxicos que durará por siglos”. Entre muchas otras consideraciones, la diócesis de Bariloche deplora los escasos beneficios por regalías, y advierte que “los emprendimientos mineros incumplen la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT, en relación con los derechos de los pueblos originarios”. El documento coincide de este modo con el reclamo que el pueblo de Ingeniero Jacobacci, de Río Negro, vienen realizando a través de asambleas de ciudadanos auto convocados que rechazaron un anunciado proyecto minero en proximidades de esa localidad de la Patagonia.

5.- BUSH – MENEM y LA MINERÍA.

Es sabido que la familia del actual presidente de los Estados Unidos es accionista de algunas empresas mineras, como la Barrick Gold Corporation. Para muchos, este fervor hacia la industria extractiva, confirma buena parte de las “relaciones carnales” con su amigo Bush, de las que siempre se ufanó el ex presidente argentino Carlos Saúl Menem.

Fue precisamente durante la gestión Menem que tuvo lugar la promulgación de las leyes mineras más perjudiciales para los intereses del país y del pueblo que lo habita.

Nos referimos al CÓDIGO DE MINERÍA DE LA NACIÓN, según el T. O. por decreto PEN 456/97, LEY N° 24.196/93 DE INVERSIONES MINERAS, LEY N° 24.224/93 DE REORDENAMIENTO MINERO, LEY Nº 24.227/93 DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE MINERÍA, LEY N° 24.228/93 DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO FEDERAL MINERO, LEY N° 24.402/94 DE FINANCIAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DEL I.V.A., LEY N° 24.498/95 DE ACTUALIZACIÓN MINERA, LEY N° 24.585/95 DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA MINERA (INCORPORADA AL CÓDIGO DE MINERÍA DE LA NACIÓN), LEY N° 24.051/92 DE RESIDUOS PELIGROSOS, LEY N° 24.523/95 DE SISTEMA NACIONAL DE COMERCIO MINERO, LEY N° 25.161/99 DE INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 22 BIS A LA LEY DE INVERSIONES MINERAS, LEY Nº 25.243/00 DE RATIFICACIÓN DEL TRATADO DE INTEGRACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN MINERA CON CHILE.

La ley de Inversiones Mineras es tal vez el mejor ejemplo.

Pero el mayor despojo, entrega y perjuicio ambiental se visualizan mediante el “Acuerdo Binacional Argentino Chileno”, que les permite a las corporaciones hacer prospección y explotación en Parques Nacionales o en reservas como la Biosfera de San Guillermo, en la provincia de San Juan, donde un túnel de casi siete kilómetros, perforado en las altas cumbres de la Cordillera de Los Andes, transportará los minerales por Chile rumbo a los puertos del Pacífico. Por allí saldrá en oro, plata y cobre, varias veces la deuda externa Argentina.

A partir de la legislación minera votada en los 90, el presidente Bush cuenta con leyes apropiadas para sus corporaciones mineras. Eso explica también las excelentes relaciones del actual presidente Kirchner con el gobierno de George Bush.

En síntesis, Argentina perderá sus recursos naturales fundamentalmente con Estados Unidos. Un imperio que para perpetuarse necesita de minerales críticos y estratégicos que agotó en su territorio.

Durante el gobierno de Kirchner cobra nuevo impulso este proyecto acelerando y profundizando la penetración, el saqueo y los daños. La vinculación del presidente Kirchner y de varios gobernadores como Gioja de San Juan con las empresas mineras es profunda y de defensa incondicional de las explotaciones mineras que aquí denunciamos.

6.- LAS OPINIONES DE LOS SECTORES POPULARES VECINOS A LAS EXPLOTACIONES.-

En las zonas directamente afectadas por la minería, la población reclama ser escuchada. Es indispensable que sean los propios vecinos los que decidan sobre su vida. Ser consultados, saber cuáles son sus decisiones sobre este tema que los tiene como protagonistas principales. Es una obligación que sentimos propia. Cada pueblo debe determinar su destino y nosotros pretendemos ser parte de esa decisión.

La posiciones descriptas cuentan con la adhesión de muchas organizaciones ambientalistas de todo el país.

Cuenta además, con el apoyo de numerosos vecinos de distintos puntos del país, que se expresan contra este sistema de extracción minera.

Así, por ejemplo, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Juan, quienes agregan otro aspecto de enorme importancia cuando lejos de considerar un “hito” para los pueblos de Argentina y Chile los proyectos mineros se preguntan “¿Para quién es el negocio de la Gran Minería?”: “Son 39 compañías las que explotan el 80% de la minería en Argentina, 35 de las cuales son corporaciones extranjeras. Por cada 100 dólares que obtienen pagan un promedio de 1,20 dólares de regalías, una vez descontados sus costos de producción. En los primeros 5 años de explotación bajo las leyes de Carlos Saúl Menem, salen del país 25.000 millones de dólares y sólo pagarán de regalías a las provincias 390 millones de dólares, pero la Nación deberá reintegrarles 1.250 millones de dólares en concepto de reembolsos por explotaciones no tradicionales, con lo que perderemos en cinco años 860 millones de dólares, además de los recursos naturales que se llevan y el pasivo ambiental que nos dejan.Y esto es solo el comienzo de los casi 700 núcleos metalíferos en los Andes Argentinos a punto de volar a pura dinamita, a cielo abierto y con el devastador cóctel que provee laindustria química. Cuántos más yacimientos se explotan, más dinero pierde Argentina. El de las mineras es el único régimen de excepción en el que el IVA se devuelve en 60 días y el combustible líquido no paga impuestos permitiéndoles abonar 0.50 centavos el litro de gasoil. Así como están exentas del impuesto al cheque, tampoco están obligadas a liquidar las divisas en el país. Y sólo generan un puesto de trabajo por cada millón de dólares que invierten”.

Por su parte los Autoconvocados de Esquel” quienes vienen librando una lucha ejemplar contra la Meridian Gold, y el proyecto de megaminería que está previsto implementar en la zona con el apoyo de las autoridades provinciales y municipales, ha denunciado que proyectos como el que nos ocupa son de “entrega y de envenenamiento” encuadrados en el “Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno”, el “que compromete el aprovechamiento de los recursos mineros en toda la zona fronteriza entre ambos países, sin ningún tipo de restricciones y sin tener en cuenta que en dichas zonas se asientan numerosas áreas protegidas, como Parques y Reservas Nacionales y localidades turísticas. El Código de Minería y otras leyes que se sancionaron en la época de Menem abren las puertas a muchas facilidades para las empresas del ramo: el estado es el titular soberano de la riqueza del subsuelo pero tiene prohibida la explotación directa y debe concesionar la explotación a particulares, sin límite de tiempo, pudiendo el concesionario transferir a otro sus derechos. Para extraer la riqueza del subsuelo tienen derecho a exigir servidumbres de uso y de paso en la superficie de la concesión y en áreas vecinas. Inclusive la empresa puede llegar a expropiar la superficie del área de la concesión con el pago de una indemnización. Las empresas también se ven beneficiadas con el congelamiento de impuestos nacionales, provinciales y municipales por 30 años, descuento del impuesto a las ganancias por tareas de exploración y ensayos, compra de equipo y maquinarias, y no tienen obligación de liquidar en nuestro país los dólares que cobren por la venta del oro y la plata.”. Esta verdadera entrega de nuestra riqueza se está comenzando a llevar a cabo alrededor de la ciudad patagónica de Esquel, donde la empresa Meridian Gold, de capitales canadienses está construyendo una mina “a cielo abierto” para extraer el oro que se encuentra en la zona.”

La lucha de las Autoconvocados logró arrancar un plebiscito en el municipio, logró luego la participación popular masiva en el mismo y en el escrutinio un resultado abrumador de más del 80% dijo “No a la Mina”. La pelea sigue abierta precisamente porque los intereses económicos y las ganancias empresarias son grandes y la actitud del gobernador Das Neves y del presidente Kirchner es la de respaldar a la empresa, su afán de ganancia y no a la población y su decisión expuesta de forma tan contundente.

En el mismo sentido, la agrupación Sanjuaninos Autoconvocados, viene trabajando en forma activa y es así que uno de sus integrantes, el ingeniero en Minas, Hugo González, sostiene que “decimos que la metodología que emplean estos emprendimientos contamina, y como nadie nos puede garantizar la no contaminación, nosotros nos oponemos lisa y llanamente a este tipo de explotación con la metodología de cianuración y explotación a cielo abierto”.

Los emprendimientos mineros tienen una característica que es clave y para San Juan puede ser grave, están implantados en el origen de las cuencas hídricas sanjuaninas, en este caso Veladero y Pascua-Lama, que está en la cuenca norte que corresponde al río Jáchal, una de las áreas de cultivo y uno de los oasis sanjuaninos, entonces sostenemos que si acá se comete un error ¿cuál es el negocio que hacemos si perdemos? Verdaderamente, tenemos que considerar hoy como fundamental a la agricultura”, aseveró el ingeniero González.

Especialista en el tema, González destacó más adelante que “en este momento por ejemplo, los proyectos Veladero y Pascua-Lama, tienen sus similares desde el punto de vista geológico en la zona de Chile con los proyectos El Indio, que fue explotado hasta el 2002 y El Tambo, hasta el año 1997; es decir, la misma empresa Barrick. Hay que destacar que por exigencia de las autoridades de Chile, por el cierre de mina, Barrick está invirtiendo unos 40 millones de dólares, para reparar los daños producidos sobre todo en las cuencas hídricas, justamente en la zona donde está asentado el emprendimiento minero Pascua (en la zona de Chile).”

Por otra parte, el ingeniero González recalcó que “en las dos reservas Pascua-Lama y Veladero, tanto del lado chileno como del argentino, se encuentran situados los glaciares que alimentan las dos cuencas y éste es el gran drama, porque es el elemento que transmite la contaminación del agua, y el agua es para San Juan precisamente, el elemento clave para su desarrollo. San Juan tiene que desarrollarse con lo que tiene, no tiene que ser una provincia con minería, ese planteo es clave”.

Recordó González que desde las mismas empresas hicieron lobby para desactivar el mecanismo de audiencias públicas en materia de minería y sobre ello señaló que “todo este debate que estamos llevando los sanjuaninos a través de los medios, deberíamos haberlo realizado en una audiencia pública (tal como ocurrió con las tarifas de los servicios eléctricos)“.

Subrayó que “la empresa Pachón, a través del ingeniero Garabello y la doctora Ossa solicitó en 1999, en la Cámara de Diputados, que fuera retirada la audiencia pública de la actividad minera, es decir, que las empresas mineras no sean sometidas a audiencia pública”. Continuó diciendo González que “yo estaba presente en la reunión en el momento en que hicieron este pedido y me opuse. Tuvimos una especie de charla, pero quedó como que lo había pedido la gente de los diputados, que solicitaron ese tipo de anulación”. Aclaró González que sin audiencia pública nadie puede cuestionar nada, “pero no solamente eso, sino que tampoco se tenía acceso al informe de impacto ambiental. Nos enteramos días pasados en la reunión de la UCR; intercedí ante la Cámara Minera para que pudiéramos ver este informe, y para eso voy todos los días a la mañana”.

Sin embargo, aludió que “el informe de impacto ambiental no es la clave, la clave es el proyecto factibilizado, allí vamos a encontrar toda la parte legal, la técnica, la económica y financiera. Entonces vamos a ver cuáles son los beneficios al mínimo costo y donde vamos a ver todos los reactivos que se van a utilizar; cuáles son los procesos de cálculo y vamos a poder cuestionarlos o no, o aprobarlos por la geología del terreno; para saber qué tipo de elementos químicos y físicos van a intervenir en todas estas reacciones, porque es sumamente importante. Ahí vamos a saber económicamente, cuál es la rentabilidad del negocio, porque a San Juan le corresponde nada más que el 3%, y también va-mos a ver lo que para nosotros es sumamente importante: qué montos va a destinar la empresa a posibles daños al ambiente”.

Consultado sobre qué ocurriría en el caso de un accidente, sostuvo el ingeniero González que “yo tiendo a sospechar que el día que haya un accidente no puedan cubrirlo económicamente y se van a ir, van a presentar la quiebra y nosotros vamos a quedar con el yacimiento sin explotar, el río contaminado y los que lo vamos a tener que arreglar somos nosotros, los montos van a salir de nuestros bolsillos pura y exclusivamente para arreglar estos desaguisados”.

Acerca de la geomembrana que será instalada, González explicitó que “si no tenemos el proyecto factibilizado no vamos a saber cuál es la membrana, cuáles son sus características para resistir. El ingeniero Rodolfo García en un programa de televisión señaló que el INPRES sí se había expedido y que estaba calculado el coeficiente sísmico, que habían utilizado para calcular la obra y era correcto para el murallón”. Consignó González que habían concurrido a solicitar la información a la Dirección de Minería y que “me he encontrado con algo que verdaderamente me ha molestado en la Dirección de Minería; presenté una nota para pedir este informe del ingeniero García y resulta que debo pagar un sellado, y pregunté si para cualquier nota presentada peticionando derechos, que me concede la Constitución, de una información pública, tengo que pagar. Y me contestaron que para presentar cualquier trámite en la Dirección de Minería, hay que pagar un estampillado, y entonces me enojé, porque ellos tienen la obligación de informar”.

En el mismo sentido se expresó el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente y Premio Nobel Alternativo 2004, sostiene queEstas empresas destruyen nuestras fuentes de agua y contaminan nuestro suelo con cianuro y metales pesados. Al amparo de dudosos controles del Estado y de leyes que regalan el patrimonio argentino, se llevan el oro y dejan a cambio socavones y contaminación. Crean además territorios protegidos para que la comunidad no pueda ver ni medir lo que allí sucede. La mina se vuelve un país dentro del propio país”.

7.- “CHILE TAMBIEN SUFRE LA MINERIA QUÍMICA”

Por su parte Javier Rodríguez Pardo, (RENACE -RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA DE ARGENTINA) algunos de cuyos conceptos e investigaciones hemos recurrido en este trabajo también ha analizado la situación en Chile en un artículo que lleva el título utilizado más arriba..

Rodríguez Pardo señala que “Durante casi 24 años, hasta el año 2000, al estado chileno le ingresaron más de 25.000 millones de dólares por exportaciones de cobre, cuando aún era dueño del mineral. La bonanza duró poco y también la ilusión del pueblo chileno de que no habría más padecimientos económicos gracias al recurso cobre.

Si echamos un vistazo sobre las estadísticas veremos que desde el advenimiento de las privatizaciones, a caballo de la legislación exigida por las transnacionales, estabilidad fiscal, exenciones impositivas y sobre todo el Tratado de Integración Minera entre Chile y Argentina, en sólo cuatro años Chile perdió más de 6.000 millones de dólares.

De este modo también entregó la soberanía y el control del mineral con la certeza de que la aplicación de royalties no le permitirá recuperar las divisas que cambiaron de mano. Quienes redactaron el tratado binacional argentino chileno fueron las consultoras de las corporaciones mineras, de eso no cabe duda, porque el documento propone que en la Cordillera de los Andes habrá de funcionar una nueva frontera minera administrada por las empresas dueñas de los yacimientos con minerales diseminados a ambos lados; una suerte de nuevo país que ante cualquier litigio se somete a la jurisdicción que fijan las transnacionales.

Esa nueva frontera binacional expoliada a chilenos y argentinos gira con nuevos soberanos que no pagan impuesto a renta alguna de una riqueza no renovable. En Pascua Lama (Pascua es del lado chileno y Lama territorio argentino) se construyó un túnel de casi 7 kilómetros a través de la cordillera, por donde desaparecerán los minerales rumbo al Pacífico y a los mercados del Norte. También ingresará todo cuanto requieran los responsables de esta aduana virtual. Los dos países sudamericanos habrán de ignorar además el volumen del despojo, la cantidad y la diversidad de los minerales del saqueo. En el caso chileno el daño es irreparable ya que se trata de su fuente principal de ingresos al aportar el 40 % de las reservas mundiales de cobre, hoy enajenado y a merced de las empresas extranjeras, que siempre declaran pérdidas en sus balances para no liquidar el pago de los impuestos.

Las multinacionales mineras declaran gastos abismales, venden el cobre a sus filiales hasta un 30% inferior a los precios del mercado, generalmente con domicilio comercial en “paraísos fiscales”, e inventan costos de producción, fundición y refinación tan altos que les es imposible pagar renta alguna, declarando literalmente un quebranto comercial en sus balances. Son muchas las maniobras fraudulentas protegidas por las leyes que firmaron ambos países trasandinos, como manifestar pérdidas en los mercados de futuro del cobre a favor de otras empresas que les sirven de pantalla.

Gran parte de la comunidad intelectual chilena juzga que el Tratado Minero con Argentina contiene defectos insalvables, es inconstitucional, y se puede recurrir a la Corte Suprema. Su aplicación también ocasionará disputas previsibles. Los mismos autores sostienen en “El Exilio del Cóndor” que el complejo minero sanjuanino El Pachón, en el límite con Chile, no podría construir un mineroducto para los concentrados de cobre desde Argentina hasta Los Vilos en Chile si no obtienen primero “el permiso de los numerosos propietarios de los terrenos por donde pasará el conducto. Entre estos propietarios se encuentran una gran cantidad de concesiones de pequeños y medianos empresarios mineros chilenos que se ubican desde la precordillera hasta las cercanías de Los Vilos. En su gran mayoría se oponen al Tratado Minero, porque persigue la desaparición de la pequeña y mediana minería. Los numerosos agricultores y las diversas comunidades agrícolas son otro grupo importante” de oposición, entre otras razones, que dificultan la implementación del Tratado para el caso de El Pachón, que amenaza especialmente a los vecinos sanjuaninos de Calingasta, Tamberías y Barreal, sin olvidar que cualquier contaminación y drenajes ácidos involucrará al río San Juan hasta el mismo corazón de la metrópoli cuyana.

Digamos que la situación chilena es la misma que la de su vecino. En cuanto al impacto ambiental que habrá de producir la implementación del Tratado no hay mayores diferencias: se verán afectadas por igual ambas cuencas, la del Pacífico y la del Atlántico. En Chile, “en caso que se genere daño ambiental es posible iniciar acciones legales tendientes a la reparación de dicho perjuicio… es un procedimiento civil contemplado en la ley… aunque no existen a la fecha antecedentes sobre la efectiva reparación de un daño ambiental utilizando este mecanismo legal” (El Exilio del Cóndor, página 57).

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son encargados por las empresas mineras y en caso de impugnación pueden corregirlo, reemplazar partes o todo, hasta ser aprobado. No hay imparcialidad, como también ocurre en Argentina, pero en Chile la participación ciudadana no puede expresarse ni a través de audiencias públicas. Claro que en San Juan, Argentina, una ley provincial excluye las audiencias públicas para los emprendimientos mineros (sic). En ambos países además hemos visto cómo el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, o el que se presentó en sociedad, difiere completamente del que se aplica, ya que los controles del estado (del pueblo) son inexistentes, ineficaces, en manos de funcionarios generalmente corruptos.

El Tratado Minero, ofrece sórdidos capítulos sobre Medio Ambiente. Alude al “Cambio Climático”, ignorando que es precisamente la minería la que “aporta el 13% de las emisiones de dióxido de azufre, consume entre el 7 y 10 % de la energía mundial, mucha de la cual es de origen termoeléctrica, mientras que aporta menos del 1% del producto nacional bruto mundial y emplea a menos del 0.5 % de la mano de obra del planeta” (El Exilio del Cóndor”)

En Chile no existe legislación sobre remediación minera, que deberá aplicarse después del cierre o abandono de minas. Curiosamente, en la minería del cobre este tema es de suma importancia porque los residuos en los tranques de relaves deja una escoria letal: en la Bahía de Chañaral, Atacama, hizo estragos seculares de desolación y miseria. Que en Chile no haya una política al respecto no significa que en Argentina se aplique la existente. El resultado en ambos países es el mismo.

Un capítulo interesante del Tratado se refiere al uso del agua en las altas cumbres, pero con una hipocresía que alarma, aunque no sorprende. Como se puede apreciar, es nuestra intención que ambos pueblos, conozcan el problema que originan las invasiones mineras, el perjuicio a sus ecosistemas y cuáles son sus consecuencias, con sus semejanzas y diferencias. Con los casos Cordón Esquel, en Chubut, y Veladero, Pascua Lama y El Pachón, en San Juan, hemos profundizado de qué forma estos sitios son paradigma de las altas cuencas hídricas y la afectación de las nacientes por el sistema extractivo que aplican las corporaciones, método que hemos dado en llamar Minería Química.

Deseamos entonces difundir la opinión chilena reflejada en el texto al que venimos aludiendo: “En el caso de Pascua Lama hay dos situaciones particularmente delicadas y que han sido señaladas con energía por los agricultores de los valles El Tránsito y San Félix (Chile). Se trata de la instalación del botadero de estériles en la naciente de un río que alimenta el valle y que es utilizado en la agricultura…puede significar la alteración de los caudales y la calidad del agua…Por otro lado, más grave aún es la destrucción de dos glaciares de inferior tamaño ubicados en el rajo de la mina. Si bien es cierto que el inicio de las actividades de Pascua Lama está condicionado a la presentación de un plan de manejo de glaciares, lo cierto es que los expertos consultados afirman que no es posible manejar glaciares y menos trasladarlos, según se menciona en la propuesta entregada por la empresa requerida sobre la materia, a raíz de las observaciones realizadas por agricultores del valle , en el marco de la participación ciudadana dentro del SEIA. La empresa canadiense Barrick Gold, a cargo del proyecto, no había mencionado los glaciares en su EIA . Extraño, pero verídico. Tuvo que ser a solicitud de los agricultores que la CONAMA consultara a Barrick sobre la materia. Frente a dicho interrogante, la empresa responde reconociendo la existencia de tales glaciares y respecto del requerimiento de CONAMA presenta un plan para su tratamiento. Insuficiente por cierto, lo que hace que CONAMA condicione el desarrollo del proyecto a un plan de manejo aún no presentado”.

Para los chilenos, y para sus vecinos, son las poblaciones afectadas, sus habitantes, quienes denuncian, exigen y controlan, pero sin poder evitar el riesgo permanente que deberán afrontar porque las explotaciones mineras siguen su curso amparadas por estos convenios.

Alrededor de Pascua hay pueblos agrícolas, y en paulatino desarrollo turístico, como Alto del Carmen, provincia de Huasco, Tercera Región de Atacama, a 190 kilómetros de la ciudad de Copiapó, cerca de Vallenar, norte semiárido. Al sur está la Cuarta Región de Coquimbo. La producción de Alto del Carmen es frutícola, uva pisquera y uva de mesa de exportación, paltos y hortalizas y una actividad artesanal en licores, frutos secos, mermeladas, miel de tuna, queso de cabra, etc.

A los pies de Lama se halla Valle del Cura con desarrollo turístico pujante, las termas de Pismanta, Iglesia, Dique del Viento, Rodeo, Tudcum, y también con actividad frutícola. El área que recibirá inusual impacto ambiental será Jáchal, población de 24.000 habitantes con dedicación agraria, en especial la cebolla que exporta en su totalidad y con gran demanda. Sin embargo el plato fuerte de la región son las altas cumbres donde se asienta precisamente la explotación minera de la Barrick Gold con los complejos Veladero y Lama, mundialmente difundidas como la Reserva de Biosfera de San Guillermo, estatus reconocido por la UNESCO para su casi un millón de hectáreas de extensión, hábitat de camélidos como la vicuña, que requiere protección.

Pascua Lama se halla entre los 4.000 y 5.000 metros de altura y de ambos lados de la Cordillera de Los Andes el despropósito minero de Barrick Gold no reparará desviando ríos como El Potrerillos y Las Taguas; construirá lagunas artificiales por la demanda constante de agua que habrá de necesitar para lixiviar las rocas con soluciones cianuradas y a tajo abierto, previamente voladas a pura dinamita, método que les permite atrapar el oro y la plata, pero también los concentrados de cobre saldrán de ese complejo minero; destruirá vegas, verdaderos oasis de la fauna y flora del lugar; desaparecerán cerros como el Penélope, Filo Federico, Caracoles Norte, entre muchos otros que guardan el metal diseminada en extensiones kilométricas. Destruirá glaciares que ocultan los minerales buscados como ya hizo con el Concontac por donde abrió la ruta hacia la planta. Miles de kilómetros de senderos y caminos de 35 metros de ancho provocarán mayor desertificación. “En territorio chileno se desarrollará gran parte del tajo abierto y se construirá un botadero de estéril, un chancador primario, un complejo capaz de atender equipos de mina y polvorín para almacenamiento de explosivos”, ubicado en las nacientes del río del Estrecho, tributario del río Chollay y a 4.400 metros sobre el nivel del mar. En zona argentina también habrá tajo abierto, botadero de estéril, diques de colas y plataformas kilométricas con minerales en pilas, un tranque de relaves, la planta de procesado, los campamentos para 4.000 personas y un aeródromo privado. Argentina aportará el 95% del agua requerida y Chile el 5% restante; a razón de 370 l/s. Barrick Gold no pagará el agua y será dueña de los derechos según lo crea necesario. Anualmente producirá 5.000 toneladas de concentrados de cobre, 615.000 onzas de oro y 18,2 millones de onzas de plata.

Cerca de allí se halla Veladero (Argentina) con yacimientos de oro, plata y mercurio. Ambas minas compartirán la misma infraestructura.

Hemos adelantado que serán derribados glaciares que el EIA omitía. Esto implica la destrucción de significativas fuentes de agua. La región, de un lado y otro es árida y semiárida, pero el agua serpentea bajando de las montañas haciendo valles fértiles y prósperos.

Los pueblos consideran que el “agua vale más que el oro” y que sobre ellos pende la amenaza de un daño irremediable de llevarse a cabo los proyectos. La remoción y manejo de los glaciares provoca espanto hasta en el mundo científico.

“Hasta el año 2002 se han inventariado en Chile, 1.751 glaciares con una superficie de 15.260 kms2 de hielo. Se estima además una superficie no inventariada de 5.315 kms2 de hielo, lo que totaliza para ese país una superficie cubierta de glaciares de 20.575 Kms2″. Ahora bien, hemos fijado la atención en el complejo minero de Veladero y Pascua Lama, que se circunscribe en un área determinada con importantes glaciares que inútilmente intentarán desplazar para liberar las rocas que desean dinamitar. Imaginemos por un instante el daño real al multiplicar por 38 este impacto ambiental, pues tal es la cantidad de proyectos mineros sólo del lado argentino en la provincia de San Juan hasta el 2004. Recorramos luego toda la Cordillera de los Andes, de norte a sur y de ambos lados y confeccionemos un mapa con la cantidad de glaciares amenazados, arroyos y ríos desviados, cuencas que habrán de secarse, cerros que desaparecerán al ritmo de la dinamita, vegas que son imponentes humedales como ya dijimos, convertidas en caminos o diques de cola, y tendremos el más siniestro panorama de destrucción ambiental orquestado por el Departamento de Estado de Bush cuando le prometió, a los gobernantes “carnales” sudamericanos, colosales inversiones mineras, una vez que legislen estabilidad y rentabilidad para las empresas del Norte. Sólo en la cordillera patagónica de la provincia de Chubut hay más de 300 yacimientos poli metálicos registrados con intenciones de explotación.

Dejamos para otro momento describir la sopa química que siembran las multinacionales mineras para poder obtener los metales. Este sistema extractivo, dijimos alguna vez, es posible porque donde no llega el ojo humano se atrapa el mineral aplicando compuestos químicos según sea necesario. Los drenajes ácidos, actuando con letal sinergismo, hemos podido comprobar que no podrán ser retenidos por las geomembranas y escurrirán aguas abajo; allí los esperan las plantaciones y producciones agropecuarias y los asentamientos poblacionales, siempre que los movimientos sociales no tengan la fuerza suficiente para detener a tiempo a las hordas mineras de semejante daño y despojo. En eso estamos”. (Javier Rodríguez Pardo)

Entendemos precisamente que sólo el accionar autoconvocado de los pueblos podrá parar estas explotaciones tan perjudiciales para el país. El valioso ejemplo de Esquel marca un hito en ese orden.

8.-ESQUEL

Dentro de los gigantescos proyecto mineros o de “megaminería” al que nos estamos refiriendo y que tienen varias empresas multinacionales y gobiernos provinciales de la región “de los bosques Andino-Patagónicos” se destaca el que se ha pretendido llevar adelante en Esquel. Y decimos que se destaca ya sea por su magnitud y los enormes daños que provocaría como por la conmovedora y ejemplar lucha que viene librando el pueblo de Esquel para impedir que se concrete. Como resultado de esa dura lucha recibieron amenazas, denuncias que fundamentaron nuestra ante la Cámara de diputados del 25 de noviembre de 2004 ( Exp. Nº D – 7619 – 04).

En la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, la empresa Meridian Gold Inc., avanzó en la etapa de exploración en el yacimiento de oro situado en el extremo Sur del Cordón Esquel, a pocos Km. de la ciudad, e intentó comenzar con la explotación. Como el yacimiento está diseminado la explotación se prevé que sea a cielo abierto. La empresa también proyecta extraer el oro mediante el tratamiento del mineral con cianuro de sodio. Ante ello la comunidad de Esquel se autorganizó y se constituyó como los vecinos “Autoconvocados de Esquel” y vienen librando una lucha ejemplar contra la Meridian Gold, y el proyecto de megaminería previsto implementar en la zona con el apoyo de las autoridades provinciales y municipales.

El proceso fue decripto por los propios “Autoconvocados” en su Página de Internet. “A medidos del año 2002, la comunidad de Esquel y de la Pcia. Del Chubut tomó conocimiento de manera definitiva de la inminencia del inicio de la explotación minera en el Cordón Esquel. El Gobierno de la Provincia por intermedio de su Director de Minería, el geólogo Guillermo Hughes, hizo públicas las pretensiones de la Minera el Desquite S.A. (adquirida ese mismo año por la Meridian Gold de Canadá) de comenzar la etapa de explotación del yacimiento de oro y plata localizado a 6,5 km de nuestra ciudad y cuya exploración viene realizándose desde hace aproximadamente 3 años.

Durante los meses de mayo a septiembre del año pasado mediante charlas abiertas realizadas por el Gobierno del Chubut en esta ciudad, se abordaron algunos aspectos de la explotación pretendida (cianuro, impacto social, legislación, etc.). Sin embargo, vecinos de Esquel comenzaron a investigar con los medios a su alcance y por Internet, los antecedentes de este tipo de mina en otras partes del mundo, especialmente alertados por la utilización de cianuro de sodio en el proceso del mineral para la extracción de aquellos metales preciosos.

De esta manera, grupos de vecinos y algunos profesionales de la sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia desarrollaron desde junio a noviembre numerosas charlas y mesas de debate sobre la problemática, inclusive visitando escuelas de nivel primario y polimodal para compartir con los jóvenes la información que se obtenía y que era ostensiblemente contradictoria con la brindada por el gobierno y la empresa minera: nefastos antecedentes de accidentes por derrames/filtraciones de cianuro, contaminación del agua y la tierra por drenajes ácidos de las minas y metales pesados, impactos altamente negativos en el plano socio-económico en las localidades o regiones de explotación, marco legal argentino que otorga enormes ventajas jurídicas y fiscales a las inversiones mineras (tendencia verificable en los demás países de Latinoamérica),etc., etc.

Se conforman los Vecinos Autoconvocados. En el mes de octubre comenzaron a realizarse asambleas vecinales confluyendo en ella todos los sectores críticos al emprendimiento. De tal modo, la segunda asamblea se pronunció por unanimidad de los 600 asistentes por el NO A LA MINA. A partir de allí se comenzó con una serie de actividades: información en mesas instaladas en la vía pública, pintadas en la calle frente a las oficina de la minera, murales alegóricos, festivales artísticos, charlas en otras localidades que también manifestaron su rechazo al emprendimiento y 4 movilizaciones con la participación de un número creciente de opositores a la mina llegando el último 4 de febrero a las 4.000 personas.

Cabe señalar que este movimiento social atraviesa transversalmente esta comunidad integrando personas de todos los sectores sociales, profesionales, comerciantes, desocupados, trabajadores, etc. y al margen de los aparatos partidarios. En este contexto, amplios sectores de comerciantes y prestadores turísticos también se pronunciaron en contra de la mina, llegando a provocar una fuerte ruptura en el seno de la Cámara de Comercio local, cuyos máximos dirigentes ya acordaron con la minera distintos negocios que corresponden a sus respectivas empresas (provisión de combustible, construcción, abastecimiento de cal, etc.).

De esta manera se instaló un debate público importantísimo, nunca visto en esta ciudad y cuyos alcances se ven traducidos no solo en el amplio rechazo al proyecto sino en la masividad de las movilizaciones que recientemente sumaron también la modalidad del escrache: a las oficinas de algunos medios de comunicación que abiertamente apoyan la mina, empresarios y políticos.

Cabe aclarar una característica distintiva de este movimiento que es el no contar con una “orgánica de conducción”, tomando las decisiones en asamblea y procesando la tarea mediante comisiones libremente conformadas. Esta modalidad favoreció –de alguna manera- la protesta social dado que los gobiernos, la minera y aquellos medios de comunicación que defienden el proyecto, no hallan personas puntuales hacia quienes direccionar sus críticas y cuestionamientos.

9.- El rol de las autoridades.

Tenemos la absoluta sensación que son verdaderos socios de la iniciativa minera. El gobernador José Luis Lizurume (radical – Alianza), luego de llegar al colmo de postular que “sí o sí el emprendimiento minero va a llevarse a cabo y el 4 de enero estaré cortando la cinta” -hecho que se impidió con las protestas populares- fue modificando cosméticamente sus intervenciones públicas a raíz de la fuerte oposición a la mina en su propia ciudad, y continúa reinvindicando las bondades del proyecto sin dejar de mostrar su permanente soberbia frente a la protesta social. La legislatura provincial tibiamente trató distintas iniciativas parlamentarias sin expresarse de manera definitiva. De todas maneras motorizó una prórroga de la audiencia pública no vinculante (en cumplimiento de la Ley Pcial. 4032 de Protección Ambiental) tal como reclamábamos los Vecinos Autoconvocados, que fue fijada para el próximo 29 de marzo, lo cual consideramos uno de los primeros triunfos de nuestro movimiento social ya que la fecha original para dicha audiencia era el 4 de diciembre del 2002.

El intendente Rafael Williams (PJ) también se sumó a la iniciativa argumentando desde la posibilidad de sumar puestos de empleo a la difícil situación social local que alcanza unos 5.000 desocupados. La minera El Desquite-Meridian Gold confirma en su estudio de impacto ambiental que absorberá sólo aproximadamente 300 de Esquel y con exigencia de nivel polimodal. Si bien se conformó desde el municipio una “unidad de asistencia técnica” para evaluar dicho estudio abordándolo desde distintas disciplinas, transcendieron sus primeras conclusiones que objetan estructuralmente el mismo por incompleto e inconsistente, aún así el intendente persiste en avalar y propiciar el proyecto.

La movilización popular en la puerta del Concejo Deliberante logró el 5 de febrero que éste sancionara tres ordenanzas: la primera prohibiendo la utilización del cianuro en el ejido municipal (vetada el 12 por el intendente), la segunda derogando la adhesión a las leyes 24.196 de Inversión Minera y 24.224 de Reordenamiento Minera (sancionadas por el Congreso en el apogeo menemista) y una tercera habilitando al ejecutivo a convocar a un plebiscito no vinculante en el ámbito municipal, que ya fue establecido para el próximo 23 de marzo.

Como ya señalamos el plebiscito finalmente se realizó y el triunfo fue aplastante. Como es público participó el 75% del padrón habilitado. El resultado fue contundente: El 81 % votó “No a la Mina”.

No obstante tanto las autoridades provinciales y municipales que (ahora han cambiado) como la empresa han venido desconociendo ese pronunciamiento y pretenden avanzar en la explotación. Asimismo han continuado las gravísimas agresiones a los vecinos que se siguen oponiendo.

El gobernador de Chubut es ahora Das Neves (ex – administrador de la Aduana durante el gobierno de Duhalde) hoy Kirchnerista. Como se sabe Kirchner está especialmente vinculado a la defensa de los intereses petroleros y mineros en la Patagonia por lo que el formidable proceso de lucha de la población de Esquel y todos los que sentimos nuestra esa lucha encuentra ahora nuevos y poderosos desafíos a derrotar.

10.-CALINGASTA.

Este municipio de la cordillera cuyana también se vio amenazada por proyectos similares y decidió pelear por ser consultado. Exigió que se plebiscite -como en Esquel- la minería a tajo abierto y el uso de compuestos tóxicos como el cianuro y otros, debido a que son varios los emprendimientos con este método extractivo que se hallan sobre las poblaciones, dedicadas fundamentalmente a la agricultura de exportación y al turismo.

En Barreal, uno de los tres distritos más importantes del departamento, se llevaron acabo varios días de movilizaciones exigiendo al gobierno esa consulta popular obligatoria. Tamberías y Villa Calingasta, mantienen igual espíritu y también libraron protesta y movilizaciones. Asambleas populares procedieron a recolectar firmas para ser presentadas en la legislatura provincial, exigiendo que se respete la voluntad de los vecinos y, sobre todo, el derecho conferido por el artículo 208, inciso 2º de la Constitución de la Provincia de San Juan que habilita a los municipios a ordenar consultas populares obligatorias, cuando lo crean conveniente. Ante la presión vecinal intendente y el Concejo Deliberante convocaron a la consulta pero la Justicia Provincial la suspendió por presión del gobernador Gioja. Gioja amenazó al intendente con la intervención del municipio si persistía en convocar al pueblo a decidir sobre el particular. De allí que los vecinos recurrieran a la recolección de firmas para que se respete la Constitución Provincial y sus derechos democráticos.

El Concejo Deliberante y el intendente del departamento sanjuanino de Calingasta, decidieron esperar la decisión de la Corte de Justicia de la provincia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado, a raíz de las atribuciones asumidas por el Tribunal Electoral que literalmente prohibió el llamado a consulta popular para el 3 de julio pasado.

En esta parte del mundo, debemos luchar todos los días para ejercer nuestros derechos consagrados en la constitución”, explicó Enrique Serpa, indignado vecino, agricultor de Tamberías, y agregó: “la única democracia que conozco es salir a la calle con cualquier objeto ruidoso para llamar la atención de los funcionarios y políticos que se hacen los sordos, porque en realidad fueron comprados”.

11.-OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO.

Mediante este proyecto de Ley se pretende: 1. tutelar nuestro patrimonio ambiental, la salud y las fuentes de trabajo amenazadas por las explotaciones mineras en las que se utilizan sustancias tóxicas y 2. derogar las normas que, con injerencia de otros Estados y organizaciones internacionales en los asuntos internos de la República (financiación del Banco Mundial), se han impuesto en nuestro país para facilitar el saqueo y la rapiña de nuestros recursos en una forma tan perversa como jamás lo haya conocido la historia argentina.

A. Tutela del Patrimonio Ambiental.

a) Antecedentes.

La propia Constitución establece que toda persona tiene derecho de gozar de un medio ambiente sano y equilibrado y el deber de preservarlo.

La protección ambiental debe regular el uso del ambiente y los recursos naturales, la protección de los derechos relativos al ambiente, articulado con otros Estados;

La afectación del medio ambiente producida por el empleo de sustancias tóxicas en actividades mineras a lo largo de todo el planeta ha generado la necesidad de establecer nuevas normas adecuadas a las nuevas realidades, advirtiéndose que en el propio derecho comparado la tendencia legislativa se dirige a la prohibición de dichas actividades y a la prohibición del empleo de sustancias tóxicas en la minería, tal los precedentes prohibitivos de República de Turquía – Alto Tribunal Administrativo de Turquía, caso Bergama, mayo de 1997 – Estado de Montana EEUU – 3 de noviembre de 1998 («Cyanide – Gold’s Killing Companion», by Projet Underground, October 1999; Dave Blouin «Crandon Proposal – Cyanide Issues», Minig Impact Coalition, February 2000), Estado de Montana ratificando la prohibición mediante plebiscito del 02.11.2004, etc.

En idéntico sentido, y siguiendo estos ejemplos del Hemisferio Norte, el empleo de sustancias tóxicas en minería y la técnica de lixiviación en esa industria ha sido prohibida por primera vez en la historia del Hemisferio Sur precisamente en nuestro país, siendo pionero el Municipio de Epuyén (Pcia. del Chubut), mediante la Ordenanza Nº 519/2002, seguida por análoga Ordenanza Nº 077/2002 de la Municipalidad de Lago Puelo (Chubut, B.O.P. del 17.03.2003, Págs.12/19), y por Ordenanzas en El Hoyo (Chubut), El Bolsón (Río Negro), etc. que establecieron serias restricciones y graves sanciones.

Con posterioridad a ello, se produjo la suspensión de la actividad mediante ley de la Provincia del Chubut. Seguidamente la Municipalidad de Esquel convocó a un plebiscito no vinculante el cual arrojó como resultado el rechazo del 81 % de la población al emprendimiento minero del Cordón Esquel. Dicho plebiscito fue contemporáneo con los realizados espontáneamente por el pueblo en Epuyén, Lago Puelo y El Bolsón, los cuales arrojaron un rechazo del 99 % de la población a los emprendimientos de este tipo.

Luego de todos estos hechos se dictaron otras normas de orden declarativo y que carecieron de previsiones sancionatorias (Ordenanza de Esquel, Ley Nº 3981 de la Provincia de Río Negro –BOP 11.08.2005-, etc.).

Asimismo, en otras actividades nocivas para el medio ambiente, existen numerosos precedentes legislativos en cuanto a la prohibición de determinadas industrias o el uso de determinadas sustancias. Cabe citar así a título ilustrativo el caso del artículo 3º de la Ley Nº 24.040 que prohíbe la radicación en el territorio de la República Argentina de nuevas industrias productoras de los compuestos químicos incluidos en el Anexo “A” del Protocolo de Montreal, relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono aprobado por Ley Nº 23.778) o del artículo 4º en cuanto prohibe para determinados usos las sustancias en cuestión, o el Art. 3º del “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes” (aprobado mediante Ley Nº 26.011) por el cual la Argentina asumió la obligación de prohibir y/o adoptar medias jurídicas necesarias para eliminar la producción y utilización de determinados productos químicos tendiendo a proteger el medio ambiente y la salud.

Para no extenderme demasiado en la ilustración de otros precedentes legislativos de nuestro derecho, del cual con el objeto de la protección de la salud no cabe excluír la referencia a la prohibición del consumo y comercialización del uso de determinadas sustancias psicotrópicas, en lo que refiere a las actividades relacionadas exclusivamente con los recursos minerales, en términos más extremos a los aquí propuestos, la actividad en sí misma ha sido directamente prohibida (con la excepción para la actividad científica) en el artículo 7º del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, de modo tal que en mas de un cuarto de la superficie de la República Argentina, no solo la técnica de lixiviación, sino la actividad misma relativa a los recursos minerales se encuentra terminantemente prohibida por ley Nº 24.216 aprobada por este Congreso.

b) Empleo.

Respecto de las fuentes de trabajo que prometen este tipo de emprendimientos, cabe señalar que la supuesta creación de múltiples puestos laborales se observa como una «quimera» de dudosa realidad, sin viso de continuidad y que puede resultar nefasta y de negativo impacto en el mercado laboral y sanitario, ya que las fuentes de empleo que genera la minería son reducidas, de corta duración y altamente peligrosas;

La Organización Internacional del Trabajo informa que aunque la minería contribuye con solamente el 1% de la fuerza de trabajo mundial la misma es responsable del 5% de los accidentes fatales del trabajo, con alrededor de 15.000 trabajadores muertos por año y alrededor de 40 por día en todo el mundo (Jennings, Norman; Sectoral Activities Department, International Labour Organization) y que pese a dicha información del organismo internacional, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 176 «Convención sobre Seguridad y Salud en Minas» adoptada el 22 de junio de 1995 y que cobró vigencia a partir de 1998, aún no fue ratificado por la República Argentina.

A ello hay que agregar que el auge de proyectos de explotaciones mineras a cielo abierto con utilización, depósitos y transportes de sustancias tóxicas genera fundada preocupación entre nuestros habitantes a lo largo de toda la cordillera e incluso de las Corporaciones Municipales, tal como lo advirtió la Resolución Nº 272/02 del 24 de Octubre de 2002 del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin;

c) Catástrofes.

Resultan variadas, reiterativas y de conocimiento publico y notorio las graves catástrofes ambientales producidas por el uso de la tecnología de lixivización de cianuro y otras sustancias tóxicas en minería, destacándose entre otros los siguientes desastres ambientales:

1) Mina de oro de Summitville, Colorado, EEUU, en la cual el derrame de cianuro acabó con toda la vida acuática a lo largo de 27 kilómetros del Río Alamosa, la mina fue clausurada en diciembre de 1992 y el US Geologycal Survey estimó que los costos de limpieza superarían los 150 millones de dólares estadounidenses;

2) Mina de oro Brewer, Carolina del Sur, EEUU: 11.000 peces murieron a lo largo de 80 kilómetros del Río Lynches por un derrame de cianuro en 1992,

3) Mina Harmony, Sud Africa, operada por Rangold: estalló un dique de contención en desuso y enterró un complejo habitacional con cianuro, febrero de 1994;

4) Mina de Oro Omai, Guyana; más de 3.200 millones de litros cargados con cianuro se liberaron en el Río Essequibo cuando colapsó un dique, en 1995. La organización Panamericaan de Salud comprobó la desaparición de toda la vida acuática a lo largo de cuatro kilómetros;

5) Mina de oro Gold Querry, Nevada, EEUU: Se derramaron un millón de litros de desechos de cianuro en 1997;

6) Mina de zinc Los Frailes, España: La ruptura de un dique de contención originó el derrame de ácido generando grave mortandad de peces, abril 1998;

7) Mina Homestake, Whitewood Creek, Back Hills, Dakota del Sur, EEUU: 7 toneladas de desechos cianurados se derramaron causando importante mortandad de peces, 29 de mayo de 1998;

8) Transporte de cianuro a la mina Kumtor, Kyrgysztan: El camión que transportaba el cianuro volcó en un puente derramando sobre la superficie del agua 1.762 Kilos de cianuro muriendo al menos 4 pobladores y cientos de personas debieron ser asistidas en los hospitales, 20 de mayo de 1998;

9) Mina de oro Tolukuma, Papua Nueva Guinea: Un helicóptero de la compañía pierde en vuelo una tonelada de cianuro cayendo en los bosques a 85 kilómetros de la Capital Port Moresby. Las obras de recupero y descontaminación no impidieron la afectación de los cursos de agua. 21 Marzo de 2000 (DNN Italia, 14 julio 2000)

10) Mina Santa Rosa, El Corozal, Panamá: Un derrame de cianuro ocasiona gran mortandad de peces y pone en peligro la vida de muchos panameños. 6 de junio de 1998 (Diarios El Siglo- junio 1998 – y El Panamá América – 20 enero 1999 pag. C6 – Panamá);

11) Mina Comsur, Bolivia: Contaminó con arsénico y otros metales pesados el Río Pilcomayo. Murieron dos niños aborígenes argentinos por ingesta de pescado contaminado y se revelaron valores elevados de metales pesados en pobladores indígenas de las riberas del Río Pilcomayo en la Provincia de Formosa (Argentina). Esto es, no estamos hablando de ciencia ficción: la técnica de lixivización de la mega minería ya ha cobrado vidas de niños argentinos;

12) Mina de oro Aurul Bahia Mare: Rumania, el 30 de enero del 2000 donde el derrame de cianuro alcanzó los ríos Lapus, Somes, Tisza y Danubio, extendiéndose el daño a Yugoslavia y Hungría y afectando el suministro de agua potable de 2,5 millones de personas y a las actividades económicas de más de un millón y medio que vivían del turismo, la agricultura y la pesca a lo largo del Rio Tisza del cual se recogieron más de 10 toneladas de peces muertos para evitar que los coman las aves y perezcan envenenadas (FUNAM – Córdoba – El País y el Mundo 23.02.2000 -España, La Voz del Interior – Córdoba, febrero 2000)

13) Un informe de Interpress Thirol World News Agency (IPS), documenta “un 40% de cursos de agua contaminados, en el oeste norteamericano, de acuerdo con el Centro de Política Mineral”. Señalaron además el trágico caso de la mina Zortman – Landusky, en Montana, donde “varias filtraciones y derrames accidentales ocurrieron desde el inicio de sus operaciones en 1979. La EPA y dos tribus indígenas demandaron a la empresa por contaminar los arroyos y cursos subterráneos con cianuro y por problemas con pérdidas de ácidos a causa de la extracción de oro”.En Montana se prohibió finalmente la explotación a tajo abierto y el uso de compuestos químicos como el cianuro de sodio, entre otros; mientras tanto, el gobernador de Wisconsin, Tommy Thomson, resolvió que antes de permitir la actividad minera con estos compuestos químicos, las empresas deberán demostrar con pruebas concluyentes que hubo otros emprendimientos mineros operando con sistemas de lixiviación durante por lo menos diez años de explotación y otros diez permaneciendo cerrados, y que en ese transcurso no hayan producido contaminación alguna. Posiciones semejantes sostienenlos gobernadores de Michigan, Juan Engler, y de New York, George Pataki, entre muchos otros.

14) A esta larga e incompleta lista de las catástrofes ambientales registradas a lo largo del planeta por la tecnología de la lixiviación de sustancias tóxicas en minería, cabe agregar en el ámbito de la provincia del Chubut, los daños ambientales y a la salud verificados en la Mina Angela, cercana al Paraje Los Manantiales, próximo a Gan Gan y Gastre, donde según denuncias de los pobladores quedaron enterradas 28 toneladas de cianuro y 1.500.000 toneladas de residuos tóxicos con mortandad de peces y cambios de color en el suelo, y que son objeto de investigación por la Justicia Federal de Rawson (Diario «Clarín», ediciones del 5 de abril del 2001 – Pag. 42 – 11 de abril de 2001 – pag. 24 y 25 de julio de 2001);

A estas denuncias de catástrofes que el abogado Cristian Hendrickse ya reseñaba tempranamente en sus alertas a la comunidad (Diario Crónica de Comodoro Rivadavia, 25.10.2001, y que generaron el pedido de informes de la diputada María Rita Dristaldi -periódico ídem, 26.10.2001) y que fueron incluídas en los considerandos del texto de Proyecto de Ordenanza de Epuyén que el mismo profesional redactó, cabe agregar la contaminación producida por industrias mineras con efectos en las Provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, habiéndose detectado gran cantidad de mortandad de peces en el Río Sali, y cuya fotografía, publicada por la Asociación de Ingenieros Técnicos y Especialistas de Santiago del Estero resulta, a más de elocuente, escalofriante. Es la misma AITE quien denuncia un incremento en la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, y profesionales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero como el doctor Victorio Mariot, docente de dicha Alta Casa de Estudios quien denuncia que el Embalse de Río Hondo se ha transformado en la cloaca a cielo abierto más grande de la Argentina “…especialmente por los productos orgánicos biodegradables que son arrojados a los afluentes del río Dulce por las industrias azucarera, citrícola y papelera, y sales y metales pesados volcados a las aguas por la empresa Minera La Alumbrera…” (Diario “El Liberal”, 06.12.2003).

d) Conclusión de la U.S.–E.P.A.: Técnica no segura.

A raíz de la catástrofe ambiental producida en 1993 en la mina de oro de Summitville, en el Estado de Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, se ha concluido que la tecnología de explotación de oro a cielo abierto y la técnica de empleo de cianuro de sodio en minería NO ES SEGURA (Plumlee, G. S., Gray, J. E. Roeber, M. M., Jr., Coolbaugh, M., Flohr, M., and Whitney, G., 1995 a) «The importance of geology in understanding, and remediating environmental problem at Summitville», in, Posey, H. H. Pendleton, J. A. And Vamn Zyl, D., eds: Summitville Forum Proceedings, Colorado Geological Survey, Special Publication 38, p. 13-22; Plumlee, G. S., Smith. K. S., Mosier, E. L., Ficklin, W. H., Montour M. Briggs, P. H., and Meier, A. L., 1995b, «Geochemical processes controlling acid-drainage, generation and cyanide degradation at Aummitville», in Posey, H. H., Plendleton, J. A., and Van Zyl, D., eds: Summitville Forum Proceedings, Colorado Geological Survey, Special Publication 38, p. 23-24; Edelmann, P., Ortiz, R.F., Balistrieri, L., Radell, M. J., and Moore, C. M., 1995, «Limnological characteristics of Terrace Reservoir, south-central Colorado», 1994 (abs) in, Posey, H. H., Pendleton, J. A., and Van Zyl, D., eds: Summitville Forum Proceedings, Colorado Geological Survey, Special Publication 38, p. 21: Estudio transdisciplinario del United States Geological Survey, incluyendo en el proyecto a los siguientes participantes: Cathy Ager, Laurie Balistrieri, Bob Bisdorf, Dana Bove, Paul Briggs, Doyg Cain, Roger Clark, Pat Edelman, Jin Erdman, Walt Ficklin, David Fitterman, Marta Flohr, Larry Gough, John Gray, Trude King, Fred Lichte, John McHugh, Al Meier, Bill Miller, María Montour, Elwin Mosier, Nicole Nelson, Roger Ortiz, Geoff Plumlee, Charlie Severson, Kathy Smith, Tom Steven, Kathleen Stewart, Peter Sotrur, Greg Swayze, Ron Tidball, Rich Van Leonen, Paul von Guerard, Katie Walton-Day, Elizabeth Ward, Gene Whitney, Melinda Wright, and Tom Yanosky. Cooperating agencies include: U.S. EPA, U.S. Fish and Wildlife Service; State of Colorado, Departments of Natural Resources, Health, and Agriculture; Colorado Stete University and CSU Extension Service; Colorado Shcool of Mines; Auburn University; Environmental Chemical Corp; San Luis Valley consulting firms, water conservancy districts, and water users);

e) El cianuro y la ruta del cianuro.

Como ya hemos explicado la técnica que se pretende prohibir se emplea allí donde el oro no aparece concentrado, sino diseminado. La misma consiste sintéticamente en la trituración de montañas enteras (mediante el uso de explosivos primero y molinos de molienda después) convirtiéndolas en talco, que luego es rociado por una solución de cianuro que permite la precipitación de los metales buscados por las empresas (oro, plata, etc) como la precipitación de otros metales no deseados que producen el llamado “drenaje ácido” de las minas.

El cianuro en estado sólido en contacto con el agua (tal como aconteció en la caída a un río de un camión que transportaba cianuro en una mina en Kyrgysztan) produce el gas HCN (y que no son las siglas de este Honorable Congreso de la Nación, sino del gas cianuro de hidrógeno).El cianuro de hidrógeno (HCN) fue empleado en los campos de exterminio de Auschwitzs y Birkenau bajo la denominación comercial de “Zyklon-B” fabricado por la firma alemana Degesch (Documento de Nuremberg NI-9912, Manual Degesch sobre uso del Zyklon. Versión alemana o inglesa puede obtenerse en: Mendelsohn, John y Detwiler, Donald S.  “The Holocaust:  Selected Documents in Eighteen Volumes”, Volumen 12: “The ‘Final Solution’ in the Extermination Camps and the Aftermath”, New York: Garland Publishing, c. 1982,  p 137).

Además de herramienta de exterminio, más recientemente y ahora que se puso de moda hablar de terrorismo internacional, al cianuro de hidrógeno (HCN) junto con otros componentes se lo empleó como arma química contra los habitantes de la ciudad kurda de Halabja, al noreste de Irak, durante la guerra Irán-Irak en la década de 1980. Una empresa química de Florida había producido y enviado cianuro a Irak durante los 80′s usando un avión especial de la CIA, siendo el cianuro extensamente utilizado contra los iraníes (Financial Times of London, julio 3, 1991).

El uso del cianuro no es ajeno a las prácticas terroristas. Más recientemente, el ciudadano norteamericano William Krar y sus cómplices fueron condenados por la justicia norteamericana por encontrarse involucrados en un complot para hacer explotar una bomba de cianuro capaz de matar a miles de personas. Los condenados fueron hallados con literatura racista (The Guardian, UK, 8 de enero de 2004; CNN, CBS, etc.).

El efecto del cianuro en el ser humano consiste básicamente en anular la posibilidad de las células de incorporar oxígeno afectando letalmente al corazón y el cerebro.

El cianuro es absorbido por los pulmones, por el tracto gastrointestinal y por la piel. Los síntomas pueden manifestarse en segundos si se trata de una inhalación… El cianuro es fácilmente absorbido por las membranas mucosas y los ojos. (“Cyanide Toxicity”, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Dept of Health and Human Services en “American Family Physician”, Vol. 48, no 1, Julio 1993.

En cuanto a la persistencia del riesgo en el tiempo, los defensores de la minería química sostienen que los peligros del cianuro desaparecen por acción de la luz solar y que sus riesgos no se perpetúan en el tiempo. Sin embargo, cincuenta años después del exterminio nazi, se encontraron trazas de cianuro en los restos de las cámaras de exterminio de los campos de Auschwitz y Birkenau (Informe del Instituto Forense de Cracovia, Journal For Historical Review, número de verano de 1991), lo que nos permite advertir el riesgo del empleo sistemático de esta sustancia en las cantidades que emplea (y que pretende emplear en nuestro país) la industria minera.

No sólo la técnica empleada en el lugar dónde se desarrolla la actividad es muy riesgosa para la vida humana, sino que el peligro se extiende a lo largo de toda “la ruta del cianuro”.

De la síntesis de las once catástrofes internacionales arriba reseñadas, dos ocurrieron durante el transporte de este insumo. Uno por transporte aéreo (Mina de oro Tolukuma, Papua Nueva Guinea: Un helicóptero perdió en vuelo una tonelada de cianuro) y otro por transporte terrestre (mina Kumtor, Kyrgysztan: vuelco de un camión en un puente derramando sobre el agua 1.762 Kilos de cianuro. Al menos cuatro muertos).

Esto es, previendo los proyectos que en nuestro país se pretenden aplicar con el uso de estas técnicas, el estado de nuestras ruta y la meteorología reinante en las áreas susceptibles de minería química, no es difícil predecir la crónica de una tragedia anunciada que de acontecer, ya no en alguna ruta, sino en alguna de nuestras ciudades superpobladas, superaría en sus dimensiones a la lamentable catástrofe de Cromagnon. Y en este punto cabe aquí hacernos cargo hoy todos los legisladores de lo que pudiera ocurrir mañana si no prohibiésemos hoy mismo esta peligrosísima técnica químico-letal no segura, ya prohibida en otros lugares del mundo.

f) Riesgo sísmico.

Sumado a la conclusión de la EPA y al riesgo de la “ruta del cianuro”, cabe remarcar que la mayor cantidad de proyectos de explotación que preven aplicar esta peligrosísima tecnología en nuestro país, se asientan precisamente en áreas de alto riesgo sísmico, lo que convierte a la posibilidad de catástrofes en una crónica anunciada de muerte y contaminación no solo en la ruta del cianuro, sino en las áreas de explotación.

g) Principio de precaución.

Ante la referida conclusión de los estudios de los especialistas del Colorado Geological Survey y el US Geological Survey, le resulta aplicable a la tecnología minera de explotación a cielo abierto con empleo de sustancias tóxicas el Principio de Precaución, tal como por aplicación explícita o implícita del mismo se ha prohibido la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en minería en Turquía, en Montana (EEUU), en Costa Rica, y en otros Estados del orbe, tal como así también lo viene reclamando la sociedad civil en Wisconsin (EEUU), Idaho (EEUU) y otras comunidades del globo;

El Principio de Precaución, establece que cuando haya peligro de un daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente, lo que implica una inversión en el proceso de carga de la prueba en cuanto la falta de demostración científica absoluta no implica ya una orientación permisiva de las actividades potencialmente lesivas para el medio ambiente.

Esto es, como dicen los anglosajones, ante la falta de certeza científica, vale mas equivocarse del lado de la seguridad (to err on the side of safety);

Dicho principio de precaución ha sido receptado, entre otros, en: el Principio 11 de la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, el Convenio de 1992 sobre cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales de Helsinki 1992, el principio 3.3. de la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático” de Nueva York de 1992 (Ley Nº 24.295), el párrafo noveno del preámbulo del “Convenio sobre la Diversidad Biológica” de 1992 (aprobado mediante Ley Nº 24.375), el Principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (al cual se comprometió la República mediante el Art.1º del “Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR” aprobado mediante Ley Nº 25.841) y en el artículo 4º de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 25.675);

Si bien el Código de Minería de la Nación en su artículo 8º concede «…a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños…» con arreglo a las prescripciones de ese Código, también es cierto que el sistema jurídico vigente consagra que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y la exigencia de que se haga un uso regular del derecho de propiedad (Arts.. 1071, 2514, 2618 y concordantes del Código Civil) y que el Derecho Ambiental consagra el principio de que «no existe libertad para contaminar», en tanto «…no hay libertad para dañar el ambiente ajeno ni para restringir la libertad que tiene todo individuo de usar y gozar del ambiente…» (VALLS, Mario F., «Instrumentos Jurídicos para una Política Ambiental», J. A., 1996-IV-955);

De los antecedentes de catástrofes ambientales ocurridos en el mundo referidos más arriba, y de las conclusiones científicas arribadas a partir de aquellas trágicas experiencias, resulta evidente que la tecnología minera a cielo abierto con el uso de sustancias tóxicas y grandes cantidades de explosivos en la minería no sólo generan alta contaminación sonora sino que además resultan de una peligrosidad tal que hace que el ejercicio de la facultad de buscar minas, aprovecharlas y disponer de ellas cuando se emplea ese tipo de tecnologías no sustentables deviene en un ejercicio abusivo de aquel derecho y resulta violatorio del Principio de Precaución;

Con mayor jerarquía al Código de Minería, el articulo 41 de la Constitución Nacional establece que «…Todos los habitantes, gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tiene el deber de preservarlo…»» y que «..Las autoridades preverán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales…

El Principio 6 de la Declaración de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Declaración de Estocolmo de 1972) establece que «Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen daños graves irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.» Que el Principio 8 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Declaración de Río de 1992) establece que «Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas adecuadas», y que el artículo 1.2. «in fine» del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (de jerarquía constitucional por imperio de lo dispuesto en el Art. 75 – Inc. 22 de la Constitución Nacional, establece que «…En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia… »

h) Responsabilidad del Estado.

La omisión en el cumplimiento de las normas arriba transcriptas, como el incumplimiento de las prescripciones del artículo 41 de la Constitución Nacional constituiría una omisión que generaría la responsabilidad del Estado; por lo que la omisión en dictar las normas necesarias para el ejercicio del poder de policía ambiental ocasionaría, en caso de catástrofe ambiental, su obligación de responder, lo que a la vista de los antecedentes internacionales en la materia por el uso de tóxicos en minería los costos de la reparación del ambiente y las indemnizaciones por daños a particulares conllevaría al Estado, en tales previsibles supuestos, a la obligación de afrontar el pago de sumas millonarias, y sin que pudiera eximirse de ellas aún en el caso de que aisladas y pequeñas comunidades en un momento y lugar dado consintieran tales técnicas comprometiendo el patrimonio e todos los ciudadanos y el haber ambiental de las futuras generaciones;

El articulo 41 de la Constitución Nacional establece que «Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales, por lo que resulta ineludible para la Nación adoptar en el caso las medidas preventivas que la cuestión amerita, amén de las obligaciones que generaría la omisión al respecto a mérito de lo ya dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio” ante la que Argentina se comprometió a adoptar las medidas legislativas tendientes a asegurar los derechos a la vida, a la integridad psicofísica, etc. que tutela la Convención Interamericana de derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica);

i) Imprescriptibilidad de las faltas y delitos en materia ambiental.

Es conteste la doctrina jurídica comparada y la legislación ambiental internacional en sostener que aquellas conductas que ponen en peligro al medioambiente amenazan el patrimonio y el derecho al disfrute paisajístico y ambiental de la humanidad toda (Principios 21 y 22 in fine de la Declaración de Estocolmo y, entre otros: KISS, A. Ch., «La notiohn de patrimoine commun de l’humanité», RCADI, 1982-II, vol. 175, págs. 109-254; RIPHAGEN, R., «The International Concern of the Environment as Expressed in the Concepts of ‘the Common Heritage of Mankind’ and of ‘’Shared Natural Resoruces’», IUCN, Trends in Environmental Policy and Law, Gland, 1980, págs. 843-862; BLANCH ALTEMIR, A., «El Patrimonio Común de la Humanidad. Hacia un régimen jurídico internacional para sugestión» – Barcelona – Bosch- 1992). Estas conductas afectan asimismo el derecho a la salud y el derecho al trabajo. De acuerdo con todo ello las afectaciones a dicho patrimonio ambiental común de la humanidad devienen necesariamente en infracciones de lesa humanidad, y que dicha afectación no se limita a las generaciones presentes, sino que se extiende en el tiempo a las generaciones futuras por plazos impredecibles, por lo que las infracciones de peligro grave al medio ambiente, en tanto y en cuanto el peligro que se pretende conjurar es susceptible de producir afectaciones con efectos erga onmes y continuados en el tiempo, corresponde que las acciones corran la misma suerte atemporal y se las declare de naturaleza imprescriptibles e insusceptibles de ser alcanzadas por indultos o conmutación de penas o amnistías.

Estas consideraciones fueron receptadas en el derecho interno teniendo como antecedentes el proyecto de ordenanza prohibitiva de cianuro redactado por el abogado Cristian Hendrickse y aprobado por iniciativa popular en los Municipios de Epuyén, Chubut (Ordenanza Nº 519/2002), Lago Puelo (Ordenanza Nº 077/2002, BOP Chubut 17.03.2003) y análogas de El Hoyo (Chubut), El Bolsón (Río Negro), etc.

B. Saqueo y rapiña de nuestros recursos naturales.

Evidentemente no es la protección de la vida humana y nuestro medio ambiente lo que preocupa a quienes han pergeñado la estrategia de utilizar tan peligrosísima técnica para llevarse hasta el último miligramo de nuestros recursos.

Cabe aquí reseñar que fue a partir de las políticas diseñadas por el Grupo Banco Mundial que se fue modificando nuestro derecho interno para facilitar el saqueo de nuestros recursos.

Es público que el Grupo Banco Mundial promueve la minería global como estrategia de “desarrollo”, siendo uno de sus brazos el “Departamento de Políticas y Reformas Mineras”.

El Grupo Banco Mundial ha decidido que la Argentina sea considerada destinataria de esta política global junto con países tan exitosos en el bienestar de sus pueblos como Afganistán, Bolivia, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Ghana, Guinea, India, Kosovo, Madagascar, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Tanzania, Uganda, Zambia, etc.

Esto es, el Banco Mundial ha diseñado para estos países, un futuro minero para lograr un “desarrollo” como el que pueden mostrar algunas otras grandes “potencias mineras”.

Aquí no podemos dejar de señalar que uno de los países más “exitosos” en materia de industria minera ha sido y es la República de Sudáfrica, en la cual para explicar la relación entre concentrado capital minero global por un lado y derechos humanos por otro, merecería un desarrollo mas amplio. Pero para ilustrar el “bienestar” que a los pueblos trae la gran minería basta recordar el régimen del “apartheid político” que floreció en la Sudáfrica bajo el control del capital minero, y el régimen del “apartheid económico” que aún impera en esa hermana transoceánica, registrándose actualmente allí, como consecuencia de la exclusión de los mas pobres y el “primer mundo” para unos pocos, un desempleo del orden del 1 % en la población blanca… …y del 50 % en la población negra.

Con tan solo esa experiencia histórica puede describirse cual es el “desarrollo” que el Grupo Banco Mundial pretende para nuestra República.

En el marco de esa política deliberada, Argentina fue focalizada por este bondadoso organismo mundial como destinataria de esta política de “desarrollo”.

En el ámbito privado el MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), una de las cinco agencias especializadas del Grupo Banco Mundial, cuyo objeto es proporcionar las garantías (seguro) para proteger a inversionistas privados extranjeros (y que se ha caracterizado por apoyar varios emprendimientos mineros en el globo, entre ellos los sujetos a las catástrofes de la mina Omai –Guyana-, de la mina Kumtor –Kyrgyzstan-), en el año 1997 otorgó garantías que totalizaron los 14 millones de dólares para las inversiones canadienses de Rio Algom Ltd en Minera Alumbrera Ltd en la construcción y operación de la mina de oro y cobre de Bajo la Alumbrera (Provincia de Catamarca).

Pero en el ámbito público, y precisamente en lo que hace a la salud de las instituciones republicanas, el Grupo World Bank otorgó a la República Argentina dos “créditos”:

– En 1996 Argentina recibió un “crédito” de 30 millones de dólares (costo del proyecto u$s 40 millones) para el “Proyecto de Desarrollo del Sector Minero

– En 1998 Argentina recibió otro “crédito” por 39,5 millones de dólares (costo del proyecto u$s 46.5 millones) para el “Segundo Proyecto de Desarrollo Minero y Asistencia Técnica”.

Los créditos contemplaron el estudio de la reforma del marco jurídico minero y tributario para “promover” la gran minería en la Argentina.

Fue así, y con la “ayuda” del Grupo Banco Mundial, como a lo largo de la década del ’90 se fueron introduciendo en nuestro derecho la prohibición al Estado de explotar minas, y se estableció para los grupos mineros extranjeros (principalmente concentrados capitales globalizados) los siguientes beneficios:

  • Estabilidad fiscal por treinta años: Esto es, si un impuesto baja, les alcanza reducción; pero si sube, el incremento no les alcanza. (“Estabilidad” en un país cuya estructura tributaria se caracteriza por la “emergencia” y la improvisación y cuyos ahorristas privados no fueron alcanzados por ninguna “estabilidad” cuando la banca licuó sus ahorros con la última gran devaluación).

  • Gastos de prospección y factibilidad deducibles del impuesto a las ganancias.

  • Exención de impuesto a las ganancias.

  • Capitalización de hasta un 50 % del avalúo de reservas (Esto es, empresas que contabilizan como activo lo que aún no produjeron).

  • Exención de impuesto a los activos.

  • Exención del pago de derechos de importación o cualquier derecho por introducción de bienes de capital y sus insumos para actividades mineras (esto alcanza inclusive al cianuro).

  • Canon irrisorio computado en base al valor boca mina (lo extraído deducidos los gastos de extracción).

  • La garantía por eventuales daños al ambiente son fijados por… …la misma empresa minera !!!.

  • La garantía por eventuales daños al ambiente es deducible de la determinación del impuesto a las ganancias hasta un 5 % de los costos operativos de extracción.

  • Eliminación de gravámenes provinciales y tasas municipales (Acuerdo Federal Minero).

  • Financiación y devolución anticipada del IVA para compra o importación definitiva de bienes de capital nuevos u obras de infraestructura.

  • Exención del impuesto a la ganancia mínima presunta.

  • Libre disponibilidad de divisas, con lo cual, el término “exportación” no se corresponde técnicamente con la práctica de saquear el oro y la plata argentina.

  • En zonas patagónicas: Reembolso adicional a las “exportaciones” (eufemismo utilizado para al saqueo del oro y la plata) por puertos patagónicos. Los porcentajes de estos reembolsos, que van desde el 8 % al 13 %, no se calculan en base al valor “Boca mina” (esto es, no se deducen los costos de explotación). La distorsión entre el valor del canon minero y su forma de cálculo con este reembolso en proyectos patagónicos (actualmente Cerro Vanguardia S.A. en Provincia de Santa Cruz y demás proyectos), permite concluír que la República Argentina y los Estados Provinciales que la integran forma un raro país que paga para que se lleven sus minerales.

Esta es la “competitividad”, la “no intervención del Estado”, de la que hablaban los mismos gurúes de la década del ’90 que nos impusieron este esquema inmoral de saqueo.

Si estos mismos beneficios, si estos mismos regímenes, se hubieran dispuesto para beneficiar al miniemprendedor, a la pequeña empresa, al desocupado, al excluído, al cartonero, etc., seguramente que otro sería hoy el desarrollo de la Argentina, y no es exagerar el pensar que bajo estas condiciones nuestras manufacturas hoy estarían compitiendo a la par de cualquier otro país.

Pero no son los excluídos quienes manejan las políticas intervencionistas del Grupo Banco Mundial. Esta es en números, y no en palabras, la estrategia del verdadero “desarrollo” que promovió, aplicó y aplica el Grupo Banco Mundial. Efectivamente este es el desarrollo del concentrado capital globalizado aplicado a la gran minería: Una política de “dumping global” que saquea nuestros recursos y con su inequidad tributaria, jurídica, social y ambiental bloquea de posibilidades a nuestra economía. Una política que hizo que se endeudara al país y al pueblo para modificar la legislación no a favor de nuestro pueblo -para quienes debería legislar el Congreso- sino en favor de los saqueadores globales, de los mismos que nos “prestaron” el dinero para mejorar “nuestra” ley que le permita llevarse nuestro oro. Una política que nos viene a mentir con las palabras “desarrollo” y “exportaciones” cuando en realidad se están llevando el oro, se están llevando el suelo y las montañas, para dejarnos no solo desnudos, sino desnudos y además, contaminados.

Una segunda conquista (a este ritmo, la última, pues parece que ya no quedará más nada), pero esta vez con otros espejitos para cambiar por oro: el espejito de las mentiras, de las coimas, de la corrupción, del lobby de los concentradores de capital, de la compra de conciencias cuando no de la intervención en la misma sociedad civil mediante créditos y subsidios a organizaciones no gubernamentales mediante el Fondo para las Américas y demás mecanismos y prácticas perversas de injerencia en nuestra vida social con el afán de quebrar toda resistencia y toda voz que se alza para denunciar esta ignominia.

a) Inequidad internacional.

Evidentemente, esta situación produce una gravísima inequidad internacional.

Por una parte, los países poseedores de recursos y menos “desarrollados”, se ven compelidos por presiones económicas cuando no políticas o bélicas, a modificar su derecho interno en favor de capitales establecidos en los países más desarrollados. No sólo los “créditos” aquí detallados son una prueba de ello, sino que el institucionalmente gravísimo hecho de corrupción de la llamada “Ley Banelco” en el Senado prueba el límite de cuando se deja de ser representante del pueblo o de las Provincias, y se pasa a ser representante pago de los organismos de crédito internacionales.

Por otra parte, los países “desarrollados” se ven favorecidos con la provisión de recursos (oro y plata) que refuerzan su hegemonía económica, mientras en el “Sur” solo queda hambre, exclusión, marginalidad, contaminación, democracias destruídas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y pérdida de oportunidades y esperanzas.

¿Dónde está la equidad del negocio de “exportar” miles de onzas de oro y como contrapartida “importar” toneladas de cianuro con los riesgos ambientales, sanitarios y aún bélicos o políticos que ello importa?

Advertirá por tanto que el marco jurídico minero imperante en la Argentina no solo genera mayor inequidad entre nuestro país y el mundo “desarrollado”, sino que importa la ingerencia de sujetos del derecho internacional en los asuntos internos de la República, establece una inequidad evidente y desproporcionada, y constituye una flagrante violación del Derecho de Autodeterminación del Pueblo de la República Argentina.

Este derecho, que en nuestra historia ya tiene antigua raigambre con precedentes en el llamado “Silogismo de Chuquisaca” y su consecuente insurgencia independentista en la Ciudad de La Paz en 1809 (reprimida por la burguesía porteña) encendió (al decir póstumo del mestizo Pedro Domingo Murillo) “…la tea que dejo encendida ya nadie la podrá apagar…”. Esa tea fue formalmente receptada por la Carta de la ONU, y aunque algunos juristas norteamericanos como el profesor Eugleton se esforzaron por presentarlo como un simple principio moral (American Journal of International Law, vol. 47 -1953-, pp. 91-93), lo concreto es que este principio inmanente a los pueblos y su libertad también tuvo que ser incluído en diversidad de tratados internacionales, entre los mas importante de los cuales podríamos citar: la Declaración de 1960 sobre concesión de la Independencia para los Países y Pueblos Coloniales, el Art. 1º de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (incorporados a nuestra Constitución en 1994), el Art. 1º de los Pactos de los Derechos Humanos y la Declaración de Principios de Derecho Internacional de 1970.

Nadie puede negar –aunque sea en teoría- que los propios juristas defensores del actual régimen jurídico internacional reconocen como elementos constitutivos básicos de este Principio, en el Derecho Internacional moderno, el derecho de todo pueblo a determinar libremente, sin injerencia externa, su condición de proseguir su desarrollo económico y todos los estados tienen el deber de respetar este derecho. Por supuesto que estos principios son violados tantas veces como las potencias que integran el llamado Grupo de lo Siete (G -7) lo deciden, especialmente los EE.UU.

Este principio ha sido fulminado, especialmente, en materia de legislación minera, toda vez que la misma fue orientada y dirigida con financiamiento externo para satisfacer necesidades externas.

b) Nulidad del llamado “Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile”.

El Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile, en tanto producto de una política ajena a los intereses de estas dos repúblicas hermanas, resulta nulo por la injerencia que se ha hecho en los asuntos internos de nuestros Estados, por establecer de hecho un “Estado Minero de los Andes del Sur” entre ambas repúblicas, por favorecer una inequidad desproporcionada entre estos Estados y los capitales mineros que les genera una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada, y estableciendo normas contractuales inauditas en la historia de nuestras Relaciones Exteriores, tales como la vigencia treintañal de un Tratado bilateral de naturaleza comercial (Cabe preguntarse si es tan solo de naturaleza comercial…) con más un plazo de tres años para que pueda ser denunciado. Treinta años, el mismo plazo de la “estabilidad fiscal”, el mismo plazo calculado como necesario para extraer hasta su agotamiento nuestros recursos mineros.

Nótese que el Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Catástrofes celebrado contemporáneamente (1997) con la misma República (aprobado por Ley Nº 25.240) tiene una vigencia de tan solo diez años (Art. 12).

Me pregunto : ¿Para quién o para quienes es más importante la minería que la cooperación en materias de catástrofes? ¿Qué criterio se utilizó para que la minería tenga el triple de la vigencia temporal que se le asignó a las emergencias?

A la luz de las políticas desarrolladas por el Grupo Banco Mundial, no es difícil encontrar la respuesta.

De conformidad al artículo 46 de la Convención de Viena sobre el “Derecho de los Tratados”, este Tratado y la ley que lo aprueba “son nulos y sin validez” porque violan la Constitución Nacional en sus disposiciones ya citadas, violentan principios, declaraciones y convenciones internacionales que constituyen el llamado “ius cogens” o derecho internacional imperativo, y por lo tanto violan también una norma fundamental de derecho interno. Y las normas imperativas de derecho internacional prevalecen por sobre un Tratado comercial como el que nos ocupa.

Así lo establece el artículo 53 de la Convención de Viena ya citada: “Es nulo todo Tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como los demás Tratados, declaraciones y convenciones de derechos humanos y ambientales referidos tienen -como lo señala Alejandro Teitelbaum- carácter de normas imperativas (“ius cogens”) de derecho internacional general y no pueden ser vulneradas por otros Tratados o acuerdo internacionales o leyes de derecho interno. Teitelbaum cita como ejemplo que un Tratado no puede llevar a violar las normas internacionales en materia de protección del medio ambiental, pues dichas normas, como lo ha señalado la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya en la Opinión Consultiva sobre Licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares (año 1996). El artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, por su parte, también señala que “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones contraídas por la presente Carta”.

Vale recordar como también lo hace Teitelbaum –citando a la Subcomisión de los Derechos Humanos de la ONU- que cuando existen conflictos visibles entre Acuerdos de materia comercial o industrial entre países con los derechos de todas las personas a la salud, a la alimentación, a disfrutar de todos los progresos científicos y de ejercer el derecho a la autodeterminación, la Subcomisión de la ONU ha recordado a “todos los gobiernos la primacía de las obligaciones relativas a los derechos humanos sobre las políticas y los acuerdos económicos” (“El ALCA está entre nosotros”, ponencia presentada en el III Congreso Internacional “Derechos y Garantías en el Siglo XXI”, Asociación de Abogados de Buenos Aires,UBA – 2004;subrayado nuestro)

Consideramos que de acuerdo a lo expuesto el Tratado con Chile (un tratado comercial) es NULO y como tal debe ser declarado. Por los derechos que afecta y por las convenciones internacionales de superior jerarquía que violenta y trasgrede. ASI PROPICIAMOS DECLARARLO y así debe anularse la ley 23.243, instrumento legal con el que este Congreso lo aprobó. La ley es nula; así debe declarársela por lo que no pueden invocarse a su respecto derechos adquiridos y corresponde también su inmediata derogación. También debe declararse nula y derogarse la ley 24.196 y sus modificatorias.

Propiciamos asimismo la derogación de otras normas que se oponen o entran en contradicción a lo que aquí se propicia regular y prohibir.

Vale señalar, por último, que ya existen antecedentes respecto de anulación y derogación de normas por parte del Congreso. Así ocurrió con la norma numerada como 22.294 (de autoamnistía) declarada nula y derogada por la ley 23.040 así como más recientemente la declaración de nulidad y la derogación de las leyes 23.494 (de punto final) y 23.521 (de obediencia debida) mediante la ley 25.977. Por su parte el propio Poder Judicial declaró acorde al derecho vigente esas leyes anulatorias y derogatorias por lo que reconoció facultades al Congreso para actuar de esa forma.

C. Conclusión.

Este proyecto contó en su elaboración con los conocimientos, la experiencia y el trabajo de Bernardita Bielsa y Cristian Hendrickse, abogado éste último mencionado precedentemente; en particular por el trabajo de investigación realizado desde Esquel y por su rol activo integrando las luchas que se vienen dando contra los proyectos de la megaminería tóxica. Su participación fue imprescindible para concretar esta presentación..

Concluyendo solicito que se apruebe este proyecto de Ley tendiente a garantizar los derechos a la vida, a la salud y al trabajo de los habitantes de este país, su medio ambiente y sus recursos, como así también el derecho de autodeterminación del pueblo argentino. Tiene como objetivo apoyar la lucha de todos los que vienen enfrentando los proyectos y emprendimientos empresarios descriptos y la complicidad gubernamental con ellos así como el estimular que esa oposición decidida y firme se extienda y sea apoyada por todo el pueblo y se logre articular con luchas similares que vienen librando los pueblos hermanos de la América Latina.

LUIS F. ZAMORA – AUTODETERMINACIÓN Y LIBERTAD

Presentado el 20 de octubre del 2005.- (expte. 5937 – D – 05; incluyendo las modificaciones introducidas mediante exptes. 6098 D – 05 y 6547 – D -05 del 3 y 25 de noviembre del 2005, respectivamente.